Miguel Ángel Fernández

De cómo se entregan equipamientos públicos a empresas privadas para que extraigan beneficios particulares o nos pasen la factura de las pérdidas.

 

Los falsos riesgos empresariales
Es en la gestión de los equipamientos deportivos, y en concreto de la red de piscinas municipales, donde encontramos uno de los ejemplos más relevantes sobre el modelo de explotación de los recursos públicos que tiene el gobierno de Málaga, y en general el PP. Ese modelo, basado en la socialización de los gastos y la privatización de los beneficios, acaba deteriorando el servicio público en aras del enriquecimiento de unos pocos. La gestión de las piscinas municipales, como mencionábamos, merece un relato detallado.
Siempre se ha dicho que el beneficio empresarial se justifica por el riesgo que asume el capital al comprometer su patrimonio. No es así. En el caso que nos ocupa las empresas adjudicatarias, en su mayor parte, acceden a las concesiones sin asumir riesgos notables. Por el contrario, es el ayuntamiento, la ciudadanía de Málaga en definitiva, quien finalmente paga las consecuencias de la deficiente gestión de estos recursos, cuyo coste no es solo económico, pues también redunda en la dificultad de disfrutar del derecho al deporte y al ocio.
A partir de 2009 el ayuntamiento comienza un proceso de privatización de la gestión de estas instalaciones plagado de irregularidades, negligencia y dejación de responsabilidades. Se desmantelaron los servicios públicos municipales bajo la premisa de las supuestas bondades que traería la gestión privada de estos servicios, lo que evidentemente ha quedado desmentido por la realidad.

Si los recursos son limitados la prioridad debe ser garantizar un servicio y un derecho, puesto que en una lógica empresarial la obtención de beneficios solo podrá llegar a costa de degradar la calidad o las condiciones laborales, cuando no ambas.

Cuatro piscinas en las que se ahogó el dinero público
Con la llegada del Partido Popular al ayuntamiento de Málaga en 1995 se puso en marcha la construcción de una red de piscinas municipales. En el año 2008 el equipo de gobierno informaba de una inversión de 78 millones de euros, y anunciaba la gestión a través de concesiones a empresas privadas. Desde esa fecha encontramos multitud de irregularidades, que han supuesto unos sobrecostes a las arcas públicas, incremento de los precios para las usuarias, mala calidad del servicio y varias instalaciones hoy cerradas o incluso desaparecidas. Aquí algunos ejemplos:
1. Santa Rosalía (Campanillas): es la piscina que lleva más tiempo cerrada, desde 2006, año en que acabó la concesión que la gestionaba. Hubo un nuevo concurso y una empresa que lo ganó, pero terminó desistiendo. El Ayuntamiento anunció que rescataría la concesión, pero nunca lo hizo. Desde entonces, el vecindario de Santa Rosalía y Maqueda sigue sin piscina.
2. Campanillas: la piscina se cerró por orden municipal en 2013 debido a defectos en la cubierta. Un año después el Ayuntamiento resolvió el contrato con la empresa concesionaria. Urbanismo anunció la imposibilidad de volver a abrirla por fallos en la estructura. Tras un reguero de infracciones urbanísticas, el concesionario fue sancionado por Urbanismo con 250.000 euros por levantar construcciones ilegales. Fue finalmente demolida.
3. Colmenarejo: construida en 2009 con una inversión de 378.000 euros, el Ayuntamiento tuvo que gastarse 40.000 euros más para reparar los desperfectos después de que quedara abandonada, en julio de 2010. Se abrió de forma precaria en los meses de verano de 2015-16 después de una nueva inversión del ayuntamiento.
4. Puerto de la Torre: este equipamiento es el mejor ejemplo de la fallida gestión de las piscinas municipales por parte del equipo de gobierno.

La piscina costó 3,6 millones de euros, pero solo tres meses después de conseguir la concesión, y después de numerosas quejas de usuarias por las deficiencias que presentaba, Belda y Parody (socios de la empresa concesionaria, Imcomar Blue) rompieron su relación comercial.

Entonces se supo que en realidad quien gestionaba el equipamiento público era el conseguidor Vega, directivo de una asociación vecinal próxima al PP, Central Ciudadana. Finalmente Belda se convirtió en el principal testigo del llamado Caso Piscinas, que le costó la carrera política al entonces delfín de Paco de la Torre, Manuel Díaz, a la sazón concejal de Urbanismo. Díaz abandonó la política tras la decisión del PP de no llevarlo en las listas para las siguientes elecciones municipales. En este caso, finalmente archivado por los juzgados, también estuvo implicado el entonces concejal de deportes y actual presidente del Partido Popular en Málaga y presidente de la Diputación, Elías Bendodo.
Después de múltiples denuncias del vecindario y la plantilla de la empresa, el ayuntamiento acordó iniciar el procedimiento para resolver el contrato por no ejecutar las fases 2, 3 y 4 de las instalaciones, recogidas en el pliego, y después de conocer que la Seguridad Social le reclama a la concesionaria 404.957 euros correspondientes a la cuota de las trabajadoras entre 2010 y 2013.  De hecho, el Ayuntamiento se ha visto obligado a adelantar esa cantidad. A ello hay que añadir una sanción de 87.515 euros por esta infracción, que el ayuntamiento debe asumir como responsable subsidiario. Finalmente, en junio de 2015 se produjo el cierre de la piscina, lo que dejó sin servicio a más de 1.000 usuarias y en general al vecindario del Puerto de la Torre.
Por si fuera poco, hay que añadir la deuda contraída con los trabajadores y trabajadoras, a los que se adeudaba entre 6 y 10 meses de salario. Sumemos también el perjuicio económico causado a las usuarias, a quienes no se les ha reembolsado ningún tipo de compensación por los meses de abono pagados y no disfrutados.
El incendio en las instalaciones de la piscina del Puerto de la Torre ocurrido a inicios de mayo de 2017 puso de manifiesto que este equipamiento municipal no contaba con servicio de vigilancia ni mantenimiento desde finales del año anterior, según reconoció el propio ayuntamiento de Málaga. El deterioro de la instalación había alcanzado, según ha trascendido, límites insospechados: desde la desaparición de solerías, griferías, cableado, etc., hasta la propia piscina convertida en un estercolero y algunas estancias habitadas en condiciones infrahumanas.
De nuevo serán las arcas públicas, es decir, toda la ciudadanía malagueña, la que deberá hacerse cargo de los gastos ocasionados por la dejadez de este equipo de gobierno en sus responsabilidades de guarda y custodia de los bienes públicos. Ya sabemos que las reparaciones necesarias costarán al menos 150.000 euros.

 

Los alambicados pretextos que el equipo de gobierno ha sacado a la palestra para justificar su brutal negligencia y pasar la pelota a otras administraciones no solo han costado la reprobación del Pleno de la concejala de Deportes, Elisa Pérez de Siles, sino que además chocan con la ley.
El reglamento general de la ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas establece en su artículo 85 que las Entidades Locales «tienen la obligación de conservar, proteger, defender y mejorar sus bienes».
Y en la Ley Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, leemos en su artículo 165 que «Las autoridades y el personal al servicio de las Entidades Locales, que tuvieran a su cargo la gestión o utilización de sus bienes y derechos, responderán directamente ante la Entidad de los daños y perjuicios ocasionados por su pérdida o detrimento, en caso de dolo, culpa o negligencia graves».
Toda esta nefasta gestión ha provocado un grave perjuicio a las arcas públicas, como hemos visto, así como a la ciudadanía en cuanto a su derecho al uso y disfrute de los servicios públicos municipales. Si las responsabilidades políticas están claras, queda aún lanzarse a la piscina de las judiciales y dirimir las penales. Esperemos que eso ocurra antes de fin de legislatura.