En febrero de 2017 sabíamos que el gigante JP Morgan estaba detrás de la posible privatización del Patronato de recaudación provincial. En la práctica, privatizar la gestión tributaria supone también la entrega de datos sensibles de la ciudadanía para su procesamiento y posterior venta. Como hemos visto en páginas anteriores, la venta de estos metadatos (información obtenida a partir de los datos) genera tales beneficios como para que las tres empresas más grandes del mundo obtengan así sus mayores ingresos. Los problemas y costes para la ciudadanía serían múltiples, como entre otros asuntos destacamos en esta conversación con integrantes de la sección sindical de CCOO.

Gente Corriente: Mucha gente ha oído hablar del Patronato de recaudación provincial, aunque quizás no se conozcan del todo sus funciones.
Es una Agencia Pública Local, dependiente de la Diputación de Málaga, cuyos fines consisten en el ejercicio de las facultades y funciones que otras administraciones u organismos públicos encomiendan o delegan en la Diputación en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación de sus tributos, impuestos y demás ingresos de derecho público. Su importancia radica, además, en que mantiene la necesaria cercanía al municipio y los ciudadanos y optimiza la gestión de los recursos públicos.
GC: ¿A qué problemas se enfrenta en la actualidad?
En buena medida a los mismos que acucian a todas las administraciones públicas que, con los continuos recortes de los distintos gobiernos durante los últimos años, han venido siendo en cierta forma desmanteladas, con el consiguiente deterioro de la calidad de los servicios.
GC: ¿Qué manera tenéis de abordar esos problemas?
La verdad que el sostenimiento de las administraciones públicas, y en el caso del Patronato no es distinto, está sustentado por el buen hacer de los empleados y empleadas públicos que, incluso sin los recursos suficientes, abordan el trabajo a diario con la voluntad de prestar el mejor servicio al ciudadano y a los Ayuntamientos. Así, constantemente reivindicamos a los gestores políticos el impulso de las mejoras necesarias y la apuesta por lo público.
GC: Recientemente un informe elaborado por trabajadores del Patronato contabilizaba unos 75 millones de euros declarados como incobrables durante los últimos cinco años en expedientes recaudatorios encomendados por la Junta de Andalucía.
Por la información de la que disponemos, todo deriva del trabajo de un grupo de compañeras y compañeros que en el desarrollo de sus tareas perciben ciertas incidencias en la gestión de algunos expedientes que, al parecer, pudieran derivar en perjuicios económicos. El problema surge cuando, al comunicarlo a sus superiores, observan que no se ponen las debidas soluciones y se desatienden sus alertas.
Al no existir otros mecanismos de control de la gestión administrativa de las administraciones públicas, las deficiencias o incidencias detectadas, cuando no son atendidas en el seno de la organización, obligan a acudir a instancias externas, lo que provoca fuertes tensiones entre la plantilla y los gestores políticos. En nuestro caso somos testigos de que la denuncia que se presentó en Fiscalía ha ocasionado importantes perjuicios a los trabajadores y trabajadoras que alertaron de la posible deficiencia en la gestión interna. [Los acosos laborales derivaron en bajas por depresión de los dos denunciantes, según trascendió en su momento.]

«la denuncia que se presentó en Fiscalía ha ocasionado importantes perjuicios a los trabajadores y trabajadoras que alertaron de la posible deficiencia en la gestión interna»

GC: En un 60% de los casos analizados no constaba actuación alguna de cobro y muchos de esos expedientes correspondían a contribuyentes titulares de bienes susceptibles de embargo, pese a lo cual la Fiscalía dice que no aprecia indicios de malversación ni prevaricación, si bien admite que pudiera haber dejación de funciones. Además, el Patronato también ha sido noticia por un intento de privatización de parte de sus servicios.
Desgraciadamente es una noticia que se produce periódicamente debido tanto a intereses políticos para beneficiar a empresas muy ligadas a fondos de inversión, como a un intento de camuflar la incapacidad de los directivos políticos (en algunos casos hasta técnicos) para mejorar la eficiencia y eficacia de sus recursos.
GC: De hecho, la empresa con más posibilidades de adjudicarse el servicio era Gestión Tributaria Territorial (GTT), propiedad del fondo de capital riesgo (o «fondo buitre) Realza, que se dedica a la compra de deuda de administraciones a un porcentaje muy inferior de su valor y al troceado y venta de empresas al borde de la quiebra, gracias a un modelo que la familia propietaria viene ensayando desde las dictaduras de Primo Rivera y Franco.
Claro, y es un asunto muy grave, ya que se trata de un intento de poner en manos privadas la gestión del cobro de los impuestos de los municipios de la provincia con el consiguiente acceso a información sensible de los ciudadanos y una forma de intervención en la capacidad de ingresos de los Ayuntamientos (situación que podría derivar en una forma de control de los mismos).
GC: Pensemos que Realza tiene a su vez entre sus principales inversores a fondos buitres de Dinamarca y Finlandia, y también a JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos, multado por la justicia de su país con 13.000 millones de dólares por malas prácticas hipotecarias que, según el fiscal, generaron «las semillas de la crisis hipotecaria de 2008»
Efectivamente, y por tanto optar por la privatización tiene un altísimo coste, y pensamos que irreversible. En primer lugar tiene un coste social, por la puesta en manos de los fondos de inversión de datos personales y sensibles relativos a la identidad, las propiedades, cuentas corrientes, valores catastrales, datos de Hacienda, etc. Es algo que la ley de protección de datos debería blindar, pero no lo hace. También hay un coste económico, porque las tarifas de los productos existentes en el mercado se tornarían irreversibles. Y además estratégico, porque supone ceder autonomía y depender de la oferta privada y el consiguiente sometimiento a los precios de mercado, a lo que habría que ajustar los pliegos de condiciones antes de sacar a concurso estos servicios.