Santi Fernández Patón

El futuro de Limasa no se va a resolver esta legislatura. Puede resultar sorprendente, habida cuenta de que en abril de 2017 venció el contrato actual, en virtud del cual, y desde 2003, el 51% de la empresa de limpieza recae en manos privadas, en concreto en una UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta por Sando, Urbaser y FCC. Sí, las tres empresas figuran como donantes ilegales del PP en los papeles de Bárcenas, lo que quizás nos dé una pista de por qué, hoy día, el contrato vive una prórroga para la que no se ve final cercano. Y sí, incluso algunos de los directivos de esas empresas, como Miguel Jurado (FCC), ya conocen la cárcel. Y es cierto, aunque esa UTE sea la propietaria mayoritaria de Limasa, ninguno, absolutamente ninguno de sus representantes compareció una sola vez durante los once días de huelga que la plantilla protagonizó en marzo de 2016.

«Y sí, ya en 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso a este triunvirato, junto a otras empresas, una multa de 98 millones de euros por “mantener un cártel” en la prestación de servicios públicos»

Es verdad que fue uno de los conflictos laborales de mayor repercusión en los últimos años, y que alguien por parte de la empresa debería haber dado la cara, ofrecer a la ciudadanía malagueña alguna explicación, manifestar alguna intención, pronunciarse sobre posible medidas. Lo que fuera. Nada de eso sucedió. En su lugar, en un bochornoso espectáculo, el alcalde de Málaga autoorganizó una concentración en la puerta del Ayuntamiento para que sus afines le aclamaran. Solo fueron unos pocos cientos, pero le valió para salir de sus despachos, mezclarse entre ellos y recibir parabienes. Pese a lo sonrojante del episodio, De la Torre fue incluso más allá, y se permitió hablar en favor… de la parte privada. La defensa de esa UTE corrió a cargo del propio gobierno municipal, no de sus directivos. Y sí, ya en 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso a este triunvirato, junto a otras empresas, una multa de 98 millones de euros por «mantener un cártel» en la prestación de servicios públicos.
Así, durante un año de la presente legislatura, hasta principios de 2017, el Ayuntamiento acogió una Comisión de Investigación sobre Limasa, y ya no cabe defensa posible. En esa circunstancia, De la Torre a vuelto ha optar por el «avestrucismo», su táctica política de los últimos años. De esa manera, ha enterrado la cabeza mientras la prórroga se alarga indefinidamente. Cabe la posibilidad de que próximamente anuncie una reconfiguración del contrato actual, pero los tiempos establecidos para cualquier trámite significan en la práctica que hasta la siguiente legislatura no habrá modelo definitivo (público, privado o mixto como hasta ahora). Ya sabemos que Elías Bendodo, actual presidente de la Diputación Provincial y futuro candidato a la alcaldía por el PP, se ha decantado por la privatización completa.
Para hacernos una idea lo que esto supondría, vamos a repasar el estado actual de Limasa.

El fraude del canon técnico

El negocio es redondo para ese 51%. Cada año, bajo la denominación de «canon de asistencia técnica», las privadas perciben el 2,5% de todos los ingresos de la sociedad, alrededor de 2 millones de euros, libres de contraprestación. La realidad, sin embargo, es que nadie ha sabido explicar con exactitud en qué consiste esa labor técnica. Al contrario, en la Comisión de investigación que a lo largo de 2016 y principios de 2017 se desarrolló en el Ayuntamiento de Málaga quedó patente que es una función que en gran medida asume la parte pública de la sociedad.
El confuso coeficiente del 2,5 en que se basa este concepto recoge aspectos, por ejemplo, como el mantenimiento informático (que no lleva a cabo) y generalidades tan vagas como para que en la práctica no existan informes específicos. De hecho, ante la dejadez de los socios privados, en varias ocasiones la empresa ha sufragado servicios externos para labores estipuladas en ese canon de asistencia técnica.

«la Agencia Tributaria ha reclamado a Limasa 500.000 euros por fraude solo de los ejercicios 212 y 2013, pues considera, tajantemente, que este canon, lejos de ser un
gasto, encubre un beneficio»

En la propia Comisión se puso de manifiesto que no existe prueba documental alguna que soporte la prestación de este asesoramiento técnico, más allá del apunte de pago de dicho «canon», del que al parecer no consta ni siquiera factura. Tan es así que en el mes de septiembre de 2017, tras un largo proceso, la Agencia Tributaria ha reclamado a Limasa 500.000 euros por fraude solo de los ejercicios 212 y 2013, pues considera, tajantemente, que este canon, lejos de ser un gasto, encubre un beneficio. Por ello no es deducible a efectos del Impuesto de Sociedades.
De hecho, los asesoramientos técnicos como el establecido entre la empresa y su socio privado no pueden ser prestados por un socio partícipe. Por el contrario, son propios de contratos que, en sus diferentes modalidades o concesiones, se establecen a riesgo y ventura del concesionario. No es este el caso, ya que el supuesto prestador del servicio de asesoramiento accedió (como socio) precisamente por sus conocimientos técnicos, por los que ahora pretende cobrar una cantidad extra.
Todo esto conduce a una conclusión palmaria: el canon de asistencia técnica no es otra cosa que beneficios encubiertos. Ni siquiera el alcalde fue capaz de demostrar que esto no es así. De hecho, desde 2001 los socios privados han percibido más de 24 millones por este concepto sin justificaciones de ningún tipo. Ni siquiera han justificado el millón y medio que, como se sabe, percibieron irregularmente hasta 2013.

«En total, y según constó en la comparecencia de algunos directivos en la citada Comisión, como el caso de Ángel Miranda (jefe del Servicio de Limpieza en el Ayuntamiento entre 2008 y 2011), el ahorro completo de una municipalización ascendería a unos 10 millones»

Por si fuera poco, se ha constatado que cada año pagamos 7 millones en IVA, que nos ahorraríamos si Limasa fuera completamente municipal, lo mismo que el impuesto de sociedades. Además, las inversiones en instalaciones están amortizadas en buena medida, en contra de lo que se ha repetido desde el gobierno local. En total, y según constó en la comparecencia de algunos directivos en la citada Comisión, como el caso de Ángel Miranda (jefe del Servicio de Limpieza en el Ayuntamiento entre 2008 y 2011), el ahorro completo de una municipalización ascendería a unos 10 millones.

«en 2005 accedió a garantizar a los socios privados un 2% de beneficio anual de la facturación. Se trata de una compensación que nos ha costado ya unos 70 millones de euros»

Añadamos que, a raíz de las mejoras laborales obtenidas por la plantilla durante las huelgas y distintas negociaciones de 2003, la UTE se negó a presentar las cuentas anuales por lo que consideraba sobrecostes. El gobierno, lejos de presionar, volvió a dar muestras de su insólita indulgencia: en 2005 accedió a garantizar a los socios privados un 2% de beneficio anual de la facturación. Se trata de una compensación que nos ha costado ya unos 70 millones de euros. Esta garantía, pactada en adenda al contrato de prestación de servicios, no hace más que asegurar un beneficio a la parte privada, independientemente de la marcha de la empresa o del estricto cumplimiento de las obligaciones estipuladas. Como es manifiesto, esta circunstancia ha producido irregularidades e incumplimientos en la inversión comprometida.

Ineficiencia

Por otro lado, los socios privados tienen rubricado un compromiso de renovación de la flota, de inversión en instalaciones, etc., que sencillamente no llevan a cabo, y mucho menos ahora que su contrato está en fase de prórroga. De hecho, los 3,7 millones de la construcción de la planta de envase y algunas obras en el parque principal fueron pagadas directamente por el Ayuntamiento. Por añadidura, la planta de tratamiento de Los Ruices no funciona como cabría esperar, la eficiencia en reciclado es claramente mejorable así como la situación de los llamados «cuartelillos» (pequeñas bases operativas en los distritos). Con todo, la deuda de Limasa llegó a ascender a unos 20 millones, según explicó el propio De la Torre durante la investigación, en la actualidad solventados en su mayor parte a través de los presupuestos.
Las elevadas certificaciones fuera de contrato muestran lo costoso del modelo de gestión del servicio, puesto que al estar incluidas en la cifra de negocios de la empresa engordan el llamado «canon técnico». Esto genera un gasto inasumible para un servicio ineficiente, como quedó patente en ciertas declaraciones del concejal responsable (Raúl Jiménez) a inicios de legislatura, incapaz de aprobar la limpieza de la ciudad. En efecto: en el ranking de ciudades más limpias de España en 2015 realizado por la OCU, Málaga, con 45 puntos, se sitúa en el grupo de cola, por debajo de la media (54), y casi a la mitad de ciudades como Oviedo (85 puntos).

Condiciones laborales que no se cumplen

  • En cuanto a la situación de la plantilla, cabe recordar que mediante la huelga de la primavera de 2016 se pedía negociar sobre la base del Convenio de 2012, que era el único en vigor. El Ayuntamiento pretendía convertir en un nuevo Convenio los acuerdos alcanzados en la huelga anterior (2013), un extremo que rechazó en dos ocasiones la Junta, y después una sentencia judicial. Por cierto, el gobierno local manifestó su conformidad con la sentencia, pero a continuación la recurrió.
    Recordemos que los acuerdos de 2013 se aceptaron para evitar un ERTE y por tanto sirvieron simplemente para clausurar la huelga. Tenían carácter temporal, pese a que el Ayuntamiento no hizo ni un mínimo esfuerzo por negociar otro Convenio hasta 2016, con más de dos años de retraso. Como se mencionó durante varias de las sesiones de la investigación, en virtud de aquellos acuerdos:
    > Se perdió la paga de productividad, cuando lo cierto es que los funcionarios la estaban recuperando y el equipo de gobierno había manifestado en varias ocasiones regirse por criterios de la administración pública, aunque queda claro que solo cuando le conviene. Además, esa paga de productividad no era tal, sino que se trataba de las subidas salariales correspondientes al IPC desde 2013, que la plantilla aún no había percibido.
    > Todos los trabajadores y trabajadoras disfrutaban por turnos de sus vacaciones durante los cuatro meses del período estival, lo que provocaba un aumento de las contrataciones en esos meses. Ahora, estaban obligados a escoger una mitad en verano y otra en inverno.
    > Una huelga anterior había conseguido que los descansos semanales fueran de sábado y domingo, pero tras la huelga de 2013 se descansaba solo el domingo y un día rotatorio a la semana.
    Estas dos últimas medidas han tenido una gravísima repercusión en las contrataciones de eventuales y los llamados «domingueros». De ahí la ausencia casi total de personal en los centros de trabajo de los barrios (los «cuartelillos»). En la práctica, por tanto, sí se ha producido el ERTE que pretendió evitar la huelga de 2013.
    El alcalde aseguró que recuperar completamente el Convenio cuesta 8 millones, cuando hasta ahora se había hablado de 6. En la actualidad, la plantilla, conocedora de los informes sobre el notable ahorro anual que supondría municipalizar Limasa (que el Comité de Empresa eleva hasta los 15 millones de euros), acepta las condiciones que comportaría este paso. Así, como quedó patente durante las primeras sesiones de la investigación, admite la eliminación de medidas controvertidas, como los llamados «puestos hereditarios».
    De pasada señalaremos que se trata de una medida establecida por la propia empresa, hasta el punto de que no quiso suprimirla durante la negociación del contrato actual, y que nace para asegurarse relevos en la plantilla en una época en que resultaba difícil encontrar candidatos a este tipo de empleo.
    El Ayuntamiento, en el marco de la negociación de la huelga de 2016, en un principio ofreció a la plantilla descansos los fines de semana, 15 días de vacaciones en verano y que la paga de productividad se recuperara parcialmente, por ejemplo, pero pretendía que este acuerdo tuviera rango de Convenio, de modo que así no tuviera que cumplir la sentencia que le obligaba a negociar sobre el Convenio 2010-2012. Finalmente, y con sentencias favorables a los intereses de la plantilla, el gobierno aceptó buena parte de las reivindicaciones laborales y la huelga concluyó.

«En la Comisión de investigación, Francisco de la Torre no supo justificar su defensa enconada sobre la actuación de los socios privados que mantuvo durante la huelga, hasta el punto de que fue él en persona quien compareció antes los medios, en lugar de ellos, durante los once días que se prolongó el paro»

En la Comisión de investigación, Francisco de la Torre no supo justificar su defensa enconada sobre la actuación de los socios privados que mantuvo durante la huelga, hasta el punto de que fue él en persona quien compareció antes los medios, en lugar de ellos, durante los once días que se prolongó el paro. Tampoco logró explicar satisfactoriamente por qué se negó, precisamente, a exigirles algún tipo de comparecencia pública, algo que está en su mano en tanto que presidente del Consejo de Administración.
En la primera sesión del Consejo de Administración tras la huelga, los socios privados decidieron ausentarse una vez aprobadas las cuentas anuales con el apoyo del grupo popular y el presidente del Consejo, Francisco de la Torre. Se negaron así a hablar de los problemas laborales de la plantilla y de la gestión de la huelga por parte de la empresa y el equipo de gobierno. Dejaron a los consejeros de la oposición municipal con la palabra en la boca, en una muestra más de su desprecio a todo lo que no les suponga beneficio económico.

Municipalización

«el modelo de gestión del servicio actual está diseñado para garantizar, de manera encubierta, beneficios a los socios privados y que recaiga el grueso de los costes y dificultades sobre la parte pública»

En resumen, el modelo de gestión del servicio actual, francamente mejorable, y el contrato que lo sustenta resultan especialmente onerosos para las arcas municipales, puesto que están diseñados para garantizar, de manera encubierta, beneficios a los socios privados y que recaiga el grueso de los costes y dificultades sobre la parte pública. De hecho, en la práctica encontramos varias labores cuya ejecución corresponde a los socios privados pero que no llevan a cabo, a pesar de estar obligados a una asistencia técnica por la que perciben una compensación económica. Así, este modelo mixto (público/privado) nos está costando entre 10 y 15 millones de euros más de lo que pagaríamos en caso de municipalizar la empresa, lo que además permitiría que parte del ahorro redundara en la mejora efectiva del servicio y el mantenimiento de las condiciones laborales de la plantilla.
A estas alturas, nadie excepto el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, puede dudar de que existe una práctica opaca en la ejecución del contrato, que pudiera tener cláusulas que no se atienen a la legalidad en su texto o en la interpretación dada. Se ha pretendido asegurar el beneficio privado de un servicio público, por lo que es primordial recuperar la gestión municipal de la limpieza bajo los principios de transparencia, eficacia, sostenibilidad y eficiencia propios de un sector fundamental, como es la limpieza de nuestra ciudad.