Curro Machuca

La lógica de lo común

Los bienes comunes son tan antiguos como la propia humanidad. En mayor o menor medida, siempre ha existido un procomún compartido por todas las personas integrantes de una sociedad, en tanto que condición general de ventaja colectiva. Difícilmente la economía neolítica basada en la agricultura y la ganadería podría haberse expandido desde el Próximo Oriente hasta la cuenca mediterránea si los campos y pastizales no hubieran estado abiertos al uso y gestión común. Y tampoco, por cierto, a su cuidado compartido. En este sentido, puede decirse que si bien el concepto de «bien común» que hoy día manejamos, ya desde un punto de vista económico, ya desde uno filosófico, no tiene más de uno o dos siglos de recorrido, el reconocimiento de su existencia es tan remoto como esta misma. Ya en tiempos de los romanos se distinguían tres categorías de propiedad y uso diferentes respecto a los bienes: las res privatae o cosas capaces de ser poseídas por un individuo o familia; las res publicae, las cosas que pertenecen al Estado, encargado de su gestión y sobre todo su conservación; y las res communes omnium, las cosas usadas por todas las personas, en general concernientes al medio natural. Las Institutiones de Marciano, jurista romano del siglo III, incluyen entre dichas cosas comunes el aire, los ríos, el mar y hasta el litoral costero.
El valor de esta categorización de Marciano es, en realidad, más teórico que práctico, dado que en otros corpora jurídicos romanos algunas se esas cosas communes ominum se incorporan dentro de las res publicae populi Romani, es decir, correspondientes al Estado. Pero más allá de esto, hay en la distinción citada un elemento crucial: la consignación y reconocimiento explícito de que hay bienes que son propiedad de todas las personas. Esto no es baladí. Ya hemos visto en otro texto de este número de Gente Corriente que, con una diferencia retrospectiva de casi dos mil años, esto rompe la falacia de Garrett Hardin, en su artículo «La tragedia de los bienes comunes», de 1968. Según este autor, los bienes comunes no son de nadie, y ello hace que estén forzosamente destinados a su deterioro a causa de su incontrolable explotación. La solución que da es maniquea: o se convierten en propiedad privada o se les da un carácter público para restringir los derechos de uso sobre ellos.

«cuando los bienes comunes mejor se han conservado, cuando su expansión ha sido más efectiva, es en los momentos en que han sido estrictamente regulados por hábitos e instituciones sociales impuestas por la costumbre»

Hay una enorme confusión en esta idea. Cuando hablamos de derechos comunales de un recurso abierto no decimos en ningún caso que no exista una responsabilidad colectiva para con ese recurso. En tanto que los bienes comunes no pertenecen a alguien en particular, lo cual no significa lo mismo que «no son de nadie», hay una exigencia implícita de conservación, dado que también pertenecen al resto de seres vivos y a las generaciones futuras. Los caminos de la historia demuestran precisamente que cuando los bienes comunes mejor se han conservado, cuando su expansión ha sido más efectiva, es en los momentos en que han sido estrictamente regulados por hábitos e instituciones sociales impuestas por la costumbre. En cambio, su destrucción y desaparición ha tenido lugar sobre todo a causa de las privatizaciones (sustracciones al común, podríamos decir), o cuando han sido objeto de regulaciones estatales encaminadas a favorecer el interés económico de unos cuantos particulares.
Pensamos, por ejemplo, en la colonización de América, cuando la propiedad comunal de los ancestrales moradores del continente fue eliminada de un día para otro como paso previo a la apropiación jurídica de las tierras conquistadas por parte de los españoles. A comienzos del siglo XVI, mientras que Bartolomé de Las Casas reclamaba la titularidad de esas tierras, con todos sus recursos incluidos, para los indígenas con la misma entidad que los extensos comunales que aún existían en la Corona de Castilla, Francisco de Vitoria, precursor del liberalismo, sostenía que tales bienes eran carentes de propiedad (res nullius), por lo que podían ser legítimamente reclamados por los nuevos ocupantes. La América colonial, de este modo, se nos presenta como un laboratorio del incipiente capitalismo europeo: la apropiación de los bienes comunes en las Indias Occidentales precedió en trescientos años los cercamientos y desamortizaciones que experimentará el Viejo Continente desde finales del Setecientos.

No hay duda de que las res communes, los commons, el procomúm o los bienes comunes, cualquiera que sea el nombre elegido, han tenido una función social primordial en nuestras sociedades. Son base del espacio compartido, el epicentro de un modo de vida concreto, aquel que pone en el centro la colectividad y la cooperación por encima de la individualidad y la competencia. La lógica humana es inseparable de la lógica de lo común. Esta lógica no puede ser otra que una lógica de reciprocidad, de cuidados, de mutualidad. La existencia humana, como argumenta Kropotkin en El apoyo mutuo: un factor en la evolución (1902), depende siempre de la coexistencia. El mismo Darwin, aunque haya quedado sepultado bajo el mantra dominante de la «supervivencia del más fuerte», había aceptado abiertamente este principio promulgado por su homólogo ruso (ambos eran naturalistas y etólogos) dentro de su concepción evolucionista. Esto no equivale a otra cosa que a la ya escrita por Aristóteles cuando señaló que el ser humano era un «animal social» (ζῷον πoλιτικόν). Es decir, el hecho humano es consustancial al hecho social, a la sociedad. A pesar de todo ello, desde el surgimiento del capitalismo, no han sido tampoco pocas las personas que, hablando de bienes comunes, han declarado «esto es mío». De ahí, a la actualidad.
En opinión de David Bollier, los mercados jamás habían controlado tantos elementos fundamentales de nuestra sociedad como ahora, lo que equivale a decir que nunca antes en la historia los bienes comunes habían corrido tanto peligro (Pensar desde los comunes. Madrid, 2016: Traficantes de Sueños.). El verso «buenas vallas hacen buenos amigos», del poema «Mending Wall» (1914), del estadounidense Robert Frost, alcanza así todo su sentido hoy día, cuando nos encontramos inmersos en el sueño neoliberal de la propiedad privada, de los máximos beneficios, de la excelencia, del esfuerzo, de la competitividad y de la quimérica igualdad de oportunidades.

«la autonomía y gestión ancestral de los bienes comunales de los pueblos europeos ha sido una de las principales diana de ataque del Estado moderno y luego, ya sin empaques, del Estado-nación contemporáneo»

Historiadores críticos, como E. P. Thompson y Silvia Federici, bebiendo del materialismo histórico más heterodoxo, han demostrado en las últimas décadas que la existencia de bienes comunes difícilmente casa con la realidad material y cultural de una sociedad regida por las normas de la economía capitalista. No es casualidad que la mayor metáfora del capitalismo industrial británico de los siglos XVIII-XIX sean los enclosures, los cercamientos de fincas y su privatización, mencionados al inicio de este Gente Corriente. La tierra, no lo olvidemos, era en estos momentos uno de los tres factores de producción básicos junto al capital y el trabajo, además de una de las principales fuentes de renta. Hacerse con ella era un paso indispensable para la expansión capitalista. Es por ello, en definitiva, que la autonomía y gestión ancestral de los bienes comunales de los pueblos europeos ha sido una de las principales diana de ataque del Estado moderno y luego, ya sin empaques, del Estado-nación contemporáneo. Hagamos un breve repaso de ello, sin entrar en los casos más contemporáneos, ya analizados en este monográfico por Juan Díaz Ramos.

La historia olvidada de los bienes comunes

A grandes rasgos, tras la disolución del Imperio romano de Occidente, la Europa altomedieval de los siglos V-IX experimenta un proceso de ruralización. Las antiguas y lujosas villae romanas acaban convirtiéndose en villae autárquicas, caracterizadas por ser económicamente autosuficientes. La decadencia de la vida urbana, por su parte, desembocará en la aparición de un nuevo tipo de hábitat, las pequeñas aldeas, que coexisten con las grandes propiedades señoriales que acabamos de citar, sostenidas por los siervos, que eran libres, aunque se encontraban jurídicamente vinculados a la tierra. Aquí se encuentra el origen del sistema feudal, que se consolida en los siglos XI-XII y llegará a subsistir con distinta intensidad en buena parte del continente hasta el siglo XIX. En este contexto, gran parte de la tierra quedará marcada desde un punto de vista jurídico no solo en cuanto a su propiedad, sino también en cuanto a su uso, las costumbres y el trabajo.
Al margen de los señoríos y los realengos, que pertenecían por derecho, como su nombre indica, a los señores y reyes, los pequeños núcleos de población contarán para el sostenimiento de sus gentes con bienes comunales propios, tales como montes y masas forestales, así como también con campos para el cultivo. Existía, respecto a ellos, un régimen de cosecha regulado: había lotes de tierra para la siembra de verano, otros para la siembra de invierno. La comunidad vigilaba que dicho régimen se cumpliera, lo que de nuevo rompe con la aseveración de Hardin. Los comuneros, a través del concejo (equivalente, salvando las distancias, a los Ayuntamientos modernos), se fijaban acuerdos para recolectar conjuntamente o enviar a pastar al mismo tiempo al ganado. Igual sucedía con la tala y recogida de leña. Es decir, en torno al uso del recurso, y desde la comunidad, se definían las normas de utilización del bien comunal.
Si damos un salto adelante, podemos ver que la historia de los cercamientos rurales en la Inglaterra de los siglos XVII, XVIII y XIX, en paralelo a la génesis y desarrollo de la Revolución Industrial, muestra bien que dicho proceso de contención no solo buscaba la destrucción económica de esa comunidad aludida, mediante la universalización de la propiedad privada individual, sino también el propósito de cercenar su capacidad de gestión colectiva de los recursos, así como de hacer desaparecer sus valores e instituciones ancestrales. Son numerosos los ejemplos que evidencian que la construcción del poder político moderno, que culmina con el triunfo del liberalismo burgués en el siglo XIX, está intrínsecamente unida a la enajenación y sustracción de los bienes comunes. Pero volvamos a la Edad Media, dado que ya tempranamente, en el siglo XIII, estos ataques intentaron contrarrestarse con una serie de regulaciones emanadas del poder real, garante todavía, en un contexto feudal, de los derechos consuetudinarios de campesinos, aldeas y ciudades frente a los intereses nobiliarios.
Entre estas regulaciones destacan la Carta del Bosque y la Carta Magna, en Inglaterra (1215), o Las Siete Partidas de Alfonso X, en Castilla (1256). Tomemos como ejemplo el caso inglés. Durante el reinado de Juan I, el llamado «sin Tierra», el sustento básico de los sectores populares estaba en peligro: cada vez eran más las dificultades a las que tenían que hacer frente para obtener comida, leña y materiales de construcción de los bosques, en muchos casos por acción del propio monarca inglés y sus antecesores, que no dejaban de ser señores feudales con intereses propios. El ganado no podía vagar por los bosques, ni los cerdos alimentarse de bellotas. Cuenta el historiador británico Peter Linebaugh en su obra El Manifiesto de la Carta Magna, publicado en castellano en 2013, que tras una revuelta el rey se vio obligado a poner por escrito una serie de derechos para sus súbditos, como el derecho a juicio justo o a la subsistencia. La Carta del Bosque es, desde su punto de vista, la primera carta de derechos en relación con los bienes comunes, mientras que la Carta Magna sería su equivalente respecto a los derechos civiles. Los 16 artículos que componen la primera, hoy prácticamente desconocida, regulaban los bienes comunales de carácter forestal, permitiendo, por ejemplo, el derecho de pannage, es decir, el derecho a que los cerdos se alimentaran en la foresta de propiedad real, o el derecho de turbary, la extracción de turba para combustible.
Esta historia muestra que el derecho comunal es un tipo de derecho distinto al que hoy impera de manera general. Su origen es la experiencia colectiva de las personas. Es un derecho igualitario que sobrepasa los objetivos económicos y la autoridad estatal o de cualquier corporación. Linebaugh lo expresa así:

(…) los derechos comunales difieren de los derechos humanos. En primer lugar, los derechos comunales están inscritos en una ecología particular (…). Los comuneros piensan antes, no en los títulos de propiedad, sino en las acciones humanas: ¿cómo se labrará esta tierra? ¿necesita abono? ¿qué es lo que crece aquí? Comienzan por explorar (…). En segundo lugar, la comunalización se basa en un proceso de trabajo, resulta inherente a la propia praxis del campo, de las tierras altas, del bosque, de la marisma y de la costa. Uno adquiere derechos comunales gracias a su trabajo. En tercer lugar, la comunalización es colectiva. En cuarto lugar, al ser independiente del Estado, la comunalización también es independiente de la temporalidad de la ley y del propio Estado. La Carta Magna no es una lista de derechos, garantiza perpetuidades. Se inscribe profundamente en la historia humana. (Linebaugh, Peter. 2013: El Manifiesto de la Carta Magna: comunes y libertades para el pueblo. Madrid: Traficantes de Sueños).

Sea como fuere, a partir de la Edad Moderna el conflicto entre los bienes comunes y su usurpación se hará cada vez más latente, en paralelo al reforzamiento del poder político de los reyes, con una dimensión estatal paulatatinamente más totalizadora. Pero será, finalmente, la ofensiva burguesa y el desarrollo durante la Ilustración de tesis económicas como la fisiocracia y el liberalismo lo que origine que las situaciones de desposesión que se dan tanto en el mundo rural como en los contextos urbanos (eliminación de los «propios», privatizaciones y cercamientos, desamortizaciones, abolición de derechos de uso, etc.) consigan desmantelar por completo las atávicas condiciones que hacían practicable la vida de amplios sectores sociales. Se generó así un total desequilibrio de poderes, como también un distanciamiento abismal entre las formas de vida de las dos principales clases sociales que se consolidan a partir del Ochocientos, el proletariado y la burguesía. Es ahora, igualmente, cuando surge el individuo como concepto y también como principal sujeto receptor de derechos. Se trata de un sujeto que no forma parte ya de la colectividad, que comienza a perder su naturaleza en cuanto a organismo social en sí, pasando a un segundo plano dentro de un mundo en que busca, simplemente, y cada uno por su cuenta, un salario y prosperidad material. De aquí al «Y, sabe usted, no hay tal cosa como la sociedad. Hay individuos, hombres y mujeres, y hay familias» de Margaret Thatcher solo hay un paso.

«la historia del capitalismo es, sin duda, una historia de desposesión continua, una permanente historia de extracción de todo lo que se ha producido o produce colectivamente»

Si hay algo que todo esto deja claro es que la historia del capitalismo es, sin duda, una historia de desposesión continua, una permanente historia de extracción de todo lo que se ha producido o produce colectivamente. En la base de este modelo injusto está lo que Marx denominó «acumulación originaria», que hace justamente referencia a ese salvaje proceso que dejó al campesinado sin sus tierras comunales. Por su parte, la historiadora y militante feminista Silvia Federici sitúa como elemento constitutivo de tal proceso la persecución y quema de «brujas». Anular a la mujer, normativizar su cuerpo y usurpar sus modos de existencia, por cuanto que las invisibilizaba y recluía en el hogar, era un paso necesario para derrotar todas las herejías heterodoxas y movimientos campesinos y urbanos que, como el liderado por el clérigo alemán Thomas Münzer en 1524-1525 bajo el lema de «Omnia Sunt Communia» o el de los diggers ingleses durante el mandato de Cromwell, reivindicaban y ponían en prácticas distintos experimentos de vida comunal y reparto de la riqueza.
La experiencia de Münzer y los campesinos alemanes del siglo XVI se nos revela, en este punto, de las más interesantes, porque introduce el vector herético imbricado con la defensa y extensión de los bienes comunes. La propuesta igualitarista de Münzer confrontaba, como otras herejías previas y contemporáneas, la homogenización ideológica del cristianismo católico que se convierte en hegemónico tras el Concilio de Nicea (325), pero al tiempo volvía a traer a la palestra lo que se supone era el proyecto original cristiano, esto es, la fundación de comunidades al margen del Estado y basadas en una convivencia distinta al principio del poder. El hereje alemán hablará del «reino de Dios», pero era este un reino sin propiedad privada y sin poder estatal independiente a la comunidad. Por el contrario, como hoy bien sabemos, la acción principal del libre mercado tiende siempre a acabar con los vínculos sociales, haciendo desaparecer la organicidad entre personas, sociedad y bienes comunes. Estos, dentro del capitalismo, no son más que mercancías cuyo valor es igual a su precio.
Durante el siglo XIX, así las cosas, la propiedad privada y la capitalización de la economía pasaron a ser el mejor reflejo de esas expropiaciones y sustracciones generalizadas, desposesiones comunales al fin y al cabo, causantes de la pésimas condiciones de vida que han tenido que afrontar amplios sectores populares desde entonces. Es Kropotkin, de nuevo, quien acabó postulando la famosa tesis del «derecho al bienestar», vinculada directamente con la reapropiación de los comunes:

¡Todo es de todos! Y con tal que el hombre y la mujer contribuyan con su cuota individual de trabajo, tienen derecho a una cuota de todo lo que será producido por todos (…). Basta ya de formulaciones ambiguas, tales como «el derecho al trabajo», o «a cada uno el producto íntegro de su trabajo». Lo que nosotros proclamamos es el DERECHO AL BIENESTAR, EL BIENESTAR PARA TODOS (…). No derrochar nada, organizarse rápidamente para llenar los vacíos, hacer frente a todas las necesidades, satisfacerlas todas; producir, no ya para dar beneficios, sea a quien fuere, sino para hacer que viva y se desarrolle la sociedad (…). El derecho al bienestar es la revolución social; el derecho al trabajo, a lo sumo, un presidio industrial. Ya es tiempo de que el trabajador proclame su derecho a la herencia común y que tome posesión de esta (La conquista del pan, 1892).

Fruto de formulaciones como esta, habrá a lo largo de toda la centuria decimonónica, y también en el siglo XX, líneas de fuga, movimientos y quiebros que intentaron volver a poner lo común en el centro de la vida. De esta forma, circunscribiéndonos solo a la tradición revolucionaria occidental, es necesario citar mínimamente tres experiencias clásicas relacionadas con esta idea. Son la Comuna de París (1871), los primeros soviets de la Revolución rusa (1917-1921) y las colectivizaciones agrarias en Cataluña y Aragón durante la guerra civil (1936-1937).

«durante el 15M las plazas de nuestras ciudades pasaron de ser un espacio público a un bien común en el mismo instante en que las personas se empezaron a reunir en ellas para debatir, expresarse y reivindicar»

La primera de estas tres experiencias puso en el foco de atención, al menos teóricamente debido a su carácter efímero, sobre el hecho de que en lo urbano también hay espacios y bienes comunes que atender, materiales e inmateriales, en su mayoría apropiados por manos ajenas, públicas y privadas. No solo me refiero a la famosa imposición de una moratoria a los alquileres, sino también, y sobre todo, a la reivindicación de los trabajadores y las trabajadoras de poseer e intervenir en la ciudad que colectivamente estaban produciendo. Esto es lo que hoy llamamos «derecho a la ciudad», que no es otra cosa que entender el propio espacio urbano como un común, como un elemento básico de reproducción de vida, en la línea de lo que han sostenido H. Lefebvre y más recientemente D. Harvey. La ciudad, desde esta perspectiva, se convierte en un bien común en el momento que las fuerzas sociales hacen uso de ella interviniendo en su configuración, protegiéndola y expandiéndola para el uso colectivo y el beneficio mutuo. Esto nos debería sonar: durante el 15M las plazas de nuestras ciudades pasaron de ser un espacio público a un bien común en el mismo instante en que las personas se empezaron a reunir en ellas para debatir, expresarse y reivindicar.
La segunda de las experiencias citadas, la de los soviets, es más conocida, pero en su declinación exclusivamente bolchevique. Son estos, paradójicamente, los que terminarán con la revolución en una suerte de reacción termidoriana al hacerse con su control absoluto en un intento de salvaguardarla a partir de 1921. Para ello, reprimieron ferozmente levantamientos populares como el de los marinos de Kronstadt o el impulsado por Majnó, y acompañaron el proceso de una fuerte burocratización y un profundo centralismo que acabó con el poder de las asambleas obreras.
Finalmente, el tercero de los casos mencionados, atacará justamente a lo que, según el entender del movimiento obrero, era el origen de sus penurias: la propiedad privada de los medios de producción, en tanto que esta no era sino el reflejo más evidente de esas usurpaciones generalizadas y multiseculares de los bienes comunes que habían permitido la sostenibilidad de las comunidades populares desde tiempos inmemoriales. Fue así cómo, en paralelo a la colectivización de las tierras pertenecientes a los pueblos del Aragón oriental que las milicias de CNT iban recuperando a los sublevados del bando franquista, en ciudades como Barcelona se nacionalizaron, usando el término de la época, sectores básicos para la economía y la subsistencia, como los transportes, el abastecimiento, las comunicaciones o la energía. Se llegó a crear un comité de espectáculos, que gestionaba cines, teatros y salas de variedades.

Las desamortizaciones. Málaga (otra vez) como paradigma

La ofensiva liberal y capitalista contra los bienes comunes tiene, como hemos visto, su auge en el siglo XIX. La tierra es puesta a disposición completa de la producción. En España este proceso comienza tempranamente, durante la ocupación francesa del solar ibérico (1808-1814), aunque no estará exento de problemas. Es imposible hablar de una consolidación definitiva del sistema liberal hasta como mínimo la Revolución Gloriosa de 1868, tras dos guerras carlistas. Aún habrá tiempo para una tercera, aunque con una intensidad ya menor.
Las Cortes reunidas en Cádiz, además de aprobar la conocida Constitución de 1812, también acordaron una serie de decretos desde el mismo momento de su formación, en 1810, con el objetivo de encauzar la vida política, económica y social del país dentro del nuevo contexto que se abrió en la Europa occidental tras la Revolución francesa. Así, se abolieron los señoríos, se aprobó una desamortización de los llamados «bienes de propios» y los baldíos, pertenecientes a los municipios, se eliminaron los mayorazgos, con la declaración de la propiedad libre, y se suprimieron los gremios. Con la vuelta del absolutismo de Fernando VII todo ello queda en suspensión
Sin embargo, a su muerte en 1833, durante la regencia de su esposa María Cristina y posteriormente la del general Espartero, héroe nacional y auténtico vencedor de la Primera Guerra Carlista, los liberales tomarán de forma definitiva el poder político, pudiendo llevar a la práctica todas estas iniciativas, de manera efectiva, especialmente durante los años de gobierno progresista (1836-1837 y 1840-1843). De entre todas las medidas de implantación del liberalismo y generalización del régimen de propiedad privada (por tanto, contrarias al mantenimiento de la ancestral propiedad comunal), destacan muy por encima del resto las denominadas «desamortizaciones».
El término «desamortización» hace referencia al proceso de liberalización o puesta en circulación de millones de hectáreas de tierra y miles de fincas urbanas que hasta estos momentos estaban en «manos muertas» (bienes eclesiásticos que no podían ser vendidos y únicamente servían, por lo general, para el sostenimiento y manutención del clero), así como también de los baldíos y tierras comunales de los municipios, complemento imprescindible para la precarizada economía campesina y popular. De esta manera, a través de los dos grandes procesos desamortizadores que se dieron en España, esto es, la desamortización eclesiástica de Mendizábal (1836) y la desamortización civil de Madoz (1855), se convirtieron en bienes nacionales un sinfín de propiedades que hasta entonces habían constituido el patrimonio amortizado (sustraído del libre mercado) de diversas entidades civiles y eclesiásticas con el objetivo de enajenarlos inmediatamente en favor de los ciudadanos individuales. La desamortización pretendió la formación de una propiedad coherente con el liberalismo: una propiedad libre, plena e individual.

«La desamortización pretendió la formación de una propiedad coherente con el liberalismo: una propiedad libre, plena e individual»

A partir de los datos con los que contamos, entre las dos desamortizaciones citadas se ha calculado que se pusieron en circulación aproximadamente 10.000.000 ha de cultivo, el 20% de la superficie del país. Ahora bien, los únicos que se beneficiaron del proceso desamortizador (realizado mediante venta en subasta pública) fueron los miembros de la alta burguesía mercantil y financiera, así como la antigua aristocracia. Frente a esta pequeña clase dirigente encontramos a una ingente masa campesina, en muchos casos expulsada de sus tierras; a los pequeños propietarios, empobrecidos por no poder competir con los grandes terratenientes; a los sectores populares urbanos y artesanales, afectados por la disolución de la estructura gremial; y a los incipientes obreros industriales, concentrados en Barcelona, Málaga y, en menor medida, en Sevilla.
Centrándonos ya precisamente en Málaga, según lo recogido en los trabajos del historiador Manuel Morales Muñoz1, de las 145.000 mil ha de monte que poseían los pueblos malagueños se clasificaron como desamortizables más de 120.000, lo que supuso la liquidación casi total del patrimonio municipal de la provincia. La capital malagueña puso en venta la gran mayoría de sus bienes y propiedades antes de la desamortización de Madoz. En cuanto a la Iglesia, que contaba alrededor de 1.500 fincas en los primeros años del siglo XIX, es destacable apuntar que en el año 1845 ya se habían vendido el 60% de sus bienes y el resto se liquidó rápidamente en los años sucesivos.

«Lorenzo Sandoval configuró el nuevo eje urbano de Málaga, vertebrado por la Alameda Principal, precisamente el lugar donde estos burgueses levantaran sus viviendas y desde donde dirigirán la vida política y económica de la ciudad»

Uno de los grandes beneficiarios fue Manuel Agustín Heredia, quien en 1815 se hizo con la mitad de la propiedad del Castillo de San Lorenzo, pagando por ello en subasta pública casi cien mil reales. Quince años después, entre 1831 y 1833, siendo concejal del Ayuntamiento de Málaga, participará personalmente en las principales operaciones urbanísticas que son llevadas a cabo por la corporación municipal. En el año 1846 poseía ya 25 fincas urbanas, todas ellas procedentes de la venta de bienes nacionales desamortizados, como la antigua cárcel municipal, en la actual plaza de la Constitución. Curiosamente, la otra parte del Castillo de San Lorenzo la compró Lorenzo Sandoval, otro burgués que salió muy bien parado de la desamortización. A partir de 1830 se convierte, junto con Heredia, en el principal promotor inmobiliario de la ciudad, lo que compagina con su actividad mercantil. Puede decirse que Lorenzo Sandoval configuró el nuevo eje urbano de Málaga, vertebrado por la Alameda Principal, precisamente el lugar donde estos burgueses levantaran sus viviendas y desde donde dirigirán la vida política y económica de la ciudad.
Otro destacado integrante de la burguesía malagueña, posiblemente el que más junto con el arriba mencionado Heredia, fue Martín Larios Herrero, primer marqués del mismo nombre en 1865, diputado y senador. Respecto a lo que nos interesa, cabe señalar que compró varios terrenos a lo largo de la Alameda. Su adquisición más famosa fue la del solar perteneciente al extinto monasterio de San Pedro Alcántara, sito donde hoy se alza la plaza homónima. Aquí construyó un buen número de viviendas, en una clara muestra de hacia dónde dirigían ya sus miras económicas estos «notables» malagueños. Su contribución anual urbana era en 1858 superior a los 20.000 reales. Fue, por otra parte, presidente de la Junta de comercio en 1835, y responsable de la extensión del cultivo de la caña de azúcar por el zona oriental de la provincia.
Hombre de negocios prominente fue también Francisco Reboul Sobrino, que, a diferencia de los anteriormente citados, era de ideología progresista. Compró en 1841, siendo concejal, el Jardín de aclimatación municipal, en las inmediaciones de la actual calle Héroe de Sostoa, por 5.600 reales, revendiéndolo cuatro años después por 12.000l a un tal Gabriel García. Es posible que este personaje, abogado de profesión, no fuera más que un testaferro de Reboul, ya que no pertenecía a la burguesía malagueña y no tardó en volver a vender dicha propiedad a la familia Larios. Esta operación urbanística es una clara muestra de la enorme especulación de la época.
Un personaje menos conocido, pero que también se benefició mucho del proceso desamortizador, fue el concejal moderado y abogado Ventura Moraga Sánchez del Castillo, quien compró hacia mediados del siglo XIX por 80.000 reales bienes pertenecientes a la orden de San Felipe Neri, que se había visto tremendamente afectada por la desamortización de Mendizábal.
Carlos Larios Martínez, sobrino del ya citado Martín Larios Herrero, será igualmente un destacado empresario, puesto que era propietario de La Aurora, la segunda gran empresa textil de Málaga tras Industria Malagueña S. A., de su tío, como se vio en el anterior número de Gente Corriente. Fue concejal por los moderados desde el año 1855 a 1867. Entre otras propiedades, adquirió en 1860 dos solares, pertenecientes al Estado, al sur de la Alameda, por más de 260.000 reales y también fincas agrarias procedentes de la venta de bienes eclesiásticos.
Este breve repaso al empresariado de la Málaga del Ochocientos, en definitiva, nos permite observar cómo la alta burguesía mercantil, industrial y financiera y los altos cargos públicos, no solo de la capital, sino de todo la provincia, concentran en sus manos la mayor parte de la propiedad de la tierra cultivable y edificable. Es una tierra que, en mayor o menor medida, antes había sido comunal, para el disfrute y sostén de todas las personas, pero que a partir de estos años de liberalismo incipiente se convertirá en una mercancía más de carácter individual y libre para especular con ella.

1 Morales Muñoz, Manuel (2005): «¡La burguesía al poder!: de la quiebra del Antiguo Régimen a la Gloriosa». En El Primer Liberalismo en Andalucía (1808-1868): política, economía y sociabilidad, editado por Diego Caro, 157-206. Cádiz: Universidad.