Miguel Ángel Fernández

De cómo se entregan equipamientos públicos a empresas privadas para que extraigan beneficios particulares o nos pasen la factura en caso de pérdidas.

Los falsos riesgos empresariales

Es en la gestión de los equipamientos deportivos, y en concreto de la red de piscinas municipales, donde encontramos uno de los ejemplos más relevantes sobre el modelo de explotación de los recursos públicos que tiene el gobierno de Málaga, y en general el PP. Ese modelo, basado en la socialización de los gastos y la privatización de los beneficios, acaba deteriorando el servicio público en aras del enriquecimiento de unos pocos. La gestión de las piscinas municipales, como mencionábamos, merece un relato detallado.
Siempre se ha dicho que el beneficio empresarial se justifica por el riesgo que asume el capital al comprometer su patrimonio. No es así. En el caso que nos ocupa las empresas adjudicatarias, en su mayor parte, acceden a las concesiones sin asumir riesgos notables. Por el contrario, es el Ayuntamiento, la ciudadanía de Málaga en definitiva, quien finalmente paga las consecuencias de la deficiente gestión de estos recursos, cuyo coste no es solo económico, pues también redunda en la dificultad de disfrutar del derecho al deporte y al ocio.

«A partir de 2009 el Ayuntamiento comienza un proceso de privatización de la gestión de estas instalaciones plagado de irregularidades, negligencia y dejación de responsabilidades»

A partir de 2009 el Ayuntamiento comienza un proceso de privatización de la gestión de estas instalaciones plagado de irregularidades, negligencia y dejación de responsabilidades. Se desmantelaron los servicios públicos municipales bajo la premisa de las supuestas bondades que traería la gestión privada de estos servicios, lo que evidentemente ha quedado desmentido por la realidad. Cuando los recursos son limitados la prioridad debe ser garantizar un servicio y un derecho, puesto que en una lógica de beneficios empresariales habrá que degradar la calidad, casi siempre a costa de las condiciones laborales.

Seis piscinas en las que se ahogó el dinero público

Con la llegada del Partido Popular al Ayuntamiento de Málaga en 1995 se puso en marcha la construcción de una red de piscinas municipales, pues es cierto que en la etapa anterior nuestra ciudad carecía de este tipo de equipamientos públicos
En el año 2008 el equipo de gobierno informaba de una inversión de 78 millones de euros, y anunciaba la gestión a través de concesiones a empresas privadas. Desde esa fecha encontramos multitud de irregularidades, que han supuesto unos sobrecostes a las arcas públicas, incremento de los precios para las usuarias, mala calidad del servicio y varias instalaciones hoy cerradas o incluso desaparecidas. Aquí algunos ejemplos:

1. Santa Rosalía (Campanillas): es la piscina que lleva más tiempo cerrada, desde 2006, año en que acabó la concesión que la gestionaba. Hubo un nuevo concurso y una empresa que lo ganó, pero terminó desistiendo. El Ayuntamiento anunció que rescataría la concesión, pero nunca lo hizo. Desde entonces, el vecindario de Santa Rosalía y Maqueda sigue sin piscina.

2. Campanillas: la piscina se cerró por orden municipal en 2013 debido a defectos en la cubierta. Un año después el Ayuntamiento resolvió el contrato con la empresa concesionaria. Urbanismo anunció la imposibilidad de volver a abrirla por fallos en la estructura. Tras un reguero de infracciones urbanísticas, el concesionario fue sancionado por Urbanismo con 250.000 euros por levantar construcciones ilegales. Fue finalmente demolida.

3. Colmenarejo: construida en 2009 con una inversión de 378.000 euros, el Ayuntamiento tuvo que gastarse 40.000 euros más para reparar los desperfectos después de que quedara abandonada, en julio de 2010. Se abrió de forma precaria en los meses de verano de 2015-2016 después de una nueva inversión del Ayuntamiento.

«El complejo de piscinas costó 3,6 millones de euros, pero solo tres meses después de conseguir la concesión, y tras numerosas quejas de usuarias por las deficiencias que presentaba, Belda y Parody (socios de la empresa concesionaria, Imcomar Blue) rompieron su relación comercial»

4. Puerto de la Torre: este equipamiento es el mejor ejemplo de la fallida gestión de las piscinas municipales por parte del equipo de gobierno. El complejo de piscinas costó 3,6 millones de euros, pero solo tres meses después de conseguir la concesión, y tras numerosas quejas de usuarias por las deficiencias que presentaba, Belda y Parody (socios de la empresa concesionaria, Imcomar Blue) rompieron su relación comercial. Entonces se supo que en realidad quien gestionaba el equipamiento público era el conseguidor Vega, directivo de una asociación vecinal próxima al PP, Central Ciudadana. Finalmente Belda se convirtió en el principal testigo del llamado Caso Piscinas, que le costó la carrera política al entonces delfín de Paco de la Torre, Manuel Díaz, a la sazón concejal de Urbanismo. Díaz abandonó la política tras la decisión del PP de no llevarlo en las listas para las siguientes elecciones municipales. En este caso, finalmente archivado por los juzgados, también estuvo implicado el entonces concejal de deportes y actual presidente del Partido Popular en Málaga y presidente de la Diputación, Elías Bendodo.
Después de múltiples denuncias del vecindario y la plantilla de la empresa, el Ayuntamiento acordó iniciar el procedimiento para resolver el contrato por no ejecutar las fases 2, 3 y 4 de las instalaciones, recogidas en el pliego, y después de conocer que la Seguridad Social le reclama a la concesionaria 404.957 euros correspondientes a la cuota de las trabajadoras entre 2010 y 2013. De hecho, el Ayuntamiento se ha visto obligado a adelantar esa cantidad. A ello hay que añadir una sanción de 87.515 euros por esta infracción, que el Ayuntamiento debe asumir como responsable subsidiario. Finalmente, en junio de 2015 se produjo el cierre de la piscina, lo que dejó sin servicio a más de 1.000 usuarias y en general al vecindario del Puerto de la Torre.
Por si fuera poco, hay que añadir la deuda contraída con los trabajadores y trabajadoras, a los que se adeudaba entre 6 y 10 meses de salario. Sumemos también el perjuicio económico causado a las usuarias, a quienes no se les ha reembolsado ningún tipo de compensación por los meses de abono pagados y no disfrutados.
El incendio en las instalaciones de la piscina del Puerto de la Torre ocurrido a inicios de mayo de 2017 puso de manifiesto que este equipamiento municipal no contaba con servicio de vigilancia ni mantenimiento desde finales del año anterior, según reconoció el propio Ayuntamiento de Málaga. El deterioro de la instalación había alcanzado límites insospechados: desde la desaparición de solerías, griferías, cableado, etc., hasta la propia piscina convertida en un estercolero y algunas estancias habitadas en condiciones infrahumanas.
De nuevo han sido las arcas públicas, es decir, toda la ciudadanía malagueña, la que se ha hecho cargo de los gastos ocasionados por la dejadez de este equipo de gobierno en sus responsabilidades de guarda y custodia de los bienes públicos. Ya sabemos que las reparaciones necesarias tienen un coste de al menos 150.000 euros.

5. Piscina Conde de Guadalhorce: un ejemplo de una concesión que pasa de mano en mano mientras se incumplen los pliegos de condiciones. En el año 2006 se propone la construcción de un complejo deportivo en los antiguos terrenos del matadero de Carranque, dentro del plan de equipamientos deportivos municipales. El complejo constaría de piscina cubierta, gimnasio y pabellón cubierto, entre otras instalaciones. El modelo elegido es el de concesión administrativa y al proceso de licitación se presentaron dos propuestas: Ecur Constructora Urbanizadora y la UTE (Unión Temporal de Empresas) conformada por Aossa Málaga y Opade, ambas rechazadas por no cumplir todos los requisitos del concurso. Al nuevo concurso solo se presenta una nueva UTE, ahora compuesta por Ecur Constructora Urbanizadora y Opade, que, una vez ganado, pasan a convertirse en Udissport Conde del Guadalhorce.
Las condiciones del pliego establecen una concesión de 40 años con un canon de pago único de 250.000 euros. El proyecto se divide en tres fases y el Ayuntamiento se compromete a entregar la primera fase, con un coste de 2.765.572 euros, mientras que la concesionaria deberá asumir la segunda y tercera fase con una inversión calculada en 3.463.085 euros, lo que eleva el coste total del proyecto a 6.228.657 euros. El plazo de ejecución de las 2 fases es de 18 meses una vez el Ayuntamiento haga entrega de la primera.
De entrada destaca que, tras un informe del interventor municipal, se modifican algunos aspectos del pliego relativos a la modalidad del contrato, duración de la concesión, etc., pero no en cuanto a las tarifas, que nunca deben superar las fijadas por la ordenanza municipal. Sin embargo, el pliego admite subidas según el IPC anual, lo que abre la puerta a la aplicación de tarifas superiores a las marcadas por la ordenanza. Finalmente, el contrato se firma en marzo de 2008, y el concesionario ingresa el canon y los avales necesarios, aunque el Ayuntamiento no le entrega la primera fase de las obras hasta el 5 de agosto de 2009.

«el Ayuntamiento debería haber aplicado las multas diarias que recoge la ley de contratos públicos y, además, tenía la potestad para solicitar la rescisión del contrato. No hizo nada de ello»

Llegamos así a octubre de 2010 para ver el primer cambio de manos del proyecto a otra concesionaria. La junta de gobierno autoriza que el 49% de la UTE pase a propiedad de Valssport Gestión Deportiva SL, que tres años después se haría con el 100%. Aun así, nunca terminó la tercera fase de la construcción, la más costosa, pues suponía una inversión aproximada de 1.400.000 euros. Teniendo en cuenta que la entrega de la primera fase se produjo en agosto de 2009 y que el concesionario tenía un plazo de 18 meses para ejecutar las dos restantes fases, se estaba incurriendo en incumplimiento desde enero de 2011. Desde ese momento el Ayuntamiento debería haber aplicado las multas diarias que recoge la ley de contratos públicos y, además, tenía la potestad para solicitar la rescisión del contrato. No hizo nada de ello.
Por su parte, en 2012 la concesionaria envió un escrito para solicitar un aplazamiento y cambiar la tercera fase de pabellón cubierto a pistas de pádel. El Ayuntamiento no contestó, de modo que en 2014 se volvió a enviar otro escrito, con idéntico resultado. No hay duda, por tanto, de la clara dejación de sus responsabilidades, a lo que se añade un posible quebranto económico, pues, como queda dicho, este incumplimiento debería haber comportado una multa diaria y la posible rescisión del contrato de cesión.
Finalmente, acabando 2016, el concesionario, tras presentar informes con resultados negativos en los últimos tres años, solicita indemnizaciones al Ayuntamiento y pide la rescisión de mutuo acuerdo. Sorprendentemente, poco después presenta otra propuesta de cambio del contrato para sustituir la tercera fase el pabellón cubierto, en esta ocasión por mejoras en las instalaciones existentes. Ahora sí, en enero de 2017 el Ayuntamiento acepta su propuesta, pero entonces, en otro giro inesperado se da un nuevo cambio de manos: Valssport cede ese mismo mes de febrero sus derechos a Forus Deporte y Ocio, operación aprobada en junta de gobierno, de modo que en la actualidad es la empresa que gestiona las instalaciones.

«el complejo acuático Inacua, junto al polideportivo Martín Carpena, es otro caso emblemático de cómo con recursos públicos se fomenta un negocio privado»

6. Inacua o el pelotazo de Ferrovial: el complejo acuático Inacua, situado en la calle Marilyn Monroe, junto al polideportivo Martín Carpena, es otro caso emblemático de cómo con recursos públicos se fomenta un negocio privado. El Ayuntamiento de Málaga destinó 14 millones de euros, mientras que el gobierno andaluz aportó otros 3 millones para contar con equipamientos suficientes para grandes competiciones acuáticas, como campeonatos de waterpolo. Inaugurado a finales de 2008, se convirtió, con sus 25.000 metros cuadrados, en el mayor complejo de piscinas de Málaga.

«En el año 2009 Ferrovial/Ferroser presenta una solicitud para construir un restaurante en las instalaciones de Inacua, algo que no estaba previsto en el pliego de condiciones con el que se hizo con el concurso público»

El Consistorio asumió el coste del edificio, pero cedió su gestión a Ferroser, una filial de Ferrovial, constante en los papeles de Bárcenas, que se presenta con el nombre comercial de Inacua y que dispone de la cesión por 15 años (aunque el entonces concejal de Deportes, Elías Bendodo, pretendía que fuera por 35 años). En el año 2009 Ferrovial/Ferroser presenta una solicitud para construir un restaurante en las instalaciones de Inacua, algo que no estaba previsto en el pliego de condiciones con el que se hizo con el concurso público. El Departamento de Disciplina Urbanística advierte de que la actividad de restaurante «es un uso terciario de hostelería, dicho uso no es compatible en parcelas de equipamiento, por lo que no sería viable. No obstante, cabría la posibilidad de una dependencia restaurante inherente al equipamiento, aunque no como actividad independiente. En todo caso se deberá cumplir con toda la normativa correspondiente». Esa normativa dicta que el lujoso restaurante únicamente podrá ser utilizado por los usuarios de las instalaciones deportivas, cuando la realidad es que funciona de cara al público, hasta el punto de que dispone de entrada independiente.
En su momento la Fundación Deportiva Municipal, dirigida por el presidente del PP de Málaga, tanto entonces como ahora, Elías Bendodo, ya intervino con un informe para tratar de justificar la apertura del restaurante. Este mismo informe define claramente los horarios del centro deportivo, a los que tendría que ajustarse el restaurante. Tras este informe, y con un canon anual de 7.688 euros (unos 640 euros mensuales, cantidad irrisoria para una instalación de este tipo), las obras del restaurante son dirigidas por el arquitecto Andrés Gutiérrez Istria, ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga con el gobierno local del PP entre 2001 y 2005, fecha en la que dio el paso a la promotora privada Evemarina, hoy en quiebra. Por cierto, hablando de piscinas, Gutiérrez Istria saltó a los medios cuando, ocupando su cargo como gerente de Urbanismo, se dio permiso a sí mismo para construir una piscina en su propia casa.


Entre febrero y mayo de 2010, Ferrovial/Ferroser y el Grupo Moliere llegan a un acuerdo, de manera que en la fiesta de inauguración de Azul, que así se llama la terraza-restaurante-lounge, este grupo de empresarios locales de salas de fiestas ya aparece como gestor del local. Sobre este nuevo negocio a costa de lo público convendría que saliera a la luz cuánto paga el grupo Moliere a Ferroser por explotar una instalación que le cuesta a esta última 640 euros mensuales.
Azul incumple la normativa en dos cuestiones básicas que apuntó la propia Gerencia Municipal de Urbanismo. Una es la de los horarios, puesto que el restaurante abre más allá del establecido en Inacua, y la otra es que no se trata de una estructura inherente al centro acuático y funciona como actividad independiente, con acceso al exterior, y desde luego muy alejada de la típica cafetería de una instalación deportiva. De hecho, se promociona como «Restaurante Azul Terraza Lounge. Cócteles, Combinados y todo tipo de Bebidas para disfrutar del mejor ambiente musical. Veladas con fiestas temáticas, monólogos y otras actuaciones en directo, para gozar en la noche, sobre todo en los fines de semana. Azul es lugar ideal para Comidas de Empresa y Grupos, Celebraciones Familiares, como Bodas Comuniones, Aniversarios, etc.; y Eventos en general».
¿Resulta excesivo todo esto? Aún hay más. En el año 2014 se presenta un nuevo proyecto, el Centro Raqueta, una instalación deportiva anexa a Inacua adjudicada por concurso público también a Ferrovial/Ferroser, a pesar de que otra empresa obtuvo 15 puntos más en su oferta, como denunció, sin éxito.
Centro Raqueta abre sus puertas el 15 de julio de 2015, convirtiéndose en el mayor complejo dedicado al deporte de raqueta de Andalucía. Y sí, dentro del proyecto se contempla la ampliación de Azul para dar servicio a los clientes de la nueva instalación deportiva.
Los alambicados pretextos del equipo de gobierno para justificar su descarada negligencia y pasar la pelota a otras administraciones no solo han costado la reprobación del Pleno a la concejala de Deportes, Elisa Pérez de Siles, sino que además chocan con la ley. El reglamento general de la ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas, establece en su artículo 85 que las Entidades Locales «tienen la obligación de conservar, proteger, defender y mejorar sus bienes». Además, la Ley Decreto 18/2006, de 24 de enero, por la que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, reza en su artículo 165 que «Las autoridades y el personal al servicio de las Entidades Locales, que tuvieran a su cargo la gestión o utilización de sus bienes y derechos, responderán directamente ante la Entidad de los daños y perjuicios ocasionados por su pérdida o detrimento, en caso de dolo, culpa o negligencia graves».

Toda esta nefasta gestión ha provocado un grave perjuicio a las arcas públicas, así como a la ciudadanía, que ve mermado su derecho al uso y disfrute de los servicios públicos municipales. Si las responsabilidades políticas están claras, queda aún lanzarse a la piscina de las judiciales y dirimir las penales. Esperemos que eso ocurra antes de fin de legislatura.