Cofradías: que baje dios y lo vea

Santi Fernández Patón

En noviembre de 2017 un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Málaga aprobaba una modificación presupuestaria, con los votos del PP y el apoyo entusiasta de su apéndice naranja, que contenía una partida de 229.000 euros para 21 cofradías. Esa cantidad se repartía desde los 7.000 euros a la de El Huerto para unas bambalinas laterales del palio del trono de la Virgen, a los 17.000 euros de la Expiración (para la restauración del suelo del salón de tronos) y la Esperanza (restauración de túnicas), pasando por 16.000 a la cofradía de Zamarrilla (realización de un grupo escultórico) y la del Rico (14.000 euros para reformar su museo y las vitrinas) o El Cautivo (8.000 euros para renovar los uniformes de la banda musical). ¿Parece esto excesivo? Pues en julio del mismo año ya se habían aprobado otros 115.000 euros para ayudas similares.

«en un solo año se han entregado a las cofradías unos 345.000 euros, a los que hay que sumar las constantes con- cesiones de parcelas y locales o edificios municipales, por no mencionar los cambios arquitectónicos en nuestras plazas y calles para fran- quear el paso a los tronos»

Por tanto, en un solo año se han entregado a las cofradías unos 345.000 euros, a los que hay que sumar las constantes concesiones de parcelas y locales o edificios municipales, por no mencionar los cambios arquitectónicos en nuestras plazas y calles para franquear el paso a los tronos, lo que acaba por configurar una suerte de «urbanismo cofrade». Esto es, la configuración del espacio público en función de intereses privados y religiosos.
A este respecto, podemos recordar a vuelapluma la tala de cipreses centenarios en la plaza de San Francisco (que el vecindario impidió que fuera a más) o la pérdida de la subvención europea para remodelar la plaza de Camas, ya que el proyecto original dificultaba la salida de procesiones, lo que finalmente nos ha costado alrededor de un millón y medio de euros del erario municipal. La plaza de Camas, como se sabe, es la misma en la que el Ayuntamiento ha cedido a la cofradía de las Fusionadas (sí, la de Antonio Banderas) una parcela valorada en 750.000 euros para la construcción de su casa de hermandad, mientras ha sido incapaz de instalar toldos contra el sol, debido a la falta de arbolado, en la pequeña zona infantil, como se ha reclamado en repetidas ocasione
Podríamos enumerar muchos más casos: la cesión en 2015 de gran parte del Hospital Noble, donde actualmente tiene su sede la empresa de aguas municipales EMASA, a la cofradía del Descendimiento por un total de 50 años (el mismo mecanismo, tan habitual, que según el alcalde no se puede cumplir con La Invisible, como explican sus portavoces en una entrevista de estas mismas páginas). Es solo un ejemplo actual, al que se puede sumar la cesión reciente de otros locales o edificios a la cofradía del Cristo del Perdón, a la de Nuestra señora de los Dolores, a la de las Angustias, la del Jesús de la Pasión o a un sinfín más que abarca no solo a las 44 que procesionan.
No se trata solo de las cofradías. Como es sabido, en 2003, con el gobierno Aznar, una modificación legislativa permitió que, en una suerte de inversión de las desamortizaciones del siglo XIX, según podemos ver en este número de Gente Corriente, la Iglesia haya puesto desde entonces a su nombre más de 4.500 inmuebles en todo el país, algunos tan emblemáticos como la mezquita de Córdoba. Por supuesto, como ocurre con el resto de sus propiedades, la Iglesia también está exenta del pago de IBI con estas nuevas inmatriculaciones. En Málaga se valió de este procedimiento para en 2011 poner a su nombre la catedral, ni más ni menos, y de paso los jardines que la rodean… pero de su mantenimiento y cuidado se encarga el propio Ayuntamiento.
Sin irnos tan lejos, en octubre de 2017 el Obispado de Málaga comenzó a construir una centro de catequesis, con decenas de aulas, varias plantas y parking particular, en una parcela municipal cedida graciosamente por el Ayuntamiento en la calle Crónica, en la barriada de Puerta Nueva. La particularidad residía en que en esa parcela se asentaba la única pista deportiva de carácter gratuito de toda la barriada, por lo que era usada a diario por grupos de jóvenes, que de un día de otro perdieron un equipamiento público en favor de intereses privados, pese a las numerosas protestas vecinales.

¿Y el dinero para las barriadas?

Aquel pleno extraordinario de noviembre de 2017 aprobó también otra modificación presupuestaria para invertir 12,1 millones pendientes desde 2015 y otros 7,6 millones de 2016. Este remanente era consecuencia de la mala gestión presupuestaria, que una año más dejaba sin ejecutar partidas importantes para el desarrollo de la ciudad. A estas cantidades hay que añadir otros 37,5 millones de euros que supuestamente se han ejecutado antes de fin de 2017. Todo ello se aprobó justo un día después de que Hacienda, por mandato del ministro Montoro, anunciara la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid en función de unos criterios que podrían haber sido aplicados perfectamente a Málaga, cuyas inversiones carecen en numerosa ocasiones de las más elementales justificaciones.
La mayor parte de esas inversiones están dirigidas a las áreas donde el PP y Ciudadanos consiguen más votos, en muchos casos sin la preceptiva justificación sobre el ahorro que a la larga generarían para la ciudad. Todo ello mientras que de nuevo se ha dado de lado a la periferia, como son los casos de Campanillas o Churriana, en los que se invierten 393.000 euros y 60.000, respectivamente (recordemos: 345.000 para las cofradías), muy lejos de los casi 5 millones que suman entre el centro y la zona Este, principalmente en Pedregalejo y Limonar. Aunque parezca increíble, era la tercera o cuarta vez que el Ayuntamiento anunciaba o, mejor, «vendía» a golpe de titular, esta inversión en los distritos. ¿Cómo lo hace?
De manera habitual, el equipo de gobierno anuncia sus partidas estrella para los siguientes presupuestos (primera vez que las vende), meses después, según se aprueban esos presupuestos, las vuelve a anunciar (segunda vez que las vende), para más tarde hacer otro anuncio en el momento de se ejecución o, si siguen pendientes, como suele ocurrir, en el pleno de la modificación presupuestaria (tercera vez) y, por último (cuarta vez), cuando por fin se ejecuten. Mencionemos que en ocasiones ha incluido como inversiones lo que en realidad son reparaciones, hasta que el interventor municipal atajó esta práctica. Por tanto, la sensación de buena parte de la ciudadanía al leer incluso cuatro veces titulares muy similares es que el equipo de gobierno no deja de invertir y desarrollar distintos planes en los barrios. Como vemos, la realidad es que en muchas ocasiones ni siquiera se ejecuta lo aprobado, y que los presupuestos castigan las áreas donde menos votos obtiene el PP.
A esto, algunos lo llaman marketing político. Otros, simplemente, robo.

La Economía del Bien Común y Málaga

Ángel Terrón

La definición habitual que recogen los diccionarios sobre el término «Economía», como administración de bienes o ciencia relacionada con ello, apenas refleja lo que normalmente nombramos con esa palabra. El análisis de la economía financiera se ha vuelto complejo hasta para los propios banqueros que capitanean esos grandes barcos que parecen flotar sin rumbo en un océano, y para los que la ciudadanía pone el combustible y, cuando encallan, el rescate.
Curiosamente, cuando analizamos la economía de países y empresas, lo hacemos de una manera muy simple: ¿ganan o pierden dinero? Es un balance que no muestra nada que importe, como por ejemplo si esa empresa o actividad respeta la dignidad de las personas, construye o destruye comunidad, preserva o contamina nuestro aire y agua. Necesitamos otras maneras de gestionar nuestros recursos y de evaluar nuestra actividad económica.
Por contra, la Economía del Bien Común (EBC) vendría a ser un sistema económico alternativo, al margen de los mercados financieros, y que propone, en función de valores humanos universales, la construcción de una buena vida para todos los seres vivos y el planeta. Es un proceso abierto en cuanto a sus resultados, participativo, de crecimiento local, aunque de efectos globales.

«El llamado “Balance del Bien Común”, perfectamente definido, aunque en constante evolución, relaciona los valores de dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social, transparencia y participación democrática con sus actores y receptores: las personas, la comunidad y el medio ambiente»

Este enunciado se quedaría como un brindis al sol más si no fuera por su principal herramienta, una matriz para valorar las actividades, las empresas, las comunidades y las personas en función de esos valores. El llamado «Balance del Bien Común», perfectamente definido, aunque en constante evolución, relaciona los valores de dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social, transparencia y participación democrática con sus actores y receptores: las personas, la comunidad y el medio ambiente.
Bajo esta idea, en el año 2010, junto a un grupo de empresarios también austriacos, Christian Felber inició el desarrollo práctico del modelo de la Economía del Bien Común como una alternativa real al capitalismo de mercado y a la economía planificada. Desde entonces se han multiplicado las empresas, municipios y comunidades del Bien Común. En España, la Economía del Bien Común se extendió a través del propio Christian Felber, la Asociación Federal Española para el Fomento de la Economía del Bien Común y personas como Diego Isabel La Moneda, quien expandió el modelo a Latinoamérica e inició el proceso de aprobación del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «La Economía del Bien Común: un modelo económico sostenible orientado a la cohesión social».
De todo ello se habló en abril de 2017 en Málaga, ya que nuestra ciudad acogió el Foro Global NESI sobre Nueva Economía e Innovación Social, en el que se citaron formas alternativas de entender y valorar nuestras actividades, mucho más numerosas e importantes de lo que pudiera parecer. En Málaga hay ejemplos.
En la provincia de Málaga, la Asociación Nueva Alternativa de Intervención y Mediación (NAIM) lleva desde 2015 aplicando el Balance del Bien Común como herramienta de medición de su impacto en la sociedad. Esta asociación tiene como principal fin la promoción del desarrollo integral de distintos sectores de población, preferentemente los que corresponden a la infancia y juventud que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social. Promueve diversos proyectos de desarrollo integral destinados a estas personas, y especialmente a jóvenes.
La mayor parte de sus actividades giran alrededor de la orientación laboral, la formación para el empleo y la inserción sociolaboral. Además ha promovido tres empresas de inserción en distintos sectores de actividad. Los proyectos que lleva a cabo se centran en Málaga capital (barriadas de Palma-Palmilla, La Corta, Bailén-Miraflores) y en las localidades de Antequera y Alameda.
Trabajar por la inserción sociolaboral implica también promover y facilitar cambios en las estructuras económicas que generan la desigualdad y la exclusión. Es por ello que esta asociación malagueña participa activamente en el movimiento de la Economía del Bien Común.
Ejemplos como el de NAIM, y otras empresas de la asociación REDVERSO por una economía verde, solidaria y del Bien Común, también participante del movimiento EBC en Málaga, nos conectan con otra visión de nuestra sociedad más cordial, sana y sostenible. Nos proponen preguntarnos y analizar, precisa y sinceramente, si nuestra actividad proporciona calidad de vida o es solamente un libro de contabilidad más.

ONDA COLOR: Una radio comunitaria para la transformación social de Palma-Palmilla

En el año 2008 Onda Color tomaba el testigo de Onda Puerto Radio para instalarse en Palma-Palmilla. Desde entonces, el 107.3 de la FM malagueña emite los contenidos de una de las experiencias de gestión ciudadana y comunicativa con más solera de Andalucía. Lo hace, además, desde el corazón de uno de los barrios más abandonados por el Ayuntamiento de la ciudad, lo que a su vez la convierte en un proyecto vecinal que rompe tópicos y fronteras urbanas. De todo ello charlamos con dos de sus representantes, Rocío Santos Gil y Javier Díaz Muriana.

Gente Corriente: Onda Color es una radio comunitaria, pero también mucho más.
Onda Color es, en efecto, una radio comunitaria, pero quizá es lo que menos sea de todo. Onda Color es resultado de una reivindicación del vecindario del barrio en el que se encuentra, Palma-Palmilla y, tal vez por ello, no es una radio cualquiera, sino que tiene en su ADN un propósito: ser una herramienta de cambio social para el barrio. Pero Onda Color escapa a su idea original y es todos y cada uno de los colectivos, estudiantes y personas que la integran, haciendo sus programas, montando sus debates y participando por todos los medios posibles en una comunicación libre y ciudadana.

«no es una radio cualquiera, sino que tiene en su ADN un propósito: ser una herramienta de cambio social para el barrio»

GC: Contadnos un poco de su trayectoria.
El origen de Onda Cola se remonta al período 1991-1992, cuando un colectivo vecinal del Puerto de la Torre, otro barrio malagueño, decide montar una radio. Onda Puerto crece allí y poco a poco también se convierte en un espacio donde estudiantes de la UMA y otros colectivos van a hacer programas propios, enriqueciendo la dinámica de la radio, los contenidos, los enfoques, etc. Hasta el año 2006 la radio sigue funcionando en su emplazamiento original. Es entonces cuando el local donde se encontraba cierra, obligándonos a buscar otro sitio donde ubicar la radio. Tanteamos varias posibilidades, hablamos con varios colectivos, hasta que, casualmente, un compañero de una radio comunitaria de Madrid conoce a una vecina de Palma- Palmilla durante unas jornadas donde asiste como representante de Proyecto Hogar. Nuestro compañero le habla de nosotras y la vecina le comenta que el tener una radio el barrio es un reclamo vecinal muy extendido.

«son las vecinas y vecinos del barrio y muchos de los colectivos que allí trabajan quienes deciden de qué forma se debe implementar la emisora,
bajo qué parámetros, etc.»

Ahí comienza nuestra relación con el barrio, a través de Proyecto Hogar y de asambleas vecinales enormes, donde son las vecinas y vecinos del barrio y muchos de los colectivos que allí trabajan quienes deciden de qué forma se debe implementar la emisora, bajo qué parámetros, etc.
Eligen incluso el nombre. La radio comienza instalándose en un espacio para mudarse temporalmente a otro.
Después de algo más de un año desde los comienzos de nuestra emisión en Palma-Palmilla, nos instalamos definitivamente en el edificio actual. Esto fue en 2008. Desde entonces decenas de colectivos, centenares de personas del barrio y de otros lugares han pasado por la radio para hacer su programa, para colaborar en la gestión o en la producción de contenidos, para ser entrevistadas, etc.
Además de crear contenidos sonoros, tenemos otra serie de actividades, como el RadioTeatro y el Club de Lectura con perspectiva de género, actividades paralelas de la propia plataforma de comunicación que nutren a su vez a Onda Color de contenidos y revierten políticamente en la forma de entender nuestra relación con la radio. También colaboramos con colectivos externos, llevamos la radio a la calle, hacemos formación en institutos y colegios, desarrollamos talleres de alfabetización mediáticas en distintos territorios, etc.


GC: El espectro electromagnético utilizado para la radiodifusión y emisión televisiva es de dominio público, ¿creéis que se da una posibilidad de gestión ciudadana sobre lo que es común?
Las experiencias latinoamericanas, así como algunas europeas, nos enseñan que existen mecanismos de participación pública en la gestión del espectro radioeléctrico de los que estamos a años luz en España.

«existen mecanismos de participación pública en la gestión del espectro radioeléctrico de los que
estamos a años luz en España»

Entre los mecanismos se encuentran tres que consideramos fundamentales. El primero de ellos es la gestión ciudadana del dominio público, en este caso de las ondas radioeléctricas, que debería pasar por la creación de un consejo de participación en el que sociedad civil organizada y colectivos de base auditen la labor diaria de los medios de comunicación en función de la utilización del espectro para el servicio público: informar, educar y entretener. La segunda de las herramientas es la participación de la sociedad civil en el espectro radioeléctrico, por eso hemos promovido junto a otras organizaciones en el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía una ley andaluza que tenga en cuenta que existen voces desde la sociedad civil y sin ánimo de lucro que quieren disputarle el protagonismo a las radios privadas comerciales y públicas. Por último, pensamos que existe un mecanismo, previsto en los estatutos de autonomía y la propia Ley estatal del audiovisual, que no se está ejecutando con todas las garantías posibles y es el derecho de acceso. Es un derecho del que goza cualquier persona a utilizar las herramientas que ofrecen las televisiones y radios públicas, incluidas las locales, para que su voz sea escuchada.
No se trata solamente de que Onda Azul, por poner un ejemplo, entreviste en sus informativos a los colectivos sociales, sino de que estos sean formados y provistos de todo lo necesario para producir su propio programa, decidir sus propios temas, configurar su propia agenda. Así visto, pensar que la gestión que hacen nuestros representantes públicos del espacio común es ciudadana supone alejarse mucho de lo que consideramos un modelo realmente democrático.
GC: Habéis mencionado organizaciones como el Foro Andaluz. ¿Tiene relación Onda Color con otros proyectos e iniciativas del Común?
En la actualidad nos encontramos en una fase de construcción de red en la ciudad. Si bien es cierto que llevamos años trabajando en iniciativas de comunicación, la radio ha servido como espacio de encuentro para distintos colectivos de la ciudad y ese es su mayor valor: que la radio se convierta (y eso depende de los propios colectivos) en una herramienta de comunicación a disposición de la gente, que puede utilizar para dar voz a sus demandas y crear en su entorno un proyecto común. A veces nos llaman para cubrir como medio de comunicación determinadas actividades o acciones y, obviamente, no podemos asistir porque no somos un medio profesionalizado que disponga de personal contratado. Los colectivos deben empoderarse a través de la radio y dar forma a sus necesidades mediáticas, generar contenidos propios de manera autónoma que puedan difundir dándole el valor que merecen.
GC: ¿Cuál es la situación legal de Onda Color?
Somos un medio que se encuentra en la alegalidad. Por una parte, la ley nos «reconoce» como una herramienta útil para cubrir necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo pero, a su vez, no ha desarrollado el reglamento al que obligaba la ley para procurar una acceso adecuado de este tipo de emisoras a las licencias. Esto es a lo que aluden los legisladores de las administraciones territoriales, en nuestro caso la Junta de Andalucía, para obstaculizar nuestro acceso a licencias con las que emitir de forma completamente legal. Es por ello que hemos pedido a la Junta de Andalucía que solicite al Ministerio de Industria, que es quien planifica el espectro radioeléctrico, licencias para las comunitarias.
GC: Por lo que contáis, podríamos decir que Onda Color es una emisora del Común.
El común somos todas las personas que participamos en la radio, pero sobre todo las que no lo hacen. ¿Qué es el común? pero sobre todo, ¿qué no es el común, qué está fuera del común? A pesar de las dificultades procuramos llevar a rajatabla la radicalidad democrática en la toma de decisiones y la apertura del colectivo de la radio a cualquier persona que quiera echar una mano y participar activamente en ella.
GC: ¿Cuál sería esa comunidad que gestiona el recurso común? ¿Es abierta?
La comunidad que gestiona la radio está participada por vecinas y vecinos del barrio Palma-Palmilla y por activistas, migrantes, comunicadoras y estudiantes, trabajadoras que dedican su tiempo libre a hacer radio, gente voluntaria que se dedica a los cuidados, tan importante para que la radio no se pare ni un momento, colaboradoras que ponen su voz y sus ideas para que algún día todo cambie sin dejar a nadie atrás. Creemos que tenemos que estar en el tejido asociativo de Málaga y otros proyectos con un objetivo común, empoderarnos a través de la comunicación y visibilizar aquellas iniciativas que apuesten por la transformación social del territorio. Y cualquier persona o colectivo puede solicitar un espacio en Onda Color.
GC: Se suele decir que lo comunal es caótico e inoperante, ¿cómo se regula Onda Color, es muy complicado?
Hacer lo común no es caótico ni inoperante, es natural. Y claro, en un mundo en el que el capitalismo ha conquistado todas las facetas de la vida, nuestro horario, nuestras relaciones personales, nuestra forma de vivir la vida, de alimentarnos, de pensar, recuperar los tiempos y no dejarse arrastrar por la marea es una tarea titánica. Necesitamos desaprender los procesos para aprender unos nuevos. No hay que inventarlos, ya están ahí, solo que hay que convencerse, politizarse, reapropiarse de los ritmos de trabajo y parar las inercias con las que se crean ilusiones de eficacia, pero que en absoluto transforman las sociedades en las que queremos incidir.
Los procesos de gestión, además, son duros porque requieren de un esfuerzo colectivo mayor y de una inversión del tiempo personal bastante elevada. La radio es un espacio físico al que hay que prestar determinados cuidados y atenciones, hay un porcentaje de imprevistos que demandan atención en los momentos más insospechados. La coordinación de la gente que participa allí y que asume tareas en distintos ámbitos es fundamental, ya que, como hemos señalado, Onda Color no se limita exclusivamente a producir contenidos sonoros. El colectivo desarrolla actividades formativas relacionadas con la alfabetización mediática en distintos ámbitos o sacamos la radio a la calle para determinadas actividades. Esto requiere un esfuerzo colectivo e individual enorme que debemos tener en cuenta para evitar frustraciones y autoorganizarnos de la forma más eficiente posible.
GC: ¿Qué aprendizajes sacáis de esa experiencia de gestión común?
Que en el momento en que dejemos de obtener aprendizajes nos habremos convertido en una herramienta más del sistema que pretendemos transformar. Aprender es una tarea constante. Nosotros decimos que nacimos para escuchar, no para hablar. Y esa es una máxima que llevamos por bandera. Seguimos construyéndonos como medio y como colectivo que siempre mira al territorio donde está ubicado sin perder de vista al mundo. No podemos dejar de escuchar y trabajar para transformar nuestra realidad más inmediata, que es la de Palma-Palmilla, sin escuchar a la vez a la gente del barrio. ¿Son mejorables los mecanismos de participación que hemos construido y seguimos construyendo? Por supuesto. Quizás vamos despacio porque, como decían, vamos lejos. Pero los relatos, las realidades y las experiencias de una zona como la nuestra deben incorporarse a un ritmo que nadie debe imponer desde fuera, ni siquiera desde la emisora. Tenemos referentes y podemos resolver cosas en común con otras radios amigas, pero al final cada medio comunitario es único y tiene su propia idiosincrasia, se debe a su territorio. Todo esto hace que Onda Color sea algo muy orgánico, muy vivo.
GC: Y por tanto se enfrenta a problemas y desafíos específicos.
No creemos que sean diferentes a las que se enfrentan cada día todos los colectivos sociales: infrafinanciación, falta de motivación y participación de las personas, problemas de sostenibilidad… Sin embargo hay dos grandes problemas a los que nos enfrentamos. Por una parte, la incomprensión por parte de nuestros representantes en las instituciones de la idiosincrasia de Onda Color en Málaga y en el territorio andaluz. Podríamos decir que, en algunos momentos, hemos notado la falta de consideración de nuestro proyecto comunicativo, por ejemplo en la ausencia de apoyo institucional, la desatención informativa y, por supuesto, a nivel de financiación. Por otra parte, tenemos un desafío mayor con la juventud y su falta de educación y pensamiento crítico, algo fundamental que necesitamos a la hora de que nuestra radio aporte su granito de arena para no normalizar la distopía de nuestro tiempo. Existe un tercer conflicto cotidiano y es la falta de tiempo y recursos para involucrarnos más como colectivo de comunicación en otros espacios y foros de la ciudad, no solo como medios de comunicación, sino como asociación que trabaja la comunicación como herramienta para la transformación social.

«Mientras haya gente que se rebele contra los medios de comunicación comerciales y quieran hacer el suyo propio, Onda Color seguirá teniendo razón de ser»

GC: Sin duda Onda Color es un valor para la ciudad, ¿cómo veis el futuro?
El valor de Onda Color lo dan sus voces, cuantas más y más diversas, más riqueza representada en las ondas libres de la radio. Es un valor que depende exclusivamente de la calidad de los argumentos, de los contenidos y de las ideas que se difunden y que configuran una nueva forma (libre, comunal, ciudadana, participativa, independiente) de hacer comunicación para la ciudad. Onda Color vivirá mientras haya gente que quiera contrarrestar el discurso hegemónico que nos llega envasado desde arriba, mientras haya gente que considere que la agenda mediática debe ser otra, que la información y la comunicación no admiten mercantilización alguna, que la ciudadanía es capaz de decidir cómo quiere informar, cómo y sobre qué temas. Mientras haya gente que se rebele contra los medios de comunicación comerciales y quieran hacer el suyo propio, Onda Color seguirá teniendo razón de ser.

El Patronato de recaudación provincial en peligro porque la ley no protege nuestros datos

En febrero de 2017 sabíamos que el gigante JP Morgan estaba detrás de la posible privatización del Patronato de recaudación provincial. En la práctica, privatizar la gestión tributaria supone también la entrega de datos sensibles de la ciudadanía para su procesamiento y posterior venta. Como hemos visto en páginas anteriores, la venta de estos metadatos (información obtenida a partir de los datos) genera tales beneficios como para que las tres empresas más grandes del mundo obtengan así sus mayores ingresos. Los problemas y costes para la ciudadanía serían múltiples, como entre otros asuntos destacamos en esta conversación con integrantes de la sección sindical de CCOO.

Gente Corriente: Mucha gente ha oído hablar del Patronato de recaudación provincial, aunque quizás no se conozcan del todo sus funciones.
Es una Agencia Pública Local, dependiente de la Diputación de Málaga, cuyos fines consisten en el ejercicio de las facultades y funciones que otras administraciones u organismos públicos encomiendan o delegan en la Diputación en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación de sus tributos, impuestos y demás ingresos de derecho público. Su importancia radica, además, en que mantiene la necesaria cercanía al municipio y los ciudadanos y optimiza la gestión de los recursos públicos.
GC: ¿A qué problemas se enfrenta en la actualidad?
En buena medida a los mismos que acucian a todas las administraciones públicas que, con los continuos recortes de los distintos gobiernos durante los últimos años, han venido siendo en cierta forma desmanteladas, con el consiguiente deterioro de la calidad de los servicios.
GC: ¿Qué manera tenéis de abordar esos problemas?
La verdad que el sostenimiento de las administraciones públicas, y en el caso del Patronato no es distinto, está sustentado por el buen hacer de los empleados y empleadas públicos que, incluso sin los recursos suficientes, abordan el trabajo a diario con la voluntad de prestar el mejor servicio al ciudadano y a los Ayuntamientos. Así, constantemente reivindicamos a los gestores políticos el impulso de las mejoras necesarias y la apuesta por lo público.
GC: Recientemente un informe elaborado por trabajadores del Patronato contabilizaba unos 75 millones de euros declarados como incobrables durante los últimos cinco años en expedientes recaudatorios encomendados por la Junta de Andalucía.
Por la información de la que disponemos, todo deriva del trabajo de un grupo de compañeras y compañeros que en el desarrollo de sus tareas perciben ciertas incidencias en la gestión de algunos expedientes que, al parecer, pudieran derivar en perjuicios económicos. El problema surge cuando, al comunicarlo a sus superiores, observan que no se ponen las debidas soluciones y se desatienden sus alertas.
Al no existir otros mecanismos de control de la gestión administrativa de las administraciones públicas, las deficiencias o incidencias detectadas, cuando no son atendidas en el seno de la organización, obligan a acudir a instancias externas, lo que provoca fuertes tensiones entre la plantilla y los gestores políticos. En nuestro caso somos testigos de que la denuncia que se presentó en Fiscalía ha ocasionado importantes perjuicios a los trabajadores y trabajadoras que alertaron de la posible deficiencia en la gestión interna. [Los acosos laborales derivaron en bajas por depresión de los dos denunciantes, según trascendió en su momento.]

«la denuncia que se presentó en Fiscalía ha ocasionado importantes perjuicios a los trabajadores y trabajadoras que alertaron de la posible deficiencia en la gestión interna»

GC: En un 60% de los casos analizados no constaba actuación alguna de cobro y muchos de esos expedientes correspondían a contribuyentes titulares de bienes susceptibles de embargo, pese a lo cual la Fiscalía dice que no aprecia indicios de malversación ni prevaricación, si bien admite que pudiera haber dejación de funciones. Además, el Patronato también ha sido noticia por un intento de privatización de parte de sus servicios.
Desgraciadamente es una noticia que se produce periódicamente debido tanto a intereses políticos para beneficiar a empresas muy ligadas a fondos de inversión, como a un intento de camuflar la incapacidad de los directivos políticos (en algunos casos hasta técnicos) para mejorar la eficiencia y eficacia de sus recursos.
GC: De hecho, la empresa con más posibilidades de adjudicarse el servicio era Gestión Tributaria Territorial (GTT), propiedad del fondo de capital riesgo (o «fondo buitre) Realza, que se dedica a la compra de deuda de administraciones a un porcentaje muy inferior de su valor y al troceado y venta de empresas al borde de la quiebra, gracias a un modelo que la familia propietaria viene ensayando desde las dictaduras de Primo Rivera y Franco.
Claro, y es un asunto muy grave, ya que se trata de un intento de poner en manos privadas la gestión del cobro de los impuestos de los municipios de la provincia con el consiguiente acceso a información sensible de los ciudadanos y una forma de intervención en la capacidad de ingresos de los Ayuntamientos (situación que podría derivar en una forma de control de los mismos).
GC: Pensemos que Realza tiene a su vez entre sus principales inversores a fondos buitres de Dinamarca y Finlandia, y también a JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos, multado por la justicia de su país con 13.000 millones de dólares por malas prácticas hipotecarias que, según el fiscal, generaron «las semillas de la crisis hipotecaria de 2008»
Efectivamente, y por tanto optar por la privatización tiene un altísimo coste, y pensamos que irreversible. En primer lugar tiene un coste social, por la puesta en manos de los fondos de inversión de datos personales y sensibles relativos a la identidad, las propiedades, cuentas corrientes, valores catastrales, datos de Hacienda, etc. Es algo que la ley de protección de datos debería blindar, pero no lo hace. También hay un coste económico, porque las tarifas de los productos existentes en el mercado se tornarían irreversibles. Y además estratégico, porque supone ceder autonomía y depender de la oferta privada y el consiguiente sometimiento a los precios de mercado, a lo que habría que ajustar los pliegos de condiciones antes de sacar a concurso estos servicios.

Los bienes comunes y el capitalismo como desposesión: una genealogía histórica y una aproximación al caso de Málaga

Curro Machuca

La lógica de lo común

Los bienes comunes son tan antiguos como la propia humanidad. En mayor o menor medida, siempre ha existido un procomún compartido por todas las personas integrantes de una sociedad, en tanto que condición general de ventaja colectiva. Difícilmente la economía neolítica basada en la agricultura y la ganadería podría haberse expandido desde el Próximo Oriente hasta la cuenca mediterránea si los campos y pastizales no hubieran estado abiertos al uso y gestión común. Y tampoco, por cierto, a su cuidado compartido. En este sentido, puede decirse que si bien el concepto de «bien común» que hoy día manejamos, ya desde un punto de vista económico, ya desde uno filosófico, no tiene más de uno o dos siglos de recorrido, el reconocimiento de su existencia es tan remoto como esta misma. Ya en tiempos de los romanos se distinguían tres categorías de propiedad y uso diferentes respecto a los bienes: las res privatae o cosas capaces de ser poseídas por un individuo o familia; las res publicae, las cosas que pertenecen al Estado, encargado de su gestión y sobre todo su conservación; y las res communes omnium, las cosas usadas por todas las personas, en general concernientes al medio natural. Las Institutiones de Marciano, jurista romano del siglo III, incluyen entre dichas cosas comunes el aire, los ríos, el mar y hasta el litoral costero.
El valor de esta categorización de Marciano es, en realidad, más teórico que práctico, dado que en otros corpora jurídicos romanos algunas se esas cosas communes ominum se incorporan dentro de las res publicae populi Romani, es decir, correspondientes al Estado. Pero más allá de esto, hay en la distinción citada un elemento crucial: la consignación y reconocimiento explícito de que hay bienes que son propiedad de todas las personas. Esto no es baladí. Ya hemos visto en otro texto de este número de Gente Corriente que, con una diferencia retrospectiva de casi dos mil años, esto rompe la falacia de Garrett Hardin, en su artículo «La tragedia de los bienes comunes», de 1968. Según este autor, los bienes comunes no son de nadie, y ello hace que estén forzosamente destinados a su deterioro a causa de su incontrolable explotación. La solución que da es maniquea: o se convierten en propiedad privada o se les da un carácter público para restringir los derechos de uso sobre ellos.

«cuando los bienes comunes mejor se han conservado, cuando su expansión ha sido más efectiva, es en los momentos en que han sido estrictamente regulados por hábitos e instituciones sociales impuestas por la costumbre»

Hay una enorme confusión en esta idea. Cuando hablamos de derechos comunales de un recurso abierto no decimos en ningún caso que no exista una responsabilidad colectiva para con ese recurso. En tanto que los bienes comunes no pertenecen a alguien en particular, lo cual no significa lo mismo que «no son de nadie», hay una exigencia implícita de conservación, dado que también pertenecen al resto de seres vivos y a las generaciones futuras. Los caminos de la historia demuestran precisamente que cuando los bienes comunes mejor se han conservado, cuando su expansión ha sido más efectiva, es en los momentos en que han sido estrictamente regulados por hábitos e instituciones sociales impuestas por la costumbre. En cambio, su destrucción y desaparición ha tenido lugar sobre todo a causa de las privatizaciones (sustracciones al común, podríamos decir), o cuando han sido objeto de regulaciones estatales encaminadas a favorecer el interés económico de unos cuantos particulares.
Pensamos, por ejemplo, en la colonización de América, cuando la propiedad comunal de los ancestrales moradores del continente fue eliminada de un día para otro como paso previo a la apropiación jurídica de las tierras conquistadas por parte de los españoles. A comienzos del siglo XVI, mientras que Bartolomé de Las Casas reclamaba la titularidad de esas tierras, con todos sus recursos incluidos, para los indígenas con la misma entidad que los extensos comunales que aún existían en la Corona de Castilla, Francisco de Vitoria, precursor del liberalismo, sostenía que tales bienes eran carentes de propiedad (res nullius), por lo que podían ser legítimamente reclamados por los nuevos ocupantes. La América colonial, de este modo, se nos presenta como un laboratorio del incipiente capitalismo europeo: la apropiación de los bienes comunes en las Indias Occidentales precedió en trescientos años los cercamientos y desamortizaciones que experimentará el Viejo Continente desde finales del Setecientos.

No hay duda de que las res communes, los commons, el procomúm o los bienes comunes, cualquiera que sea el nombre elegido, han tenido una función social primordial en nuestras sociedades. Son base del espacio compartido, el epicentro de un modo de vida concreto, aquel que pone en el centro la colectividad y la cooperación por encima de la individualidad y la competencia. La lógica humana es inseparable de la lógica de lo común. Esta lógica no puede ser otra que una lógica de reciprocidad, de cuidados, de mutualidad. La existencia humana, como argumenta Kropotkin en El apoyo mutuo: un factor en la evolución (1902), depende siempre de la coexistencia. El mismo Darwin, aunque haya quedado sepultado bajo el mantra dominante de la «supervivencia del más fuerte», había aceptado abiertamente este principio promulgado por su homólogo ruso (ambos eran naturalistas y etólogos) dentro de su concepción evolucionista. Esto no equivale a otra cosa que a la ya escrita por Aristóteles cuando señaló que el ser humano era un «animal social» (ζῷον πoλιτικόν). Es decir, el hecho humano es consustancial al hecho social, a la sociedad. A pesar de todo ello, desde el surgimiento del capitalismo, no han sido tampoco pocas las personas que, hablando de bienes comunes, han declarado «esto es mío». De ahí, a la actualidad.
En opinión de David Bollier, los mercados jamás habían controlado tantos elementos fundamentales de nuestra sociedad como ahora, lo que equivale a decir que nunca antes en la historia los bienes comunes habían corrido tanto peligro (Pensar desde los comunes. Madrid, 2016: Traficantes de Sueños.). El verso «buenas vallas hacen buenos amigos», del poema «Mending Wall» (1914), del estadounidense Robert Frost, alcanza así todo su sentido hoy día, cuando nos encontramos inmersos en el sueño neoliberal de la propiedad privada, de los máximos beneficios, de la excelencia, del esfuerzo, de la competitividad y de la quimérica igualdad de oportunidades.

«la autonomía y gestión ancestral de los bienes comunales de los pueblos europeos ha sido una de las principales diana de ataque del Estado moderno y luego, ya sin empaques, del Estado-nación contemporáneo»

Historiadores críticos, como E. P. Thompson y Silvia Federici, bebiendo del materialismo histórico más heterodoxo, han demostrado en las últimas décadas que la existencia de bienes comunes difícilmente casa con la realidad material y cultural de una sociedad regida por las normas de la economía capitalista. No es casualidad que la mayor metáfora del capitalismo industrial británico de los siglos XVIII-XIX sean los enclosures, los cercamientos de fincas y su privatización, mencionados al inicio de este Gente Corriente. La tierra, no lo olvidemos, era en estos momentos uno de los tres factores de producción básicos junto al capital y el trabajo, además de una de las principales fuentes de renta. Hacerse con ella era un paso indispensable para la expansión capitalista. Es por ello, en definitiva, que la autonomía y gestión ancestral de los bienes comunales de los pueblos europeos ha sido una de las principales diana de ataque del Estado moderno y luego, ya sin empaques, del Estado-nación contemporáneo. Hagamos un breve repaso de ello, sin entrar en los casos más contemporáneos, ya analizados en este monográfico por Juan Díaz Ramos.

La historia olvidada de los bienes comunes

A grandes rasgos, tras la disolución del Imperio romano de Occidente, la Europa altomedieval de los siglos V-IX experimenta un proceso de ruralización. Las antiguas y lujosas villae romanas acaban convirtiéndose en villae autárquicas, caracterizadas por ser económicamente autosuficientes. La decadencia de la vida urbana, por su parte, desembocará en la aparición de un nuevo tipo de hábitat, las pequeñas aldeas, que coexisten con las grandes propiedades señoriales que acabamos de citar, sostenidas por los siervos, que eran libres, aunque se encontraban jurídicamente vinculados a la tierra. Aquí se encuentra el origen del sistema feudal, que se consolida en los siglos XI-XII y llegará a subsistir con distinta intensidad en buena parte del continente hasta el siglo XIX. En este contexto, gran parte de la tierra quedará marcada desde un punto de vista jurídico no solo en cuanto a su propiedad, sino también en cuanto a su uso, las costumbres y el trabajo.
Al margen de los señoríos y los realengos, que pertenecían por derecho, como su nombre indica, a los señores y reyes, los pequeños núcleos de población contarán para el sostenimiento de sus gentes con bienes comunales propios, tales como montes y masas forestales, así como también con campos para el cultivo. Existía, respecto a ellos, un régimen de cosecha regulado: había lotes de tierra para la siembra de verano, otros para la siembra de invierno. La comunidad vigilaba que dicho régimen se cumpliera, lo que de nuevo rompe con la aseveración de Hardin. Los comuneros, a través del concejo (equivalente, salvando las distancias, a los Ayuntamientos modernos), se fijaban acuerdos para recolectar conjuntamente o enviar a pastar al mismo tiempo al ganado. Igual sucedía con la tala y recogida de leña. Es decir, en torno al uso del recurso, y desde la comunidad, se definían las normas de utilización del bien comunal.
Si damos un salto adelante, podemos ver que la historia de los cercamientos rurales en la Inglaterra de los siglos XVII, XVIII y XIX, en paralelo a la génesis y desarrollo de la Revolución Industrial, muestra bien que dicho proceso de contención no solo buscaba la destrucción económica de esa comunidad aludida, mediante la universalización de la propiedad privada individual, sino también el propósito de cercenar su capacidad de gestión colectiva de los recursos, así como de hacer desaparecer sus valores e instituciones ancestrales. Son numerosos los ejemplos que evidencian que la construcción del poder político moderno, que culmina con el triunfo del liberalismo burgués en el siglo XIX, está intrínsecamente unida a la enajenación y sustracción de los bienes comunes. Pero volvamos a la Edad Media, dado que ya tempranamente, en el siglo XIII, estos ataques intentaron contrarrestarse con una serie de regulaciones emanadas del poder real, garante todavía, en un contexto feudal, de los derechos consuetudinarios de campesinos, aldeas y ciudades frente a los intereses nobiliarios.
Entre estas regulaciones destacan la Carta del Bosque y la Carta Magna, en Inglaterra (1215), o Las Siete Partidas de Alfonso X, en Castilla (1256). Tomemos como ejemplo el caso inglés. Durante el reinado de Juan I, el llamado «sin Tierra», el sustento básico de los sectores populares estaba en peligro: cada vez eran más las dificultades a las que tenían que hacer frente para obtener comida, leña y materiales de construcción de los bosques, en muchos casos por acción del propio monarca inglés y sus antecesores, que no dejaban de ser señores feudales con intereses propios. El ganado no podía vagar por los bosques, ni los cerdos alimentarse de bellotas. Cuenta el historiador británico Peter Linebaugh en su obra El Manifiesto de la Carta Magna, publicado en castellano en 2013, que tras una revuelta el rey se vio obligado a poner por escrito una serie de derechos para sus súbditos, como el derecho a juicio justo o a la subsistencia. La Carta del Bosque es, desde su punto de vista, la primera carta de derechos en relación con los bienes comunes, mientras que la Carta Magna sería su equivalente respecto a los derechos civiles. Los 16 artículos que componen la primera, hoy prácticamente desconocida, regulaban los bienes comunales de carácter forestal, permitiendo, por ejemplo, el derecho de pannage, es decir, el derecho a que los cerdos se alimentaran en la foresta de propiedad real, o el derecho de turbary, la extracción de turba para combustible.
Esta historia muestra que el derecho comunal es un tipo de derecho distinto al que hoy impera de manera general. Su origen es la experiencia colectiva de las personas. Es un derecho igualitario que sobrepasa los objetivos económicos y la autoridad estatal o de cualquier corporación. Linebaugh lo expresa así:

(…) los derechos comunales difieren de los derechos humanos. En primer lugar, los derechos comunales están inscritos en una ecología particular (…). Los comuneros piensan antes, no en los títulos de propiedad, sino en las acciones humanas: ¿cómo se labrará esta tierra? ¿necesita abono? ¿qué es lo que crece aquí? Comienzan por explorar (…). En segundo lugar, la comunalización se basa en un proceso de trabajo, resulta inherente a la propia praxis del campo, de las tierras altas, del bosque, de la marisma y de la costa. Uno adquiere derechos comunales gracias a su trabajo. En tercer lugar, la comunalización es colectiva. En cuarto lugar, al ser independiente del Estado, la comunalización también es independiente de la temporalidad de la ley y del propio Estado. La Carta Magna no es una lista de derechos, garantiza perpetuidades. Se inscribe profundamente en la historia humana. (Linebaugh, Peter. 2013: El Manifiesto de la Carta Magna: comunes y libertades para el pueblo. Madrid: Traficantes de Sueños).

Sea como fuere, a partir de la Edad Moderna el conflicto entre los bienes comunes y su usurpación se hará cada vez más latente, en paralelo al reforzamiento del poder político de los reyes, con una dimensión estatal paulatatinamente más totalizadora. Pero será, finalmente, la ofensiva burguesa y el desarrollo durante la Ilustración de tesis económicas como la fisiocracia y el liberalismo lo que origine que las situaciones de desposesión que se dan tanto en el mundo rural como en los contextos urbanos (eliminación de los «propios», privatizaciones y cercamientos, desamortizaciones, abolición de derechos de uso, etc.) consigan desmantelar por completo las atávicas condiciones que hacían practicable la vida de amplios sectores sociales. Se generó así un total desequilibrio de poderes, como también un distanciamiento abismal entre las formas de vida de las dos principales clases sociales que se consolidan a partir del Ochocientos, el proletariado y la burguesía. Es ahora, igualmente, cuando surge el individuo como concepto y también como principal sujeto receptor de derechos. Se trata de un sujeto que no forma parte ya de la colectividad, que comienza a perder su naturaleza en cuanto a organismo social en sí, pasando a un segundo plano dentro de un mundo en que busca, simplemente, y cada uno por su cuenta, un salario y prosperidad material. De aquí al «Y, sabe usted, no hay tal cosa como la sociedad. Hay individuos, hombres y mujeres, y hay familias» de Margaret Thatcher solo hay un paso.

«la historia del capitalismo es, sin duda, una historia de desposesión continua, una permanente historia de extracción de todo lo que se ha producido o produce colectivamente»

Si hay algo que todo esto deja claro es que la historia del capitalismo es, sin duda, una historia de desposesión continua, una permanente historia de extracción de todo lo que se ha producido o produce colectivamente. En la base de este modelo injusto está lo que Marx denominó «acumulación originaria», que hace justamente referencia a ese salvaje proceso que dejó al campesinado sin sus tierras comunales. Por su parte, la historiadora y militante feminista Silvia Federici sitúa como elemento constitutivo de tal proceso la persecución y quema de «brujas». Anular a la mujer, normativizar su cuerpo y usurpar sus modos de existencia, por cuanto que las invisibilizaba y recluía en el hogar, era un paso necesario para derrotar todas las herejías heterodoxas y movimientos campesinos y urbanos que, como el liderado por el clérigo alemán Thomas Münzer en 1524-1525 bajo el lema de «Omnia Sunt Communia» o el de los diggers ingleses durante el mandato de Cromwell, reivindicaban y ponían en prácticas distintos experimentos de vida comunal y reparto de la riqueza.
La experiencia de Münzer y los campesinos alemanes del siglo XVI se nos revela, en este punto, de las más interesantes, porque introduce el vector herético imbricado con la defensa y extensión de los bienes comunes. La propuesta igualitarista de Münzer confrontaba, como otras herejías previas y contemporáneas, la homogenización ideológica del cristianismo católico que se convierte en hegemónico tras el Concilio de Nicea (325), pero al tiempo volvía a traer a la palestra lo que se supone era el proyecto original cristiano, esto es, la fundación de comunidades al margen del Estado y basadas en una convivencia distinta al principio del poder. El hereje alemán hablará del «reino de Dios», pero era este un reino sin propiedad privada y sin poder estatal independiente a la comunidad. Por el contrario, como hoy bien sabemos, la acción principal del libre mercado tiende siempre a acabar con los vínculos sociales, haciendo desaparecer la organicidad entre personas, sociedad y bienes comunes. Estos, dentro del capitalismo, no son más que mercancías cuyo valor es igual a su precio.
Durante el siglo XIX, así las cosas, la propiedad privada y la capitalización de la economía pasaron a ser el mejor reflejo de esas expropiaciones y sustracciones generalizadas, desposesiones comunales al fin y al cabo, causantes de la pésimas condiciones de vida que han tenido que afrontar amplios sectores populares desde entonces. Es Kropotkin, de nuevo, quien acabó postulando la famosa tesis del «derecho al bienestar», vinculada directamente con la reapropiación de los comunes:

¡Todo es de todos! Y con tal que el hombre y la mujer contribuyan con su cuota individual de trabajo, tienen derecho a una cuota de todo lo que será producido por todos (…). Basta ya de formulaciones ambiguas, tales como «el derecho al trabajo», o «a cada uno el producto íntegro de su trabajo». Lo que nosotros proclamamos es el DERECHO AL BIENESTAR, EL BIENESTAR PARA TODOS (…). No derrochar nada, organizarse rápidamente para llenar los vacíos, hacer frente a todas las necesidades, satisfacerlas todas; producir, no ya para dar beneficios, sea a quien fuere, sino para hacer que viva y se desarrolle la sociedad (…). El derecho al bienestar es la revolución social; el derecho al trabajo, a lo sumo, un presidio industrial. Ya es tiempo de que el trabajador proclame su derecho a la herencia común y que tome posesión de esta (La conquista del pan, 1892).

Fruto de formulaciones como esta, habrá a lo largo de toda la centuria decimonónica, y también en el siglo XX, líneas de fuga, movimientos y quiebros que intentaron volver a poner lo común en el centro de la vida. De esta forma, circunscribiéndonos solo a la tradición revolucionaria occidental, es necesario citar mínimamente tres experiencias clásicas relacionadas con esta idea. Son la Comuna de París (1871), los primeros soviets de la Revolución rusa (1917-1921) y las colectivizaciones agrarias en Cataluña y Aragón durante la guerra civil (1936-1937).

«durante el 15M las plazas de nuestras ciudades pasaron de ser un espacio público a un bien común en el mismo instante en que las personas se empezaron a reunir en ellas para debatir, expresarse y reivindicar»

La primera de estas tres experiencias puso en el foco de atención, al menos teóricamente debido a su carácter efímero, sobre el hecho de que en lo urbano también hay espacios y bienes comunes que atender, materiales e inmateriales, en su mayoría apropiados por manos ajenas, públicas y privadas. No solo me refiero a la famosa imposición de una moratoria a los alquileres, sino también, y sobre todo, a la reivindicación de los trabajadores y las trabajadoras de poseer e intervenir en la ciudad que colectivamente estaban produciendo. Esto es lo que hoy llamamos «derecho a la ciudad», que no es otra cosa que entender el propio espacio urbano como un común, como un elemento básico de reproducción de vida, en la línea de lo que han sostenido H. Lefebvre y más recientemente D. Harvey. La ciudad, desde esta perspectiva, se convierte en un bien común en el momento que las fuerzas sociales hacen uso de ella interviniendo en su configuración, protegiéndola y expandiéndola para el uso colectivo y el beneficio mutuo. Esto nos debería sonar: durante el 15M las plazas de nuestras ciudades pasaron de ser un espacio público a un bien común en el mismo instante en que las personas se empezaron a reunir en ellas para debatir, expresarse y reivindicar.
La segunda de las experiencias citadas, la de los soviets, es más conocida, pero en su declinación exclusivamente bolchevique. Son estos, paradójicamente, los que terminarán con la revolución en una suerte de reacción termidoriana al hacerse con su control absoluto en un intento de salvaguardarla a partir de 1921. Para ello, reprimieron ferozmente levantamientos populares como el de los marinos de Kronstadt o el impulsado por Majnó, y acompañaron el proceso de una fuerte burocratización y un profundo centralismo que acabó con el poder de las asambleas obreras.
Finalmente, el tercero de los casos mencionados, atacará justamente a lo que, según el entender del movimiento obrero, era el origen de sus penurias: la propiedad privada de los medios de producción, en tanto que esta no era sino el reflejo más evidente de esas usurpaciones generalizadas y multiseculares de los bienes comunes que habían permitido la sostenibilidad de las comunidades populares desde tiempos inmemoriales. Fue así cómo, en paralelo a la colectivización de las tierras pertenecientes a los pueblos del Aragón oriental que las milicias de CNT iban recuperando a los sublevados del bando franquista, en ciudades como Barcelona se nacionalizaron, usando el término de la época, sectores básicos para la economía y la subsistencia, como los transportes, el abastecimiento, las comunicaciones o la energía. Se llegó a crear un comité de espectáculos, que gestionaba cines, teatros y salas de variedades.

Las desamortizaciones. Málaga (otra vez) como paradigma

La ofensiva liberal y capitalista contra los bienes comunes tiene, como hemos visto, su auge en el siglo XIX. La tierra es puesta a disposición completa de la producción. En España este proceso comienza tempranamente, durante la ocupación francesa del solar ibérico (1808-1814), aunque no estará exento de problemas. Es imposible hablar de una consolidación definitiva del sistema liberal hasta como mínimo la Revolución Gloriosa de 1868, tras dos guerras carlistas. Aún habrá tiempo para una tercera, aunque con una intensidad ya menor.
Las Cortes reunidas en Cádiz, además de aprobar la conocida Constitución de 1812, también acordaron una serie de decretos desde el mismo momento de su formación, en 1810, con el objetivo de encauzar la vida política, económica y social del país dentro del nuevo contexto que se abrió en la Europa occidental tras la Revolución francesa. Así, se abolieron los señoríos, se aprobó una desamortización de los llamados «bienes de propios» y los baldíos, pertenecientes a los municipios, se eliminaron los mayorazgos, con la declaración de la propiedad libre, y se suprimieron los gremios. Con la vuelta del absolutismo de Fernando VII todo ello queda en suspensión
Sin embargo, a su muerte en 1833, durante la regencia de su esposa María Cristina y posteriormente la del general Espartero, héroe nacional y auténtico vencedor de la Primera Guerra Carlista, los liberales tomarán de forma definitiva el poder político, pudiendo llevar a la práctica todas estas iniciativas, de manera efectiva, especialmente durante los años de gobierno progresista (1836-1837 y 1840-1843). De entre todas las medidas de implantación del liberalismo y generalización del régimen de propiedad privada (por tanto, contrarias al mantenimiento de la ancestral propiedad comunal), destacan muy por encima del resto las denominadas «desamortizaciones».
El término «desamortización» hace referencia al proceso de liberalización o puesta en circulación de millones de hectáreas de tierra y miles de fincas urbanas que hasta estos momentos estaban en «manos muertas» (bienes eclesiásticos que no podían ser vendidos y únicamente servían, por lo general, para el sostenimiento y manutención del clero), así como también de los baldíos y tierras comunales de los municipios, complemento imprescindible para la precarizada economía campesina y popular. De esta manera, a través de los dos grandes procesos desamortizadores que se dieron en España, esto es, la desamortización eclesiástica de Mendizábal (1836) y la desamortización civil de Madoz (1855), se convirtieron en bienes nacionales un sinfín de propiedades que hasta entonces habían constituido el patrimonio amortizado (sustraído del libre mercado) de diversas entidades civiles y eclesiásticas con el objetivo de enajenarlos inmediatamente en favor de los ciudadanos individuales. La desamortización pretendió la formación de una propiedad coherente con el liberalismo: una propiedad libre, plena e individual.

«La desamortización pretendió la formación de una propiedad coherente con el liberalismo: una propiedad libre, plena e individual»

A partir de los datos con los que contamos, entre las dos desamortizaciones citadas se ha calculado que se pusieron en circulación aproximadamente 10.000.000 ha de cultivo, el 20% de la superficie del país. Ahora bien, los únicos que se beneficiaron del proceso desamortizador (realizado mediante venta en subasta pública) fueron los miembros de la alta burguesía mercantil y financiera, así como la antigua aristocracia. Frente a esta pequeña clase dirigente encontramos a una ingente masa campesina, en muchos casos expulsada de sus tierras; a los pequeños propietarios, empobrecidos por no poder competir con los grandes terratenientes; a los sectores populares urbanos y artesanales, afectados por la disolución de la estructura gremial; y a los incipientes obreros industriales, concentrados en Barcelona, Málaga y, en menor medida, en Sevilla.
Centrándonos ya precisamente en Málaga, según lo recogido en los trabajos del historiador Manuel Morales Muñoz1, de las 145.000 mil ha de monte que poseían los pueblos malagueños se clasificaron como desamortizables más de 120.000, lo que supuso la liquidación casi total del patrimonio municipal de la provincia. La capital malagueña puso en venta la gran mayoría de sus bienes y propiedades antes de la desamortización de Madoz. En cuanto a la Iglesia, que contaba alrededor de 1.500 fincas en los primeros años del siglo XIX, es destacable apuntar que en el año 1845 ya se habían vendido el 60% de sus bienes y el resto se liquidó rápidamente en los años sucesivos.

«Lorenzo Sandoval configuró el nuevo eje urbano de Málaga, vertebrado por la Alameda Principal, precisamente el lugar donde estos burgueses levantaran sus viviendas y desde donde dirigirán la vida política y económica de la ciudad»

Uno de los grandes beneficiarios fue Manuel Agustín Heredia, quien en 1815 se hizo con la mitad de la propiedad del Castillo de San Lorenzo, pagando por ello en subasta pública casi cien mil reales. Quince años después, entre 1831 y 1833, siendo concejal del Ayuntamiento de Málaga, participará personalmente en las principales operaciones urbanísticas que son llevadas a cabo por la corporación municipal. En el año 1846 poseía ya 25 fincas urbanas, todas ellas procedentes de la venta de bienes nacionales desamortizados, como la antigua cárcel municipal, en la actual plaza de la Constitución. Curiosamente, la otra parte del Castillo de San Lorenzo la compró Lorenzo Sandoval, otro burgués que salió muy bien parado de la desamortización. A partir de 1830 se convierte, junto con Heredia, en el principal promotor inmobiliario de la ciudad, lo que compagina con su actividad mercantil. Puede decirse que Lorenzo Sandoval configuró el nuevo eje urbano de Málaga, vertebrado por la Alameda Principal, precisamente el lugar donde estos burgueses levantaran sus viviendas y desde donde dirigirán la vida política y económica de la ciudad.
Otro destacado integrante de la burguesía malagueña, posiblemente el que más junto con el arriba mencionado Heredia, fue Martín Larios Herrero, primer marqués del mismo nombre en 1865, diputado y senador. Respecto a lo que nos interesa, cabe señalar que compró varios terrenos a lo largo de la Alameda. Su adquisición más famosa fue la del solar perteneciente al extinto monasterio de San Pedro Alcántara, sito donde hoy se alza la plaza homónima. Aquí construyó un buen número de viviendas, en una clara muestra de hacia dónde dirigían ya sus miras económicas estos «notables» malagueños. Su contribución anual urbana era en 1858 superior a los 20.000 reales. Fue, por otra parte, presidente de la Junta de comercio en 1835, y responsable de la extensión del cultivo de la caña de azúcar por el zona oriental de la provincia.
Hombre de negocios prominente fue también Francisco Reboul Sobrino, que, a diferencia de los anteriormente citados, era de ideología progresista. Compró en 1841, siendo concejal, el Jardín de aclimatación municipal, en las inmediaciones de la actual calle Héroe de Sostoa, por 5.600 reales, revendiéndolo cuatro años después por 12.000l a un tal Gabriel García. Es posible que este personaje, abogado de profesión, no fuera más que un testaferro de Reboul, ya que no pertenecía a la burguesía malagueña y no tardó en volver a vender dicha propiedad a la familia Larios. Esta operación urbanística es una clara muestra de la enorme especulación de la época.
Un personaje menos conocido, pero que también se benefició mucho del proceso desamortizador, fue el concejal moderado y abogado Ventura Moraga Sánchez del Castillo, quien compró hacia mediados del siglo XIX por 80.000 reales bienes pertenecientes a la orden de San Felipe Neri, que se había visto tremendamente afectada por la desamortización de Mendizábal.
Carlos Larios Martínez, sobrino del ya citado Martín Larios Herrero, será igualmente un destacado empresario, puesto que era propietario de La Aurora, la segunda gran empresa textil de Málaga tras Industria Malagueña S. A., de su tío, como se vio en el anterior número de Gente Corriente. Fue concejal por los moderados desde el año 1855 a 1867. Entre otras propiedades, adquirió en 1860 dos solares, pertenecientes al Estado, al sur de la Alameda, por más de 260.000 reales y también fincas agrarias procedentes de la venta de bienes eclesiásticos.
Este breve repaso al empresariado de la Málaga del Ochocientos, en definitiva, nos permite observar cómo la alta burguesía mercantil, industrial y financiera y los altos cargos públicos, no solo de la capital, sino de todo la provincia, concentran en sus manos la mayor parte de la propiedad de la tierra cultivable y edificable. Es una tierra que, en mayor o menor medida, antes había sido comunal, para el disfrute y sostén de todas las personas, pero que a partir de estos años de liberalismo incipiente se convertirá en una mercancía más de carácter individual y libre para especular con ella.

1 Morales Muñoz, Manuel (2005): «¡La burguesía al poder!: de la quiebra del Antiguo Régimen a la Gloriosa». En El Primer Liberalismo en Andalucía (1808-1868): política, economía y sociabilidad, editado por Diego Caro, 157-206. Cádiz: Universidad.