Mercado-Estado-Comunes: Un triángulo en conflicto

Juan Díaz Ramos

En los dos anteriores monográficos de Gente Corriente se abordaban, entre otros asuntos, las transformaciones de nuestra ciudad. En el último hacíamos un repaso, que arrancaba a mediados del siglo XIX, del proceso de transformaciones en el litoral, mientras que el primero lo dedicábamos al proceso de turistificación, en desarrollo actualmente. Ambos procesos, evidentemente, han traído y traen aparejados cambios del territorio, de sus usos, de cómo se organizan y relacionan sus habitantes, de cómo lo habitan, de los diversos mecanismos y dispositivos de control y explotación social de la fuerza de trabajo, así como de las sucesivas grietas y líneas de fuga frente a dicho control, etc.

En ese recorrido veíamos la transición de la ciudad precapitalista a la capitalista, de la industrial a la turística, de la productiva a la financiera. Llegábamos así hasta el actual modelo inmobiliario-turístico, que parece vivir su enésima burbuja, ahora vinculada, por un lado, a la inyección de liquidez, que se mantiene (con fecha de caducidad cercana) desde el Banco Central Europeo sobre nuestro mercado y, por otro lado, a la percepción de inseguridad en el Mediterráneo sur, así como al estallido inmobiliario de los apartamentos turísticos. Es un modelo de ciudad neoliberal, sobre todo en su vertiente productiva, ligada al tándem turismo-construcción, que siempre necesita más y más territorio por engullir, de modo que recurrentemente surgen ideas y proyectos para engrasar la maquinaria. También exponíamos que nos hallamos ante un colapso multifacético: económico, con un modelo que cada vez encadena crisis más frecuentes y dilatadas; ecológico, con un territorio muy degradado y con la amenaza de los efectos de un cambio climático cada vez más presente; sociopolítico, con una sociedad cada vez más al límite en su flexibilidad vital y en su tolerancia para con unas prácticas marcadas por la corrupción inherente al modelo. Y es que hasta hace bien poco cualquier proyecto que profundizara en este modelo era prácticamente incuestionable, salvo por minorías, pues bastaba invocar palabras clave como desarrollo, empleo, turismo para cortocircuitarlo. Sin embargo, nuevas percepciones, sentires, lógicas y prácticas se han venido implantando y creciendo en la ciudad.

«A la ciudad competitiva, privativa e individualizada  del sálvese quien pueda que  venimos habitando en el ciclo aún vigente, se opone la ciudad cooperativa, la de la abundancia y el vínculo, la ciudad de los  comunes urbanos»

Con ello nos atrevíamos a lanzar una hipótesis: asistimos, vivimos y protagonizamos una nueva transformación hacia otro modelo y paradigma de ciudad, que aún está por nombrar.
Si en el precapitalismo las tierras y bosques comunales, y en el capitalismo industrial las fábricas, tabernas y barrios obreros, funcionaron como caldo de cultivo para la sociabilidad y la composición de experiencias antagonistas, hoy día vivimos en una sociedad y unas subjetividades marcadas por internet. A la ciudad competitiva, privativa e individualizada del sálvese quien pueda que venimos habitando en el ciclo aún vigente, se opone la ciudad cooperativa, la de la abundancia y el vínculo, la ciudad de los comunes urbanos. Mientras tanto, el capitalismo, siempre veloz a la hora de adaptarse y capturar las nuevas subjetividades, parece encontrar rápidamente fórmulas para el cercado de esos comunes. La plataforma Airbnb sería solo un ejemplo.
La amplitud y complejidad de esta problemática abarca cuestiones como qué recientes y diversas formas de organización están surgiendo, qué subjetividades se constituyen, cuáles y cómo son esos focos de nueva ciudad que emerge, y dónde. Frente a todo ello se impone pensar en cómo se rearticula el capitalismo con nuevos discursos y dispositivos de control para la captura y qué ciudad genera… Por dónde perdura y se resiste lo viejo. Y qué papel juega el Estado o puede jugar en este escenario. En definitiva, un análisis poliédrico, Mercado-Estado-Comunes, al que dedicamos este nuevo monográfico de Gente Corriente.

LOS COMUNES

Posiblemente si preguntamos por el significado de «Mercado» o «Estado» casi todo el mundo los sepa definir o entender de alguna manera. Esbozarán una definición aproximada, con más o menos habilidad, con tendencias diversas cargando lo negativo o lo positivo sobre uno u otro concepto.
Ambos términos, sobre todo hasta la caída del bloque socialista, pero también después, han supuesto dos polos de una línea continua que marcaba una realidad inevitable, en la que, según ideologías y modelos, se podía optar por la cercanía o distanciamiento respecto a cada uno. Un extremo significaba un modelo de sociedad socialista, y el otro un modelo de sociedad capitalista liberal. Se disputaba el influjo de un extremo sobre otro, el contraste, los intentos de compensar, de seducir, de mejorar a su opuesto… Durante décadas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, cada modelo reproducía parte de su oponente. Así, el bloque socialista progresivamente implantó la posibilidad de propiedad y empresas privadas, lo que de forma paulatina derivó en un modelo de Capitalismo de Estado. Mientras, su oponente fue introduciendo lo que se dio en llamar el Estado del Bienestar, con políticas de acuerdo social y laboral con las fuertes (por aquel entonces) organizaciones obreras.
La caída del bloque socialista dio alas al discurso del «fin de la historia» (concepto acuñado por el politólogo estadounidense Francis Fukuyama), según el cual el capitalismo o «democracia liberal» no solo había resultado vencedor, sino que siempre sería el mejor e inevitable modelo. Coincidente con múltiples factores, supuso a partir de entonces toda una ola de desmantelamiento del Estado del Bienestar y de privatizaciones de espacios, recursos, empresas e infraestructura de gestión estatal, en lo que se dio en llamar «Neoliberalismo», proceso que a día de hoy sigue vigente.
Mientras que Mercado y Estado son conceptos ampliamente reconocidos, el de «comunes» o «procomunes» resulta extraño a la mayoría. Si intentamos esbozar una definición, el «procomún» sería la combinación de un recurso + una comunidad + un conjunto de normas y criterios. Los tres elementos conforman un todo integrado e interdependiente, en el que una comunidad determinada gestiona un recurso material o intangible como un bien común, para lo que recurre a acuerdos de reglas, normas y sanciones coercitivas, que permiten el disfrute y reproducción del recurso.

La tragedia de los cercamientos

En el recorrido de estas prácticas, que encontramos a lo largo de toda la historia, se suele tomar como momento clave un punto de inflexión y clausura, el denominado «cercamiento» (enclosure en inglés), que se refiere al cierre (cercado con vallas) de los terrenos comunales en favor de terratenientes y aristocracia, ocurrido en Inglaterra entre los siglos XVIII y XIX (aunque iniciado en el XVI). Hasta entonces las comunidades habían podido organizar libremente el disfrute y reproducción de los recursos: praderas, bosques, caza, agua, etc. De todo ello se habla con más profundidad en otro de los artículos de este número de Gente Corriente.
Podemos decir que los cercamientos tuvieron algunos efectos positivos, como la desaparición de la relación señor-siervo y la posterior transformación de los vasallos en trabajadores libres. Pero esta nueva «libertad» era un arma de doble filo. Mientras que liberaba a las personas para que a su vez persiguieran nuevas libertades, también destruía su hábitat comunitario: la cohesión social, la autonomía en la subsistencia, la sostenibilidad ecológica de su entorno. Aparecía un nuevo tipo de persona, el individuo, alguien que no formaba parte de una comunidad y que ahora era competidor con el resto de individuos por un salario. Miles de personas se veían obligadas a emigrar a ciudades para vivir en condiciones insalubres, y en donde la emergente Revolución Industrial los convertía en esclavos asalariados si tenían suerte, o en mendigos en caso contrario. Las señas de identidad del nuevo orden serían el individualismo, la propiedad privada y el «libre mercado». El cercamiento no es un hecho anecdótico, en el cercamiento está la génesis del capitalismo en su transición desde el feudalismo.

«tras l­os cercamientos el Mercado se hizo cargo de la producción y el Estado de la gobernanza: había nacido el Estado liberal moderno»

Uno de los aspectos más desapercibidos de los cercamientos fue la separación de producción y gobernanza. Anteriormente las dos formaban parte del mismo proceso y todos los comuneros podían participar en ambas. Sin embargo, tras los cercamientos el Mercado se hizo cargo de la producción y el Estado de la gobernanza: había nacido el Estado liberal moderno.
Se tardaron años en recuperar una mínima forma de cohesión o mutualismo social, primero de manera intuitiva y espontánea, posteriormente organizada, con la emergencia del movimiento obrero y sus distintos dispositivos de vertebración de comunes obreros, algunos de los cuales en nuestra ciudad revisábamos en el anterior número.
Sin embargo, más allá de este episodio histórico, las experiencias de comunes llegan hasta nuestros días, con recursos comunitarios de todo tipo: desde «comunes de subsistencia», que suelen ser recursos naturales (agua, bosques, pesquerías, tierras, caza, etc.) hasta los «comunes cívicos y sociales», que incluyen hoy día huertas comunitarias, ecoaldeas, coviviendas, centros sociales, redes de consumo, redes de cuidados, bancos del tiempo, redes de apoyo mutuo, incluso (mediado por el Estado) sistemas de donaciones de órganos y de sangre, pasando por los nuevos «comunes digitales», que han supuesto toda una revolución con ejemplos como el software libre, la enciclopedia colaborativa wikipedia, procesos de diseño colaborativo con crowdsourcing, procesos de micromecenazgo colaborativo (crowdfunding), publicaciones académicas de acceso abierto, recursos educativos abiertos, etc.
Con la noción de los comunes se abre una nueva perspectiva, se rompe la dicotomía que suponen los polos Mercado-Estado al emerger una tercera opción, que no es baladí, pero se tiende a olvidar, invisibilizar, ningunear, incluso reprimir.

«La falsa equivalencia de los comunes con caos, ruina y fracaso parece ofrecer una lección sobre la inviabilidad de la acción colectiva: la satisfacción personal y la prosperidad social duraderas nacen de la libertad individual encaminada a una propiedad privada con la que comerciar en el ámbito del libre mercado, garantizado y protegido por el Estado liberal»

Para ello, cuando no se ignoran, se difunde un pensamiento negativo sobre los comunes. Uno de los más extendidos es la famosa «Tragedia de los comunes». En esta parábola de 1968, Garrett Hardin asegura que en una hipotética pradera es de esperar que cada pastor intente mantener la mayor cantidad de ganado en el área comunal para maximizar sus ganancias, de modo que añadirá un animal más a su rebaño, y luego otro, y así seguirá. Es ahí donde reside la tragedia de los comunes.
La parábola, sin embargo, parte de un fallo estructural, al establecer un sistema en el que no existen límites ni normas que lo regulen, no hay sanciones a la sobreexplotación ni una comunidad propia de usuarios. Este escenario, el de un régimen de acceso libre donde impera la ley del más fuerte y se confunde un terreno comunal con la tierra de nadie, no es un común, como pretendía Hardin. A pesar de algo tan elemental, «la tragedia de los comunes» es considerada como un principio básico de la economía y se ha establecido como tópico económico. El artículo de Hardin forma ya parte esencial de la educación universitaria en los Estados Unidos, no solo en las ciencias económicas, sino también en las ciencias políticas, la sociología y otros campos de estudio.
La falsa equivalencia de los comunes con caos, ruina y fracaso parece ofrecer una lección sobre la inviabilidad de la acción colectiva: la satisfacción personal y la prosperidad social duraderas nacen de la libertad individual encaminada a una propiedad privada con la que comerciar en el ámbito del libre mercado, garantizado y protegido por el Estado liberal.

Saltarse la cola

Nada más lejos de la realidad, como certifica una extensa lista de experiencias sin método de referencia ni normas matriz. Los comunes se parecen, de hecho, a un organismo vivo que evoluciona con su entorno y su contexto para adaptarse a las contingencias locales, pues, como el ADN, no es de carácter fijo ni determinista, sino parcial y flexible, crece y se modifica.
Un común es un contrato social cambiante, en el que la comunidad se reúne para acordar reglas y normas que la regirán en la gestión del recurso y para prevenir su sobreexplotación, así como para establecer asignaciones equitativas de tareas y derechos, siempre supervisando y sancionando los malas prácticas y abusos, de manera que los intereses individuales y colectivos se alinean y refuerzan mutuamente por encima de discrepancias ocasionales o sobresaltos externos. Negocian así resoluciones satisfactorias para alcanzar sus propósitos comunes sin la intromisión de mercados ni burocracias gubernamentales.
A veces, con el paso del tiempo, se tiende a interiorizar, incluso a ritualizar, hábitos y ética colectiva, que con el transcurrir maduran en una cultura propia que arraiga hasta convertirse en «costumbres» que incluso se transformarán en una especie de «ley vernácula» invisible.
Las leyes vernáculas se originan en espacios informales de la sociedad y se convierten en una fuente de regulación y legitimidad por derecho propio. Son una especie de procomún pasivo que la mayoría hemos interiorizado («así se hacen las cosas»). Baste un ejemplo sencillo: respetar las colas y castigar a quienes se cuelan. Supone un principio rudimentario de protocolo social particularmente efectivo en ciertos casos de nuestra vida cotidiana, ya que se organiza y aplica de manera automática, sin intervención exterior alguna.
Sin embargo, hasta lo más básico y cotidiano del procomún encuentra su límite en sus polos alternativos (Mercado y Estado). ¿Qué ocurre cuando el dinero y los derechos de propiedad privada interfieren con un consenso social? Volvamos al sencillo ejemplo de antes: gracias a entradas VIP o de preferencia hay quienes avanzan sin esperar la cola. ¿Es eso justo? Desde un sentido instintivo de justicia social sabemos que no, mientras que desde la lógica capitalista entendemos que sí. Y ello cuando el Estado tiende a comportarse con hostilidad frente a cualquier incursión, por pequeña que sea, en su capacidad de crear e imponer normas. Las tensiones surgen cuando el derecho formal y escrito no es totalmente coherente con este «derecho común» y no deja espacio a la creación de procomún. Es entonces cuando se apela a la legalidad.
¿Resulta el derecho estatal formal demasiado estricto o rígido? ¿Hace tanto hincapié en las normas y relaciones de mercado que no permite la existencia de una ciudadanía verdadera que ejerza su legítima autorregulación y gestión sobre los bienes comunes? ¿O por el contrario está abierto al cambio mediante políticas pacíficas y los debidos procedimientos?

COSAS DE NADIE: EL CERCADO DE LOS BIENES COMUNES

Lo frecuente es que Mercado y Estado sean uña y carne, compartan la visión de modelo y prácticas, basados en un crecimiento continuo para el que es necesario que aúnen esfuerzos en desarrollar estrategias ingeniosas –cuando no la fuerza bruta– para privatizar recursos antaño compartidos y convertirlos en productos comercializables.
Por lo general, los derechos sobre la propiedad de los bienes comunes pertenecen al Estado, quien a través del gobierno, en teoría, actúa como fideicomisario del pueblo, es decir, gestiona (el acceso) y cuida (la continuidad) de los recursos comunes materiales o inmateriales que le son cedidos en confianza.
La realidad es que la mayoría de los gestores de Estado consideran bastante rentable ignorar sus deberes fiduciarios, por lo que liquidan (muchas veces a precio de saldo) los bienes comunes que les son confiados. Directrices políticas llegadas de instancias superiores (normalmente ajenas a control democrático); expectativas de nuevos ingresos fiscales; promesas de empleo, «desarrollo y prosperidad», suelen ser una recurrente excusa. Son procesos de cercado (o privatización) que suelen traer aparejados episodios de tráfico de influencias y corrupción.
La base teórica y filosófica que opera en los procesos de cercado son los denominados «derechos de propiedad», según John Locke, que en el siglo XVII vino a plantear que «las personas son dueñas de sí mismas y, por tanto, dueñas de su propio trabajo». Cuando una persona trabaja, ese esfuerzo entra en el objeto. Así pues, el objeto se convierte en la propiedad de la persona. La relación entre trabajo y propiedad se refiere solo a la propiedad que no tenía dueño antes de que ese tipo de trabajo se llevara a cabo.
Por tanto, la tierra «sin explotar» no pertenece a nadie y cualquiera que la trabaje puede tomarla para sí mismo. Esta fue una conclusión de lo más oportuna para los procesos de colonización europeos. Según el razonamiento de Locke, dichas tierras deberían considerarse como terra nullius o tierras despobladas (en ocasiones llamadas también res nullius o cosa de nadie), ya que la tierra solo adquiere valor cuando los individuos dedican su esfuerzo e ingenio a mejorarla, hacerla comercializable, etc. Sobre el origen de esos términos habla Curro Machuca en otro de los artículos de este Gente Corriente.

«La arrogancia de Locke consistió en considerar la naturaleza como un objeto inerte que puede convertirse en propiedad privada sin tomar en consideración el vínculo que mantiene con sus habitantes, con sus ecosistemas naturales más amplios y las generaciones futuras»

La arrogancia de Locke consistió en considerar la naturaleza como un objeto inerte que puede convertirse en propiedad privada sin tomar en consideración el vínculo que mantiene con sus habitantes, con sus ecosistemas naturales más amplios y las generaciones futuras. Los pueblos aborígenes generalmente percibían a los individuos como parte de redes más amplias de personas; la mera idea de una persona aislada, «que se ha hecho a sí misma», les parecía algo irrisorio o incluso delirante. Los pueblos indígenas tienden a ver sus recursos y conocimientos como elementos integrados en una comunidad de cuidados recíprocos y gestión grupal. La idea de un «dominio exclusivo» sobre un recurso, al estilo que el derecho occidental entiende la propiedad, niega nuestra dependencia insoslayable respecto la naturaleza y nuestra interdependencia para con los demás.
La lógica de Locke fue rápida e interesadamente extrapolada hasta una fantasía legal. De ese modo, los pueblos podrían haber gestionado la tierra, agua, pesquerías, bosques y otros recursos naturales como comunes desde tiempos inmemoriales, con normas no escritas pero extremadamente sofisticadas, si bien, en tanto que no exhibían ningún título formal, todo ello no pertenecía a nadie, y por consiguiente ¡no había más que ir y tomarlo!
Este mismo razonamiento se ha seguido aplicando sistemáticamente, y se busca aplicar hoy día, cuando se pretende cercar los océanos o ríos, el espacio exterior, la biodiversidad, incluso Internet, como si fueran recursos a los que aplicar la res nullius (cosa de nadie) que justifique su expolio privado desenfrenado.
Para los mercados el precio es el indicador supremo y la forma más justa de identificar el verdadero valor de las cosas. Pero, ¿cuál es el valor comercial de la atmósfera? ¿O de un río limpio? El precio solo mide el valor de intercambio, no el valor de uso.

«Los mercados acaparan lo que pueden de la naturaleza de forma gratuita sin reconocer su verdadero valor (en vista de que la naturaleza es considerada como res nullius). Una vez capturada, privatizan los beneficios, al tiempo que vierten sus desechos para que los comunes y los gobiernos lidien con las consecuencias»

La economía convencional ensalza el Producto Interior Bruto o PIB como el referente evaluador, al calcular el valor total de toda nuestra actividad comercial, pero realmente mide únicamente el dinero que ha cambiado de manos, lo que constituye una definición ridícula de la creación de riqueza. Según esta lógica, un vertido de petróleo o un desastre nuclear deberían considerarse provechosos, ya que acaban estimulando la actividad económica, mientras que el infinito trabajo de cuidados que sostiene nuestra sociedad sería una tarea inútil, dado que no suele llevar aparejado intercambio de dinero.
Los mercados acaparan lo que pueden de la naturaleza de forma gratuita sin reconocer su verdadero valor (en vista de que la naturaleza es considerada como res nullius). Una vez capturada, privatizan los beneficios, al tiempo que vierten sus desechos para que los comunes y los gobiernos lidien con las consecuencias.

El cercado de lo natural

La gama de cercamientos de lo natural es vastísima: va desde lo global (la atmósfera, los océanos, el espacio) a lo regional (ríos, acuíferos, pesquerías, bosques) y lo local (biodiversidad, minerales). Los cercamientos también incluyen la propia vida (tejido humano, líneas celulares, genes) y lo infinitamente pequeño (microorganismos, sustitutos sintéticos de la nanomateria).
En el caso de nuestra ciudad, el más significativo de los cercados naturales es el de la apropiación y degradación del litoral (que veíamos en nuestro anterior número) por parte de industrias, primero, y el turismo después. Es ya un territorio degradado que poco tiene que ver con el heredado hace apenas un siglo.

El cercado de espacios públicos

Las ciudades son hoy día uno de los escenarios más disputados por los cercamientos comerciales. Una fiel alianza de corporaciones, representación política, promotoras inmobiliarias, profesionales, etc. viene apoderándose del espacio público: plazas, calles, parques, paseos, recintos deportivos, incluso la propia imagen e identidad de las urbes. Esto implica el «vaciado» de la identidad social, de las vivencias comunes que con el paso del tiempo dotan de «alma» a la ciudad, que pasan a ser consideradas otra mercancía más de compra y venta, de manera que el espacio público muta a un espacio anodino, indistinto del de otras ciudades. Habla de ello Eduardo Serrano en otro artículo.
Málaga no es ajena a ello. Las principales calles comerciales están copadas por las mismas cadenas comerciales o franquicias que en otras ciudades, la estética del espacio público no se cuida en su singularidad y está repleta de publicidad de estas empresas, se llega incluso a que la feria del centro sea patrocinada por una empresa (cervecera) que se apropia de ella con su publicidad (incluso en el nombre), como ocurre con equipos deportivos, la estación de ferrocarril, etc.
A todo ello se suma la apropiación del espacio público (en parte gracias al diseño urbanístico y la connivencia del Estado) por parte de intereses privados, con las terrazas como caso más significativo. Especialmente dolorosa es la pretensión de construir un negocio privado en un territorio del común como es el Puerto, un negocio que además impactaría brutalmente en la imagen de la ciudad, en su skyline: la Torre del Puerto. Este proyecto, de manera inédita respecto a otros similares anteriores, ha despertado considerables resistencias en la ciudad.

El cercado de infraestructuras y servicios

Carreteras, puentes, aeropuertos, equipamientos culturales o deportivos, agua, residuos, sanidad, educación… y, años atrás, telecomunicaciones, energéticas, banca… Recursos pagados por contribuyentes, incluso generaciones de ellos, pasan a manos privadas, de manera que se pierde el control. A continuación, las concesionarias reducen la calidad del servicio, las plantillas, bajan costes salariales, según el caso derivan a negocio financiero el servicio (seguros), y transfieren costos a generaciones futuras.
Las concesiones son el preciado objetivo de inversores, dado que les garantizan altas tasas de rentabilidad a bajo (o nulo) riesgo. Los gobiernos asumen los riesgos del fracaso empresarial a la vez que garantizan grandes beneficios sin importar lo que ocurra con la empresa, en una suerte de socialismo corporativo en el que los beneficios se privatizan al tiempo que los riesgos se socializan. Sumado a ello, las empresas privadas que los controlan suelen eludir la competencia e imponer precios de monopolio u oligopolio, además de aprovechar su influencia para moldear las costumbres de la población y guiarla hacia determinados productos en los que tengan intereses creados.
En este caso los ejemplos de nuestra ciudad son abundantes y a ratos escalofriantes. Algunos de los más significativos serán motivo de artículos o entrevistas en el presente número: equipamientos deportivos, la empresa de limpieza Limasa, gestión de eventos municipales, Patronato de Recaudación Provincial, etc.

El cercado de Internet

En principio se trataría de otra infraestructura más, pero la tratamos aparte por su relevancia en tanto que medio básico de comunicación, de negocio, incluso podíamos decir vital. Internet es un nuevo espacio público, virtual e inmaterial, pero donde millones de personas habitan y se encuentran.
Internet hoy por hoy es un común abierto y no discriminatorio en cuanto a la transmisión de datos se refiere, en lo que se da en llamar «la neutralidad de la red». Sin embargo, las empresas de telefonía y televisión por cable aspiran a cobrar para privilegiar flujos, de manera que, por contra, podrán censurar o ralentizar el tráfico del resto. Con ello, además, se abre el cauce para posibles censuras de redes que puedan competir con sus intereses comerciales o políticos, en caso de los gobiernos, perdiéndose así nuestras más básicas libertades digitales.
Estos intentos de cercar Internet son muy parecidos a lo sucedido años atrás con la industria de la comunicación. Pese a que el espectro electromagnético utilizado para la radiodifusión y emisión televisiva es de dominio público, las empresas consiguieron ejercer un control exclusivo sobre él ¡y totalmente gratis!

El cercado del conocimiento y la cultura

Desde tiempos inmemoriales los seres humanos han compartido libremente su creatividad. La cultura siempre se ha basado en imitar, difundir y transformar obras creativas anteriores y el arte siempre ha consistido en un préstamo común intergeneracional. Pongamos un ejemplo cercano: es imposible concebir el desarrollo del flamenco sin la influencia de músicas anteriores de origen árabe, bereber, judía, o gitana. La cultura no puede prosperar sin un fondo común de creatividad compartida.
Con el cercamiento de las obras creativas, la información y el conocimiento, nuestros impulsos humanos naturales de imitar y compartir, es decir, la esencia propia de nuestra cultura, han sido criminalizados. Si alguna vez, al menos hasta 2015, has cantado el «Cumpleaños feliz», has sido un «pirata» bajo el punto de vista de la industria del entretenimiento, cuando precisamente Warner Music Group se embolsaba cerca de 5.000 dólares al día por este título, lo que se traduce en casi 2 millones de dólares al año. La autoría recae en dos hermanas, Mildred y Patty Hill, que la escribieron en 1858 inspiradas en canciones folclóricas afroamericanas y en una melodía llamada «Buenos días a todos» (Good Morning to All). La cineasta Jennifer Nelson se negó a pagar los 1.500 dólares que le costaba la licencia para utilizar la canción en un documental, y decidió llevar a juicio a la Warner Music Group. Hasta entonces nadie había tenido suficiente dinero ni valentía para arriesgarse. La victoria de Nelson liberó la canción para que cualquiera pudiera usarla en cualquier contexto, sin necesidad de permiso ni pago.

«La cultura ha sido la excusa, el modus operandi, para generar un “marca de ciudad”, una ciudad producto»

En nuestra ciudad el cercado de la cultura ha ido más allá de la propia cultura y ha sido un proceso más complejo. La cultura ha sido la excusa, el modus operandi, para generar un «marca de ciudad», una ciudad producto, en este caso aparejada a los museos, con gran preponderancia inicial de Picasso, para seguir con Thyssen, Pompidou, Ruso. Por tanto, la cultura y su cercado ha servido como combustible para mantener la maquinaria turismo-construcción a punto, y con ello ha venido asociada y en alianza con el cercado de espacios públicos. Más que un cercado cultural al uso, se ha dado un uso de la cultura como evento, espectáculo, producto de consumo, franquicia… Se vacía así el concepto «cultura» de sus elementales significados. Es todo un proceso que por sus dimensiones en la ciudad merecerá un futuro número específico de Gente Corriente, si bien algo se abordó en el monográfico sobre la turistificación.

El cercado de Universidades

Siendo parte de la cultura y el conocimiento, dedicamos un espacio propio a las universidades por su valor estratégico. Históricamente el Estado ha tratado la investigación académica como un bien común, y para ello ha creado universidades públicas, financiado investigaciones y respetado la autonomía académica, en lo que suponía una colaboración constructiva entre Estado y Comunes. Sin embargo, este principio se ha deteriorado a medida que Estado y Mercado han cercado el patrimonio académico, considerando a este como un bien barato y financiado con dinero público, fácil de capturar en función de intereses comerciales. A partir de ello, las prioridades de las investigaciones vienen dadas por las de las empresas, y las patentes suelen quedar en manos de estas corporaciones.
La mayoría de las veces el cercado no se da en un solo sentido, sino en procesos múltiples y complejos. Vamos a ilustrarlo tomando como referencia el que es quizás el más importante sector productivo de nuestra ciudad, el turismo. Hagamos una revisión de cuántos y diversos cercados se desarrollan a consecuencias del turismo masivo.
La vivienda está empezando a sufrir su enésima burbuja con el fenómeno de los apartamentos turísticos de alquiler por días. En Málaga la situación es ya alarmante.
Se multiplican gastos de servicios públicos que se sostienen sobre los bolsillos de las vecinas y vecinos, como residuos, agua, seguridad, etc.
Se multiplican los gastos en promoción turística desde las instituciones, que en el caso de la Diputación de Málaga es de 8,4 millones de euros en 2017, sin tener en cuenta otros apoyos indirectos al sector.
Entre tanto, el turismo afecta al territorio y su medioambiente: gran parte del territorio de nuestra provincia, en especial el litoral, ha sufrido una degradación de difícil restitución en el corto-medio plazo y, sumado a ello, los vertidos urbanos a ríos y litoral se multiplican con el turismo, por no hablar del incremento desmedido del consumo de agua. Además, el turismo está afectando a ritmo frenético a la mera vida cotidiana. Si en las economías litorales el turismo funciona capturando y privatizando las rentas que generan los activos naturales (sol, playa, mar, ríos, etc.), en las ciudades lo hace capturando la propia vida social. La ciudad queda a disposición del turismo y deviene en parque temático desnaturalizado para sus habitantes cotidianos.

«el turismo convierte en rentas privadas dimensiones colectivas sin que haya devolución o reposición alguna (salvo empleo, cada vez más precario)»

Con todo ello el turismo convierte en rentas privadas dimensiones colectivas sin que haya devolución o reposición alguna (salvo empleo, cada vez más precario), en una espiral de destrucción, que ya hemos visto en nuestras costas y estamos empezando a vivir en nuestra ciudad.

LOS COMUNES SE CITAN CON LOS MILLENNIALS

Pese a la imposición de la cultura del individualismo y la competitividad, que traía aparejada el capitalismo, su lógica y práctica no siempre logró penetrar todos los resquicios. No han dejado de resistir o resurgir otras formas de entender y vivir el día a día.
Como ha apuntado Amador Fernández-Savater (eldiario.es, 30/7/2017), las bases de la cultura capitalista surgen en un contexto histórico-cultural muy vinculado a la emergencia del protestantismo: responsabilidad individual, meritocracia, el «hazte a ti mismo», el «progreso», puritanismo, severidad, etc. Podíamos denominarla una «cultura del Norte»: anglosajona, masculina, blanca y protestante. Sin embargo, de acuerdo con el sociólogo Michel Maffesoli, existe una «socialidad del sur»: difusa, sumergida, oculta, impulsiva, a-racional, difícil de ver, pero que resiste en una dinámica informal cotidiana, de querer vivir en común.
La reciente crisis con arranque en 2008, provocada por las prácticas neoliberales, fue paradójicamente aprovechada para responsabilizar a estas formas de vida del «sur», a los países que peyorativamente se denominaron PIGS («cerdos», por su acrónimo inglés): Portugal, Italia, Grecia, España. Se repitieron mantras como «insuficiente movilidad geográfica», el «limitado espíritu emprendedor», el «colchón familiar», el «trabajo informal» o la «indiferencia (incluso la repugnancia) hacia el enriquecimiento»… A todo se asociaba una serie de medidas de índole económica para «corregir esas desviaciones», ese «vivir por encima de nuestras posibilidades». Son medidas de austericidio conocidas y padecidas por casi todas las personas: eliminación de protecciones sociales, precariedad laboral, privatizaciones, fomento del endeudamiento, la destrucción de los cimientos que sostienen la vida en común para favorecer el «sálvese quien pueda», la dependencia respecto del Mercado, siempre con la complicidad autista y sumisa de nuestros gobernantes, del Estado.

Sin embargo, cuando mejor se lo prometían, surgieron reafirmados los valores del sur para difundir y practicar otras ideas de riqueza y felicidad: más basadas en el presente que en el futuro, en los vínculos que en la soledad, en el tiempo disponible que en la vida para el trabajo, en la empatía que en la competencia, en el disfrute de la gracia que en la culpa por la deuda. Las calles y plazas del sur, de los países mediterráneos, en sus dos orillas, se llenaron de rebeldía y creatividad, emergieron nuevas formas de organización desde abajo, con un eslogan que lo definía todo perfectamente, «Nos quieren en soledad, nos tendrán en común», mareas de todos los colores, las Plataformas de Afectados por las Hipotecas, corralas y viviendas de realojo, nuevos centros sociales, etc. Mientras tanto, por debajo de lo visible, de lo público, se daba un refuerzo de lazos y tramas de lo social, con grupos informales de solidaridad y apoyo mutuo (familiares, vecinales, amistosas) que ayudaron a atemperar los peores efectos de la gestión neoliberal de la crisis: miedo, soledad y desamparo.

«La clave radica en la emergencia y protagonismo de esa nueva generación, denominada (a veces peyorativamente) como «millennials», educada y socializada en el medio digital, en Internet, gracias a lo cual ha desarrollado hábitos y habilidades como la cooperación»

Para que todo ello esté ocurriendo no solo es determinante esa «cultura del sur». La clave radica en la emergencia y protagonismo de esa nueva generación, denominada (a veces peyorativamente) como «millennials», educada y socializada en el medio digital, en Internet, gracias a lo cual ha desarrollado hábitos y habilidades como la cooperación, la diversidad, el compartir es bueno, la transparencia, la horizontalidad, el liderazgo distribuido, el valor de la iniciativa, del «hacer», la escucha activa, la construcción de consensos, la democracia, la organización en red, la construcción inmanente, aquí y ahora, de la realidad perseguida, etc. Cuando estas actitudes interiorizadas pasaron de lo privado y virtual a lo público y físico, gracias a los procesos organizativos fluyeron con mucha más facilidad y virtuosismo. Ponían en cuestión todo un Régimen como el del 78, en lo que suponía una enmienda a la totalidad de un modelo obsoleto.

Los comunes hoy

En la actualidad la mayor parte de los comunes son los tradicionales, aunque pequeños, recursos naturales. Se estima la nada despreciable cifra de dos mil millones de personas cuya subsistencia diaria depende de la gestión comunal de bosques, pesquerías, acuíferos, fauna y otros recursos naturales.

«Se estima la nada despreciable cifra de dos mil millones de personas cuya subsistencia diaria depende de la gestión comunal de bosques, pesquerías, acuíferos, fauna y otros recursos naturales»

Existen otros tipos de bienes comunes en las ciudades. Se trata de «comunes cívicos y sociales» que en Málaga proliferan desde hace unos años: la experiencia del centro social y cultural de gestión ciudadana La Casa Invisible, el ecohuerto comunitario El Caminito, diversas redes de consumo ecológico, redes de apoyo mutuo, radios comunitarias como Onda Color, experiencias de economía como la moneda Málaga Común, la Universidad Libre Experimental (Ulex), librerías comunitarias como Más Libros Libres, experiencias de sindicalismo social como la Plataformas de Afectadas por las Hipotecas, experiencias de realojo vecinal, de reapropiación del espacio público con solares en Lagunillas o en la céntrica calle Gigantes, además de la que se realiza cotidianamente del cauce del río y otros espacios por colectivos de deportes urbanos, como futvóley, skater, parkour, etc.

Los comunes digitales ya están aquí

Con todo, las formas de procomún más productivas y cualitativamente más influyentes son aquellas vinculadas a Internet y a las tecnologías digitales, que permiten a las personas (comuneras) acumular un valioso contingente de conocimiento y creatividad compartidos.
La primera y más impresionante experiencia de procomún online llegó con la emergencia del software libre. Sirvió de modelo fundacional para lo que en general se conoce como producción entre pares o entre iguales orientada al procomún (commons-based peer production), una forma de colaboración online que invita a un gran número de personas a aunar fuerzas, al tiempo que permite examinar, modificar, mejorar y compartir libremente el software. El proceso de GNU/Linux inspiró proyectos colaborativos posteriores, como Wikipedia (una enciclopedia web con más de 70.000 personas voluntarias trabajando en 285 idiomas), o innovaciones recientes como las redes sociales. También contamos con experiencias como las revistas de acceso abierto, que permiten la disponibilidad del conocimiento para cualquiera, al margen de la escasez artificial que las editoriales pretenden imponer por medio de restricciones como el copyright y la «gestión de derechos digitales». Mencionemos también los movimientos de «diseño abierto», que invitan a diseñar indumentaria, muebles, componentes de ordenadores e incluso automóviles, como la experiencia de Arduino, que diseña placas de circuito impreso con componentes que, junto a las impresoras 3D, permiten el desarrollo de tecnologías materiales «hardware libre».
Al tratarse de experiencias conectadas en red, virtuales, no es fácil encontrar una específica de nuestra ciudad, aunque sí múltiples personas y colectivos que participan en gran diversidad de ellas.

Regular contra el cerco

Pese a todo ello, los comunes no dejan de depender de las instituciones del Estado y del Mercado. El procomún tiene una historia legal venerable que se remonta al Imperio Romano, así como al siglo XIII inglés, con la Carta Magna y su complementaria Carta de Foresta o del Bosque, que con más detalle se analizan en otro de los artículos de este monográfico. Sin embargo, las democracias liberales buscan alcanzar el bien supremo mediante la aplicación universal de derechos individuales a todos los ciudadanos, iguales ante la ley. El liberalismo político en general no contempla muchas disposiciones a favor de los derechos colectivos que trasciendan lo individual. Por ello, el procomún resulta con mucha frecuencia inescrutable para las políticas públicas convencionales, si no completamente incompatible.

«un peligro añadido que se ha vivido recientemente con la políticas neoliberales radica en que el Estado aproveche la existencia de los comunes para eludir sus propias responsabilidades»

En el extremo opuesto, un peligro añadido que se ha vivido recientemente con la políticas neoliberales radica en que el Estado aproveche la existencia de los comunes para eludir sus propias responsabilidades. Por un lado cede la gestión, por otro retira su apoyo legal, administrativo o financiero. Es por ejemplo la estrategia política del anterior primer ministro del Reino Unido, David Cameron, conocida como Big Society o Gran Sociedad, que celebraba el control comunitario sobre recursos públicos, al mismo tiempo que recortaba los fondos públicos que lo financiaban.
Ni un extremo ni el otro: la Administración debe reconocer que el procomún autoorganizado es capaz de llevar a cabo ciertas funciones de forma más efectiva que el Estado o el Mercado, y con mayor legitimidad, equidad y democracia. No todos los comunes son necesariamente positivos, por lo que el papel del Estado puede ser importante a la hora de establecer unos criterios básicos mínimos y de rendimiento. El Estado debe colaborar con estos procesos legal y financieramente, o al menos brindar respaldo para que los comunes se consoliden. Es el caso reciente del Ayuntamiento de Nápoles (Italia), donde el alcalde Luigi de Magistris aprobó en 2015 una serie de medidas administrativas para regular, promover e institucionalizar los bienes comunes en el ámbito urbano. Se trata de un proceso encaminado a reconocer jurídicamente espacios de autogobierno y desarrollar modelos de gestión ciudadana de bienes del patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento, vía por la que se han regularizado múltiples centros sociales de gestión ciudadana.
En las pocas ocasiones en que los comunes han logrado reconocimiento legal estatal formal se han valido de «hackeos legales», como por ejemplo las diversas licencias copyleft. La GPL, a veces también denominada copyleft, se celebra como un hito de los «hackeos» a las leyes de copyright. En lugar de bloquear el código, de entenderlo como propiedad privada, el copyleft asegura que cualquiera tenga la libertad de copiar, modificar o distribuir un programa de software según le parezca, e incluso la libertad de ponerle un precio y venderlo. La licencia logra este objetivo al insistir sobre un simple requisito legal: que cualquier obra derivada, tal como un programa de software modificado, también debe licenciarse bajo la GPL, para que a su vez se pueda compartir, y así sucesivamente, en lo que supone una manera de viralizar y proteger legalmente el intercambio de software, que seguirá siendo un bien común.
Inspiradas en GPL, las lincencias CC (Creative Commons o Comunes Creativos) indican que bajo sus licencias los trabajos están disponibles para compartir y reutilizar según condiciones específicas. Ambas licencias han sido cruciales para permitir que todo tipo de bienes comunes digitales se arraiguen y prosperen protegidos de posibles cercamientos, y que con el paso del tiempo hayan generado una inusitada economía de intercambio global de código de software, estudios de investigación, archivos fotográficos, música, cine, blogs y otros trabajos creativos.

 

Los actuales cercados comunales

No obstante, toda esta proliferación continua de comunes digitales, dada su eficiencia, utilidad y atractivo social, es un enorme terreno potencialmente cercable. El Mercado lo sabe y se está posicionando para explotar ese procomún digital. La emergencia del sector de la «economía colaborativa» es buen síntoma de ello, alimentada por nuevos modelos de negocio basados en plataformas web para compartir servicios y recursos. Se inicia con una dinámica colaborativa entre una comunidad, para que una vez generado el ámbito, la fidelidad y por tanto la «necesidad» de la comunidad, sea apropiada por la empresa que brinda el soporte (o plataforma). Nuestra ciudad no es ajena a ejemplos de ello: servicios privados de alquiler de coche con conductor, como la plataforma Cabify, que el pasado verano protagonizó un conflicto con el sector del taxi, o el caso de los alquileres de habitaciones con plataformas como Airbnb, que viene generando una nueva burbuja inmobiliaria con el alquiler en la ciudad.

«mientras Facebook y Google nos brindan servicios útiles de forma «gratuita», también realizan una agresiva extracción de datos sobre nuestra información personal para venderla posteriormente. Se trata del negocio de los metadatos»

El caso quizás más significativo es el de las redes sociales. Hay muchas comunitarias de software libre, pero las que se han conseguido implantar como hegemónicas son privativas: Youtube Facebook, Twitter, Instagram… Estas plataformas se asemejan a los comunes en muchos aspectos, pero con una diferencia significativa: están regidas por «términos de servicio» corporativos que los usuarios aceptan cuando se registran, de manera que entregan a las empresas datos e información para que los empleen a su antojo. Así, mientras Facebook y Google nos brindan servicios útiles de forma «gratuita», también realizan una agresiva extracción de datos sobre nuestra información personal para venderla posteriormente. Se trata del negocio de los metadatos.
Los metadatos son un concepto asociado a la archivística y pueden definirse como «la información de la información», los datos de los datos. Sin embargo, en los últimos años, con la explosión de la sociedad de la información, el concepto metadatos ha adquirido nuevos significados. Pese a que la palabra se sigue refiriendo a «los datos de los datos», la capacidad de almacenarlos y sobre todo procesarlos ha variado tanto que administrarlos en grandes cantidades («bigdata») se ha convertido en el nuevo oro del siglo XXI.
La información que generamos cuando usamos tecnologías digitales, por ejemplo en el caso de un email o una llamada, es metadatos: el horario, la fecha en que se envió y la localización desde la que nos conectamos la última vez, entre otros. Se puede predecir con casi un 90% de probabilidad dónde vamos a estar en cada momento de cada día del próximo año. Imaginemos cuánto vale esa información para el marketing de una empresa, por ejemplo. Tanto es así que las tres empresas más grandes del mundo en 2016 (Apple, Google, Microsoft) obtuvieron la mayor parte de sus ingresos precisamente a partir del bigdata, seguidas de cerca por Facebook y Amazon (la sexta y novena mayores empresas del planeta, respectivamente).

Smart Steps es una empresa perteneciente a Telefónica que se dedica a la venta de los datos de la compañía. Si eres usuaria de Movistar, esa empresa hace negocio con tus datos. Si vas a abrir un negocio en un determinado lugar y quieres saber cuánta clientela potencial pasa al día delante de esa ubicación, Smart Stpes te puede vender los datos, incluso para que los uses a tiempo real, saber a qué hora pasa la gente, si se detiene o no a ver el anuncio de oferta que pusiste en el escaparate, etc. Se sabe dónde están las personas, pero también qué compran, qué comen, cuándo duermen, cuáles son sus amigos, sus ideas políticas, su vida social.

«Obama fue el pionero. En la campaña de 2012 invirtió mil millones de dólares, contrató a un grupo de 40 freaks a los que metió en un sótano para que extrajeran datos hasta identificar al detalle 16 millones de perfiles personales de votantes indecisos»

Este volumen de información no solo se puede destinar a los negocios, sino que tiene otros muchos usos. Obama y Trump lo utilizaron en sus campañas electorales, algo que Hillary Clinton no hizo… y perdió. Obama fue el pionero. En la campaña de 2012 invirtió mil millones de dólares, contrató a un grupo de 40 freaks a los que metió en un sótano para que extrajeran datos hasta identificar al detalle 16 millones de perfiles personales de votantes indecisos. Con ellos empezaron a generar publicidad individualizada, no solo mediante mensajes, sino mostrándoles en Facebook de manera selectiva solo aquellos compromisos de la campaña con los que estarían de acuerdo. No era propaganda de campaña, sino artículos de prensa bien elegidos que les llegaban a través de los muros de sus amigos, sin que ni siquiera fueran visibles para estos: es una práctica que cada usuario de Facebook autoriza cuando firma las condiciones de registro. Así, en 2012 Obama y su equipo inclinaron la opinión del 78% de esas personas indecisas.

«Bastan entre 100 y 250 «Me gusta» de un usuario de Facebook para predecir su orientación sexual, origen étnico, opiniones religiosas y políticas, nivel de inteligencia y de felicidad, consumo de drogas, etc.»

Trump también lo ha hecho más recientemente. Bastan entre 100 y 250 «Me gusta» de un usuario de Facebook para predecir su orientación sexual, origen étnico, opiniones religiosas y políticas, nivel de inteligencia y de felicidad, consumo de drogas, etc., según un estudio realizado en Cambridge por el investigador de origen polaco Kosinski. Con esto en mente, un empresario creó Cambridge Analytica y Trump contrató sus servicios para las elecciones. Usaron esa metodología para elaborar los perfiles de cada una de las personas que podía votar: casi 250 millones de perfiles. Obama tenía 16 millones; Trump los tenía todos.
¿Es esto legal? Y en caso afirmativo, ¿conviene que así sea, habría que regularlo de alguna manera? La realidad es que nuestros metadatos no se obtienen de manera delictiva, sino que se generan permanente y legalmente. Hoy por hoy no hay casi legislación que lo regule, y además una normativa de protección de datos personales en relación al uso o al tratamiento de la información intercambiada o compartida abre muchas grietas. Un ejemplo: Google almacena un fichero con nuestros datos de carácter personal y por tanto debe cumplir la actual legislación española de protección de datos (la LOPD). Por supuesto, es posible borrar los datos de los servidores del índice y de la caché de Google servidos por Google España si así lo solicitamos, pero, ¿qué ocurre cuando vamos a Google.com? Que tus datos siguen ahí. Y es perfectamente legal, y aun cuando no lo fuera, ¿quién litiga contra Google, qué le supondría a Google en relación a sus beneficios sino una multa por no cumplir la LOPD?
En otro de los artículos de este número de Gente Corriente revisaremos un caso reciente de intento de acceso y privatización de metadatos sobre la fiscalidad de la población en la provincia de Málaga.
Como se ha visto, todo este relato se incardina de lleno en acontecimientos que no dejan de sucederse. En esa batalla de lo viejo sobre lo nuevo parece que no se quieren entender los recientes comunes urbanos o que, precisamente porque sí se entienden, se pretenda cercarlos. Lo vimos en octubre de 2017, cuando el grupo municipal del partido Ciudadanos (con el respaldo del Partido Popular) presentó en el Pleno una moción para pedir el desalojo y la privatización en su gestión de un bien común arraigado desde hace más de una década en la ciudad, como es La Casa Invisible. La batalla por La Invisible aún está por librar y no se resolverá en el corto plazo, pese a que la suma de ambos partidos aprobara la moción. Tampoco se resolverá el conflicto histórico que estamos protagonizando y mediante el que se rearticulan los equilibrios entre los tres ejes, Mercado-Estado-Comunes, cada uno en fase de transformación a causa de los cambios en las tecnologías y las subjetividades en proceso.

Fuentes:
Pensar desde los comunes (David Bollier, 2016. Traficantes de Sueños). «Una vida que se basta a sí misma: la revancha de los “valores del sur”»  (Amador Fernández-Savater. eldiario.es, 30/7/2017). «Reapropiarse de los bienes comunes: producir movimiento, datos, norma» (Mauro Castro y Rubén Martínez Moreno, La Hidra Cooperativa. Diagonal, 6/1/2017)

Los bienes comunes y el capitalismo como desposesión: una genealogía histórica y una aproximación al caso de Málaga

Curro Machuca

La lógica de lo común

Los bienes comunes son tan antiguos como la propia humanidad. En mayor o menor medida, siempre ha existido un procomún compartido por todas las personas integrantes de una sociedad, en tanto que condición general de ventaja colectiva. Difícilmente la economía neolítica basada en la agricultura y la ganadería podría haberse expandido desde el Próximo Oriente hasta la cuenca mediterránea si los campos y pastizales no hubieran estado abiertos al uso y gestión común. Y tampoco, por cierto, a su cuidado compartido. En este sentido, puede decirse que si bien el concepto de «bien común» que hoy día manejamos, ya desde un punto de vista económico, ya desde uno filosófico, no tiene más de uno o dos siglos de recorrido, el reconocimiento de su existencia es tan remoto como esta misma. Ya en tiempos de los romanos se distinguían tres categorías de propiedad y uso diferentes respecto a los bienes: las res privatae o cosas capaces de ser poseídas por un individuo o familia; las res publicae, las cosas que pertenecen al Estado, encargado de su gestión y sobre todo su conservación; y las res communes omnium, las cosas usadas por todas las personas, en general concernientes al medio natural. Las Institutiones de Marciano, jurista romano del siglo III, incluyen entre dichas cosas comunes el aire, los ríos, el mar y hasta el litoral costero.
El valor de esta categorización de Marciano es, en realidad, más teórico que práctico, dado que en otros corpora jurídicos romanos algunas se esas cosas communes ominum se incorporan dentro de las res publicae populi Romani, es decir, correspondientes al Estado. Pero más allá de esto, hay en la distinción citada un elemento crucial: la consignación y reconocimiento explícito de que hay bienes que son propiedad de todas las personas. Esto no es baladí. Ya hemos visto en otro texto de este número de Gente Corriente que, con una diferencia retrospectiva de casi dos mil años, esto rompe la falacia de Garrett Hardin, en su artículo «La tragedia de los bienes comunes», de 1968. Según este autor, los bienes comunes no son de nadie, y ello hace que estén forzosamente destinados a su deterioro a causa de su incontrolable explotación. La solución que da es maniquea: o se convierten en propiedad privada o se les da un carácter público para restringir los derechos de uso sobre ellos.

«cuando los bienes comunes mejor se han conservado, cuando su expansión ha sido más efectiva, es en los momentos en que han sido estrictamente regulados por hábitos e instituciones sociales impuestas por la costumbre»

Hay una enorme confusión en esta idea. Cuando hablamos de derechos comunales de un recurso abierto no decimos en ningún caso que no exista una responsabilidad colectiva para con ese recurso. En tanto que los bienes comunes no pertenecen a alguien en particular, lo cual no significa lo mismo que «no son de nadie», hay una exigencia implícita de conservación, dado que también pertenecen al resto de seres vivos y a las generaciones futuras. Los caminos de la historia demuestran precisamente que cuando los bienes comunes mejor se han conservado, cuando su expansión ha sido más efectiva, es en los momentos en que han sido estrictamente regulados por hábitos e instituciones sociales impuestas por la costumbre. En cambio, su destrucción y desaparición ha tenido lugar sobre todo a causa de las privatizaciones (sustracciones al común, podríamos decir), o cuando han sido objeto de regulaciones estatales encaminadas a favorecer el interés económico de unos cuantos particulares.
Pensamos, por ejemplo, en la colonización de América, cuando la propiedad comunal de los ancestrales moradores del continente fue eliminada de un día para otro como paso previo a la apropiación jurídica de las tierras conquistadas por parte de los españoles. A comienzos del siglo XVI, mientras que Bartolomé de Las Casas reclamaba la titularidad de esas tierras, con todos sus recursos incluidos, para los indígenas con la misma entidad que los extensos comunales que aún existían en la Corona de Castilla, Francisco de Vitoria, precursor del liberalismo, sostenía que tales bienes eran carentes de propiedad (res nullius), por lo que podían ser legítimamente reclamados por los nuevos ocupantes. La América colonial, de este modo, se nos presenta como un laboratorio del incipiente capitalismo europeo: la apropiación de los bienes comunes en las Indias Occidentales precedió en trescientos años los cercamientos y desamortizaciones que experimentará el Viejo Continente desde finales del Setecientos.

No hay duda de que las res communes, los commons, el procomúm o los bienes comunes, cualquiera que sea el nombre elegido, han tenido una función social primordial en nuestras sociedades. Son base del espacio compartido, el epicentro de un modo de vida concreto, aquel que pone en el centro la colectividad y la cooperación por encima de la individualidad y la competencia. La lógica humana es inseparable de la lógica de lo común. Esta lógica no puede ser otra que una lógica de reciprocidad, de cuidados, de mutualidad. La existencia humana, como argumenta Kropotkin en El apoyo mutuo: un factor en la evolución (1902), depende siempre de la coexistencia. El mismo Darwin, aunque haya quedado sepultado bajo el mantra dominante de la «supervivencia del más fuerte», había aceptado abiertamente este principio promulgado por su homólogo ruso (ambos eran naturalistas y etólogos) dentro de su concepción evolucionista. Esto no equivale a otra cosa que a la ya escrita por Aristóteles cuando señaló que el ser humano era un «animal social» (ζῷον πoλιτικόν). Es decir, el hecho humano es consustancial al hecho social, a la sociedad. A pesar de todo ello, desde el surgimiento del capitalismo, no han sido tampoco pocas las personas que, hablando de bienes comunes, han declarado «esto es mío». De ahí, a la actualidad.
En opinión de David Bollier, los mercados jamás habían controlado tantos elementos fundamentales de nuestra sociedad como ahora, lo que equivale a decir que nunca antes en la historia los bienes comunes habían corrido tanto peligro (Pensar desde los comunes. Madrid, 2016: Traficantes de Sueños.). El verso «buenas vallas hacen buenos amigos», del poema «Mending Wall» (1914), del estadounidense Robert Frost, alcanza así todo su sentido hoy día, cuando nos encontramos inmersos en el sueño neoliberal de la propiedad privada, de los máximos beneficios, de la excelencia, del esfuerzo, de la competitividad y de la quimérica igualdad de oportunidades.

«la autonomía y gestión ancestral de los bienes comunales de los pueblos europeos ha sido una de las principales diana de ataque del Estado moderno y luego, ya sin empaques, del Estado-nación contemporáneo»

Historiadores críticos, como E. P. Thompson y Silvia Federici, bebiendo del materialismo histórico más heterodoxo, han demostrado en las últimas décadas que la existencia de bienes comunes difícilmente casa con la realidad material y cultural de una sociedad regida por las normas de la economía capitalista. No es casualidad que la mayor metáfora del capitalismo industrial británico de los siglos XVIII-XIX sean los enclosures, los cercamientos de fincas y su privatización, mencionados al inicio de este Gente Corriente. La tierra, no lo olvidemos, era en estos momentos uno de los tres factores de producción básicos junto al capital y el trabajo, además de una de las principales fuentes de renta. Hacerse con ella era un paso indispensable para la expansión capitalista. Es por ello, en definitiva, que la autonomía y gestión ancestral de los bienes comunales de los pueblos europeos ha sido una de las principales diana de ataque del Estado moderno y luego, ya sin empaques, del Estado-nación contemporáneo. Hagamos un breve repaso de ello, sin entrar en los casos más contemporáneos, ya analizados en este monográfico por Juan Díaz Ramos.

La historia olvidada de los bienes comunes

A grandes rasgos, tras la disolución del Imperio romano de Occidente, la Europa altomedieval de los siglos V-IX experimenta un proceso de ruralización. Las antiguas y lujosas villae romanas acaban convirtiéndose en villae autárquicas, caracterizadas por ser económicamente autosuficientes. La decadencia de la vida urbana, por su parte, desembocará en la aparición de un nuevo tipo de hábitat, las pequeñas aldeas, que coexisten con las grandes propiedades señoriales que acabamos de citar, sostenidas por los siervos, que eran libres, aunque se encontraban jurídicamente vinculados a la tierra. Aquí se encuentra el origen del sistema feudal, que se consolida en los siglos XI-XII y llegará a subsistir con distinta intensidad en buena parte del continente hasta el siglo XIX. En este contexto, gran parte de la tierra quedará marcada desde un punto de vista jurídico no solo en cuanto a su propiedad, sino también en cuanto a su uso, las costumbres y el trabajo.
Al margen de los señoríos y los realengos, que pertenecían por derecho, como su nombre indica, a los señores y reyes, los pequeños núcleos de población contarán para el sostenimiento de sus gentes con bienes comunales propios, tales como montes y masas forestales, así como también con campos para el cultivo. Existía, respecto a ellos, un régimen de cosecha regulado: había lotes de tierra para la siembra de verano, otros para la siembra de invierno. La comunidad vigilaba que dicho régimen se cumpliera, lo que de nuevo rompe con la aseveración de Hardin. Los comuneros, a través del concejo (equivalente, salvando las distancias, a los Ayuntamientos modernos), se fijaban acuerdos para recolectar conjuntamente o enviar a pastar al mismo tiempo al ganado. Igual sucedía con la tala y recogida de leña. Es decir, en torno al uso del recurso, y desde la comunidad, se definían las normas de utilización del bien comunal.
Si damos un salto adelante, podemos ver que la historia de los cercamientos rurales en la Inglaterra de los siglos XVII, XVIII y XIX, en paralelo a la génesis y desarrollo de la Revolución Industrial, muestra bien que dicho proceso de contención no solo buscaba la destrucción económica de esa comunidad aludida, mediante la universalización de la propiedad privada individual, sino también el propósito de cercenar su capacidad de gestión colectiva de los recursos, así como de hacer desaparecer sus valores e instituciones ancestrales. Son numerosos los ejemplos que evidencian que la construcción del poder político moderno, que culmina con el triunfo del liberalismo burgués en el siglo XIX, está intrínsecamente unida a la enajenación y sustracción de los bienes comunes. Pero volvamos a la Edad Media, dado que ya tempranamente, en el siglo XIII, estos ataques intentaron contrarrestarse con una serie de regulaciones emanadas del poder real, garante todavía, en un contexto feudal, de los derechos consuetudinarios de campesinos, aldeas y ciudades frente a los intereses nobiliarios.
Entre estas regulaciones destacan la Carta del Bosque y la Carta Magna, en Inglaterra (1215), o Las Siete Partidas de Alfonso X, en Castilla (1256). Tomemos como ejemplo el caso inglés. Durante el reinado de Juan I, el llamado «sin Tierra», el sustento básico de los sectores populares estaba en peligro: cada vez eran más las dificultades a las que tenían que hacer frente para obtener comida, leña y materiales de construcción de los bosques, en muchos casos por acción del propio monarca inglés y sus antecesores, que no dejaban de ser señores feudales con intereses propios. El ganado no podía vagar por los bosques, ni los cerdos alimentarse de bellotas. Cuenta el historiador británico Peter Linebaugh en su obra El Manifiesto de la Carta Magna, publicado en castellano en 2013, que tras una revuelta el rey se vio obligado a poner por escrito una serie de derechos para sus súbditos, como el derecho a juicio justo o a la subsistencia. La Carta del Bosque es, desde su punto de vista, la primera carta de derechos en relación con los bienes comunes, mientras que la Carta Magna sería su equivalente respecto a los derechos civiles. Los 16 artículos que componen la primera, hoy prácticamente desconocida, regulaban los bienes comunales de carácter forestal, permitiendo, por ejemplo, el derecho de pannage, es decir, el derecho a que los cerdos se alimentaran en la foresta de propiedad real, o el derecho de turbary, la extracción de turba para combustible.
Esta historia muestra que el derecho comunal es un tipo de derecho distinto al que hoy impera de manera general. Su origen es la experiencia colectiva de las personas. Es un derecho igualitario que sobrepasa los objetivos económicos y la autoridad estatal o de cualquier corporación. Linebaugh lo expresa así:

(…) los derechos comunales difieren de los derechos humanos. En primer lugar, los derechos comunales están inscritos en una ecología particular (…). Los comuneros piensan antes, no en los títulos de propiedad, sino en las acciones humanas: ¿cómo se labrará esta tierra? ¿necesita abono? ¿qué es lo que crece aquí? Comienzan por explorar (…). En segundo lugar, la comunalización se basa en un proceso de trabajo, resulta inherente a la propia praxis del campo, de las tierras altas, del bosque, de la marisma y de la costa. Uno adquiere derechos comunales gracias a su trabajo. En tercer lugar, la comunalización es colectiva. En cuarto lugar, al ser independiente del Estado, la comunalización también es independiente de la temporalidad de la ley y del propio Estado. La Carta Magna no es una lista de derechos, garantiza perpetuidades. Se inscribe profundamente en la historia humana. (Linebaugh, Peter. 2013: El Manifiesto de la Carta Magna: comunes y libertades para el pueblo. Madrid: Traficantes de Sueños).

Sea como fuere, a partir de la Edad Moderna el conflicto entre los bienes comunes y su usurpación se hará cada vez más latente, en paralelo al reforzamiento del poder político de los reyes, con una dimensión estatal paulatatinamente más totalizadora. Pero será, finalmente, la ofensiva burguesa y el desarrollo durante la Ilustración de tesis económicas como la fisiocracia y el liberalismo lo que origine que las situaciones de desposesión que se dan tanto en el mundo rural como en los contextos urbanos (eliminación de los «propios», privatizaciones y cercamientos, desamortizaciones, abolición de derechos de uso, etc.) consigan desmantelar por completo las atávicas condiciones que hacían practicable la vida de amplios sectores sociales. Se generó así un total desequilibrio de poderes, como también un distanciamiento abismal entre las formas de vida de las dos principales clases sociales que se consolidan a partir del Ochocientos, el proletariado y la burguesía. Es ahora, igualmente, cuando surge el individuo como concepto y también como principal sujeto receptor de derechos. Se trata de un sujeto que no forma parte ya de la colectividad, que comienza a perder su naturaleza en cuanto a organismo social en sí, pasando a un segundo plano dentro de un mundo en que busca, simplemente, y cada uno por su cuenta, un salario y prosperidad material. De aquí al «Y, sabe usted, no hay tal cosa como la sociedad. Hay individuos, hombres y mujeres, y hay familias» de Margaret Thatcher solo hay un paso.

«la historia del capitalismo es, sin duda, una historia de desposesión continua, una permanente historia de extracción de todo lo que se ha producido o produce colectivamente»

Si hay algo que todo esto deja claro es que la historia del capitalismo es, sin duda, una historia de desposesión continua, una permanente historia de extracción de todo lo que se ha producido o produce colectivamente. En la base de este modelo injusto está lo que Marx denominó «acumulación originaria», que hace justamente referencia a ese salvaje proceso que dejó al campesinado sin sus tierras comunales. Por su parte, la historiadora y militante feminista Silvia Federici sitúa como elemento constitutivo de tal proceso la persecución y quema de «brujas». Anular a la mujer, normativizar su cuerpo y usurpar sus modos de existencia, por cuanto que las invisibilizaba y recluía en el hogar, era un paso necesario para derrotar todas las herejías heterodoxas y movimientos campesinos y urbanos que, como el liderado por el clérigo alemán Thomas Münzer en 1524-1525 bajo el lema de «Omnia Sunt Communia» o el de los diggers ingleses durante el mandato de Cromwell, reivindicaban y ponían en prácticas distintos experimentos de vida comunal y reparto de la riqueza.
La experiencia de Münzer y los campesinos alemanes del siglo XVI se nos revela, en este punto, de las más interesantes, porque introduce el vector herético imbricado con la defensa y extensión de los bienes comunes. La propuesta igualitarista de Münzer confrontaba, como otras herejías previas y contemporáneas, la homogenización ideológica del cristianismo católico que se convierte en hegemónico tras el Concilio de Nicea (325), pero al tiempo volvía a traer a la palestra lo que se supone era el proyecto original cristiano, esto es, la fundación de comunidades al margen del Estado y basadas en una convivencia distinta al principio del poder. El hereje alemán hablará del «reino de Dios», pero era este un reino sin propiedad privada y sin poder estatal independiente a la comunidad. Por el contrario, como hoy bien sabemos, la acción principal del libre mercado tiende siempre a acabar con los vínculos sociales, haciendo desaparecer la organicidad entre personas, sociedad y bienes comunes. Estos, dentro del capitalismo, no son más que mercancías cuyo valor es igual a su precio.
Durante el siglo XIX, así las cosas, la propiedad privada y la capitalización de la economía pasaron a ser el mejor reflejo de esas expropiaciones y sustracciones generalizadas, desposesiones comunales al fin y al cabo, causantes de la pésimas condiciones de vida que han tenido que afrontar amplios sectores populares desde entonces. Es Kropotkin, de nuevo, quien acabó postulando la famosa tesis del «derecho al bienestar», vinculada directamente con la reapropiación de los comunes:

¡Todo es de todos! Y con tal que el hombre y la mujer contribuyan con su cuota individual de trabajo, tienen derecho a una cuota de todo lo que será producido por todos (…). Basta ya de formulaciones ambiguas, tales como «el derecho al trabajo», o «a cada uno el producto íntegro de su trabajo». Lo que nosotros proclamamos es el DERECHO AL BIENESTAR, EL BIENESTAR PARA TODOS (…). No derrochar nada, organizarse rápidamente para llenar los vacíos, hacer frente a todas las necesidades, satisfacerlas todas; producir, no ya para dar beneficios, sea a quien fuere, sino para hacer que viva y se desarrolle la sociedad (…). El derecho al bienestar es la revolución social; el derecho al trabajo, a lo sumo, un presidio industrial. Ya es tiempo de que el trabajador proclame su derecho a la herencia común y que tome posesión de esta (La conquista del pan, 1892).

Fruto de formulaciones como esta, habrá a lo largo de toda la centuria decimonónica, y también en el siglo XX, líneas de fuga, movimientos y quiebros que intentaron volver a poner lo común en el centro de la vida. De esta forma, circunscribiéndonos solo a la tradición revolucionaria occidental, es necesario citar mínimamente tres experiencias clásicas relacionadas con esta idea. Son la Comuna de París (1871), los primeros soviets de la Revolución rusa (1917-1921) y las colectivizaciones agrarias en Cataluña y Aragón durante la guerra civil (1936-1937).

«durante el 15M las plazas de nuestras ciudades pasaron de ser un espacio público a un bien común en el mismo instante en que las personas se empezaron a reunir en ellas para debatir, expresarse y reivindicar»

La primera de estas tres experiencias puso en el foco de atención, al menos teóricamente debido a su carácter efímero, sobre el hecho de que en lo urbano también hay espacios y bienes comunes que atender, materiales e inmateriales, en su mayoría apropiados por manos ajenas, públicas y privadas. No solo me refiero a la famosa imposición de una moratoria a los alquileres, sino también, y sobre todo, a la reivindicación de los trabajadores y las trabajadoras de poseer e intervenir en la ciudad que colectivamente estaban produciendo. Esto es lo que hoy llamamos «derecho a la ciudad», que no es otra cosa que entender el propio espacio urbano como un común, como un elemento básico de reproducción de vida, en la línea de lo que han sostenido H. Lefebvre y más recientemente D. Harvey. La ciudad, desde esta perspectiva, se convierte en un bien común en el momento que las fuerzas sociales hacen uso de ella interviniendo en su configuración, protegiéndola y expandiéndola para el uso colectivo y el beneficio mutuo. Esto nos debería sonar: durante el 15M las plazas de nuestras ciudades pasaron de ser un espacio público a un bien común en el mismo instante en que las personas se empezaron a reunir en ellas para debatir, expresarse y reivindicar.
La segunda de las experiencias citadas, la de los soviets, es más conocida, pero en su declinación exclusivamente bolchevique. Son estos, paradójicamente, los que terminarán con la revolución en una suerte de reacción termidoriana al hacerse con su control absoluto en un intento de salvaguardarla a partir de 1921. Para ello, reprimieron ferozmente levantamientos populares como el de los marinos de Kronstadt o el impulsado por Majnó, y acompañaron el proceso de una fuerte burocratización y un profundo centralismo que acabó con el poder de las asambleas obreras.
Finalmente, el tercero de los casos mencionados, atacará justamente a lo que, según el entender del movimiento obrero, era el origen de sus penurias: la propiedad privada de los medios de producción, en tanto que esta no era sino el reflejo más evidente de esas usurpaciones generalizadas y multiseculares de los bienes comunes que habían permitido la sostenibilidad de las comunidades populares desde tiempos inmemoriales. Fue así cómo, en paralelo a la colectivización de las tierras pertenecientes a los pueblos del Aragón oriental que las milicias de CNT iban recuperando a los sublevados del bando franquista, en ciudades como Barcelona se nacionalizaron, usando el término de la época, sectores básicos para la economía y la subsistencia, como los transportes, el abastecimiento, las comunicaciones o la energía. Se llegó a crear un comité de espectáculos, que gestionaba cines, teatros y salas de variedades.

Las desamortizaciones. Málaga (otra vez) como paradigma

La ofensiva liberal y capitalista contra los bienes comunes tiene, como hemos visto, su auge en el siglo XIX. La tierra es puesta a disposición completa de la producción. En España este proceso comienza tempranamente, durante la ocupación francesa del solar ibérico (1808-1814), aunque no estará exento de problemas. Es imposible hablar de una consolidación definitiva del sistema liberal hasta como mínimo la Revolución Gloriosa de 1868, tras dos guerras carlistas. Aún habrá tiempo para una tercera, aunque con una intensidad ya menor.
Las Cortes reunidas en Cádiz, además de aprobar la conocida Constitución de 1812, también acordaron una serie de decretos desde el mismo momento de su formación, en 1810, con el objetivo de encauzar la vida política, económica y social del país dentro del nuevo contexto que se abrió en la Europa occidental tras la Revolución francesa. Así, se abolieron los señoríos, se aprobó una desamortización de los llamados «bienes de propios» y los baldíos, pertenecientes a los municipios, se eliminaron los mayorazgos, con la declaración de la propiedad libre, y se suprimieron los gremios. Con la vuelta del absolutismo de Fernando VII todo ello queda en suspensión
Sin embargo, a su muerte en 1833, durante la regencia de su esposa María Cristina y posteriormente la del general Espartero, héroe nacional y auténtico vencedor de la Primera Guerra Carlista, los liberales tomarán de forma definitiva el poder político, pudiendo llevar a la práctica todas estas iniciativas, de manera efectiva, especialmente durante los años de gobierno progresista (1836-1837 y 1840-1843). De entre todas las medidas de implantación del liberalismo y generalización del régimen de propiedad privada (por tanto, contrarias al mantenimiento de la ancestral propiedad comunal), destacan muy por encima del resto las denominadas «desamortizaciones».
El término «desamortización» hace referencia al proceso de liberalización o puesta en circulación de millones de hectáreas de tierra y miles de fincas urbanas que hasta estos momentos estaban en «manos muertas» (bienes eclesiásticos que no podían ser vendidos y únicamente servían, por lo general, para el sostenimiento y manutención del clero), así como también de los baldíos y tierras comunales de los municipios, complemento imprescindible para la precarizada economía campesina y popular. De esta manera, a través de los dos grandes procesos desamortizadores que se dieron en España, esto es, la desamortización eclesiástica de Mendizábal (1836) y la desamortización civil de Madoz (1855), se convirtieron en bienes nacionales un sinfín de propiedades que hasta entonces habían constituido el patrimonio amortizado (sustraído del libre mercado) de diversas entidades civiles y eclesiásticas con el objetivo de enajenarlos inmediatamente en favor de los ciudadanos individuales. La desamortización pretendió la formación de una propiedad coherente con el liberalismo: una propiedad libre, plena e individual.

«La desamortización pretendió la formación de una propiedad coherente con el liberalismo: una propiedad libre, plena e individual»

A partir de los datos con los que contamos, entre las dos desamortizaciones citadas se ha calculado que se pusieron en circulación aproximadamente 10.000.000 ha de cultivo, el 20% de la superficie del país. Ahora bien, los únicos que se beneficiaron del proceso desamortizador (realizado mediante venta en subasta pública) fueron los miembros de la alta burguesía mercantil y financiera, así como la antigua aristocracia. Frente a esta pequeña clase dirigente encontramos a una ingente masa campesina, en muchos casos expulsada de sus tierras; a los pequeños propietarios, empobrecidos por no poder competir con los grandes terratenientes; a los sectores populares urbanos y artesanales, afectados por la disolución de la estructura gremial; y a los incipientes obreros industriales, concentrados en Barcelona, Málaga y, en menor medida, en Sevilla.
Centrándonos ya precisamente en Málaga, según lo recogido en los trabajos del historiador Manuel Morales Muñoz1, de las 145.000 mil ha de monte que poseían los pueblos malagueños se clasificaron como desamortizables más de 120.000, lo que supuso la liquidación casi total del patrimonio municipal de la provincia. La capital malagueña puso en venta la gran mayoría de sus bienes y propiedades antes de la desamortización de Madoz. En cuanto a la Iglesia, que contaba alrededor de 1.500 fincas en los primeros años del siglo XIX, es destacable apuntar que en el año 1845 ya se habían vendido el 60% de sus bienes y el resto se liquidó rápidamente en los años sucesivos.

«Lorenzo Sandoval configuró el nuevo eje urbano de Málaga, vertebrado por la Alameda Principal, precisamente el lugar donde estos burgueses levantaran sus viviendas y desde donde dirigirán la vida política y económica de la ciudad»

Uno de los grandes beneficiarios fue Manuel Agustín Heredia, quien en 1815 se hizo con la mitad de la propiedad del Castillo de San Lorenzo, pagando por ello en subasta pública casi cien mil reales. Quince años después, entre 1831 y 1833, siendo concejal del Ayuntamiento de Málaga, participará personalmente en las principales operaciones urbanísticas que son llevadas a cabo por la corporación municipal. En el año 1846 poseía ya 25 fincas urbanas, todas ellas procedentes de la venta de bienes nacionales desamortizados, como la antigua cárcel municipal, en la actual plaza de la Constitución. Curiosamente, la otra parte del Castillo de San Lorenzo la compró Lorenzo Sandoval, otro burgués que salió muy bien parado de la desamortización. A partir de 1830 se convierte, junto con Heredia, en el principal promotor inmobiliario de la ciudad, lo que compagina con su actividad mercantil. Puede decirse que Lorenzo Sandoval configuró el nuevo eje urbano de Málaga, vertebrado por la Alameda Principal, precisamente el lugar donde estos burgueses levantaran sus viviendas y desde donde dirigirán la vida política y económica de la ciudad.
Otro destacado integrante de la burguesía malagueña, posiblemente el que más junto con el arriba mencionado Heredia, fue Martín Larios Herrero, primer marqués del mismo nombre en 1865, diputado y senador. Respecto a lo que nos interesa, cabe señalar que compró varios terrenos a lo largo de la Alameda. Su adquisición más famosa fue la del solar perteneciente al extinto monasterio de San Pedro Alcántara, sito donde hoy se alza la plaza homónima. Aquí construyó un buen número de viviendas, en una clara muestra de hacia dónde dirigían ya sus miras económicas estos «notables» malagueños. Su contribución anual urbana era en 1858 superior a los 20.000 reales. Fue, por otra parte, presidente de la Junta de comercio en 1835, y responsable de la extensión del cultivo de la caña de azúcar por el zona oriental de la provincia.
Hombre de negocios prominente fue también Francisco Reboul Sobrino, que, a diferencia de los anteriormente citados, era de ideología progresista. Compró en 1841, siendo concejal, el Jardín de aclimatación municipal, en las inmediaciones de la actual calle Héroe de Sostoa, por 5.600 reales, revendiéndolo cuatro años después por 12.000l a un tal Gabriel García. Es posible que este personaje, abogado de profesión, no fuera más que un testaferro de Reboul, ya que no pertenecía a la burguesía malagueña y no tardó en volver a vender dicha propiedad a la familia Larios. Esta operación urbanística es una clara muestra de la enorme especulación de la época.
Un personaje menos conocido, pero que también se benefició mucho del proceso desamortizador, fue el concejal moderado y abogado Ventura Moraga Sánchez del Castillo, quien compró hacia mediados del siglo XIX por 80.000 reales bienes pertenecientes a la orden de San Felipe Neri, que se había visto tremendamente afectada por la desamortización de Mendizábal.
Carlos Larios Martínez, sobrino del ya citado Martín Larios Herrero, será igualmente un destacado empresario, puesto que era propietario de La Aurora, la segunda gran empresa textil de Málaga tras Industria Malagueña S. A., de su tío, como se vio en el anterior número de Gente Corriente. Fue concejal por los moderados desde el año 1855 a 1867. Entre otras propiedades, adquirió en 1860 dos solares, pertenecientes al Estado, al sur de la Alameda, por más de 260.000 reales y también fincas agrarias procedentes de la venta de bienes eclesiásticos.
Este breve repaso al empresariado de la Málaga del Ochocientos, en definitiva, nos permite observar cómo la alta burguesía mercantil, industrial y financiera y los altos cargos públicos, no solo de la capital, sino de todo la provincia, concentran en sus manos la mayor parte de la propiedad de la tierra cultivable y edificable. Es una tierra que, en mayor o menor medida, antes había sido comunal, para el disfrute y sostén de todas las personas, pero que a partir de estos años de liberalismo incipiente se convertirá en una mercancía más de carácter individual y libre para especular con ella.

1 Morales Muñoz, Manuel (2005): «¡La burguesía al poder!: de la quiebra del Antiguo Régimen a la Gloriosa». En El Primer Liberalismo en Andalucía (1808-1868): política, economía y sociabilidad, editado por Diego Caro, 157-206. Cádiz: Universidad.

Espectáculos Mundo o el monopolio de los eventos municipales

La falta de fiscalización de la oposición permite que desde hace décadas el Ayuntamiento y la Diputación provincial fuercen la ley para contratar millones de euros anuales con una sola empresa de eventos: Espectáculos Mundo y su entramado de filiales.

Dos décadas de gobierno del Partido Popular en la ciudad de Málaga han conformado una red clientelar que en algunos casos apunta directamente a la apropiación del común. Lo estamos viendo en este número de Gente Corriente al analizar servicios y equipamientos básicos, como instalaciones deportivas o la limpieza de la ciudad, los solares y edificios cedidos a cofradías, el suelo público entregado a promotores turísticos de lujo, como la Torre del Puerto y, en el caso que nos atañe, la contratación de eventos municipales.
En diciembre de 2017 el grupo municipal Málaga Ahora hacía público un enjundioso informe, que seguiremos en este artículo. En él se analizaban, para el período de 2011 hasta la actualidad, los mecanismos que han permitido al grupo empresarial Espectáculos Mundo hacerse con la mayor parte, de manera abrumadora, de las contrataciones para la organización de eventos municipales y provinciales de todo tipo: desde el alquiler de sillas durante el paso de las procesiones hasta la gestión de conciertos en la Feria o derechos televisivos para diferentes campañas, pasando por las cabalgatas de reyes, por ejemplo. Podríamos enumerar muchos más: conciertos en el coso de La Malagueta, vallado de cualquier evento en el centro, escenarios callejeros del Festival de Cine, pasacalles de Carnaval, actividades en la Noche en Blanco, etc.

«las contrataciones para organizar eventos municipales y provinciales que recaen en Espectáculos Mundo atienden a un modelo de corrupción de la cosa pública que logra enmascararse en una apariencia de legalidad fácilmente desmontable»

Cuando se mira en detalle, descubrimos que las torceduras a las que se ha sometido la ley, hasta límites inauditos que incluyen pliegos de condiciones a medidas para esta empresa, han derivado en que prácticamente ninguna otra pueda acceder a este tipo de contrataciones millonarias. La conclusión es palmaria: las contrataciones para organizar eventos municipales y provinciales que recaen en Espectáculos Mundo atienden a un modelo de corrupción de la cosa pública que logra enmascararse en una apariencia de legalidad fácilmente desmontable. Es lo que haremos a continuación.

Millones de euros al año a  Espectáculos Mundo… pero con otro nombre

Espectáculos Mundo, o Mundo Management, como consta en los registros, es una empresa malagueña fundada en los años cincuenta por Antonio Rodríguez para la promoción de artistas y organización de eventos, hoy día a cargo de sus hijos. Es de lejos la empresa de su sector a la que más contrataciones adjudica el Ayuntamiento de Málaga (ninguna otra del ramo ha superado nunca los 300.000 euros). Si de media Mundo Management y sus empresas vinculadas facturan al Ayuntamiento, impuestos incluidos, un millón de euros anuales desde 2011 (período que abarca el análisis de Málaga Ahora), en los ejercicios anteriores, antes de que comenzaran a filtrarse irregularidades, esa cantidad se podía duplicar sobradamente.

«la Diputación provincial tiene un contrato de casi 4 millones de euros (IVA incluido) para una única contratación de tres años con Mundo Management»

A todo ello hay que sumar contrataciones similares a cargo de la Diputación provincial, por no mencionar las de otros municipios de la provincia. Por ejemplo, la Diputación provincial tiene un contrato de casi 4 millones de euros (IVA incluido) para una única contratación de tres años con Mundo Management. Por añadidura, se trata de una contratación realizada mediante un mecanismo harto irregular, como es el reconocimiento de que la empresa ha competido con el resto a través de una oferta «anormalmente» barata, según figura en la documentación oficial. En otras palabras, se admite que se trata de una oferta irreal, peo no se exige que la empresa justifique cómo va a cubrir con semejante presupuesto «anormalmente» bajo los requisitos exigidos para «los eventos promocionales de Sabor a Málaga [una de las campañas estrella de la Diputación] durante el período 2017-2019».
Espectáculos Mundo controla directamente o participa en numerosas empresas, entre las que 101TV es una de las más conocidas, pero el entramado es mucho más variado, como se aprecia en el gráfico de la izquierda. A varias de ellas el Ayuntamiento adjudica contrataciones que, de manera oficial, no constan como Mundo Management.
Uno de los mecanismos habituales para ello son los contratos menores: contratos inferiores a 18.000 euros (cerca de 22.000 euros con el IVA) que la ley permite adjudicar de modo directo, sin concurso. Llama la atención que en muchos casos nos encontremos contrataciones diferentes referidas a un único evento, pero desglosadas de tal manera que no superen ese tope económico legal. Es lo que suele ocurrir en las Ferias de los distritos.
En algunos casos los subterfugios resultan incluso ingeniosos. Así, la Feria de San Isidro en 2013 se desgaja en contratos menores, lo que permite la adjudicación directa, que se siempre recae en empresas de Espectáculos Mundo. Más adelante, en nuevas ediciones del mismo evento, se vuelve a la contratación mayor, pero ahora en la modalidad de negociado en exclusiva (esto es, de nuevo sin concurso), que se justifica, precisamente, por su experiencia en ediciones anteriores.
De los contratos adjudicados por el Ayuntamiento a esta empresa la mayoría se valen de esta modalidad de negociado sin publicidad en exclusiva. Pongamos como ejemplo el año 2016: de cinco contratos mayores adjudicados a Espectáculos Mundo solo dos fueron abiertos, y en uno de ellos (actuaciones de la Feria) no había más licitadora. Los otros tres fueron negociados sin publicidad, procedimiento cuestionado por la Unión Europea, puesto que, de acuerdo a la legislación, debe usarse solo en condiciones muy excepcionales, y no como norma.

«con la Ley actual de contratación pública buena parte de estas prácticas no deberían tener lugar»

De hecho, con la Ley actual de contratación pública buena parte de estas prácticas no deberían tener lugar. El Ayuntamiento de Málaga, a veces de manera más burda y otras más sutil, ha logrado a lo largo de dos décadas manipularla por diferentes vías, que a aquí repasamos someramente.

Contratos a medida

Hay un evidente trato de favor en la relación del Ayuntamiento con Mundo Management que se traduce, por ejemplo, en la redacción de pliegos de condiciones a medida. Los pliegos de condiciones recogen las particularidades que debe reunir cualquier empresa según el tipo de contrato al que pretenda concurrir. En el caso de Málaga, algunos están redactados con tal grado de detalle que en la práctica solo pueda obtenerlos Mundo Management, hasta el punto de que es lícito preguntarse si la propia empresa no ha participado en su elaboración. Para ello, previamente debería contar con información privilegiada y proporcionada con suficiente antelación por el gobierno municipal, de manera que a todas luces se rompe el principio de libre concurrencia.
El ejemplo más llamativo lo encontramos en la Cabalgata de Reyes, que suele rondar entre 300.000 y 500.000 euros, más un sinfín de otros contratos aledaños, desde la compra de caramelos hasta, por llamativo que resulte, el transporte de las propias carrozas, que igualmente recae en Espectáculos Mundo a través de contratos menores con sus filiales. Hasta 2018, tradicionalmente la Cabalgata se ha adjudicado de modo directo a Espectáculo Mundo, a pesar de que la exclusividad de este tipo de contratos requiere una estricta justificación. Así, sin ir más lejos, en el pliego de condiciones técnicas de la Cabalgata de 2017 encontramos que se especificaban las balizas de seguridad que deben llevar las carrozas. El grado de detalle con el que se describían estas balizas, hasta exigir unas en concreto y no cualquiera que cumpliera la normativas vigente, hacía que coincidieran exactamente con las que proporcionaba Espectáculos Mundo. ¿Permite esto la ley? No.

En el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público leemos que «las especificaciones técnicas no podrán mencionar una fabricación o una procedencia determinada o un procedimiento concreto, ni hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos». En cuanto a la posibilidad, habida cuenta del grado de detalle, de que la empresa en cuestión haya participado en la elaboración de los pliegos, la misma ley dicta, en su artículo 56 que: «[…] no podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras».
Por si fuera poco, el pliego no habla de grupos de animación en general o incluso especializados en este tipo de eventos, sino que de manera harto irregular menciona específicamente y con sus correspondientes nombres a los de la empresa alicantina Malaka kids, una de las habituales en las subcontrataciones de Espectáculos Mundo.

Subvenciones falsas

Por otro lado, resulta excesivo el empleo que hace el Ayuntamiento de modalidades de contratación no acordes con el objeto a contratar, como son los negociados sin publicidad, exclusividad y, especialmente, convenios de colaboración, que sistemáticamente favorecen a esta empresa (en 2011 con un pico de más de 172.000 euros). Los llamados «convenios de colaboración», de hecho, son una modalidad harto peculiar, como describiremos, que en Málaga se han utilizado sobre todo en la organización de los conciertos estivales englobados como Serenatas de la luna joven, habitualmente a cargo de Espectáculos Mundo, excepto en una llamativa ocasión, que también explicaremos.
Con anterioridad a la normativa actual para este tipo de contratos, la Ley 40/2015, esta modalidad de relación entre la administración y entidades privadas no tenía una legislación específica, lo que provocaba numerosas lagunas legales en su aplicación. Semejante situación derivó en un informe de 2010 del Tribunal de Cuentas que determinaba que esta modalidad no ofrecía «garantías de un correcto empleo de los fondos». Fue precisamente en 2015, el año en que entra en vigor la nueva ley, el único en que la Serenata de la luna joven no se organizó con Espectáculos Mundo. Por otro lado, en el caso de estas Serenatas de la luna joven ni siquiera se define cuál debe ser la cuantía que aporte el Ayuntamiento, lo que a la postre resulta bastante aleatorio, según las ediciones. Así, bajo este paraguas el Ayuntamiento de Málaga ha desviado dinero público para eventos privados organizados, nuevamente, por Espectáculos Mundo.
El mecanismo, siempre contando con la falta de fiscalización de la oposición, es sencillo: Espectáculos Mundo organiza por su cuenta algún concierto de carácter estrictamente privado; posteriormente, aunque el concierto ni siquiera tenga lugar en verano, el Ayuntamiento lo incluye como parte de las «Serenatas», y gracias al convenio de colaboración para ese ciclo inyecta a Espectáculos Mundo una subvención que ya no sería tal, sino pura y llanamente desvío de dinero público a un particular.
Es lo que ocurrió para el concierto de los cantantes Dani Martín y Manuel Carrasco, el 13 y 20 de diciembre de 2013, respectivamente. Este caso en particular es tan escandaloso como que el convenio entre el Ayuntamiento y Espectáculos Mundo (11.000 euros) se firmó el mismo día del primer concierto, cuando evidentemente en toda la cartelería y la promoción no figuraba que se tratara de parte del ciclo Serenatas de la luna joven (rebautizadas en el convenio como «Serenatas Navidad Joven»), porque de hecho no lo era. Es una práctica que se ha repetido con otros eventos organizados por Espectáculos Mundo, como el 101 Sun Festival de julio de 2014 (15.000 euros).

Eventos municipales solo con los artistas que representa Espectáculos Mundo

El Grupo Mundo es también una agencia de contratación de artistas. De hecho, en muchos casos la exclusividad de los contratos con el Ayuntamiento se justifica en que, supuestamente, es esta empresa la que cuenta en con los derechos de representación de los artistas pretendidos. ¿Cómo consigue Espectáculos Mundo la representación en exclusiva de tantos artistas, algunos de proyección internacional, como Bustamente? En la mayoría de los casos el Ayuntamiento publica un concurso para organizar en una fecha concreta un concierto con un artista específico, con el que casualmente Espectáculos Mundo ha suscrito con anterioridad un contrato de representación solo para el día del evento. Esto únicamente es posible mediante el tráfico de información privilegiada. ¿Algún ejemplo de esta práctica habitual?
En abril de 2016 el Ayuntamiento de Málaga adjudicó 31.000 euros (impuestos incluidos) al Grupo Mundo para producir en mayo las actuaciones artísticas de la Feria de Churriana, de nuevo negociado sin publicidad y en exclusividad. El Gobierno municipal justificó la exclusividad en que supuestamente solo esta promotora contaba con los derechos de los artistas, un trío de cómicos encabezados por Manolo Sarriá. Tal y como se supo después, debido a la filtración de documentos a algunos medios, la representación de Espectáculos Mundo con los artistas se reducía a 24 horas, que casualmente coincidían con el día que tenían que actuar en Málaga. Esos documentos de representación habían sido firmados un mes antes de la adjudicación de estas actuaciones a Espectáculos Mundo.

«Espectáculos Mundo miente sobre los cachés que realmente cobran los artistas, en virtud de los cuales infla la factura que presenta al Ayuntamiento, y que este paga sin rechistar, pese que ya es público el engaño»

Por si fuera poco, sabemos también que Espectáculos Mundo miente sobre los cachés que realmente cobran los artistas, en virtud de los cuales infla la factura que presenta al Ayuntamiento, y que este paga sin rechistar, pese que ya es público el engaño. En septiembre de 2017 la prensa recogió un comunicado de Javier Ojeda, líder del grupo Danza Invisible, en el que afirmaba que el caché que Espectáculos Mundo aseguraba haber pagado a su grupo en la Feria de Málaga de agosto (según la documentación que Málaga Ahora había hecho pública unas semanas antes) era muy inferior al real. En lugar de los 11.000 euros sin impuestos que figuraban en la documentación municipal, el grupo solo había percibido 6.500. Luego se supo que era una práctica habitual.
Espectáculos Mundo (la única empresa que concurrió) había facturado al Ayuntamiento cerca de medio millón de euros (unos 395.000 sin IVA) justificados en diferentes partidas. Una de ellas, precisamente, era la de los cachés de los grupos, que ahora sabemos que estaba inflada sin recato, como de hecho denunciaron otros artistas tras el comunicado de Ojeda. A pesar de todo ello, el gobierno municipal, que es quien ha aportado con dinero público la cantidad para esos falsos cachés, se niega a pronunciarse ni a hacer comprobación alguna.

«Todo a ello a costa de manejar el dinero público sin control ni transparencia, antes bien, como la cuenta particular de un partido mediante la que financiar a empresas amigas de las que obtiene quién sabe qué favores»

En definitiva, con este tipo de prácticas se favorece el monopolio, se vulnera la concurrencia en igualdad de condiciones y se dificulta el desarrollo de otras empresas, a lo que se añaden condiciones laborales fraudulentas, según denuncian antiguos trabajadores y trabajadoras. Todo a ello a costa de manejar el dinero público sin control ni transparencia, antes bien, como la cuenta particular de un partido mediante la que financiar a empresas amigas de las que obtiene quién sabe qué favores. En este caso particular no cuesta mucho imaginarse algunos de ellos, al tratarse de un grupo que monta, por ejemplo, escenarios e infraestructuras diversas para actos públicos, como mítines, y que es propietario de una televisión de ámbito provincial.
No obstante, esperemos que en el futuro la justicia actúe para determinar cuáles son exactamente las prácticas delictivas (y a cambio de qué) por las que desde hace dos décadas se están entregando abultadas cantidades de dinero de la ciudadanía malagueña a esta empresa organizadora de eventos.

El territorio, el turismo y el capital que lo parió en la Costa del Sol(II)

Eduardo Serrano

Actuaciones exógenas, segunda fase: la explotación turística1

Proseguimos en el presente artículo nuestra interpretación iniciada en el anterior número de Gente Corriente sobre la manera en que el turismo trasforma el territorio en la Costa del Sol, y en especial su componente humana. Habíamos expuesto cómo irrumpen las grandes inversiones, casi siempre provenientes del exterior (por lo que llamamos a esta modalidad exógena, por contraposición al modo endógeno, al que dedicaremos otro artículo), y en particular el frecuente uso de fuertes cantidades de capital económico, social y cultural para forzar la obtención de los permisos y licencias para la actuación inmobiliaria. Ahora veremos qué sucede después dentro de los enclaves turísticos así generados y cómo inciden en la sociedad local, incluyendo una estructura de poderes locales que producen y perpetúan una situación neocolonial.

1. Ni ciudad ni campo

El objeto de este artículo es sobre todo el establecimiento hotelero tipo todo incluido, que tiende a reducir al mínimo las relaciones con el entorno. No todos los hoteles y apartamentos llegan a ese extremo, pero constituye un poderoso atractor para todo negocio turístico de carácter exógeno, en especial para los de gran tamaño, que son producto de fuertes inversiones.
Sin embargo, otras modalidades de turismo tienen consecuencias bastante parecidas en el territorio (las exponemos en el epígrafe siguiente). Nos referimos en concreto a dos fenómenos. En primer lugar el denominado turismo residencial, cuyo producto típico son las urbanizaciones de casas unifamiliares y apartamentos, factor principal en la profunda transformación del medio físico y de la sociedad local y escenario de fondo de ese supuesto destino natural o histórico de la Costa del Sol que llamamos turismo.
El segundo fenómeno es mucho más reciente en su modalidad masiva, y aunque sus efectos son todavía limitados, marca una tendencia en rápido desarrollo. Nos referimos a los cruceros turísticos que usan el puerto de Málaga. Representan el caso extremo de desterritorialización del turismo, con cualidades muy diferentes a las del turismo residencial.
Cuanto más importante sea la inversión, mayor será el tamaño de la operación y la intensidad de sus efectos: son burbujas artificiales que, especialmente en sus inicios, flotan fuera de las poblaciones existentes, donde hay suficiente espacio, el precio del suelo es más barato y los permisos municipales relativamente fáciles de obtener, con frecuencia forzando la legalidad, como se comentó en el anterior artículo. Con ello la dualidad tradicional campo-ciudad es sustituida por un nuevo tipo de territorio que podríamos llamar paraurbano (sin consistencia de polis).
Se trata de recintos de acceso restringido, donde rigen reglamentos y normas específicas2, a veces contrarias a las municipales, amparándose en su condición de espacios privados; suelen estar aislados de su entorno, con el que contrastan fuertemente, pues también disponen de naturaleza propia. Las consecuencias de sus disposiciones espaciales son importantes y se manifiestan en las dos poblaciones que ahí confluyen, las y los turistas (en el sentido más convencional del término, como se está haciendo en todo este artículo) y quienes están a su servicio.
Un buen ejemplo es el proyectado hotel del puerto de Málaga: gran lujo, bien conectado con la ciudad y con accesos fáciles de controlar, situado a la distancia justa para disfrutar de las vistas a la ciudad y sin el peligro de una excesiva cercanía, perfecto para funcionar como jaulas de oro3.

2. El nuevo territorio y la modulación conductista del turista

En un lado están esos turistas, que disponen de todo para su estancia en lo que podría pasar por pequeñas ciudades. Casi nada escapa ahí de la condición de la mercancía, incluido en cierta manera el ambiente humano que los propios turistas aportan. Las ventajas empresariales de este semiconfinamiento son claras, dado que captan la mayor parte del gasto del turista.

«Casi nada escapa ahí de la condición de la mercancía, incluido en cierta manera el ambiente humano que los propios turistas aportan»

Pero también hay un objetivo más ambicioso: la obtención, procesamiento y aplicación de los datos aportados por los mismos turistas, sea de un modo consciente (encuestas, quejas, opiniones espontáneas…) o no (por observación directa o por estudio de sus comentarios en Internet), así como sus gastos, lo cual proporciona una inestimable guía para la adecuación continua de los productos, especialmente los creados para el turismo emocional y de experiencias. El que estas prácticas de momento solo se den en los grandes establecimientos dedicados al todo incluido es síntoma de una tendencia general, ahora increíblemente potenciada por las tecnologías big data, y otras de reconocimiento facial, patrones de expresión corporal, seguimiento de los movimientos, etc. que hacen factible producir una efectiva modulación de la subjetividad de cada perfil de turista. Es decir, producir el consumidor.
Ahora una pregunta: ¿en qué medida se puede hablar de una sociabilidad turista? Únicamente como unidades de consumo a las que se dirigen ofertas más o menos específicas: individuos solos, parejas, familias, colectivos de profesionales; todo a su vez subdividido y cualificado según parámetros de edad, clase social, etnia, nivel de ingresos, etc. Son moléculas-cliente que deben ser cuidadas, por cuanto su dinámica interna (que se puede describir mediante un determinado perfil) constituye una cualidad-diana importante del producto turístico. La finalidad es consolidar y potenciar su productividad, pero también inducir transformaciones en los grupos e individuos (por ejemplo preparar a los niños para que sigan siendo clientes después de la infancia). No hay espacio en esta lógica para otro tipo de lazo social que el que gira en torno a la mercancía.
Mal puede hablarse en este tipo de turismo de comunidades de turistas porque son agregados azarosos y de efímera existencia, donde apenas hay tiempo para ensayar sintonías personales de escaso futuro. Y más que nada porque, casi por definición, es excluida toda una categoría de comunes humanos, potentes catalizadores en el devenir de las comunidades. Son los que se sitúan bajo el signo de lo problemático, pues representan todo lo que el turista quiere dejar atrás, aunque sea por pocos días: sufrimientos, malestares, fastidios y aburrimientos. Descanso y tiempo propio, volver a jugar un ratito. El turista, en especial el del todo incluido, no deja de ser un commuter, atrapado casi todo el tiempo en movimientos que no le aportan ninguna transformación, justo lo contrario del viaje: desde su casa hasta el destino turístico y luego regreso y vuelta a empezar4.
El turismo en general es la parte fácil de un mundo difícil, que contribuye a la creación de las condiciones ambientales para que surja el deseo, más su correspondiente frustración, y con ello el hábito, de manera que colabora en un modo de vida envuelto en continuos ciclos de satisfacción e insatisfacción.

3. Dependencia colonial del destino turístico

Y en el otro lado están los empleados del complejo turístico, casi única parte de la población autóctona con la que mantienen algún contacto los turistas, realizando en su mayoría trabajos que son perfectamente equivalentes a las tareas domésticas, el de las mujeres en su propia casa o por parte del servicio doméstico asalariado (la servidumbre, como no hace tanto tiempo se decía). Rutinas tediosas, escasamente valoradas económica y socialmente, que en efecto forman parte del paisaje que muchos clientes del todo incluido quieren olvidar por un tiempo.

«los empleados del complejo turístico, casi única parte de la población autóctona con la que mantienen algún contacto los turistas, realizando en su mayoría trabajos que son perfectamente equivalentes a las tareas domésticas»

Estas promociones cuentan con el soporte de importantes campañas de imagen, en las que la creación de empleo es un argumento casi irresistible para obtener un trato de favor por parte de la administración pública, más el apoyo de las organizaciones sindicales. Aunque el trabajo en los hoteles, la hostelería, ocio y distribución comercial de las zonas turísticas sea el peor pagado, el más precario, el de menor cualificación y el que más abusos registra.

«tras 40 o 50 años de turismo masivo los municipios turísticos de la Costa del Sol sigan estando en las posiciones inferiores en la lista de ciudades españolas en cuanto ingresos familiares y con peores índices de desigualdad social»

Esto es lo que en parte explica que tras 40 o 50 años de turismo masivo los municipios turísticos de la Costa del Sol sigan estando en las posiciones inferiores en la lista de ciudades españolas en cuanto ingresos familiares5 y con peores índices de desigualdad social6. Es una consecuencia en definitiva de la desigualdad primaria del mismo turismo: «El turismo es la prueba más visible de la desigualdad del mundo»7. Se trata de una situación neocolonial que afecta al conjunto de todo el territorio: libre disposición del medio físico en cuanto a sus recursos (como el agua en una zona donde no sobra); infraestructuras y servicios municipales exageradamente sobredimensionados y pagados por la población censada, y su gente que lo acepta porque solo es capaz de imaginarse a sí misma como destino turístico. Tema este último, el del imaginario colectivo que se identifica con el turismo, continuamente trabajado por los operadores turísticos e instituciones.
Sin embargo, no olvidemos que en esta tendencia de polarización y segregación social, más que los hoteles, resorts y demás, han influido los asentamientos de turismo residencial, cuyos habitantes, en su mayoría extranjeros, no han sentido la necesidad de conocer y trabar relaciones con la población autóctona. Es una actitud social que ya fue descrita en detalle por Francisco Jurdao en los años setenta (España en venta. Editorial Ayuso, 1979), potenciada ahora porque esas urbanizaciones tienen sus propios equipamientos innecesarios8: club social, campo de golf, espacios deportivos, restaurantes etc. Todavía hoy sorprende su grado de desinterés respecto su entorno social9.
En cuanto a la tercera modalidad del turismo encapsulado, los cruceros turísticos, el contacto con el destino turístico resulta todavía más superficial, siendo sus beneficios para las ciudades visitadas muy dudosos, por lo que se considera un tipo de turismo poco recomendable10.
La fase inmobiliaria propició el surgimiento de nuevos grupos que sustituyeron el viejo poder local de carácter caciquil (aunque conservando algunos rasgos, como la idiosincrasia rentista, marca de toda la región), subalternos respecto a los inversores que venían de fuera. En ese proceso, el esfuerzo concentrado y sistemático para romper las inercias y resistencias locales crea lazos de complicidad entre quienes participaron en ello. Su capital social se incrementa paulatinamente con nuevos proyectos, haciendo posible la continuidad y expansión de la red formada, más allá de su primer objetivo, y consolidándose como grupo de presión local capaz de establecer alianzas con grupos exteriores y movilizar importantes recursos en su propio beneficio. Es algo que, por cierto, tiene en los discretos reservados de estos establecimientos los espacios idóneos para sus propias prácticas sociales, incluyendo los encuentros con sus colegas extranjeros.
Ante la debilidad de los demás sectores económicos locales, las iniciativas turísticas, con su imprescindible primera fase inmobiliaria, ganan paulatinamente protagonismo local. Además en la Costa del Sol han disfrutado de tres grandes ventajas en relación con el resto del tejido económico. En primer lugar, el decidido apoyo de la administración pública, que ha sido en general fiel al proyecto turístico de largo alcance diseñado en el franquismo y que a nivel local reproduce la complicidad estructural entre cargos públicos y agentes económicos, como lo prueba el empeño de los alcaldes y concejales de casi todos los municipios en impulsar la penetración del turismo como gran combustible demográfico para sus políticas de insostenible crecimiento urbano y la consiguiente actividad inmobiliaria, la cual resulta tener las mejores cualidades para que cargos y autoridades pasen al lado oscuro. En segundo lugar, fuentes de financiación exteriores a las que no ha afectado la crisis del sistema financiero español. Y en tercer lugar una demanda turística que en términos absolutos solo sufre ligeramente en los años de crisis; más bien aquí se ha visto beneficiada por los problemas políticos de los países norteafricanos y del Mediterráneo oriental.
Ahora el estado central y autonómico y la administración local ya no pueden dejar caer el turismo: too big to fall, tanto por su volumen económico como por el empleo directo e indirecto que generan, lo que a su vez agrava la debilidad de las poblaciones al reducirse las alternativas económicas.

4. Los dos momentos de la transformación turística exógena del territorio

Ambos momentos (1.ª fase, comentada en el anterior artículo, y la 2.ª, objeto del presente), con sus cualidades aparentemente bien diferenciadas, forman parte del mismo fenómeno, por lo cual habría que provisionalmente nombrarlo como inmobiliario-turístico. Su unidad compleja adquiere un cierto sentido si nos referimos al modo de (no) habitar, típico de una parte de la humanidad aquí y ahora. Para el turismo más convencional, no hay habitación sino experienciación. El problema político y ético, además de conceptual, se agrava cuando se pone en necesaria conexión con lo que todavía podemos entender como el habitar cotidiano de la gente común, un habitar que necesita de la compra de estos alivios pasajeros para poder sostenerse11. Es decir, nuestro mundo, nosotros mismos.

«Conseguir la complicidad de las autoridades políticas de la localidad es fundamental para lograr el objetivo de esta fase, de carácter inmobiliario, consistente en la apropiación de las rentas del suelo»

Como conclusión sintetizamos lo que, según nuestro modo de ver las cosas, sucede entre la primera y la segunda fase del proceso. En su inicio hay una transformación muy violenta del territorio, comenzando por el mismo terreno jurídico, continuamente violentado en su legitimidad social para acomodarlo a las características de cada proyecto. Conseguir la complicidad de las autoridades políticas de la localidad es fundamental para lograr el objetivo de esta fase, de carácter inmobiliario, consistente en la apropiación de las rentas del suelo mediante los oportunos cambios en la normativa urbanística. Su estrategia sigue el modelo bélico: secreto, concentración de fuerzas y rapidez. Ahora también se construye el nodo de poder local que permanecerá más allá de la finalización de la actuación, muy probablemente formando parte de la red político-económica y financiera que la ha hecho posible.
Una vez estabilizada la nueva situación del territorio comienza la explotación del enclave turístico, que por su tamaño no tiene lugar en el tejido urbano existente y tiende a reducir las relaciones con el entorno territorial mediante la fórmula del todo incluido o similar. El fin es captar al máximo el gasto del turista y modelar su subjetividad12. La estrategia ahora es de tipo colonial, confirmando la dependencia de la población autóctona por intermedio de un nodo local y profundizando la condición de monocultivo turístico.
Con el tiempo se producen nuevas oportunidades para hacerse con las rentas del suelo que de nuevo serán capturadas de golpe en la siguiente fase, con motivo de una crisis más o menos generalizada u obsolescencia del enclave turístico, como ahora mismo está sucediendo, cuando se repiten pautas de la operación originaria, incluyendo la complicidad de la administración pública13. De esta manera se produce una más profunda integración de ambas fases, la inmobiliaria y la turística, de acuerdo con la lógica operativa y la dirección del estamento financiero global.
Por fortuna no es esta la única modalidad del turismo en la Costa del Sol. El panorama presenta una mezcla de las características de las actuaciones exógenas y de las endógenas. Sin que éstas últimas puedan considerarse ya como los benéficos efectos territoriales y sociales de un cierto turismo bueno, como podremos discutir en el futuro. De momento adelantamos nuestra impresión de que la mediación digital significa la ruptura del modelo vigente y que a pesar de que moviliza multitud de pequeños propietarios, eso no es sino el primer paso de la subordinación del turismo de base local a operadores exógenos de un nuevo y revolucionario tipo.


1. La investigación que da lugar a esta publicación se inscribe en el proyecto I+D titulado Crisis y reestructuración de los espacios turísticos del litoral español (CSO2015-64468-P) del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).
2. Como ocurre desde hace décadas con las urbanizaciones cerradas (Gated Communities) para clases medias y altas en muchos lugares del mundo, caracterizadas por la obsesión securitaria.
3. Interesante término para nombrar un tipo de usuarios de gran poder adquisitivo que apenas salen del hotel y que hemos conocido por el artículo de Rafael Esteve Secall «Las contradicciones del Hotel del Puerto» (La Opinión de Málaga, 12 de julio de 2017). http://www.laopiniondemalaga.es/opinion/2017/07/12/contradicciones-hotel-puerto/943458.html
4. Apuntamos aquí a la insuficiencia de la explicación que aporta la economía convencional, tal como ha sido ya señalado para el mundo del trabajo: la «[…] parcelación y especialización de las tareas, la escisión entre trabajo intelectual y trabajo manual, la monopolización de la ciencia por las élites, el gigantismo de las instalaciones y la centralización de los poderes que de ellos se deriva, nada de todo esto es necesario para una producción eficaz. Es necesario, a la inversa, para la perpetuación de la dominación del capital» [André Gorz citado en Gaudemar, Jean Paul de (1991): «Preliminares para una genealogía de las formas de disciplina en el proceso capitalista de trabajo». En Varela, Julia. Espacios de poder. Madrid: La Piqueta, p. 110].
5. Ver http://www.ine.es/prensa/ua_2017.pdf.
6. Ver http://www.malagahoy.es/malaga/desigualdad-echa-raices-Marbella-Manilva_0_906809550.html
7. Augé. Mark. En «El turismo es la prueba más visible de la desigualdad del mundo», entrevista publicada en ABC, 6 de agosto de 2007.
8. Según expresión de José María Romero y Rafael Reinoso: ver http://atributosurbanos.es/areas/costa-del-sol.php .
9. Véase Santana Turégano, Manuel Ángel. Reseña de «Turistas que llegan para quedarse. Una explicación sociológica sobre la movilidad residencial», de Raquel Huete (Cuadernos de Turismo, núm. 25, enero-junio, 2010, pp. 305-307. Universidad de Murcia http://www.redalyc.org/pdf/398/39813352013.pdf).
10. Nadal, Paco: «La cara más oscura de los cruceros». En El País Negocios, 21 abril de 2017. https://elpais.com/elpais/2017/04/20/paco_nadal/1492642055_887551.html
11. Esto no aporta mucho, creemos que una integración conceptual está todavía por hacer; en un sentido más general nuestra postura es cercana a la que ha expresado Tiqqun en el texto Podría surgir una metafísica crítica como de ciencia de los dispositivos… [En Delueze, Gilles y Tiquun (2012). Contribución a la guerra en curso. Madrid, Errata Naturae].
12. Este tipo de uso hotelero actualiza el diagrama que subyace, por ejemplo, en las ciudades obreras del siglo XIX y XX.
13. No son operaciones de obra nueva sino de modernización profunda de la edificación y del mismo negocio: «[…] las propias autoridades españolas ayudan a que la inversión pueda salir prácticamente gratis […] nuestro país paga promoción internacional, el traslado en aviones financiando vuelos con publicidad y tasas para que venga el formato de turista de bajo coste, subvenciona la contratación de personal, aporta dinero de formación para los camareros […]» [En artículo de prensa firmado por José L. Jiménez (ABC 22/07/2016): «Grupos árabes usan fondos de la UE para comprar hoteles en España». http://www.abc.es/economia/abci-grupos-arabes-usan-fondos-para-comprar-hoteles-espana-201607221142_noticia.html].


Eduardo Serrano, dr. arquitecto.
Colaboran en este artículo: José María Romero (dr. arquitecto, profesor UGR), Yolanda Romero, (dra. turismo, prof. UNE y UOC), Enrique Navarro (dr. geografía, prof. UMA), Fernando Ramos (arquitecto) y Rubén Mora (arquitecto).

LA CASA INVISIBLE: once años de cultura libre y gestión ciudadana de un común urbano

En marzo de 2007, coincidiendo con el Festival de Cine Español, un grupo de artistas y miembros de diferentes movimientos sociales («Creadoras Invisibles») celebraba en paralelo lo que llamaron «Festival de Cultura Libre». Para ello abrieron y acondicionaron un edificio de propiedad municipal en estado de abandono, situado en los números 9 y 11 de calle Nosquera, en pleno centro histórico de Málaga. Comenzaba así su andadura la Casa Invisible, uno de los centros sociales de referencia en el conjunto de Estado. Charlamos con varias integrantes de su Área de comunicación.

Gente Corriente: ¿Cómo definís la Casa Invisible?
La Casa Invisible no se puede encerrar en una única definición. De inicio podemos decir que la Casa Invisible es un centro social y cultural de gestión ciudadana. Es un espacio ubicado en el centro de Málaga que apuesta por la cultura libre y la autoorganización ciudadana. Es un lugar donde se reúnen numerosos colectivos de creación local para desarrollar sus propuestas, que abarcan desde las artes plásticas y la música hasta los nuevos campos de la cultura y experimentación audiovisual, pasando por la danza, el teatro y otras artes escénicas. Además, la Casa Invisible también da cabida a grupos de activistas de diversos ámbitos (migración, feminismos, ecologismo, tecnopolítica, redes de consumo alternativas, etc.). Todo ello convive con iniciativas de autoformación e investigación que buscan producir y compartir saberes situados ante los problemas que hoy por hoy nos afectan a todas.
GC: ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cómo nace?
La Casa Invisible se recuperó para la ciudad de Málaga en marzo de 2017. Hace casi once años ya de ese gesto de desobediencia civil. Fue un gesto que surge ante la carencia de espacios que dieran cauce a la creatividad de un gran grupo de colectivos e individuos cuyas demandas nunca fueron atendidas por las instituciones. Pensamos, de hecho, que la función cultural en Málaga se sigue reduciendo a un escaparate para obras ya realizadas o artistas consagrados, la mayoría de las veces venidos de fuera. No hay apenas espacios para el fogueo cultural, para la experimentación, para la libertad creativa en su más amplio sentido, debido a unas políticas públicas totalmente guiadas por las lógicas neoliberales del mercado, la especulación inmobiliaria y las privatizaciones. De hecho, el edificio de la Casa Invisible llevaba varios años totalmente cerrado y abandonado, en una zona a la que las autoridades municipales apenas prestaban atención. Hoy, por contra, el entorno de la Casa Invisible está inmerso en un salvaje proceso de gentrificación cuyas consecuencias son incluso peores, por cuanto que implica dinámicas de expulsión, desplazamiento, nuevos pelotazos, corrupción y más exclusión y desigualdad.

«la función cultural en Málaga se sigue reduciendo a un escaparate para obras ya realizadas o artistas
consagrados, la mayoría de las veces venidos de fuera»

En todo el tiempo que lleva activa, la Casa Invisible no ha dejado nunca de ser un espacio multifacético, un catalizador para creadores y creadoras de la ciudad de Málaga. También un espacio abierto a iniciativas sociales y políticas de todo tipo. Aquí se realizan charlas, reuniones, eventos musicales, seminarios, debates, presentaciones de libros, exposiciones, muestras de arte, cursos, talleres, etc. Hay, de igual modo, varios proyectos cooperativos contra la precariedad. Digamos que es un espacio que tiene como finalidad la producción, exhibición y divulgación de ideas y propuestas alternativas, opuestas a la cultura mercantilizada y a la política de salón. Una de las iniciativas de las que estamos más orgullosos es el Festival de Cultura Libre de Málaga, que tiene su sede en la Casa Invisible. Ronda las diez ediciones, y por él han pasado una enorme cantidad de artistas y creadores, no solo locales. En nuestra web hay un dossier muy completo con toda esta información, que se puede consular de forma totalmente abierta.
GC: Puesto que nace de una ocupación, o recuperación, ¿cuál es actualmente su situación legal?
Desde sus inicios, la Casa Invisible abogó por abrir un proceso de negociación con el Ayuntamiento de Málaga (propietario del inmueble) con la intención de garantizar la continuidad del proyecto a través de un acuerdo de cesión de uso. El objetivo era consolidar una experiencia única en Málaga y que se reconociera el estatuto y la legitimidad de la gestión ciudadana de los bienes comunes, tal como ya está ocurriendo, por cierto, en otras ciudades europeas, como Berlín o Nápoles. También en otras más cercanas, caso de Córdoba, con el Rey Heredia, y Sevilla, con El Pumarejo. Durante las distintas fases de negociación han participado, además de numerosas personalidades culturales de Málaga, la Diputación, la Junta de Andalucía y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

«Desde sus inicios, la Casa Invisible abogó por abrir un proceso de negociación con el Ayuntamiento de Málaga (propietario del inmueble) con la intención de garantizar la continuidad del proyecto a través de un acuerdo de cesión de uso»

Durante los tres primeros años, y especialmente en 2009, la Casa Invisible estuvo seriamente amenazada por el desalojo, pero gracias a una amplia campaña comunicativa y a una manifestación masiva de apoyo se evitó esa situación, abriendo la posibilidad de un acuerdo. El acuerdo con el Ayuntamiento llegó en 2011, con la participación también de las instituciones antes citadas. El llamado «protocolo de intenciones» establecía una serie de pasos a cumplir por las partes en el plazo de un año. Los requisitos establecidos atendían a la normalización estatuaria del proyecto, a su forma jurídica y a la regulación de los suministros, pero en ningún caso afectaban a la autonomía de la Casa Invisible en tanto que colectivo ni a la gestión del espacio.

«El acuerdo firmado supuso un avance importante desde el punto de vista de lo que nosotras denominamos «derecho a la ciudad», pues reconocía la gestión comunitaria»

La soberanía del proyecto sigue residiendo en la asamblea y otras formas horizontales de organización de las que nos hemos dotado en función de la participación y la democracia directa. El acuerdo firmado supuso un avance importante desde el punto de vista de lo que nosotras denominamos «derecho a la ciudad», pues reconocía la gestión comunitaria de un espacio social y cultural como este. Creemos que fue una importante victoria ciudadana, fruto de la potencia de una red de ciudadanos y ciudadanas que anteponían lo común a intereses particulares. Trascurrido el tiempo establecido, y con todo lo estipulado en el protocolo de intenciones cumplido, la Casa Invisible y el Ayuntamiento redactaron un modelo de acuerdo de cesión en uso del inmueble durante cinco años que debía firmarse en enero de 2012. Sin embargo, sin ninguna razón, la parte municipal comenzó a demorar la consignación definitiva de este acuerdo. La situación llega hasta hoy. Por eso exigimos al Ayuntamiento que cumpla los acuerdos a los que se comprometió y permita sin más dilaciones la firma del convenio.


GC: ¿Había algún informe o inconveniente legal para la firma de ese convenio?

«desde diferentes instancias municipales se publicaron una serie de informes jurídicos favorables a la cesión»

Al contrario. Hay que recordar que en ese mismo año, 2012, aunque no nos comunican nada hasta 2015, desde diferentes instancias municipales se publicaron una serie de informes jurídicos favorables a la cesión. El único elemento a subsanar del expediente de adjudicación, según estos informes, es que no se había justificado debidamente el interés público del proyecto. Pero ello también ha sido ya superado, dado que mediante una resolución del 16 de mayo de 2016 del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga se acordó la declaración de la Fundación de los Comunes, de la que la Casa Invisible es parte constitutiva, como Entidad de Utilidad Pública Municipal, algo que no podía haber sucedido sin el visto bueno de varias áreas municipales.
Entre tanto, el 23 de diciembre de 2014, en vísperas de Navidad, la policía local se presentó en el inmueble con una orden del Ayuntamiento de Málaga para cesar las actividades de libre concurrencia y cerrar cautelarmente el espacio alegando problemas de seguridad. Se trataba de una decisión política, no técnica, ya que hablamos de algunas irregularidades en la instalación eléctrica y en medidas de protección anti-incendios que, de nuevo, fueron en su momento igualmente subsanadas de acuerdo a un protocolo de actuación propio y previo gracias al apoyo ciudadano a través de un crowdfunding. Es más, en abril de 2016 presentamos un Proyecto Básico de Rehabilitación Integral como paso ya absolutamente definitivo para la cesión del edificio. Era un requisito nuevo, fruto de las reuniones mantenidas en 2015 tras una nueva movilización masiva en enero de este año, pero incluso así lo cumplimos.

«el procedimiento de cesión está vivo y, desde nuestro punto de vista, sigue en marcha en tanto que todo lo que se nos ha exigido ha sido cumplido»

En conclusión, a pesar de la moción improvisada que en octubre de 2017 presentó el grupo municipal de Ciudadanos en busca del desalojo y la subasta del inmueble al mejor postor, el procedimiento de cesión está vivo y, desde nuestro punto de vista, sigue en marcha en tanto que todo lo que se nos ha exigido ha sido cumplido. Si el interés de Ciudadanos es, como ha dicho, la regulación de la situación del inmueble de c/ Nosquera 9-11, y en consecuencia de todas las actividades que en él se desarrollan, no habría tenido más que instar al gobierno municipal a que se lleven a cabo los trámites necesarios para la finalización del expediente de adjudicación directa a la Fundación de los Comunes.
GC: ¿Cómo funciona internamente la Casa Invisible? ¿Es muy complicado? Conocemos el tópico sobre el caos que supone la gestión asamblearia y común
A ver, complicado no es, pero como todo en la vida tiene ventajas e inconvenientes. Lo bueno es que esos inconvenientes, o los problemas y conflictos que surgen en el día a día, se resuelven en colectivo. El conflicto no es malo: nos ayuda a avanzar, a pensar constantemente, a estar a alerta y a ser autocríticas. Nuestro modelo de gestión se basa en grupos de trabajo operativos, una serie de áreas que se encarga de aspectos concretos (comunicación, rehabilitación, cultura libre, autoformación e investigación…). Luego existe una asamblea general de gestión, con periodicidad quincenal, donde esas comisiones y el resto de participantes del proyecto intercambian información, se coordinan, debaten y toman decisiones, siempre de forma colectiva y por consenso. Las áreas mencionadas son espacios abiertos a la participación de cualquier persona que esté interesada en aportar o trabajar por el común.
Hay que decir también, aunque ya lo hemos mencionado, que existen muchas iniciativas autónomas aparte de la gestión colaborativa del funcionamiento básico, así como colectivos que hacen uso del edificio para sus reuniones. Es el caso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que son un ejemplo diario para todas nosotras. También estamos completamente abiertas a recibir nuevas propuestas. Nos gusta decir que la Casa Invisible es un laboratorio de experimentación social, cultural y política, por eso invitamos a personas, proyectos y colectivos a participar en su desarrollo y crecimiento como una institución común y experimental de organización y gestión ciudadana.
GC: Habladnos un poco más de la Asamblea ¿Qué se decide en ella? ¿Quién participa?
Se deciden cuestiones de funcionamiento interno, como horarios de apertura, turnos de limpieza, jornadas de adecuación de los espacios, etc. Decide también las líneas políticas del colectivo, así como otros aspectos de orden más estructural, como el posicionamiento público ante los temas que nos interesan en la ciudad de Málaga. Ahora mismo nos preocupa mucho, por ejemplo, la problemática de la gentrificación o la ausencia casi total de postulados feministas en el contexto urbano malagueño. Pero lo que más nos importa, por encima de esto, es mantener la autonomía del proyecto, que no intervenga en las decisiones que tomamos ninguna institución pública o privada.
En cuanto a la participación en la Asamblea, está sujeta al hecho de participar cotidianamente en la gestión y actividades del espacio, así como a formar parte de alguno de sus diversos proyectos, hablemos de la PAH o de la ULEX (la Universidad Libre Experimental), que es el nombre por el que se conoce mejor al grupo-área de autoformación de la Casa Invisible. Nos gustaría, en todo caso, que quedara claro que la Casa Invisible tiene un carácter abierto e inclusivo. Se ofrece a toda la ciudadanía, se intenta concebir para todas.

«la Casa Invisible tiene un carácter abierto e inclusivo. Se ofrece a toda la ciudadanía, se intenta concebir para todas»


GC: ¿Qué aprendizajes sacáis de esa experiencia de gestión común?
Muchos, ya lo decíamos antes. Aprendemos a que las cosas se pueden hacer de otra manera, a que hay que escucharse más, a no hablar tanto. Aprendemos que las relaciones sociales comunitarias tienen una potencia enorme. Insistimos en la idea del laboratorio: esto es un laboratorio de aprendizaje constante. Los conflictos nos enseñan mucho también. Aprendemos a atender que no todo es blanco o negro. Para nosotras la vida es un problema común, de ahí que entendamos que lo que parece una cuestión individual, no lo es en realidad. La Casa Invisible es una matriz para que toda persona que se acerque a ella se produzca a sí misma, pero siempre conociendo al otro, en conjunción con todas las personas que construyen el proyecto. A veces esto pasa de forma conflictiva. Creemos que esto es precisamente una potencia. La Casa Invisible es un territorio común, donde nos componemos a partir de nuestros afectos propios, generando afectos comunes. Este es, sin duda, un aprendizaje muy valioso para todas nosotras.
GC: ¿Y cómo se financia la Casa Invisible? ¿Hay actividades económicas?
Por aquí nos vienen muchas de las críticas, pero estas críticas creemos que se basan en un desconocimiento absoluto del tema, o peor aún, en una mala intencionalidad manifiesta. Lo primero que hay que decir es que la Casa Invisible no recibe subvenciones de empresas privadas ni de instituciones públicas. El sostén económico del proyecto es el trabajo voluntario y cooperativo de quienes participan en él, además de donaciones particulares a través de una Red de amigas a la que cualquiera se puede suscribir. Las actividades basadas en el intercambio monetario se dedican exclusivamente al desarrollo de los eventos y a la rehabilitación del inmueble.

«la Casa Invisible no recibe subvenciones de empresas privadas ni de instituciones públicas. El sostén económico del proyecto es el trabajo voluntario y cooperativo de quienes participan en él, además de donaciones particulares»

GC: ¿Tiene relación la Casa Invisible con otros proyectos e iniciativas del Común?
Por supuesto. Para nosotras la Casa Invisible es un lugar de contagio y agregación política en torno a la autonomía de los sujetos metropolitanos y su potencia. Desde esta perspectiva, intentamos siempre tejer redes con experiencias que consideramos cercanas. Nuestra vocación es la construcción de redes (locales, estatales, europeas y globales) que tengan la finalidad de crear otros modos de vida, otras formas de estar en el mundo. Hablando de la ciudad de Málaga, colaboramos siempre que podemos con iniciativas como la de El Caminito, un huerto urbano en la zona de Olletas [véase entrevista en estas mismas páginas], y con la gente de Lagunillas, quienes han recuperado un solar abandonado para disfrute colectivo al que han llamado Victoria de Quién. Más recientemente hemos entrado en contacto con las vecinas del solar Gigantas, que está aquí cerca, en pleno centro. Sus reivindicaciones nos parecen de lo más oportunas: en el centro apenas quedan ya espacios abiertos para el disfrute y el ocio comunitario, ni las niñas y niños tienen sitio para jugar a la pelota o correr sin tener un coche cerca.
A escala andaluza, tenemos una relación muy buena con otros centros sociales. Los que citábamos antes, el Rey Heredia y la Casa del Pumarejo, uno en Córdoba y el otro en Sevilla. Si hablamos de Madrid, no podemos no acordarnos del extinto Patio Maravillas, que fue desalojado, pero que siempre fue y será un lugar totalmente hermano, con mucha sintonía política. Por suerte, ahora en la capital ha surgido otro centro social de referencia para nosotras, La Ingobernable, con cuyas integrantes mantenemos también mucha cercanía. No es el único con el que compartimos experiencias. Se nos vienen a la cabeza otros de Madrid como La Villana de Vallecas, Tabacalera, el CS Seco o el EVA, en el antiguo mercado de Legazpi, en el barrio de Arganzuela. Luego, en el resto del territorio, podríamos hablar del Ateneu Candela de Tarrasa, Can Batlló y Ateneu Popular 9 Barris en Barcelona, el Luis Buñuel de Zaragoza, Errekaleor en Vitoria-Gasteiz, Astra en Gernika o de la Fábrika de toda la Vida, en un pueblo de Badajoz, Los Santos de Maimona. Seguro que se nos olvidan muchos más. Y todo esto por no hablar de nuestras redes a nivel europeo. A día de hoy mantenemos, por ejemplo, un contacto fluido con algunos de los centros sociales más destacados de Italia, como son el CSOA Forte Pranestino, en Roma, y L’Asilo, en Nápoles. Igualmente tenemos numerosos contactos en Latinoamérica, en Argentina, Uruguay y México, sobre todo.
GC: ¿Y la Fundación de los Comunes que antes mencionabais? ¿Dónde queda?
En medio de todo esto. La Fundación de los Comunes es un laboratorio de ideas que produce pensamiento crítico desde los movimientos sociales como herramienta de intervención política. La Casa Invisible, junto a otros dispositivos análogos de todo el Estado español, como son el citado Ateneu Candela de Tarrasa o las librerías asociativas Traficantes de Sueños de Madrid y Katakrak de Pamplona-Iruñea, forma parte de la Fundación desde su surgimiento en 2011. Puede decirse que constituimos una red de grupos de investigación, edición, formación, espacios sociales y librerías que ponemos recursos en común para impulsar transformaciones democráticas y tendentes a la igualdad social.
GC: Parece que hubiera un bloque que entiende lo común como básico, que busca romper la dicotomía público-privada…
¿Hay experiencias precedentes?
A ver, está claro que existe una línea común compartida dentro de Málaga, y no sólo aquí, por cada vez más personas. Esta línea, esta tradición, entiende, como decíamos antes, que la vida es antes que nada un problema común. Existen diferencias, por supuesto. Estas diferencias son lógicas y nos parecen buenas, porque justamente se basan en la autonomía que cada espacio, proyecto o colectivo tiene para gestionar y decidir lo que le parezca a partir de ese consenso que se ha dado casi de manera natural. El punto de unión es que en el centro del debate situamos lo mismo: lo común, o el procomún, que se llama otras veces. Los bienes comunes nos gusta decir a nosotras. Por ejemplo, la cultura es un bien común desde nuestra visión. No es bien privado, pero tampoco público. Es la comunidad en su conjunto la que se beneficia de este bien, la que se responsabiliza de su cuidado.

«Nuestra idea de bien común pone en cuestión un determinado concepto de propiedad de las cosas y las ideas, aquel que implica una relación de sometimiento y control»

Nuestra idea de bien común pone en cuestión un determinado concepto de propiedad de las cosas y las ideas, aquel que implica una relación de sometimiento y control, dado que para nosotras el bien común tiene la dignidad de las cosas vivas, lo que marca una relación de reciprocidad y cuidados mutuos.
Esta idea no es nuestra, sino que bebe, precisamente, de experiencias precedentes. Son experiencias muy antiguas, casi ancestrales, en donde el sostén de una comunidad y su reproducción vital dependían justamente de la existencia de bienes comunes. Hablamos de los campos comunales, previos a los cercamientos capitalistas, por ejemplo [véase en este mismo número de Gente Corriente]. También de las primeras experiencias de okupación. Porque la okupación, bien entendida, no es más que una estrategia de recuperación de bienes comunes en el contexto neoliberal. En Málaga tenemos varias, sin las que la Casa Invisible difícilmente podría haber llegado a lo que es: desde la primera okupación en un edificio de la hoy desaparecida plaza Arriola, hasta la Casa de Iniciativas de la calle Postigo de Arance y posteriormente ubicada en calle Gaona, pasando por otras experiencias en calle Ollerías y el barrio de la Trinidad.
GC: ¿Pero no supone la cesión en uso de la Casa Invisible una especie de «privatización»?

Al contrario, lo que supone una privatización es la subasta que pretenden llevar a cabo. Hablan de concurso, pero es una subasta, dado que su adjudicación está vinculada al proyecto que pueda afrontar con solvencia económica la rehabilitación del inmueble. Eso es una subasta al mejor postor, ni más ni menos. Se olvida que en 2007, cuando el edificio de la Casa Invisible se recuperó estaba completamente abandonado, y que desde entonces aquí ha existido una comunidad muy diversa y cada vez más grande que se ha hecho cargo de su cuidado, su adecuación y su rehabilitación. Sin coste alguno para el erario municipal. Sin embargo, lo más importante no es esto, sino que enlazando con lo ya dicho, con el hecho de entender la cultura y la propia Casa Invisible como un bien común, ha hecho que impongamos como una exigencia propia la sostenibilidad del proyecto unida a la conservación del inmueble. Es decir, hay que respetar al máximo el edificio que alberga el proyecto, algo que solo puede garantizar a día de hoy la gestión ciudadana, que no se rige por lógicas de competitividad, excelencia y máximo rendimiento. El edificio no es un mero contenedor cultural, que es lo que ahora pretenden.

«Hablan de concurso, pero es una subasta al mejor postor»

GC: ¿A qué problemas y desafíos se enfrenta ahora la Casa Invisible?
A los mismos que el resto de la ciudad de Málaga. Al desafío de vivir en una ciudad más habitable. Esto quiere decir una ciudad más libre y menos desigual. Una ciudad en la que quepamos todas, y en la que todas nos sintamos a gusto con lo que hacemos. Málaga está hoy por hoy en venta, y es algo que tenemos que evitar. ¡Málaga no se vende!
GC: ¿Entonces tendremos la Casa Invisible por muchos años? ¿Cuál es su valor para Málaga?
Claro que sí, la Casa Invisible se queda. Esta comunidad ha mantenido durante casi once años una ingente actividad cultural y social para toda la ciudad. Ahora se habla mucho de la Málaga cultural, pero sería un ejercicio de honestidad interesante por parte del Ayuntamiento pensar qué hubiera sido de esa Málaga cultural sin la Casa Invisible. Es incalculable la enorme cantidad de artistas locales que han pasado por aquí, que han empezado aquí. Eso lo saben muy bien tanto los gestores culturales de la institución como la propia institución. Algunos de los artistas malagueños actuales más reconocidos no sólo es que hayan pasado por la Casa Invisible, es que hacen suya la Casa Invisible, como puede ser el caso de Rogelio López Cuenca, Chantal Maillard o Alfonso de la Pola. Este último ha sido recientemente Premio Nacional de Circo. Chantal, como poeta, también lo recibió en 2004, y Rogelio, que ya en 1992 fue Premio Andalucía de las Artes Plásticas, es posiblemente uno de los artistas plásticos y visuales con más proyección dentro del Estado. Obviar esto es imposible.

«sería un ejercicio de honestidad interesante por parte del Ayuntamiento pensar qué hubiera sido de esa Málaga cultural sin la Casa Invisible»

Suponemos que el valor de la Casa Invisible para Málaga es ese. Haber sido y seguir siendo un pulmón de cultura, arte, saberes, pensamiento, formación e investigación para la ciudad. No el único, no el más importante quizás, pero sí uno imprescindible.