LIMASA: la limpieza de la ciudad en manos de un cártel

Santi Fernández Patón

El futuro de Limasa no se va a resolver esta legislatura. Puede resultar sorprendente, habida cuenta de que en abril de 2017 venció el contrato actual, en virtud del cual, y desde 2003, el 51% de la empresa de limpieza recae en manos privadas, en concreto en una UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta por Sando, Urbaser y FCC. Sí, las tres empresas figuran como donantes ilegales del PP en los papeles de Bárcenas, lo que quizás nos dé una pista de por qué, hoy día, el contrato vive una prórroga para la que no se ve final cercano. Y sí, incluso algunos de los directivos de esas empresas, como Miguel Jurado (FCC), ya conocen la cárcel. Y es cierto, aunque esa UTE sea la propietaria mayoritaria de Limasa, ninguno, absolutamente ninguno de sus representantes compareció una sola vez durante los once días de huelga que la plantilla protagonizó en marzo de 2016.

«Y sí, ya en 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso a este triunvirato, junto a otras empresas, una multa de 98 millones de euros por “mantener un cártel” en la prestación de servicios públicos»

Es verdad que fue uno de los conflictos laborales de mayor repercusión en los últimos años, y que alguien por parte de la empresa debería haber dado la cara, ofrecer a la ciudadanía malagueña alguna explicación, manifestar alguna intención, pronunciarse sobre posible medidas. Lo que fuera. Nada de eso sucedió. En su lugar, en un bochornoso espectáculo, el alcalde de Málaga autoorganizó una concentración en la puerta del Ayuntamiento para que sus afines le aclamaran. Solo fueron unos pocos cientos, pero le valió para salir de sus despachos, mezclarse entre ellos y recibir parabienes. Pese a lo sonrojante del episodio, De la Torre fue incluso más allá, y se permitió hablar en favor… de la parte privada. La defensa de esa UTE corrió a cargo del propio gobierno municipal, no de sus directivos. Y sí, ya en 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso a este triunvirato, junto a otras empresas, una multa de 98 millones de euros por «mantener un cártel» en la prestación de servicios públicos.
Así, durante un año de la presente legislatura, hasta principios de 2017, el Ayuntamiento acogió una Comisión de Investigación sobre Limasa, y ya no cabe defensa posible. En esa circunstancia, De la Torre a vuelto ha optar por el «avestrucismo», su táctica política de los últimos años. De esa manera, ha enterrado la cabeza mientras la prórroga se alarga indefinidamente. Cabe la posibilidad de que próximamente anuncie una reconfiguración del contrato actual, pero los tiempos establecidos para cualquier trámite significan en la práctica que hasta la siguiente legislatura no habrá modelo definitivo (público, privado o mixto como hasta ahora). Ya sabemos que Elías Bendodo, actual presidente de la Diputación Provincial y futuro candidato a la alcaldía por el PP, se ha decantado por la privatización completa.
Para hacernos una idea lo que esto supondría, vamos a repasar el estado actual de Limasa.

El fraude del canon técnico

El negocio es redondo para ese 51%. Cada año, bajo la denominación de «canon de asistencia técnica», las privadas perciben el 2,5% de todos los ingresos de la sociedad, alrededor de 2 millones de euros, libres de contraprestación. La realidad, sin embargo, es que nadie ha sabido explicar con exactitud en qué consiste esa labor técnica. Al contrario, en la Comisión de investigación que a lo largo de 2016 y principios de 2017 se desarrolló en el Ayuntamiento de Málaga quedó patente que es una función que en gran medida asume la parte pública de la sociedad.
El confuso coeficiente del 2,5 en que se basa este concepto recoge aspectos, por ejemplo, como el mantenimiento informático (que no lleva a cabo) y generalidades tan vagas como para que en la práctica no existan informes específicos. De hecho, ante la dejadez de los socios privados, en varias ocasiones la empresa ha sufragado servicios externos para labores estipuladas en ese canon de asistencia técnica.

«la Agencia Tributaria ha reclamado a Limasa 500.000 euros por fraude solo de los ejercicios 212 y 2013, pues considera, tajantemente, que este canon, lejos de ser un
gasto, encubre un beneficio»

En la propia Comisión se puso de manifiesto que no existe prueba documental alguna que soporte la prestación de este asesoramiento técnico, más allá del apunte de pago de dicho «canon», del que al parecer no consta ni siquiera factura. Tan es así que en el mes de septiembre de 2017, tras un largo proceso, la Agencia Tributaria ha reclamado a Limasa 500.000 euros por fraude solo de los ejercicios 212 y 2013, pues considera, tajantemente, que este canon, lejos de ser un gasto, encubre un beneficio. Por ello no es deducible a efectos del Impuesto de Sociedades.
De hecho, los asesoramientos técnicos como el establecido entre la empresa y su socio privado no pueden ser prestados por un socio partícipe. Por el contrario, son propios de contratos que, en sus diferentes modalidades o concesiones, se establecen a riesgo y ventura del concesionario. No es este el caso, ya que el supuesto prestador del servicio de asesoramiento accedió (como socio) precisamente por sus conocimientos técnicos, por los que ahora pretende cobrar una cantidad extra.
Todo esto conduce a una conclusión palmaria: el canon de asistencia técnica no es otra cosa que beneficios encubiertos. Ni siquiera el alcalde fue capaz de demostrar que esto no es así. De hecho, desde 2001 los socios privados han percibido más de 24 millones por este concepto sin justificaciones de ningún tipo. Ni siquiera han justificado el millón y medio que, como se sabe, percibieron irregularmente hasta 2013.

«En total, y según constó en la comparecencia de algunos directivos en la citada Comisión, como el caso de Ángel Miranda (jefe del Servicio de Limpieza en el Ayuntamiento entre 2008 y 2011), el ahorro completo de una municipalización ascendería a unos 10 millones»

Por si fuera poco, se ha constatado que cada año pagamos 7 millones en IVA, que nos ahorraríamos si Limasa fuera completamente municipal, lo mismo que el impuesto de sociedades. Además, las inversiones en instalaciones están amortizadas en buena medida, en contra de lo que se ha repetido desde el gobierno local. En total, y según constó en la comparecencia de algunos directivos en la citada Comisión, como el caso de Ángel Miranda (jefe del Servicio de Limpieza en el Ayuntamiento entre 2008 y 2011), el ahorro completo de una municipalización ascendería a unos 10 millones.

«en 2005 accedió a garantizar a los socios privados un 2% de beneficio anual de la facturación. Se trata de una compensación que nos ha costado ya unos 70 millones de euros»

Añadamos que, a raíz de las mejoras laborales obtenidas por la plantilla durante las huelgas y distintas negociaciones de 2003, la UTE se negó a presentar las cuentas anuales por lo que consideraba sobrecostes. El gobierno, lejos de presionar, volvió a dar muestras de su insólita indulgencia: en 2005 accedió a garantizar a los socios privados un 2% de beneficio anual de la facturación. Se trata de una compensación que nos ha costado ya unos 70 millones de euros. Esta garantía, pactada en adenda al contrato de prestación de servicios, no hace más que asegurar un beneficio a la parte privada, independientemente de la marcha de la empresa o del estricto cumplimiento de las obligaciones estipuladas. Como es manifiesto, esta circunstancia ha producido irregularidades e incumplimientos en la inversión comprometida.

Ineficiencia

Por otro lado, los socios privados tienen rubricado un compromiso de renovación de la flota, de inversión en instalaciones, etc., que sencillamente no llevan a cabo, y mucho menos ahora que su contrato está en fase de prórroga. De hecho, los 3,7 millones de la construcción de la planta de envase y algunas obras en el parque principal fueron pagadas directamente por el Ayuntamiento. Por añadidura, la planta de tratamiento de Los Ruices no funciona como cabría esperar, la eficiencia en reciclado es claramente mejorable así como la situación de los llamados «cuartelillos» (pequeñas bases operativas en los distritos). Con todo, la deuda de Limasa llegó a ascender a unos 20 millones, según explicó el propio De la Torre durante la investigación, en la actualidad solventados en su mayor parte a través de los presupuestos.
Las elevadas certificaciones fuera de contrato muestran lo costoso del modelo de gestión del servicio, puesto que al estar incluidas en la cifra de negocios de la empresa engordan el llamado «canon técnico». Esto genera un gasto inasumible para un servicio ineficiente, como quedó patente en ciertas declaraciones del concejal responsable (Raúl Jiménez) a inicios de legislatura, incapaz de aprobar la limpieza de la ciudad. En efecto: en el ranking de ciudades más limpias de España en 2015 realizado por la OCU, Málaga, con 45 puntos, se sitúa en el grupo de cola, por debajo de la media (54), y casi a la mitad de ciudades como Oviedo (85 puntos).

Condiciones laborales que no se cumplen

  • En cuanto a la situación de la plantilla, cabe recordar que mediante la huelga de la primavera de 2016 se pedía negociar sobre la base del Convenio de 2012, que era el único en vigor. El Ayuntamiento pretendía convertir en un nuevo Convenio los acuerdos alcanzados en la huelga anterior (2013), un extremo que rechazó en dos ocasiones la Junta, y después una sentencia judicial. Por cierto, el gobierno local manifestó su conformidad con la sentencia, pero a continuación la recurrió.
    Recordemos que los acuerdos de 2013 se aceptaron para evitar un ERTE y por tanto sirvieron simplemente para clausurar la huelga. Tenían carácter temporal, pese a que el Ayuntamiento no hizo ni un mínimo esfuerzo por negociar otro Convenio hasta 2016, con más de dos años de retraso. Como se mencionó durante varias de las sesiones de la investigación, en virtud de aquellos acuerdos:
    > Se perdió la paga de productividad, cuando lo cierto es que los funcionarios la estaban recuperando y el equipo de gobierno había manifestado en varias ocasiones regirse por criterios de la administración pública, aunque queda claro que solo cuando le conviene. Además, esa paga de productividad no era tal, sino que se trataba de las subidas salariales correspondientes al IPC desde 2013, que la plantilla aún no había percibido.
    > Todos los trabajadores y trabajadoras disfrutaban por turnos de sus vacaciones durante los cuatro meses del período estival, lo que provocaba un aumento de las contrataciones en esos meses. Ahora, estaban obligados a escoger una mitad en verano y otra en inverno.
    > Una huelga anterior había conseguido que los descansos semanales fueran de sábado y domingo, pero tras la huelga de 2013 se descansaba solo el domingo y un día rotatorio a la semana.
    Estas dos últimas medidas han tenido una gravísima repercusión en las contrataciones de eventuales y los llamados «domingueros». De ahí la ausencia casi total de personal en los centros de trabajo de los barrios (los «cuartelillos»). En la práctica, por tanto, sí se ha producido el ERTE que pretendió evitar la huelga de 2013.
    El alcalde aseguró que recuperar completamente el Convenio cuesta 8 millones, cuando hasta ahora se había hablado de 6. En la actualidad, la plantilla, conocedora de los informes sobre el notable ahorro anual que supondría municipalizar Limasa (que el Comité de Empresa eleva hasta los 15 millones de euros), acepta las condiciones que comportaría este paso. Así, como quedó patente durante las primeras sesiones de la investigación, admite la eliminación de medidas controvertidas, como los llamados «puestos hereditarios».
    De pasada señalaremos que se trata de una medida establecida por la propia empresa, hasta el punto de que no quiso suprimirla durante la negociación del contrato actual, y que nace para asegurarse relevos en la plantilla en una época en que resultaba difícil encontrar candidatos a este tipo de empleo.
    El Ayuntamiento, en el marco de la negociación de la huelga de 2016, en un principio ofreció a la plantilla descansos los fines de semana, 15 días de vacaciones en verano y que la paga de productividad se recuperara parcialmente, por ejemplo, pero pretendía que este acuerdo tuviera rango de Convenio, de modo que así no tuviera que cumplir la sentencia que le obligaba a negociar sobre el Convenio 2010-2012. Finalmente, y con sentencias favorables a los intereses de la plantilla, el gobierno aceptó buena parte de las reivindicaciones laborales y la huelga concluyó.

«En la Comisión de investigación, Francisco de la Torre no supo justificar su defensa enconada sobre la actuación de los socios privados que mantuvo durante la huelga, hasta el punto de que fue él en persona quien compareció antes los medios, en lugar de ellos, durante los once días que se prolongó el paro»

En la Comisión de investigación, Francisco de la Torre no supo justificar su defensa enconada sobre la actuación de los socios privados que mantuvo durante la huelga, hasta el punto de que fue él en persona quien compareció antes los medios, en lugar de ellos, durante los once días que se prolongó el paro. Tampoco logró explicar satisfactoriamente por qué se negó, precisamente, a exigirles algún tipo de comparecencia pública, algo que está en su mano en tanto que presidente del Consejo de Administración.
En la primera sesión del Consejo de Administración tras la huelga, los socios privados decidieron ausentarse una vez aprobadas las cuentas anuales con el apoyo del grupo popular y el presidente del Consejo, Francisco de la Torre. Se negaron así a hablar de los problemas laborales de la plantilla y de la gestión de la huelga por parte de la empresa y el equipo de gobierno. Dejaron a los consejeros de la oposición municipal con la palabra en la boca, en una muestra más de su desprecio a todo lo que no les suponga beneficio económico.

Municipalización

«el modelo de gestión del servicio actual está diseñado para garantizar, de manera encubierta, beneficios a los socios privados y que recaiga el grueso de los costes y dificultades sobre la parte pública»

En resumen, el modelo de gestión del servicio actual, francamente mejorable, y el contrato que lo sustenta resultan especialmente onerosos para las arcas municipales, puesto que están diseñados para garantizar, de manera encubierta, beneficios a los socios privados y que recaiga el grueso de los costes y dificultades sobre la parte pública. De hecho, en la práctica encontramos varias labores cuya ejecución corresponde a los socios privados pero que no llevan a cabo, a pesar de estar obligados a una asistencia técnica por la que perciben una compensación económica. Así, este modelo mixto (público/privado) nos está costando entre 10 y 15 millones de euros más de lo que pagaríamos en caso de municipalizar la empresa, lo que además permitiría que parte del ahorro redundara en la mejora efectiva del servicio y el mantenimiento de las condiciones laborales de la plantilla.
A estas alturas, nadie excepto el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, puede dudar de que existe una práctica opaca en la ejecución del contrato, que pudiera tener cláusulas que no se atienen a la legalidad en su texto o en la interpretación dada. Se ha pretendido asegurar el beneficio privado de un servicio público, por lo que es primordial recuperar la gestión municipal de la limpieza bajo los principios de transparencia, eficacia, sostenibilidad y eficiencia propios de un sector fundamental, como es la limpieza de nuestra ciudad.

El Caminito: el Ayuntamiento tenía un solar, la gente lo convirtió en huerto comunitario

En pleno barrio de Fuente Olletas, en la calle Zurbarán, aledaña al cementerio de San Miguel, hace seis años había uno de esos solares que tanto abundan en nuestra ciudad. Donde antes se acumulaba basura, escombros y maleza, hoy sobresale una hermosa parcela. Allá por los tiempos del 15M, un grupo de vecinas y vecinos se puso de acuerdo y volcó todas sus energías en convertir ese terreno en El Caminito, un huerto comunitario de ordenadas sendas y parterres, en el que frutas y hortalizas crecen como un milagro en mitad del ruido, la polución y las torres de apartamentos. El Caminito logró recuperar de la desidia administrativa una tierra que puso a disposición del común. Hablamos con algunos de los miembros de esta comunidad.

Gente Corriente: ¿Cómo definís El Caminito?
El Caminito es un proyecto de huerto urbano que nació con el ánimo de hacer visible el estado de abandono de numerosos solares públicos, y también demostrar que la ciudadanía puede gestionarlos y ponerlos al servicio de la comunidad con un coste en recursos muy inferior al que acompaña a la gestión por parte de las administraciones públicas.
GC: ¿Nos podéis resumir estos seis años de trayectoria?
El colectivo surgió como grupo de trabajo sobre medio ambiente dentro de la plataforma Otra Málaga. La propuesta inicial era la ocupación de un solar público abandonado. Más adelante se optó por solicitar la cesión de un solar que el Ayuntamiento había planeado convertir en huerto urbano sin finalmente llevarlo a cabo. Con dicha solicitud se retomó el proyecto con un enfoque diferente al resto de huertos urbanos municipales, que están divididos en pequeñas parcelas que se sortean entre los solicitantes. En el caso del Caminito la gestión sería ciudadana en lugar de municipal, tratando de dar la mayor relevancia posible a la colaboración y el trabajo comunitario.

«En el caso del Caminito la gestión sería ciudadana en lugar de municipal, tratando de dar la mayor relevancia posible a la colaboración y el trabajo comunitario»

GC: Entonces, según vuestra experiencia, ¿creéis que suele haber posibilidades de gestión ciudadana sobre lo que es común, como el suelo público?
La cesión del solar del Caminito fue posible porque en aquel momento Málaga optaba a la candidatura de capital cultural 2016 y los huertos urbanos «daban puntos». Una vez eliminada del concurso, el Ayuntamiento perdió el interés sobre los huertos urbanos y actualmente es realmente complicado conseguir una cesión para este tipo de usos. Sin embargo, sigue habiendo un claro apoyo del Ayuntamiento para la cesión de solares municipales en los que construir casas de hermandad de cofradías.
GC: ¿Cuál es la situación legal del Caminito?
Para poder optar a la cesión del solar el colectivo se constituyó como asociación, pero sus dinámicas han seguido siendo las mismas. La toma de decisiones se sigue realizando en asambleas abiertas a través del consenso, ya que constituirse legalmente fue un mero trámite que se aceptó sin mucha resistencia.
GC: ¿Podríamos decir que el Caminito es un espacio del común?
Podríamos decir que pretende serlo, porque la realidad es que muy poca gente entiende ese concepto. Son numerosos los casos de personas interesadas en solicitar una parcela para gestionarla de forma individual, y lamentablemente pocos los de personas que finalmente se integran en las dinámicas existentes. Es una problemática que no hemos conseguido solucionar aún.

Collage El caminito 1er aniversario, por Mercedes López

GC: ¿Cómo es la comunidad que gestiona el recurso común y su producción?
La comunidad está formada tanto por miembros de la asociación como cualquier persona interesada en colaborar. Para participar en las asambleas no es necesario pertenecer a la asociación, aunque sí para tener llave del recinto, por la responsabilidad que conlleva.
Curiosamente la producción es una parte bastante irrelevante y nunca surge problema alguno a la hora de repartirla, por lo que no se ha establecido ninguna norma al respecto más allá de confiar en el sentido común de las y los participantes.
GC: Se dice que lo comunal es inoperante, ¿cómo se regula El Caminito, es muy complicado?
Es muy fácil cuando se entiende qué es un espacio comunal. No todo el mundo lo ha entendido siempre y eso ha supuesto ciertos retos. En general los problemas son de poca importancia y se han sabido gestionar sin perjuicio para nadie.
GC: ¿Qué aprendizajes sacáis de esa experiencia de gestión común?
Hemos tenido la suerte de vivir una experiencia que ha tenido éxito, en el sentido de haberse mantenido en el tiempo y conservar la ilusión tras cerca de seis años. Respecto a la relación con el barrio podemos decir que El Caminito está bien integrado en él, pero no que sus habitantes lo estén en el espacio, ya que no lo consideran suyo.
GC: Parece que ese es uno de los retos a los que se enfrenta El Caminito.
El mayor reto es la participación, sí. El grupo es estable pero reducido. Es necesaria más participación para fortalecer el proyecto. Y que la gente sepa que el Caminito no es solo un huerto urbano. Es un espacio disponible a colectivos y asociaciones donde pueden organizar actividades de muy diversa índole.
GC: ¿Tiene relación El Caminito con otros proyectos e iniciativas del Común?
Sus impulsores iniciales (muchos ya no continúan en el proyecto por diversas circunstancias) colaboraban con la Casa Invisible, por lo que sigue habiendo un vínculo estrecho con ella. Al igual que el Caminito, la huerta Dignidad fue una conquista para el Común, y con ella también se tiene bastante contacto.
GC: Su aportación a la ciudad parece evidente.
Las ciudades no deberían ser grises, sino verdes, y en ello estamos. Esperamos que el proyecto siga consolidándose como un oasis dentro de la ciudad, y confiamos en que la ciudadanía lo valore y reclame en otros puntos, porque algo así solo es posible a través de la unión de voluntades y energías. Algo como El Caminito no lo construyen una o dos personas, sino un colectivo que logre empoderarse

Piscinas municipales: ahogar el dinero de todas para beneficio de unos pocos

Miguel Ángel Fernández

De cómo se entregan equipamientos públicos a empresas privadas para que extraigan beneficios particulares o nos pasen la factura en caso de pérdidas.

Los falsos riesgos empresariales

Es en la gestión de los equipamientos deportivos, y en concreto de la red de piscinas municipales, donde encontramos uno de los ejemplos más relevantes sobre el modelo de explotación de los recursos públicos que tiene el gobierno de Málaga, y en general el PP. Ese modelo, basado en la socialización de los gastos y la privatización de los beneficios, acaba deteriorando el servicio público en aras del enriquecimiento de unos pocos. La gestión de las piscinas municipales, como mencionábamos, merece un relato detallado.
Siempre se ha dicho que el beneficio empresarial se justifica por el riesgo que asume el capital al comprometer su patrimonio. No es así. En el caso que nos ocupa las empresas adjudicatarias, en su mayor parte, acceden a las concesiones sin asumir riesgos notables. Por el contrario, es el Ayuntamiento, la ciudadanía de Málaga en definitiva, quien finalmente paga las consecuencias de la deficiente gestión de estos recursos, cuyo coste no es solo económico, pues también redunda en la dificultad de disfrutar del derecho al deporte y al ocio.

«A partir de 2009 el Ayuntamiento comienza un proceso de privatización de la gestión de estas instalaciones plagado de irregularidades, negligencia y dejación de responsabilidades»

A partir de 2009 el Ayuntamiento comienza un proceso de privatización de la gestión de estas instalaciones plagado de irregularidades, negligencia y dejación de responsabilidades. Se desmantelaron los servicios públicos municipales bajo la premisa de las supuestas bondades que traería la gestión privada de estos servicios, lo que evidentemente ha quedado desmentido por la realidad. Cuando los recursos son limitados la prioridad debe ser garantizar un servicio y un derecho, puesto que en una lógica de beneficios empresariales habrá que degradar la calidad, casi siempre a costa de las condiciones laborales.

Seis piscinas en las que se ahogó el dinero público

Con la llegada del Partido Popular al Ayuntamiento de Málaga en 1995 se puso en marcha la construcción de una red de piscinas municipales, pues es cierto que en la etapa anterior nuestra ciudad carecía de este tipo de equipamientos públicos
En el año 2008 el equipo de gobierno informaba de una inversión de 78 millones de euros, y anunciaba la gestión a través de concesiones a empresas privadas. Desde esa fecha encontramos multitud de irregularidades, que han supuesto unos sobrecostes a las arcas públicas, incremento de los precios para las usuarias, mala calidad del servicio y varias instalaciones hoy cerradas o incluso desaparecidas. Aquí algunos ejemplos:

1. Santa Rosalía (Campanillas): es la piscina que lleva más tiempo cerrada, desde 2006, año en que acabó la concesión que la gestionaba. Hubo un nuevo concurso y una empresa que lo ganó, pero terminó desistiendo. El Ayuntamiento anunció que rescataría la concesión, pero nunca lo hizo. Desde entonces, el vecindario de Santa Rosalía y Maqueda sigue sin piscina.

2. Campanillas: la piscina se cerró por orden municipal en 2013 debido a defectos en la cubierta. Un año después el Ayuntamiento resolvió el contrato con la empresa concesionaria. Urbanismo anunció la imposibilidad de volver a abrirla por fallos en la estructura. Tras un reguero de infracciones urbanísticas, el concesionario fue sancionado por Urbanismo con 250.000 euros por levantar construcciones ilegales. Fue finalmente demolida.

3. Colmenarejo: construida en 2009 con una inversión de 378.000 euros, el Ayuntamiento tuvo que gastarse 40.000 euros más para reparar los desperfectos después de que quedara abandonada, en julio de 2010. Se abrió de forma precaria en los meses de verano de 2015-2016 después de una nueva inversión del Ayuntamiento.

«El complejo de piscinas costó 3,6 millones de euros, pero solo tres meses después de conseguir la concesión, y tras numerosas quejas de usuarias por las deficiencias que presentaba, Belda y Parody (socios de la empresa concesionaria, Imcomar Blue) rompieron su relación comercial»

4. Puerto de la Torre: este equipamiento es el mejor ejemplo de la fallida gestión de las piscinas municipales por parte del equipo de gobierno. El complejo de piscinas costó 3,6 millones de euros, pero solo tres meses después de conseguir la concesión, y tras numerosas quejas de usuarias por las deficiencias que presentaba, Belda y Parody (socios de la empresa concesionaria, Imcomar Blue) rompieron su relación comercial. Entonces se supo que en realidad quien gestionaba el equipamiento público era el conseguidor Vega, directivo de una asociación vecinal próxima al PP, Central Ciudadana. Finalmente Belda se convirtió en el principal testigo del llamado Caso Piscinas, que le costó la carrera política al entonces delfín de Paco de la Torre, Manuel Díaz, a la sazón concejal de Urbanismo. Díaz abandonó la política tras la decisión del PP de no llevarlo en las listas para las siguientes elecciones municipales. En este caso, finalmente archivado por los juzgados, también estuvo implicado el entonces concejal de deportes y actual presidente del Partido Popular en Málaga y presidente de la Diputación, Elías Bendodo.
Después de múltiples denuncias del vecindario y la plantilla de la empresa, el Ayuntamiento acordó iniciar el procedimiento para resolver el contrato por no ejecutar las fases 2, 3 y 4 de las instalaciones, recogidas en el pliego, y después de conocer que la Seguridad Social le reclama a la concesionaria 404.957 euros correspondientes a la cuota de las trabajadoras entre 2010 y 2013. De hecho, el Ayuntamiento se ha visto obligado a adelantar esa cantidad. A ello hay que añadir una sanción de 87.515 euros por esta infracción, que el Ayuntamiento debe asumir como responsable subsidiario. Finalmente, en junio de 2015 se produjo el cierre de la piscina, lo que dejó sin servicio a más de 1.000 usuarias y en general al vecindario del Puerto de la Torre.
Por si fuera poco, hay que añadir la deuda contraída con los trabajadores y trabajadoras, a los que se adeudaba entre 6 y 10 meses de salario. Sumemos también el perjuicio económico causado a las usuarias, a quienes no se les ha reembolsado ningún tipo de compensación por los meses de abono pagados y no disfrutados.
El incendio en las instalaciones de la piscina del Puerto de la Torre ocurrido a inicios de mayo de 2017 puso de manifiesto que este equipamiento municipal no contaba con servicio de vigilancia ni mantenimiento desde finales del año anterior, según reconoció el propio Ayuntamiento de Málaga. El deterioro de la instalación había alcanzado límites insospechados: desde la desaparición de solerías, griferías, cableado, etc., hasta la propia piscina convertida en un estercolero y algunas estancias habitadas en condiciones infrahumanas.
De nuevo han sido las arcas públicas, es decir, toda la ciudadanía malagueña, la que se ha hecho cargo de los gastos ocasionados por la dejadez de este equipo de gobierno en sus responsabilidades de guarda y custodia de los bienes públicos. Ya sabemos que las reparaciones necesarias tienen un coste de al menos 150.000 euros.

5. Piscina Conde de Guadalhorce: un ejemplo de una concesión que pasa de mano en mano mientras se incumplen los pliegos de condiciones. En el año 2006 se propone la construcción de un complejo deportivo en los antiguos terrenos del matadero de Carranque, dentro del plan de equipamientos deportivos municipales. El complejo constaría de piscina cubierta, gimnasio y pabellón cubierto, entre otras instalaciones. El modelo elegido es el de concesión administrativa y al proceso de licitación se presentaron dos propuestas: Ecur Constructora Urbanizadora y la UTE (Unión Temporal de Empresas) conformada por Aossa Málaga y Opade, ambas rechazadas por no cumplir todos los requisitos del concurso. Al nuevo concurso solo se presenta una nueva UTE, ahora compuesta por Ecur Constructora Urbanizadora y Opade, que, una vez ganado, pasan a convertirse en Udissport Conde del Guadalhorce.
Las condiciones del pliego establecen una concesión de 40 años con un canon de pago único de 250.000 euros. El proyecto se divide en tres fases y el Ayuntamiento se compromete a entregar la primera fase, con un coste de 2.765.572 euros, mientras que la concesionaria deberá asumir la segunda y tercera fase con una inversión calculada en 3.463.085 euros, lo que eleva el coste total del proyecto a 6.228.657 euros. El plazo de ejecución de las 2 fases es de 18 meses una vez el Ayuntamiento haga entrega de la primera.
De entrada destaca que, tras un informe del interventor municipal, se modifican algunos aspectos del pliego relativos a la modalidad del contrato, duración de la concesión, etc., pero no en cuanto a las tarifas, que nunca deben superar las fijadas por la ordenanza municipal. Sin embargo, el pliego admite subidas según el IPC anual, lo que abre la puerta a la aplicación de tarifas superiores a las marcadas por la ordenanza. Finalmente, el contrato se firma en marzo de 2008, y el concesionario ingresa el canon y los avales necesarios, aunque el Ayuntamiento no le entrega la primera fase de las obras hasta el 5 de agosto de 2009.

«el Ayuntamiento debería haber aplicado las multas diarias que recoge la ley de contratos públicos y, además, tenía la potestad para solicitar la rescisión del contrato. No hizo nada de ello»

Llegamos así a octubre de 2010 para ver el primer cambio de manos del proyecto a otra concesionaria. La junta de gobierno autoriza que el 49% de la UTE pase a propiedad de Valssport Gestión Deportiva SL, que tres años después se haría con el 100%. Aun así, nunca terminó la tercera fase de la construcción, la más costosa, pues suponía una inversión aproximada de 1.400.000 euros. Teniendo en cuenta que la entrega de la primera fase se produjo en agosto de 2009 y que el concesionario tenía un plazo de 18 meses para ejecutar las dos restantes fases, se estaba incurriendo en incumplimiento desde enero de 2011. Desde ese momento el Ayuntamiento debería haber aplicado las multas diarias que recoge la ley de contratos públicos y, además, tenía la potestad para solicitar la rescisión del contrato. No hizo nada de ello.
Por su parte, en 2012 la concesionaria envió un escrito para solicitar un aplazamiento y cambiar la tercera fase de pabellón cubierto a pistas de pádel. El Ayuntamiento no contestó, de modo que en 2014 se volvió a enviar otro escrito, con idéntico resultado. No hay duda, por tanto, de la clara dejación de sus responsabilidades, a lo que se añade un posible quebranto económico, pues, como queda dicho, este incumplimiento debería haber comportado una multa diaria y la posible rescisión del contrato de cesión.
Finalmente, acabando 2016, el concesionario, tras presentar informes con resultados negativos en los últimos tres años, solicita indemnizaciones al Ayuntamiento y pide la rescisión de mutuo acuerdo. Sorprendentemente, poco después presenta otra propuesta de cambio del contrato para sustituir la tercera fase el pabellón cubierto, en esta ocasión por mejoras en las instalaciones existentes. Ahora sí, en enero de 2017 el Ayuntamiento acepta su propuesta, pero entonces, en otro giro inesperado se da un nuevo cambio de manos: Valssport cede ese mismo mes de febrero sus derechos a Forus Deporte y Ocio, operación aprobada en junta de gobierno, de modo que en la actualidad es la empresa que gestiona las instalaciones.

«el complejo acuático Inacua, junto al polideportivo Martín Carpena, es otro caso emblemático de cómo con recursos públicos se fomenta un negocio privado»

6. Inacua o el pelotazo de Ferrovial: el complejo acuático Inacua, situado en la calle Marilyn Monroe, junto al polideportivo Martín Carpena, es otro caso emblemático de cómo con recursos públicos se fomenta un negocio privado. El Ayuntamiento de Málaga destinó 14 millones de euros, mientras que el gobierno andaluz aportó otros 3 millones para contar con equipamientos suficientes para grandes competiciones acuáticas, como campeonatos de waterpolo. Inaugurado a finales de 2008, se convirtió, con sus 25.000 metros cuadrados, en el mayor complejo de piscinas de Málaga.

«En el año 2009 Ferrovial/Ferroser presenta una solicitud para construir un restaurante en las instalaciones de Inacua, algo que no estaba previsto en el pliego de condiciones con el que se hizo con el concurso público»

El Consistorio asumió el coste del edificio, pero cedió su gestión a Ferroser, una filial de Ferrovial, constante en los papeles de Bárcenas, que se presenta con el nombre comercial de Inacua y que dispone de la cesión por 15 años (aunque el entonces concejal de Deportes, Elías Bendodo, pretendía que fuera por 35 años). En el año 2009 Ferrovial/Ferroser presenta una solicitud para construir un restaurante en las instalaciones de Inacua, algo que no estaba previsto en el pliego de condiciones con el que se hizo con el concurso público. El Departamento de Disciplina Urbanística advierte de que la actividad de restaurante «es un uso terciario de hostelería, dicho uso no es compatible en parcelas de equipamiento, por lo que no sería viable. No obstante, cabría la posibilidad de una dependencia restaurante inherente al equipamiento, aunque no como actividad independiente. En todo caso se deberá cumplir con toda la normativa correspondiente». Esa normativa dicta que el lujoso restaurante únicamente podrá ser utilizado por los usuarios de las instalaciones deportivas, cuando la realidad es que funciona de cara al público, hasta el punto de que dispone de entrada independiente.
En su momento la Fundación Deportiva Municipal, dirigida por el presidente del PP de Málaga, tanto entonces como ahora, Elías Bendodo, ya intervino con un informe para tratar de justificar la apertura del restaurante. Este mismo informe define claramente los horarios del centro deportivo, a los que tendría que ajustarse el restaurante. Tras este informe, y con un canon anual de 7.688 euros (unos 640 euros mensuales, cantidad irrisoria para una instalación de este tipo), las obras del restaurante son dirigidas por el arquitecto Andrés Gutiérrez Istria, ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga con el gobierno local del PP entre 2001 y 2005, fecha en la que dio el paso a la promotora privada Evemarina, hoy en quiebra. Por cierto, hablando de piscinas, Gutiérrez Istria saltó a los medios cuando, ocupando su cargo como gerente de Urbanismo, se dio permiso a sí mismo para construir una piscina en su propia casa.


Entre febrero y mayo de 2010, Ferrovial/Ferroser y el Grupo Moliere llegan a un acuerdo, de manera que en la fiesta de inauguración de Azul, que así se llama la terraza-restaurante-lounge, este grupo de empresarios locales de salas de fiestas ya aparece como gestor del local. Sobre este nuevo negocio a costa de lo público convendría que saliera a la luz cuánto paga el grupo Moliere a Ferroser por explotar una instalación que le cuesta a esta última 640 euros mensuales.
Azul incumple la normativa en dos cuestiones básicas que apuntó la propia Gerencia Municipal de Urbanismo. Una es la de los horarios, puesto que el restaurante abre más allá del establecido en Inacua, y la otra es que no se trata de una estructura inherente al centro acuático y funciona como actividad independiente, con acceso al exterior, y desde luego muy alejada de la típica cafetería de una instalación deportiva. De hecho, se promociona como «Restaurante Azul Terraza Lounge. Cócteles, Combinados y todo tipo de Bebidas para disfrutar del mejor ambiente musical. Veladas con fiestas temáticas, monólogos y otras actuaciones en directo, para gozar en la noche, sobre todo en los fines de semana. Azul es lugar ideal para Comidas de Empresa y Grupos, Celebraciones Familiares, como Bodas Comuniones, Aniversarios, etc.; y Eventos en general».
¿Resulta excesivo todo esto? Aún hay más. En el año 2014 se presenta un nuevo proyecto, el Centro Raqueta, una instalación deportiva anexa a Inacua adjudicada por concurso público también a Ferrovial/Ferroser, a pesar de que otra empresa obtuvo 15 puntos más en su oferta, como denunció, sin éxito.
Centro Raqueta abre sus puertas el 15 de julio de 2015, convirtiéndose en el mayor complejo dedicado al deporte de raqueta de Andalucía. Y sí, dentro del proyecto se contempla la ampliación de Azul para dar servicio a los clientes de la nueva instalación deportiva.
Los alambicados pretextos del equipo de gobierno para justificar su descarada negligencia y pasar la pelota a otras administraciones no solo han costado la reprobación del Pleno a la concejala de Deportes, Elisa Pérez de Siles, sino que además chocan con la ley. El reglamento general de la ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas, establece en su artículo 85 que las Entidades Locales «tienen la obligación de conservar, proteger, defender y mejorar sus bienes». Además, la Ley Decreto 18/2006, de 24 de enero, por la que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, reza en su artículo 165 que «Las autoridades y el personal al servicio de las Entidades Locales, que tuvieran a su cargo la gestión o utilización de sus bienes y derechos, responderán directamente ante la Entidad de los daños y perjuicios ocasionados por su pérdida o detrimento, en caso de dolo, culpa o negligencia graves».

Toda esta nefasta gestión ha provocado un grave perjuicio a las arcas públicas, así como a la ciudadanía, que ve mermado su derecho al uso y disfrute de los servicios públicos municipales. Si las responsabilidades políticas están claras, queda aún lanzarse a la piscina de las judiciales y dirimir las penales. Esperemos que eso ocurra antes de fin de legislatura.

El Patronato de recaudación provincial en peligro porque la ley no protege nuestros datos

En febrero de 2017 sabíamos que el gigante JP Morgan estaba detrás de la posible privatización del Patronato de recaudación provincial. En la práctica, privatizar la gestión tributaria supone también la entrega de datos sensibles de la ciudadanía para su procesamiento y posterior venta. Como hemos visto en páginas anteriores, la venta de estos metadatos (información obtenida a partir de los datos) genera tales beneficios como para que las tres empresas más grandes del mundo obtengan así sus mayores ingresos. Los problemas y costes para la ciudadanía serían múltiples, como entre otros asuntos destacamos en esta conversación con integrantes de la sección sindical de CCOO.

Gente Corriente: Mucha gente ha oído hablar del Patronato de recaudación provincial, aunque quizás no se conozcan del todo sus funciones.
Es una Agencia Pública Local, dependiente de la Diputación de Málaga, cuyos fines consisten en el ejercicio de las facultades y funciones que otras administraciones u organismos públicos encomiendan o delegan en la Diputación en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación de sus tributos, impuestos y demás ingresos de derecho público. Su importancia radica, además, en que mantiene la necesaria cercanía al municipio y los ciudadanos y optimiza la gestión de los recursos públicos.
GC: ¿A qué problemas se enfrenta en la actualidad?
En buena medida a los mismos que acucian a todas las administraciones públicas que, con los continuos recortes de los distintos gobiernos durante los últimos años, han venido siendo en cierta forma desmanteladas, con el consiguiente deterioro de la calidad de los servicios.
GC: ¿Qué manera tenéis de abordar esos problemas?
La verdad que el sostenimiento de las administraciones públicas, y en el caso del Patronato no es distinto, está sustentado por el buen hacer de los empleados y empleadas públicos que, incluso sin los recursos suficientes, abordan el trabajo a diario con la voluntad de prestar el mejor servicio al ciudadano y a los Ayuntamientos. Así, constantemente reivindicamos a los gestores políticos el impulso de las mejoras necesarias y la apuesta por lo público.
GC: Recientemente un informe elaborado por trabajadores del Patronato contabilizaba unos 75 millones de euros declarados como incobrables durante los últimos cinco años en expedientes recaudatorios encomendados por la Junta de Andalucía.
Por la información de la que disponemos, todo deriva del trabajo de un grupo de compañeras y compañeros que en el desarrollo de sus tareas perciben ciertas incidencias en la gestión de algunos expedientes que, al parecer, pudieran derivar en perjuicios económicos. El problema surge cuando, al comunicarlo a sus superiores, observan que no se ponen las debidas soluciones y se desatienden sus alertas.
Al no existir otros mecanismos de control de la gestión administrativa de las administraciones públicas, las deficiencias o incidencias detectadas, cuando no son atendidas en el seno de la organización, obligan a acudir a instancias externas, lo que provoca fuertes tensiones entre la plantilla y los gestores políticos. En nuestro caso somos testigos de que la denuncia que se presentó en Fiscalía ha ocasionado importantes perjuicios a los trabajadores y trabajadoras que alertaron de la posible deficiencia en la gestión interna. [Los acosos laborales derivaron en bajas por depresión de los dos denunciantes, según trascendió en su momento.]

«la denuncia que se presentó en Fiscalía ha ocasionado importantes perjuicios a los trabajadores y trabajadoras que alertaron de la posible deficiencia en la gestión interna»

GC: En un 60% de los casos analizados no constaba actuación alguna de cobro y muchos de esos expedientes correspondían a contribuyentes titulares de bienes susceptibles de embargo, pese a lo cual la Fiscalía dice que no aprecia indicios de malversación ni prevaricación, si bien admite que pudiera haber dejación de funciones. Además, el Patronato también ha sido noticia por un intento de privatización de parte de sus servicios.
Desgraciadamente es una noticia que se produce periódicamente debido tanto a intereses políticos para beneficiar a empresas muy ligadas a fondos de inversión, como a un intento de camuflar la incapacidad de los directivos políticos (en algunos casos hasta técnicos) para mejorar la eficiencia y eficacia de sus recursos.
GC: De hecho, la empresa con más posibilidades de adjudicarse el servicio era Gestión Tributaria Territorial (GTT), propiedad del fondo de capital riesgo (o «fondo buitre) Realza, que se dedica a la compra de deuda de administraciones a un porcentaje muy inferior de su valor y al troceado y venta de empresas al borde de la quiebra, gracias a un modelo que la familia propietaria viene ensayando desde las dictaduras de Primo Rivera y Franco.
Claro, y es un asunto muy grave, ya que se trata de un intento de poner en manos privadas la gestión del cobro de los impuestos de los municipios de la provincia con el consiguiente acceso a información sensible de los ciudadanos y una forma de intervención en la capacidad de ingresos de los Ayuntamientos (situación que podría derivar en una forma de control de los mismos).
GC: Pensemos que Realza tiene a su vez entre sus principales inversores a fondos buitres de Dinamarca y Finlandia, y también a JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos, multado por la justicia de su país con 13.000 millones de dólares por malas prácticas hipotecarias que, según el fiscal, generaron «las semillas de la crisis hipotecaria de 2008»
Efectivamente, y por tanto optar por la privatización tiene un altísimo coste, y pensamos que irreversible. En primer lugar tiene un coste social, por la puesta en manos de los fondos de inversión de datos personales y sensibles relativos a la identidad, las propiedades, cuentas corrientes, valores catastrales, datos de Hacienda, etc. Es algo que la ley de protección de datos debería blindar, pero no lo hace. También hay un coste económico, porque las tarifas de los productos existentes en el mercado se tornarían irreversibles. Y además estratégico, porque supone ceder autonomía y depender de la oferta privada y el consiguiente sometimiento a los precios de mercado, a lo que habría que ajustar los pliegos de condiciones antes de sacar a concurso estos servicios.

ONDA COLOR: Una radio comunitaria para la transformación social de Palma-Palmilla

En el año 2008 Onda Color tomaba el testigo de Onda Puerto Radio para instalarse en Palma-Palmilla. Desde entonces, el 107.3 de la FM malagueña emite los contenidos de una de las experiencias de gestión ciudadana y comunicativa con más solera de Andalucía. Lo hace, además, desde el corazón de uno de los barrios más abandonados por el Ayuntamiento de la ciudad, lo que a su vez la convierte en un proyecto vecinal que rompe tópicos y fronteras urbanas. De todo ello charlamos con dos de sus representantes, Rocío Santos Gil y Javier Díaz Muriana.

Gente Corriente: Onda Color es una radio comunitaria, pero también mucho más.
Onda Color es, en efecto, una radio comunitaria, pero quizá es lo que menos sea de todo. Onda Color es resultado de una reivindicación del vecindario del barrio en el que se encuentra, Palma-Palmilla y, tal vez por ello, no es una radio cualquiera, sino que tiene en su ADN un propósito: ser una herramienta de cambio social para el barrio. Pero Onda Color escapa a su idea original y es todos y cada uno de los colectivos, estudiantes y personas que la integran, haciendo sus programas, montando sus debates y participando por todos los medios posibles en una comunicación libre y ciudadana.

«no es una radio cualquiera, sino que tiene en su ADN un propósito: ser una herramienta de cambio social para el barrio»

GC: Contadnos un poco de su trayectoria.
El origen de Onda Cola se remonta al período 1991-1992, cuando un colectivo vecinal del Puerto de la Torre, otro barrio malagueño, decide montar una radio. Onda Puerto crece allí y poco a poco también se convierte en un espacio donde estudiantes de la UMA y otros colectivos van a hacer programas propios, enriqueciendo la dinámica de la radio, los contenidos, los enfoques, etc. Hasta el año 2006 la radio sigue funcionando en su emplazamiento original. Es entonces cuando el local donde se encontraba cierra, obligándonos a buscar otro sitio donde ubicar la radio. Tanteamos varias posibilidades, hablamos con varios colectivos, hasta que, casualmente, un compañero de una radio comunitaria de Madrid conoce a una vecina de Palma- Palmilla durante unas jornadas donde asiste como representante de Proyecto Hogar. Nuestro compañero le habla de nosotras y la vecina le comenta que el tener una radio el barrio es un reclamo vecinal muy extendido.

«son las vecinas y vecinos del barrio y muchos de los colectivos que allí trabajan quienes deciden de qué forma se debe implementar la emisora,
bajo qué parámetros, etc.»

Ahí comienza nuestra relación con el barrio, a través de Proyecto Hogar y de asambleas vecinales enormes, donde son las vecinas y vecinos del barrio y muchos de los colectivos que allí trabajan quienes deciden de qué forma se debe implementar la emisora, bajo qué parámetros, etc.
Eligen incluso el nombre. La radio comienza instalándose en un espacio para mudarse temporalmente a otro.
Después de algo más de un año desde los comienzos de nuestra emisión en Palma-Palmilla, nos instalamos definitivamente en el edificio actual. Esto fue en 2008. Desde entonces decenas de colectivos, centenares de personas del barrio y de otros lugares han pasado por la radio para hacer su programa, para colaborar en la gestión o en la producción de contenidos, para ser entrevistadas, etc.
Además de crear contenidos sonoros, tenemos otra serie de actividades, como el RadioTeatro y el Club de Lectura con perspectiva de género, actividades paralelas de la propia plataforma de comunicación que nutren a su vez a Onda Color de contenidos y revierten políticamente en la forma de entender nuestra relación con la radio. También colaboramos con colectivos externos, llevamos la radio a la calle, hacemos formación en institutos y colegios, desarrollamos talleres de alfabetización mediáticas en distintos territorios, etc.


GC: El espectro electromagnético utilizado para la radiodifusión y emisión televisiva es de dominio público, ¿creéis que se da una posibilidad de gestión ciudadana sobre lo que es común?
Las experiencias latinoamericanas, así como algunas europeas, nos enseñan que existen mecanismos de participación pública en la gestión del espectro radioeléctrico de los que estamos a años luz en España.

«existen mecanismos de participación pública en la gestión del espectro radioeléctrico de los que
estamos a años luz en España»

Entre los mecanismos se encuentran tres que consideramos fundamentales. El primero de ellos es la gestión ciudadana del dominio público, en este caso de las ondas radioeléctricas, que debería pasar por la creación de un consejo de participación en el que sociedad civil organizada y colectivos de base auditen la labor diaria de los medios de comunicación en función de la utilización del espectro para el servicio público: informar, educar y entretener. La segunda de las herramientas es la participación de la sociedad civil en el espectro radioeléctrico, por eso hemos promovido junto a otras organizaciones en el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía una ley andaluza que tenga en cuenta que existen voces desde la sociedad civil y sin ánimo de lucro que quieren disputarle el protagonismo a las radios privadas comerciales y públicas. Por último, pensamos que existe un mecanismo, previsto en los estatutos de autonomía y la propia Ley estatal del audiovisual, que no se está ejecutando con todas las garantías posibles y es el derecho de acceso. Es un derecho del que goza cualquier persona a utilizar las herramientas que ofrecen las televisiones y radios públicas, incluidas las locales, para que su voz sea escuchada.
No se trata solamente de que Onda Azul, por poner un ejemplo, entreviste en sus informativos a los colectivos sociales, sino de que estos sean formados y provistos de todo lo necesario para producir su propio programa, decidir sus propios temas, configurar su propia agenda. Así visto, pensar que la gestión que hacen nuestros representantes públicos del espacio común es ciudadana supone alejarse mucho de lo que consideramos un modelo realmente democrático.
GC: Habéis mencionado organizaciones como el Foro Andaluz. ¿Tiene relación Onda Color con otros proyectos e iniciativas del Común?
En la actualidad nos encontramos en una fase de construcción de red en la ciudad. Si bien es cierto que llevamos años trabajando en iniciativas de comunicación, la radio ha servido como espacio de encuentro para distintos colectivos de la ciudad y ese es su mayor valor: que la radio se convierta (y eso depende de los propios colectivos) en una herramienta de comunicación a disposición de la gente, que puede utilizar para dar voz a sus demandas y crear en su entorno un proyecto común. A veces nos llaman para cubrir como medio de comunicación determinadas actividades o acciones y, obviamente, no podemos asistir porque no somos un medio profesionalizado que disponga de personal contratado. Los colectivos deben empoderarse a través de la radio y dar forma a sus necesidades mediáticas, generar contenidos propios de manera autónoma que puedan difundir dándole el valor que merecen.
GC: ¿Cuál es la situación legal de Onda Color?
Somos un medio que se encuentra en la alegalidad. Por una parte, la ley nos «reconoce» como una herramienta útil para cubrir necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo pero, a su vez, no ha desarrollado el reglamento al que obligaba la ley para procurar una acceso adecuado de este tipo de emisoras a las licencias. Esto es a lo que aluden los legisladores de las administraciones territoriales, en nuestro caso la Junta de Andalucía, para obstaculizar nuestro acceso a licencias con las que emitir de forma completamente legal. Es por ello que hemos pedido a la Junta de Andalucía que solicite al Ministerio de Industria, que es quien planifica el espectro radioeléctrico, licencias para las comunitarias.
GC: Por lo que contáis, podríamos decir que Onda Color es una emisora del Común.
El común somos todas las personas que participamos en la radio, pero sobre todo las que no lo hacen. ¿Qué es el común? pero sobre todo, ¿qué no es el común, qué está fuera del común? A pesar de las dificultades procuramos llevar a rajatabla la radicalidad democrática en la toma de decisiones y la apertura del colectivo de la radio a cualquier persona que quiera echar una mano y participar activamente en ella.
GC: ¿Cuál sería esa comunidad que gestiona el recurso común? ¿Es abierta?
La comunidad que gestiona la radio está participada por vecinas y vecinos del barrio Palma-Palmilla y por activistas, migrantes, comunicadoras y estudiantes, trabajadoras que dedican su tiempo libre a hacer radio, gente voluntaria que se dedica a los cuidados, tan importante para que la radio no se pare ni un momento, colaboradoras que ponen su voz y sus ideas para que algún día todo cambie sin dejar a nadie atrás. Creemos que tenemos que estar en el tejido asociativo de Málaga y otros proyectos con un objetivo común, empoderarnos a través de la comunicación y visibilizar aquellas iniciativas que apuesten por la transformación social del territorio. Y cualquier persona o colectivo puede solicitar un espacio en Onda Color.
GC: Se suele decir que lo comunal es caótico e inoperante, ¿cómo se regula Onda Color, es muy complicado?
Hacer lo común no es caótico ni inoperante, es natural. Y claro, en un mundo en el que el capitalismo ha conquistado todas las facetas de la vida, nuestro horario, nuestras relaciones personales, nuestra forma de vivir la vida, de alimentarnos, de pensar, recuperar los tiempos y no dejarse arrastrar por la marea es una tarea titánica. Necesitamos desaprender los procesos para aprender unos nuevos. No hay que inventarlos, ya están ahí, solo que hay que convencerse, politizarse, reapropiarse de los ritmos de trabajo y parar las inercias con las que se crean ilusiones de eficacia, pero que en absoluto transforman las sociedades en las que queremos incidir.
Los procesos de gestión, además, son duros porque requieren de un esfuerzo colectivo mayor y de una inversión del tiempo personal bastante elevada. La radio es un espacio físico al que hay que prestar determinados cuidados y atenciones, hay un porcentaje de imprevistos que demandan atención en los momentos más insospechados. La coordinación de la gente que participa allí y que asume tareas en distintos ámbitos es fundamental, ya que, como hemos señalado, Onda Color no se limita exclusivamente a producir contenidos sonoros. El colectivo desarrolla actividades formativas relacionadas con la alfabetización mediática en distintos ámbitos o sacamos la radio a la calle para determinadas actividades. Esto requiere un esfuerzo colectivo e individual enorme que debemos tener en cuenta para evitar frustraciones y autoorganizarnos de la forma más eficiente posible.
GC: ¿Qué aprendizajes sacáis de esa experiencia de gestión común?
Que en el momento en que dejemos de obtener aprendizajes nos habremos convertido en una herramienta más del sistema que pretendemos transformar. Aprender es una tarea constante. Nosotros decimos que nacimos para escuchar, no para hablar. Y esa es una máxima que llevamos por bandera. Seguimos construyéndonos como medio y como colectivo que siempre mira al territorio donde está ubicado sin perder de vista al mundo. No podemos dejar de escuchar y trabajar para transformar nuestra realidad más inmediata, que es la de Palma-Palmilla, sin escuchar a la vez a la gente del barrio. ¿Son mejorables los mecanismos de participación que hemos construido y seguimos construyendo? Por supuesto. Quizás vamos despacio porque, como decían, vamos lejos. Pero los relatos, las realidades y las experiencias de una zona como la nuestra deben incorporarse a un ritmo que nadie debe imponer desde fuera, ni siquiera desde la emisora. Tenemos referentes y podemos resolver cosas en común con otras radios amigas, pero al final cada medio comunitario es único y tiene su propia idiosincrasia, se debe a su territorio. Todo esto hace que Onda Color sea algo muy orgánico, muy vivo.
GC: Y por tanto se enfrenta a problemas y desafíos específicos.
No creemos que sean diferentes a las que se enfrentan cada día todos los colectivos sociales: infrafinanciación, falta de motivación y participación de las personas, problemas de sostenibilidad… Sin embargo hay dos grandes problemas a los que nos enfrentamos. Por una parte, la incomprensión por parte de nuestros representantes en las instituciones de la idiosincrasia de Onda Color en Málaga y en el territorio andaluz. Podríamos decir que, en algunos momentos, hemos notado la falta de consideración de nuestro proyecto comunicativo, por ejemplo en la ausencia de apoyo institucional, la desatención informativa y, por supuesto, a nivel de financiación. Por otra parte, tenemos un desafío mayor con la juventud y su falta de educación y pensamiento crítico, algo fundamental que necesitamos a la hora de que nuestra radio aporte su granito de arena para no normalizar la distopía de nuestro tiempo. Existe un tercer conflicto cotidiano y es la falta de tiempo y recursos para involucrarnos más como colectivo de comunicación en otros espacios y foros de la ciudad, no solo como medios de comunicación, sino como asociación que trabaja la comunicación como herramienta para la transformación social.

«Mientras haya gente que se rebele contra los medios de comunicación comerciales y quieran hacer el suyo propio, Onda Color seguirá teniendo razón de ser»

GC: Sin duda Onda Color es un valor para la ciudad, ¿cómo veis el futuro?
El valor de Onda Color lo dan sus voces, cuantas más y más diversas, más riqueza representada en las ondas libres de la radio. Es un valor que depende exclusivamente de la calidad de los argumentos, de los contenidos y de las ideas que se difunden y que configuran una nueva forma (libre, comunal, ciudadana, participativa, independiente) de hacer comunicación para la ciudad. Onda Color vivirá mientras haya gente que quiera contrarrestar el discurso hegemónico que nos llega envasado desde arriba, mientras haya gente que considere que la agenda mediática debe ser otra, que la información y la comunicación no admiten mercantilización alguna, que la ciudadanía es capaz de decidir cómo quiere informar, cómo y sobre qué temas. Mientras haya gente que se rebele contra los medios de comunicación comerciales y quieran hacer el suyo propio, Onda Color seguirá teniendo razón de ser.