Espectáculos Mundo o el monopolio de los eventos municipales

La falta de fiscalización de la oposición permite que desde hace décadas el Ayuntamiento y la Diputación provincial fuercen la ley para contratar millones de euros anuales con una sola empresa de eventos: Espectáculos Mundo y su entramado de filiales.

Dos décadas de gobierno del Partido Popular en la ciudad de Málaga han conformado una red clientelar que en algunos casos apunta directamente a la apropiación del común. Lo estamos viendo en este número de Gente Corriente al analizar servicios y equipamientos básicos, como instalaciones deportivas o la limpieza de la ciudad, los solares y edificios cedidos a cofradías, el suelo público entregado a promotores turísticos de lujo, como la Torre del Puerto y, en el caso que nos atañe, la contratación de eventos municipales.
En diciembre de 2017 el grupo municipal Málaga Ahora hacía público un enjundioso informe, que seguiremos en este artículo. En él se analizaban, para el período de 2011 hasta la actualidad, los mecanismos que han permitido al grupo empresarial Espectáculos Mundo hacerse con la mayor parte, de manera abrumadora, de las contrataciones para la organización de eventos municipales y provinciales de todo tipo: desde el alquiler de sillas durante el paso de las procesiones hasta la gestión de conciertos en la Feria o derechos televisivos para diferentes campañas, pasando por las cabalgatas de reyes, por ejemplo. Podríamos enumerar muchos más: conciertos en el coso de La Malagueta, vallado de cualquier evento en el centro, escenarios callejeros del Festival de Cine, pasacalles de Carnaval, actividades en la Noche en Blanco, etc.

«las contrataciones para organizar eventos municipales y provinciales que recaen en Espectáculos Mundo atienden a un modelo de corrupción de la cosa pública que logra enmascararse en una apariencia de legalidad fácilmente desmontable»

Cuando se mira en detalle, descubrimos que las torceduras a las que se ha sometido la ley, hasta límites inauditos que incluyen pliegos de condiciones a medidas para esta empresa, han derivado en que prácticamente ninguna otra pueda acceder a este tipo de contrataciones millonarias. La conclusión es palmaria: las contrataciones para organizar eventos municipales y provinciales que recaen en Espectáculos Mundo atienden a un modelo de corrupción de la cosa pública que logra enmascararse en una apariencia de legalidad fácilmente desmontable. Es lo que haremos a continuación.

Millones de euros al año a  Espectáculos Mundo… pero con otro nombre

Espectáculos Mundo, o Mundo Management, como consta en los registros, es una empresa malagueña fundada en los años cincuenta por Antonio Rodríguez para la promoción de artistas y organización de eventos, hoy día a cargo de sus hijos. Es de lejos la empresa de su sector a la que más contrataciones adjudica el Ayuntamiento de Málaga (ninguna otra del ramo ha superado nunca los 300.000 euros). Si de media Mundo Management y sus empresas vinculadas facturan al Ayuntamiento, impuestos incluidos, un millón de euros anuales desde 2011 (período que abarca el análisis de Málaga Ahora), en los ejercicios anteriores, antes de que comenzaran a filtrarse irregularidades, esa cantidad se podía duplicar sobradamente.

«la Diputación provincial tiene un contrato de casi 4 millones de euros (IVA incluido) para una única contratación de tres años con Mundo Management»

A todo ello hay que sumar contrataciones similares a cargo de la Diputación provincial, por no mencionar las de otros municipios de la provincia. Por ejemplo, la Diputación provincial tiene un contrato de casi 4 millones de euros (IVA incluido) para una única contratación de tres años con Mundo Management. Por añadidura, se trata de una contratación realizada mediante un mecanismo harto irregular, como es el reconocimiento de que la empresa ha competido con el resto a través de una oferta «anormalmente» barata, según figura en la documentación oficial. En otras palabras, se admite que se trata de una oferta irreal, peo no se exige que la empresa justifique cómo va a cubrir con semejante presupuesto «anormalmente» bajo los requisitos exigidos para «los eventos promocionales de Sabor a Málaga [una de las campañas estrella de la Diputación] durante el período 2017-2019».
Espectáculos Mundo controla directamente o participa en numerosas empresas, entre las que 101TV es una de las más conocidas, pero el entramado es mucho más variado, como se aprecia en el gráfico de la izquierda. A varias de ellas el Ayuntamiento adjudica contrataciones que, de manera oficial, no constan como Mundo Management.
Uno de los mecanismos habituales para ello son los contratos menores: contratos inferiores a 18.000 euros (cerca de 22.000 euros con el IVA) que la ley permite adjudicar de modo directo, sin concurso. Llama la atención que en muchos casos nos encontremos contrataciones diferentes referidas a un único evento, pero desglosadas de tal manera que no superen ese tope económico legal. Es lo que suele ocurrir en las Ferias de los distritos.
En algunos casos los subterfugios resultan incluso ingeniosos. Así, la Feria de San Isidro en 2013 se desgaja en contratos menores, lo que permite la adjudicación directa, que se siempre recae en empresas de Espectáculos Mundo. Más adelante, en nuevas ediciones del mismo evento, se vuelve a la contratación mayor, pero ahora en la modalidad de negociado en exclusiva (esto es, de nuevo sin concurso), que se justifica, precisamente, por su experiencia en ediciones anteriores.
De los contratos adjudicados por el Ayuntamiento a esta empresa la mayoría se valen de esta modalidad de negociado sin publicidad en exclusiva. Pongamos como ejemplo el año 2016: de cinco contratos mayores adjudicados a Espectáculos Mundo solo dos fueron abiertos, y en uno de ellos (actuaciones de la Feria) no había más licitadora. Los otros tres fueron negociados sin publicidad, procedimiento cuestionado por la Unión Europea, puesto que, de acuerdo a la legislación, debe usarse solo en condiciones muy excepcionales, y no como norma.

«con la Ley actual de contratación pública buena parte de estas prácticas no deberían tener lugar»

De hecho, con la Ley actual de contratación pública buena parte de estas prácticas no deberían tener lugar. El Ayuntamiento de Málaga, a veces de manera más burda y otras más sutil, ha logrado a lo largo de dos décadas manipularla por diferentes vías, que a aquí repasamos someramente.

Contratos a medida

Hay un evidente trato de favor en la relación del Ayuntamiento con Mundo Management que se traduce, por ejemplo, en la redacción de pliegos de condiciones a medida. Los pliegos de condiciones recogen las particularidades que debe reunir cualquier empresa según el tipo de contrato al que pretenda concurrir. En el caso de Málaga, algunos están redactados con tal grado de detalle que en la práctica solo pueda obtenerlos Mundo Management, hasta el punto de que es lícito preguntarse si la propia empresa no ha participado en su elaboración. Para ello, previamente debería contar con información privilegiada y proporcionada con suficiente antelación por el gobierno municipal, de manera que a todas luces se rompe el principio de libre concurrencia.
El ejemplo más llamativo lo encontramos en la Cabalgata de Reyes, que suele rondar entre 300.000 y 500.000 euros, más un sinfín de otros contratos aledaños, desde la compra de caramelos hasta, por llamativo que resulte, el transporte de las propias carrozas, que igualmente recae en Espectáculos Mundo a través de contratos menores con sus filiales. Hasta 2018, tradicionalmente la Cabalgata se ha adjudicado de modo directo a Espectáculo Mundo, a pesar de que la exclusividad de este tipo de contratos requiere una estricta justificación. Así, sin ir más lejos, en el pliego de condiciones técnicas de la Cabalgata de 2017 encontramos que se especificaban las balizas de seguridad que deben llevar las carrozas. El grado de detalle con el que se describían estas balizas, hasta exigir unas en concreto y no cualquiera que cumpliera la normativas vigente, hacía que coincidieran exactamente con las que proporcionaba Espectáculos Mundo. ¿Permite esto la ley? No.

En el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público leemos que «las especificaciones técnicas no podrán mencionar una fabricación o una procedencia determinada o un procedimiento concreto, ni hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos». En cuanto a la posibilidad, habida cuenta del grado de detalle, de que la empresa en cuestión haya participado en la elaboración de los pliegos, la misma ley dicta, en su artículo 56 que: «[…] no podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras».
Por si fuera poco, el pliego no habla de grupos de animación en general o incluso especializados en este tipo de eventos, sino que de manera harto irregular menciona específicamente y con sus correspondientes nombres a los de la empresa alicantina Malaka kids, una de las habituales en las subcontrataciones de Espectáculos Mundo.

Subvenciones falsas

Por otro lado, resulta excesivo el empleo que hace el Ayuntamiento de modalidades de contratación no acordes con el objeto a contratar, como son los negociados sin publicidad, exclusividad y, especialmente, convenios de colaboración, que sistemáticamente favorecen a esta empresa (en 2011 con un pico de más de 172.000 euros). Los llamados «convenios de colaboración», de hecho, son una modalidad harto peculiar, como describiremos, que en Málaga se han utilizado sobre todo en la organización de los conciertos estivales englobados como Serenatas de la luna joven, habitualmente a cargo de Espectáculos Mundo, excepto en una llamativa ocasión, que también explicaremos.
Con anterioridad a la normativa actual para este tipo de contratos, la Ley 40/2015, esta modalidad de relación entre la administración y entidades privadas no tenía una legislación específica, lo que provocaba numerosas lagunas legales en su aplicación. Semejante situación derivó en un informe de 2010 del Tribunal de Cuentas que determinaba que esta modalidad no ofrecía «garantías de un correcto empleo de los fondos». Fue precisamente en 2015, el año en que entra en vigor la nueva ley, el único en que la Serenata de la luna joven no se organizó con Espectáculos Mundo. Por otro lado, en el caso de estas Serenatas de la luna joven ni siquiera se define cuál debe ser la cuantía que aporte el Ayuntamiento, lo que a la postre resulta bastante aleatorio, según las ediciones. Así, bajo este paraguas el Ayuntamiento de Málaga ha desviado dinero público para eventos privados organizados, nuevamente, por Espectáculos Mundo.
El mecanismo, siempre contando con la falta de fiscalización de la oposición, es sencillo: Espectáculos Mundo organiza por su cuenta algún concierto de carácter estrictamente privado; posteriormente, aunque el concierto ni siquiera tenga lugar en verano, el Ayuntamiento lo incluye como parte de las «Serenatas», y gracias al convenio de colaboración para ese ciclo inyecta a Espectáculos Mundo una subvención que ya no sería tal, sino pura y llanamente desvío de dinero público a un particular.
Es lo que ocurrió para el concierto de los cantantes Dani Martín y Manuel Carrasco, el 13 y 20 de diciembre de 2013, respectivamente. Este caso en particular es tan escandaloso como que el convenio entre el Ayuntamiento y Espectáculos Mundo (11.000 euros) se firmó el mismo día del primer concierto, cuando evidentemente en toda la cartelería y la promoción no figuraba que se tratara de parte del ciclo Serenatas de la luna joven (rebautizadas en el convenio como «Serenatas Navidad Joven»), porque de hecho no lo era. Es una práctica que se ha repetido con otros eventos organizados por Espectáculos Mundo, como el 101 Sun Festival de julio de 2014 (15.000 euros).

Eventos municipales solo con los artistas que representa Espectáculos Mundo

El Grupo Mundo es también una agencia de contratación de artistas. De hecho, en muchos casos la exclusividad de los contratos con el Ayuntamiento se justifica en que, supuestamente, es esta empresa la que cuenta en con los derechos de representación de los artistas pretendidos. ¿Cómo consigue Espectáculos Mundo la representación en exclusiva de tantos artistas, algunos de proyección internacional, como Bustamente? En la mayoría de los casos el Ayuntamiento publica un concurso para organizar en una fecha concreta un concierto con un artista específico, con el que casualmente Espectáculos Mundo ha suscrito con anterioridad un contrato de representación solo para el día del evento. Esto únicamente es posible mediante el tráfico de información privilegiada. ¿Algún ejemplo de esta práctica habitual?
En abril de 2016 el Ayuntamiento de Málaga adjudicó 31.000 euros (impuestos incluidos) al Grupo Mundo para producir en mayo las actuaciones artísticas de la Feria de Churriana, de nuevo negociado sin publicidad y en exclusividad. El Gobierno municipal justificó la exclusividad en que supuestamente solo esta promotora contaba con los derechos de los artistas, un trío de cómicos encabezados por Manolo Sarriá. Tal y como se supo después, debido a la filtración de documentos a algunos medios, la representación de Espectáculos Mundo con los artistas se reducía a 24 horas, que casualmente coincidían con el día que tenían que actuar en Málaga. Esos documentos de representación habían sido firmados un mes antes de la adjudicación de estas actuaciones a Espectáculos Mundo.

«Espectáculos Mundo miente sobre los cachés que realmente cobran los artistas, en virtud de los cuales infla la factura que presenta al Ayuntamiento, y que este paga sin rechistar, pese que ya es público el engaño»

Por si fuera poco, sabemos también que Espectáculos Mundo miente sobre los cachés que realmente cobran los artistas, en virtud de los cuales infla la factura que presenta al Ayuntamiento, y que este paga sin rechistar, pese que ya es público el engaño. En septiembre de 2017 la prensa recogió un comunicado de Javier Ojeda, líder del grupo Danza Invisible, en el que afirmaba que el caché que Espectáculos Mundo aseguraba haber pagado a su grupo en la Feria de Málaga de agosto (según la documentación que Málaga Ahora había hecho pública unas semanas antes) era muy inferior al real. En lugar de los 11.000 euros sin impuestos que figuraban en la documentación municipal, el grupo solo había percibido 6.500. Luego se supo que era una práctica habitual.
Espectáculos Mundo (la única empresa que concurrió) había facturado al Ayuntamiento cerca de medio millón de euros (unos 395.000 sin IVA) justificados en diferentes partidas. Una de ellas, precisamente, era la de los cachés de los grupos, que ahora sabemos que estaba inflada sin recato, como de hecho denunciaron otros artistas tras el comunicado de Ojeda. A pesar de todo ello, el gobierno municipal, que es quien ha aportado con dinero público la cantidad para esos falsos cachés, se niega a pronunciarse ni a hacer comprobación alguna.

«Todo a ello a costa de manejar el dinero público sin control ni transparencia, antes bien, como la cuenta particular de un partido mediante la que financiar a empresas amigas de las que obtiene quién sabe qué favores»

En definitiva, con este tipo de prácticas se favorece el monopolio, se vulnera la concurrencia en igualdad de condiciones y se dificulta el desarrollo de otras empresas, a lo que se añaden condiciones laborales fraudulentas, según denuncian antiguos trabajadores y trabajadoras. Todo a ello a costa de manejar el dinero público sin control ni transparencia, antes bien, como la cuenta particular de un partido mediante la que financiar a empresas amigas de las que obtiene quién sabe qué favores. En este caso particular no cuesta mucho imaginarse algunos de ellos, al tratarse de un grupo que monta, por ejemplo, escenarios e infraestructuras diversas para actos públicos, como mítines, y que es propietario de una televisión de ámbito provincial.
No obstante, esperemos que en el futuro la justicia actúe para determinar cuáles son exactamente las prácticas delictivas (y a cambio de qué) por las que desde hace dos décadas se están entregando abultadas cantidades de dinero de la ciudadanía malagueña a esta empresa organizadora de eventos.

El territorio, el turismo y el capital que lo parió en la Costa del Sol(II)

Eduardo Serrano

Actuaciones exógenas, segunda fase: la explotación turística1

Proseguimos en el presente artículo nuestra interpretación iniciada en el anterior número de Gente Corriente sobre la manera en que el turismo trasforma el territorio en la Costa del Sol, y en especial su componente humana. Habíamos expuesto cómo irrumpen las grandes inversiones, casi siempre provenientes del exterior (por lo que llamamos a esta modalidad exógena, por contraposición al modo endógeno, al que dedicaremos otro artículo), y en particular el frecuente uso de fuertes cantidades de capital económico, social y cultural para forzar la obtención de los permisos y licencias para la actuación inmobiliaria. Ahora veremos qué sucede después dentro de los enclaves turísticos así generados y cómo inciden en la sociedad local, incluyendo una estructura de poderes locales que producen y perpetúan una situación neocolonial.

1. Ni ciudad ni campo

El objeto de este artículo es sobre todo el establecimiento hotelero tipo todo incluido, que tiende a reducir al mínimo las relaciones con el entorno. No todos los hoteles y apartamentos llegan a ese extremo, pero constituye un poderoso atractor para todo negocio turístico de carácter exógeno, en especial para los de gran tamaño, que son producto de fuertes inversiones.
Sin embargo, otras modalidades de turismo tienen consecuencias bastante parecidas en el territorio (las exponemos en el epígrafe siguiente). Nos referimos en concreto a dos fenómenos. En primer lugar el denominado turismo residencial, cuyo producto típico son las urbanizaciones de casas unifamiliares y apartamentos, factor principal en la profunda transformación del medio físico y de la sociedad local y escenario de fondo de ese supuesto destino natural o histórico de la Costa del Sol que llamamos turismo.
El segundo fenómeno es mucho más reciente en su modalidad masiva, y aunque sus efectos son todavía limitados, marca una tendencia en rápido desarrollo. Nos referimos a los cruceros turísticos que usan el puerto de Málaga. Representan el caso extremo de desterritorialización del turismo, con cualidades muy diferentes a las del turismo residencial.
Cuanto más importante sea la inversión, mayor será el tamaño de la operación y la intensidad de sus efectos: son burbujas artificiales que, especialmente en sus inicios, flotan fuera de las poblaciones existentes, donde hay suficiente espacio, el precio del suelo es más barato y los permisos municipales relativamente fáciles de obtener, con frecuencia forzando la legalidad, como se comentó en el anterior artículo. Con ello la dualidad tradicional campo-ciudad es sustituida por un nuevo tipo de territorio que podríamos llamar paraurbano (sin consistencia de polis).
Se trata de recintos de acceso restringido, donde rigen reglamentos y normas específicas2, a veces contrarias a las municipales, amparándose en su condición de espacios privados; suelen estar aislados de su entorno, con el que contrastan fuertemente, pues también disponen de naturaleza propia. Las consecuencias de sus disposiciones espaciales son importantes y se manifiestan en las dos poblaciones que ahí confluyen, las y los turistas (en el sentido más convencional del término, como se está haciendo en todo este artículo) y quienes están a su servicio.
Un buen ejemplo es el proyectado hotel del puerto de Málaga: gran lujo, bien conectado con la ciudad y con accesos fáciles de controlar, situado a la distancia justa para disfrutar de las vistas a la ciudad y sin el peligro de una excesiva cercanía, perfecto para funcionar como jaulas de oro3.

2. El nuevo territorio y la modulación conductista del turista

En un lado están esos turistas, que disponen de todo para su estancia en lo que podría pasar por pequeñas ciudades. Casi nada escapa ahí de la condición de la mercancía, incluido en cierta manera el ambiente humano que los propios turistas aportan. Las ventajas empresariales de este semiconfinamiento son claras, dado que captan la mayor parte del gasto del turista.

«Casi nada escapa ahí de la condición de la mercancía, incluido en cierta manera el ambiente humano que los propios turistas aportan»

Pero también hay un objetivo más ambicioso: la obtención, procesamiento y aplicación de los datos aportados por los mismos turistas, sea de un modo consciente (encuestas, quejas, opiniones espontáneas…) o no (por observación directa o por estudio de sus comentarios en Internet), así como sus gastos, lo cual proporciona una inestimable guía para la adecuación continua de los productos, especialmente los creados para el turismo emocional y de experiencias. El que estas prácticas de momento solo se den en los grandes establecimientos dedicados al todo incluido es síntoma de una tendencia general, ahora increíblemente potenciada por las tecnologías big data, y otras de reconocimiento facial, patrones de expresión corporal, seguimiento de los movimientos, etc. que hacen factible producir una efectiva modulación de la subjetividad de cada perfil de turista. Es decir, producir el consumidor.
Ahora una pregunta: ¿en qué medida se puede hablar de una sociabilidad turista? Únicamente como unidades de consumo a las que se dirigen ofertas más o menos específicas: individuos solos, parejas, familias, colectivos de profesionales; todo a su vez subdividido y cualificado según parámetros de edad, clase social, etnia, nivel de ingresos, etc. Son moléculas-cliente que deben ser cuidadas, por cuanto su dinámica interna (que se puede describir mediante un determinado perfil) constituye una cualidad-diana importante del producto turístico. La finalidad es consolidar y potenciar su productividad, pero también inducir transformaciones en los grupos e individuos (por ejemplo preparar a los niños para que sigan siendo clientes después de la infancia). No hay espacio en esta lógica para otro tipo de lazo social que el que gira en torno a la mercancía.
Mal puede hablarse en este tipo de turismo de comunidades de turistas porque son agregados azarosos y de efímera existencia, donde apenas hay tiempo para ensayar sintonías personales de escaso futuro. Y más que nada porque, casi por definición, es excluida toda una categoría de comunes humanos, potentes catalizadores en el devenir de las comunidades. Son los que se sitúan bajo el signo de lo problemático, pues representan todo lo que el turista quiere dejar atrás, aunque sea por pocos días: sufrimientos, malestares, fastidios y aburrimientos. Descanso y tiempo propio, volver a jugar un ratito. El turista, en especial el del todo incluido, no deja de ser un commuter, atrapado casi todo el tiempo en movimientos que no le aportan ninguna transformación, justo lo contrario del viaje: desde su casa hasta el destino turístico y luego regreso y vuelta a empezar4.
El turismo en general es la parte fácil de un mundo difícil, que contribuye a la creación de las condiciones ambientales para que surja el deseo, más su correspondiente frustración, y con ello el hábito, de manera que colabora en un modo de vida envuelto en continuos ciclos de satisfacción e insatisfacción.

3. Dependencia colonial del destino turístico

Y en el otro lado están los empleados del complejo turístico, casi única parte de la población autóctona con la que mantienen algún contacto los turistas, realizando en su mayoría trabajos que son perfectamente equivalentes a las tareas domésticas, el de las mujeres en su propia casa o por parte del servicio doméstico asalariado (la servidumbre, como no hace tanto tiempo se decía). Rutinas tediosas, escasamente valoradas económica y socialmente, que en efecto forman parte del paisaje que muchos clientes del todo incluido quieren olvidar por un tiempo.

«los empleados del complejo turístico, casi única parte de la población autóctona con la que mantienen algún contacto los turistas, realizando en su mayoría trabajos que son perfectamente equivalentes a las tareas domésticas»

Estas promociones cuentan con el soporte de importantes campañas de imagen, en las que la creación de empleo es un argumento casi irresistible para obtener un trato de favor por parte de la administración pública, más el apoyo de las organizaciones sindicales. Aunque el trabajo en los hoteles, la hostelería, ocio y distribución comercial de las zonas turísticas sea el peor pagado, el más precario, el de menor cualificación y el que más abusos registra.

«tras 40 o 50 años de turismo masivo los municipios turísticos de la Costa del Sol sigan estando en las posiciones inferiores en la lista de ciudades españolas en cuanto ingresos familiares y con peores índices de desigualdad social»

Esto es lo que en parte explica que tras 40 o 50 años de turismo masivo los municipios turísticos de la Costa del Sol sigan estando en las posiciones inferiores en la lista de ciudades españolas en cuanto ingresos familiares5 y con peores índices de desigualdad social6. Es una consecuencia en definitiva de la desigualdad primaria del mismo turismo: «El turismo es la prueba más visible de la desigualdad del mundo»7. Se trata de una situación neocolonial que afecta al conjunto de todo el territorio: libre disposición del medio físico en cuanto a sus recursos (como el agua en una zona donde no sobra); infraestructuras y servicios municipales exageradamente sobredimensionados y pagados por la población censada, y su gente que lo acepta porque solo es capaz de imaginarse a sí misma como destino turístico. Tema este último, el del imaginario colectivo que se identifica con el turismo, continuamente trabajado por los operadores turísticos e instituciones.
Sin embargo, no olvidemos que en esta tendencia de polarización y segregación social, más que los hoteles, resorts y demás, han influido los asentamientos de turismo residencial, cuyos habitantes, en su mayoría extranjeros, no han sentido la necesidad de conocer y trabar relaciones con la población autóctona. Es una actitud social que ya fue descrita en detalle por Francisco Jurdao en los años setenta (España en venta. Editorial Ayuso, 1979), potenciada ahora porque esas urbanizaciones tienen sus propios equipamientos innecesarios8: club social, campo de golf, espacios deportivos, restaurantes etc. Todavía hoy sorprende su grado de desinterés respecto su entorno social9.
En cuanto a la tercera modalidad del turismo encapsulado, los cruceros turísticos, el contacto con el destino turístico resulta todavía más superficial, siendo sus beneficios para las ciudades visitadas muy dudosos, por lo que se considera un tipo de turismo poco recomendable10.
La fase inmobiliaria propició el surgimiento de nuevos grupos que sustituyeron el viejo poder local de carácter caciquil (aunque conservando algunos rasgos, como la idiosincrasia rentista, marca de toda la región), subalternos respecto a los inversores que venían de fuera. En ese proceso, el esfuerzo concentrado y sistemático para romper las inercias y resistencias locales crea lazos de complicidad entre quienes participaron en ello. Su capital social se incrementa paulatinamente con nuevos proyectos, haciendo posible la continuidad y expansión de la red formada, más allá de su primer objetivo, y consolidándose como grupo de presión local capaz de establecer alianzas con grupos exteriores y movilizar importantes recursos en su propio beneficio. Es algo que, por cierto, tiene en los discretos reservados de estos establecimientos los espacios idóneos para sus propias prácticas sociales, incluyendo los encuentros con sus colegas extranjeros.
Ante la debilidad de los demás sectores económicos locales, las iniciativas turísticas, con su imprescindible primera fase inmobiliaria, ganan paulatinamente protagonismo local. Además en la Costa del Sol han disfrutado de tres grandes ventajas en relación con el resto del tejido económico. En primer lugar, el decidido apoyo de la administración pública, que ha sido en general fiel al proyecto turístico de largo alcance diseñado en el franquismo y que a nivel local reproduce la complicidad estructural entre cargos públicos y agentes económicos, como lo prueba el empeño de los alcaldes y concejales de casi todos los municipios en impulsar la penetración del turismo como gran combustible demográfico para sus políticas de insostenible crecimiento urbano y la consiguiente actividad inmobiliaria, la cual resulta tener las mejores cualidades para que cargos y autoridades pasen al lado oscuro. En segundo lugar, fuentes de financiación exteriores a las que no ha afectado la crisis del sistema financiero español. Y en tercer lugar una demanda turística que en términos absolutos solo sufre ligeramente en los años de crisis; más bien aquí se ha visto beneficiada por los problemas políticos de los países norteafricanos y del Mediterráneo oriental.
Ahora el estado central y autonómico y la administración local ya no pueden dejar caer el turismo: too big to fall, tanto por su volumen económico como por el empleo directo e indirecto que generan, lo que a su vez agrava la debilidad de las poblaciones al reducirse las alternativas económicas.

4. Los dos momentos de la transformación turística exógena del territorio

Ambos momentos (1.ª fase, comentada en el anterior artículo, y la 2.ª, objeto del presente), con sus cualidades aparentemente bien diferenciadas, forman parte del mismo fenómeno, por lo cual habría que provisionalmente nombrarlo como inmobiliario-turístico. Su unidad compleja adquiere un cierto sentido si nos referimos al modo de (no) habitar, típico de una parte de la humanidad aquí y ahora. Para el turismo más convencional, no hay habitación sino experienciación. El problema político y ético, además de conceptual, se agrava cuando se pone en necesaria conexión con lo que todavía podemos entender como el habitar cotidiano de la gente común, un habitar que necesita de la compra de estos alivios pasajeros para poder sostenerse11. Es decir, nuestro mundo, nosotros mismos.

«Conseguir la complicidad de las autoridades políticas de la localidad es fundamental para lograr el objetivo de esta fase, de carácter inmobiliario, consistente en la apropiación de las rentas del suelo»

Como conclusión sintetizamos lo que, según nuestro modo de ver las cosas, sucede entre la primera y la segunda fase del proceso. En su inicio hay una transformación muy violenta del territorio, comenzando por el mismo terreno jurídico, continuamente violentado en su legitimidad social para acomodarlo a las características de cada proyecto. Conseguir la complicidad de las autoridades políticas de la localidad es fundamental para lograr el objetivo de esta fase, de carácter inmobiliario, consistente en la apropiación de las rentas del suelo mediante los oportunos cambios en la normativa urbanística. Su estrategia sigue el modelo bélico: secreto, concentración de fuerzas y rapidez. Ahora también se construye el nodo de poder local que permanecerá más allá de la finalización de la actuación, muy probablemente formando parte de la red político-económica y financiera que la ha hecho posible.
Una vez estabilizada la nueva situación del territorio comienza la explotación del enclave turístico, que por su tamaño no tiene lugar en el tejido urbano existente y tiende a reducir las relaciones con el entorno territorial mediante la fórmula del todo incluido o similar. El fin es captar al máximo el gasto del turista y modelar su subjetividad12. La estrategia ahora es de tipo colonial, confirmando la dependencia de la población autóctona por intermedio de un nodo local y profundizando la condición de monocultivo turístico.
Con el tiempo se producen nuevas oportunidades para hacerse con las rentas del suelo que de nuevo serán capturadas de golpe en la siguiente fase, con motivo de una crisis más o menos generalizada u obsolescencia del enclave turístico, como ahora mismo está sucediendo, cuando se repiten pautas de la operación originaria, incluyendo la complicidad de la administración pública13. De esta manera se produce una más profunda integración de ambas fases, la inmobiliaria y la turística, de acuerdo con la lógica operativa y la dirección del estamento financiero global.
Por fortuna no es esta la única modalidad del turismo en la Costa del Sol. El panorama presenta una mezcla de las características de las actuaciones exógenas y de las endógenas. Sin que éstas últimas puedan considerarse ya como los benéficos efectos territoriales y sociales de un cierto turismo bueno, como podremos discutir en el futuro. De momento adelantamos nuestra impresión de que la mediación digital significa la ruptura del modelo vigente y que a pesar de que moviliza multitud de pequeños propietarios, eso no es sino el primer paso de la subordinación del turismo de base local a operadores exógenos de un nuevo y revolucionario tipo.


1. La investigación que da lugar a esta publicación se inscribe en el proyecto I+D titulado Crisis y reestructuración de los espacios turísticos del litoral español (CSO2015-64468-P) del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).
2. Como ocurre desde hace décadas con las urbanizaciones cerradas (Gated Communities) para clases medias y altas en muchos lugares del mundo, caracterizadas por la obsesión securitaria.
3. Interesante término para nombrar un tipo de usuarios de gran poder adquisitivo que apenas salen del hotel y que hemos conocido por el artículo de Rafael Esteve Secall «Las contradicciones del Hotel del Puerto» (La Opinión de Málaga, 12 de julio de 2017). http://www.laopiniondemalaga.es/opinion/2017/07/12/contradicciones-hotel-puerto/943458.html
4. Apuntamos aquí a la insuficiencia de la explicación que aporta la economía convencional, tal como ha sido ya señalado para el mundo del trabajo: la «[…] parcelación y especialización de las tareas, la escisión entre trabajo intelectual y trabajo manual, la monopolización de la ciencia por las élites, el gigantismo de las instalaciones y la centralización de los poderes que de ellos se deriva, nada de todo esto es necesario para una producción eficaz. Es necesario, a la inversa, para la perpetuación de la dominación del capital» [André Gorz citado en Gaudemar, Jean Paul de (1991): «Preliminares para una genealogía de las formas de disciplina en el proceso capitalista de trabajo». En Varela, Julia. Espacios de poder. Madrid: La Piqueta, p. 110].
5. Ver http://www.ine.es/prensa/ua_2017.pdf.
6. Ver http://www.malagahoy.es/malaga/desigualdad-echa-raices-Marbella-Manilva_0_906809550.html
7. Augé. Mark. En «El turismo es la prueba más visible de la desigualdad del mundo», entrevista publicada en ABC, 6 de agosto de 2007.
8. Según expresión de José María Romero y Rafael Reinoso: ver http://atributosurbanos.es/areas/costa-del-sol.php .
9. Véase Santana Turégano, Manuel Ángel. Reseña de «Turistas que llegan para quedarse. Una explicación sociológica sobre la movilidad residencial», de Raquel Huete (Cuadernos de Turismo, núm. 25, enero-junio, 2010, pp. 305-307. Universidad de Murcia http://www.redalyc.org/pdf/398/39813352013.pdf).
10. Nadal, Paco: «La cara más oscura de los cruceros». En El País Negocios, 21 abril de 2017. https://elpais.com/elpais/2017/04/20/paco_nadal/1492642055_887551.html
11. Esto no aporta mucho, creemos que una integración conceptual está todavía por hacer; en un sentido más general nuestra postura es cercana a la que ha expresado Tiqqun en el texto Podría surgir una metafísica crítica como de ciencia de los dispositivos… [En Delueze, Gilles y Tiquun (2012). Contribución a la guerra en curso. Madrid, Errata Naturae].
12. Este tipo de uso hotelero actualiza el diagrama que subyace, por ejemplo, en las ciudades obreras del siglo XIX y XX.
13. No son operaciones de obra nueva sino de modernización profunda de la edificación y del mismo negocio: «[…] las propias autoridades españolas ayudan a que la inversión pueda salir prácticamente gratis […] nuestro país paga promoción internacional, el traslado en aviones financiando vuelos con publicidad y tasas para que venga el formato de turista de bajo coste, subvenciona la contratación de personal, aporta dinero de formación para los camareros […]» [En artículo de prensa firmado por José L. Jiménez (ABC 22/07/2016): «Grupos árabes usan fondos de la UE para comprar hoteles en España». http://www.abc.es/economia/abci-grupos-arabes-usan-fondos-para-comprar-hoteles-espana-201607221142_noticia.html].


Eduardo Serrano, dr. arquitecto.
Colaboran en este artículo: José María Romero (dr. arquitecto, profesor UGR), Yolanda Romero, (dra. turismo, prof. UNE y UOC), Enrique Navarro (dr. geografía, prof. UMA), Fernando Ramos (arquitecto) y Rubén Mora (arquitecto).

LIMASA: la limpieza de la ciudad en manos de un cártel

Santi Fernández Patón

El futuro de Limasa no se va a resolver esta legislatura. Puede resultar sorprendente, habida cuenta de que en abril de 2017 venció el contrato actual, en virtud del cual, y desde 2003, el 51% de la empresa de limpieza recae en manos privadas, en concreto en una UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta por Sando, Urbaser y FCC. Sí, las tres empresas figuran como donantes ilegales del PP en los papeles de Bárcenas, lo que quizás nos dé una pista de por qué, hoy día, el contrato vive una prórroga para la que no se ve final cercano. Y sí, incluso algunos de los directivos de esas empresas, como Miguel Jurado (FCC), ya conocen la cárcel. Y es cierto, aunque esa UTE sea la propietaria mayoritaria de Limasa, ninguno, absolutamente ninguno de sus representantes compareció una sola vez durante los once días de huelga que la plantilla protagonizó en marzo de 2016.

«Y sí, ya en 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso a este triunvirato, junto a otras empresas, una multa de 98 millones de euros por “mantener un cártel” en la prestación de servicios públicos»

Es verdad que fue uno de los conflictos laborales de mayor repercusión en los últimos años, y que alguien por parte de la empresa debería haber dado la cara, ofrecer a la ciudadanía malagueña alguna explicación, manifestar alguna intención, pronunciarse sobre posible medidas. Lo que fuera. Nada de eso sucedió. En su lugar, en un bochornoso espectáculo, el alcalde de Málaga autoorganizó una concentración en la puerta del Ayuntamiento para que sus afines le aclamaran. Solo fueron unos pocos cientos, pero le valió para salir de sus despachos, mezclarse entre ellos y recibir parabienes. Pese a lo sonrojante del episodio, De la Torre fue incluso más allá, y se permitió hablar en favor… de la parte privada. La defensa de esa UTE corrió a cargo del propio gobierno municipal, no de sus directivos. Y sí, ya en 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso a este triunvirato, junto a otras empresas, una multa de 98 millones de euros por «mantener un cártel» en la prestación de servicios públicos.
Así, durante un año de la presente legislatura, hasta principios de 2017, el Ayuntamiento acogió una Comisión de Investigación sobre Limasa, y ya no cabe defensa posible. En esa circunstancia, De la Torre a vuelto ha optar por el «avestrucismo», su táctica política de los últimos años. De esa manera, ha enterrado la cabeza mientras la prórroga se alarga indefinidamente. Cabe la posibilidad de que próximamente anuncie una reconfiguración del contrato actual, pero los tiempos establecidos para cualquier trámite significan en la práctica que hasta la siguiente legislatura no habrá modelo definitivo (público, privado o mixto como hasta ahora). Ya sabemos que Elías Bendodo, actual presidente de la Diputación Provincial y futuro candidato a la alcaldía por el PP, se ha decantado por la privatización completa.
Para hacernos una idea lo que esto supondría, vamos a repasar el estado actual de Limasa.

El fraude del canon técnico

El negocio es redondo para ese 51%. Cada año, bajo la denominación de «canon de asistencia técnica», las privadas perciben el 2,5% de todos los ingresos de la sociedad, alrededor de 2 millones de euros, libres de contraprestación. La realidad, sin embargo, es que nadie ha sabido explicar con exactitud en qué consiste esa labor técnica. Al contrario, en la Comisión de investigación que a lo largo de 2016 y principios de 2017 se desarrolló en el Ayuntamiento de Málaga quedó patente que es una función que en gran medida asume la parte pública de la sociedad.
El confuso coeficiente del 2,5 en que se basa este concepto recoge aspectos, por ejemplo, como el mantenimiento informático (que no lleva a cabo) y generalidades tan vagas como para que en la práctica no existan informes específicos. De hecho, ante la dejadez de los socios privados, en varias ocasiones la empresa ha sufragado servicios externos para labores estipuladas en ese canon de asistencia técnica.

«la Agencia Tributaria ha reclamado a Limasa 500.000 euros por fraude solo de los ejercicios 212 y 2013, pues considera, tajantemente, que este canon, lejos de ser un
gasto, encubre un beneficio»

En la propia Comisión se puso de manifiesto que no existe prueba documental alguna que soporte la prestación de este asesoramiento técnico, más allá del apunte de pago de dicho «canon», del que al parecer no consta ni siquiera factura. Tan es así que en el mes de septiembre de 2017, tras un largo proceso, la Agencia Tributaria ha reclamado a Limasa 500.000 euros por fraude solo de los ejercicios 212 y 2013, pues considera, tajantemente, que este canon, lejos de ser un gasto, encubre un beneficio. Por ello no es deducible a efectos del Impuesto de Sociedades.
De hecho, los asesoramientos técnicos como el establecido entre la empresa y su socio privado no pueden ser prestados por un socio partícipe. Por el contrario, son propios de contratos que, en sus diferentes modalidades o concesiones, se establecen a riesgo y ventura del concesionario. No es este el caso, ya que el supuesto prestador del servicio de asesoramiento accedió (como socio) precisamente por sus conocimientos técnicos, por los que ahora pretende cobrar una cantidad extra.
Todo esto conduce a una conclusión palmaria: el canon de asistencia técnica no es otra cosa que beneficios encubiertos. Ni siquiera el alcalde fue capaz de demostrar que esto no es así. De hecho, desde 2001 los socios privados han percibido más de 24 millones por este concepto sin justificaciones de ningún tipo. Ni siquiera han justificado el millón y medio que, como se sabe, percibieron irregularmente hasta 2013.

«En total, y según constó en la comparecencia de algunos directivos en la citada Comisión, como el caso de Ángel Miranda (jefe del Servicio de Limpieza en el Ayuntamiento entre 2008 y 2011), el ahorro completo de una municipalización ascendería a unos 10 millones»

Por si fuera poco, se ha constatado que cada año pagamos 7 millones en IVA, que nos ahorraríamos si Limasa fuera completamente municipal, lo mismo que el impuesto de sociedades. Además, las inversiones en instalaciones están amortizadas en buena medida, en contra de lo que se ha repetido desde el gobierno local. En total, y según constó en la comparecencia de algunos directivos en la citada Comisión, como el caso de Ángel Miranda (jefe del Servicio de Limpieza en el Ayuntamiento entre 2008 y 2011), el ahorro completo de una municipalización ascendería a unos 10 millones.

«en 2005 accedió a garantizar a los socios privados un 2% de beneficio anual de la facturación. Se trata de una compensación que nos ha costado ya unos 70 millones de euros»

Añadamos que, a raíz de las mejoras laborales obtenidas por la plantilla durante las huelgas y distintas negociaciones de 2003, la UTE se negó a presentar las cuentas anuales por lo que consideraba sobrecostes. El gobierno, lejos de presionar, volvió a dar muestras de su insólita indulgencia: en 2005 accedió a garantizar a los socios privados un 2% de beneficio anual de la facturación. Se trata de una compensación que nos ha costado ya unos 70 millones de euros. Esta garantía, pactada en adenda al contrato de prestación de servicios, no hace más que asegurar un beneficio a la parte privada, independientemente de la marcha de la empresa o del estricto cumplimiento de las obligaciones estipuladas. Como es manifiesto, esta circunstancia ha producido irregularidades e incumplimientos en la inversión comprometida.

Ineficiencia

Por otro lado, los socios privados tienen rubricado un compromiso de renovación de la flota, de inversión en instalaciones, etc., que sencillamente no llevan a cabo, y mucho menos ahora que su contrato está en fase de prórroga. De hecho, los 3,7 millones de la construcción de la planta de envase y algunas obras en el parque principal fueron pagadas directamente por el Ayuntamiento. Por añadidura, la planta de tratamiento de Los Ruices no funciona como cabría esperar, la eficiencia en reciclado es claramente mejorable así como la situación de los llamados «cuartelillos» (pequeñas bases operativas en los distritos). Con todo, la deuda de Limasa llegó a ascender a unos 20 millones, según explicó el propio De la Torre durante la investigación, en la actualidad solventados en su mayor parte a través de los presupuestos.
Las elevadas certificaciones fuera de contrato muestran lo costoso del modelo de gestión del servicio, puesto que al estar incluidas en la cifra de negocios de la empresa engordan el llamado «canon técnico». Esto genera un gasto inasumible para un servicio ineficiente, como quedó patente en ciertas declaraciones del concejal responsable (Raúl Jiménez) a inicios de legislatura, incapaz de aprobar la limpieza de la ciudad. En efecto: en el ranking de ciudades más limpias de España en 2015 realizado por la OCU, Málaga, con 45 puntos, se sitúa en el grupo de cola, por debajo de la media (54), y casi a la mitad de ciudades como Oviedo (85 puntos).

Condiciones laborales que no se cumplen

  • En cuanto a la situación de la plantilla, cabe recordar que mediante la huelga de la primavera de 2016 se pedía negociar sobre la base del Convenio de 2012, que era el único en vigor. El Ayuntamiento pretendía convertir en un nuevo Convenio los acuerdos alcanzados en la huelga anterior (2013), un extremo que rechazó en dos ocasiones la Junta, y después una sentencia judicial. Por cierto, el gobierno local manifestó su conformidad con la sentencia, pero a continuación la recurrió.
    Recordemos que los acuerdos de 2013 se aceptaron para evitar un ERTE y por tanto sirvieron simplemente para clausurar la huelga. Tenían carácter temporal, pese a que el Ayuntamiento no hizo ni un mínimo esfuerzo por negociar otro Convenio hasta 2016, con más de dos años de retraso. Como se mencionó durante varias de las sesiones de la investigación, en virtud de aquellos acuerdos:
    > Se perdió la paga de productividad, cuando lo cierto es que los funcionarios la estaban recuperando y el equipo de gobierno había manifestado en varias ocasiones regirse por criterios de la administración pública, aunque queda claro que solo cuando le conviene. Además, esa paga de productividad no era tal, sino que se trataba de las subidas salariales correspondientes al IPC desde 2013, que la plantilla aún no había percibido.
    > Todos los trabajadores y trabajadoras disfrutaban por turnos de sus vacaciones durante los cuatro meses del período estival, lo que provocaba un aumento de las contrataciones en esos meses. Ahora, estaban obligados a escoger una mitad en verano y otra en inverno.
    > Una huelga anterior había conseguido que los descansos semanales fueran de sábado y domingo, pero tras la huelga de 2013 se descansaba solo el domingo y un día rotatorio a la semana.
    Estas dos últimas medidas han tenido una gravísima repercusión en las contrataciones de eventuales y los llamados «domingueros». De ahí la ausencia casi total de personal en los centros de trabajo de los barrios (los «cuartelillos»). En la práctica, por tanto, sí se ha producido el ERTE que pretendió evitar la huelga de 2013.
    El alcalde aseguró que recuperar completamente el Convenio cuesta 8 millones, cuando hasta ahora se había hablado de 6. En la actualidad, la plantilla, conocedora de los informes sobre el notable ahorro anual que supondría municipalizar Limasa (que el Comité de Empresa eleva hasta los 15 millones de euros), acepta las condiciones que comportaría este paso. Así, como quedó patente durante las primeras sesiones de la investigación, admite la eliminación de medidas controvertidas, como los llamados «puestos hereditarios».
    De pasada señalaremos que se trata de una medida establecida por la propia empresa, hasta el punto de que no quiso suprimirla durante la negociación del contrato actual, y que nace para asegurarse relevos en la plantilla en una época en que resultaba difícil encontrar candidatos a este tipo de empleo.
    El Ayuntamiento, en el marco de la negociación de la huelga de 2016, en un principio ofreció a la plantilla descansos los fines de semana, 15 días de vacaciones en verano y que la paga de productividad se recuperara parcialmente, por ejemplo, pero pretendía que este acuerdo tuviera rango de Convenio, de modo que así no tuviera que cumplir la sentencia que le obligaba a negociar sobre el Convenio 2010-2012. Finalmente, y con sentencias favorables a los intereses de la plantilla, el gobierno aceptó buena parte de las reivindicaciones laborales y la huelga concluyó.

«En la Comisión de investigación, Francisco de la Torre no supo justificar su defensa enconada sobre la actuación de los socios privados que mantuvo durante la huelga, hasta el punto de que fue él en persona quien compareció antes los medios, en lugar de ellos, durante los once días que se prolongó el paro»

En la Comisión de investigación, Francisco de la Torre no supo justificar su defensa enconada sobre la actuación de los socios privados que mantuvo durante la huelga, hasta el punto de que fue él en persona quien compareció antes los medios, en lugar de ellos, durante los once días que se prolongó el paro. Tampoco logró explicar satisfactoriamente por qué se negó, precisamente, a exigirles algún tipo de comparecencia pública, algo que está en su mano en tanto que presidente del Consejo de Administración.
En la primera sesión del Consejo de Administración tras la huelga, los socios privados decidieron ausentarse una vez aprobadas las cuentas anuales con el apoyo del grupo popular y el presidente del Consejo, Francisco de la Torre. Se negaron así a hablar de los problemas laborales de la plantilla y de la gestión de la huelga por parte de la empresa y el equipo de gobierno. Dejaron a los consejeros de la oposición municipal con la palabra en la boca, en una muestra más de su desprecio a todo lo que no les suponga beneficio económico.

Municipalización

«el modelo de gestión del servicio actual está diseñado para garantizar, de manera encubierta, beneficios a los socios privados y que recaiga el grueso de los costes y dificultades sobre la parte pública»

En resumen, el modelo de gestión del servicio actual, francamente mejorable, y el contrato que lo sustenta resultan especialmente onerosos para las arcas municipales, puesto que están diseñados para garantizar, de manera encubierta, beneficios a los socios privados y que recaiga el grueso de los costes y dificultades sobre la parte pública. De hecho, en la práctica encontramos varias labores cuya ejecución corresponde a los socios privados pero que no llevan a cabo, a pesar de estar obligados a una asistencia técnica por la que perciben una compensación económica. Así, este modelo mixto (público/privado) nos está costando entre 10 y 15 millones de euros más de lo que pagaríamos en caso de municipalizar la empresa, lo que además permitiría que parte del ahorro redundara en la mejora efectiva del servicio y el mantenimiento de las condiciones laborales de la plantilla.
A estas alturas, nadie excepto el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, puede dudar de que existe una práctica opaca en la ejecución del contrato, que pudiera tener cláusulas que no se atienen a la legalidad en su texto o en la interpretación dada. Se ha pretendido asegurar el beneficio privado de un servicio público, por lo que es primordial recuperar la gestión municipal de la limpieza bajo los principios de transparencia, eficacia, sostenibilidad y eficiencia propios de un sector fundamental, como es la limpieza de nuestra ciudad.

Piscinas municipales: ahogar el dinero de todas para beneficio de unos pocos

Miguel Ángel Fernández

De cómo se entregan equipamientos públicos a empresas privadas para que extraigan beneficios particulares o nos pasen la factura en caso de pérdidas.

Los falsos riesgos empresariales

Es en la gestión de los equipamientos deportivos, y en concreto de la red de piscinas municipales, donde encontramos uno de los ejemplos más relevantes sobre el modelo de explotación de los recursos públicos que tiene el gobierno de Málaga, y en general el PP. Ese modelo, basado en la socialización de los gastos y la privatización de los beneficios, acaba deteriorando el servicio público en aras del enriquecimiento de unos pocos. La gestión de las piscinas municipales, como mencionábamos, merece un relato detallado.
Siempre se ha dicho que el beneficio empresarial se justifica por el riesgo que asume el capital al comprometer su patrimonio. No es así. En el caso que nos ocupa las empresas adjudicatarias, en su mayor parte, acceden a las concesiones sin asumir riesgos notables. Por el contrario, es el Ayuntamiento, la ciudadanía de Málaga en definitiva, quien finalmente paga las consecuencias de la deficiente gestión de estos recursos, cuyo coste no es solo económico, pues también redunda en la dificultad de disfrutar del derecho al deporte y al ocio.

«A partir de 2009 el Ayuntamiento comienza un proceso de privatización de la gestión de estas instalaciones plagado de irregularidades, negligencia y dejación de responsabilidades»

A partir de 2009 el Ayuntamiento comienza un proceso de privatización de la gestión de estas instalaciones plagado de irregularidades, negligencia y dejación de responsabilidades. Se desmantelaron los servicios públicos municipales bajo la premisa de las supuestas bondades que traería la gestión privada de estos servicios, lo que evidentemente ha quedado desmentido por la realidad. Cuando los recursos son limitados la prioridad debe ser garantizar un servicio y un derecho, puesto que en una lógica de beneficios empresariales habrá que degradar la calidad, casi siempre a costa de las condiciones laborales.

Seis piscinas en las que se ahogó el dinero público

Con la llegada del Partido Popular al Ayuntamiento de Málaga en 1995 se puso en marcha la construcción de una red de piscinas municipales, pues es cierto que en la etapa anterior nuestra ciudad carecía de este tipo de equipamientos públicos
En el año 2008 el equipo de gobierno informaba de una inversión de 78 millones de euros, y anunciaba la gestión a través de concesiones a empresas privadas. Desde esa fecha encontramos multitud de irregularidades, que han supuesto unos sobrecostes a las arcas públicas, incremento de los precios para las usuarias, mala calidad del servicio y varias instalaciones hoy cerradas o incluso desaparecidas. Aquí algunos ejemplos:

1. Santa Rosalía (Campanillas): es la piscina que lleva más tiempo cerrada, desde 2006, año en que acabó la concesión que la gestionaba. Hubo un nuevo concurso y una empresa que lo ganó, pero terminó desistiendo. El Ayuntamiento anunció que rescataría la concesión, pero nunca lo hizo. Desde entonces, el vecindario de Santa Rosalía y Maqueda sigue sin piscina.

2. Campanillas: la piscina se cerró por orden municipal en 2013 debido a defectos en la cubierta. Un año después el Ayuntamiento resolvió el contrato con la empresa concesionaria. Urbanismo anunció la imposibilidad de volver a abrirla por fallos en la estructura. Tras un reguero de infracciones urbanísticas, el concesionario fue sancionado por Urbanismo con 250.000 euros por levantar construcciones ilegales. Fue finalmente demolida.

3. Colmenarejo: construida en 2009 con una inversión de 378.000 euros, el Ayuntamiento tuvo que gastarse 40.000 euros más para reparar los desperfectos después de que quedara abandonada, en julio de 2010. Se abrió de forma precaria en los meses de verano de 2015-2016 después de una nueva inversión del Ayuntamiento.

«El complejo de piscinas costó 3,6 millones de euros, pero solo tres meses después de conseguir la concesión, y tras numerosas quejas de usuarias por las deficiencias que presentaba, Belda y Parody (socios de la empresa concesionaria, Imcomar Blue) rompieron su relación comercial»

4. Puerto de la Torre: este equipamiento es el mejor ejemplo de la fallida gestión de las piscinas municipales por parte del equipo de gobierno. El complejo de piscinas costó 3,6 millones de euros, pero solo tres meses después de conseguir la concesión, y tras numerosas quejas de usuarias por las deficiencias que presentaba, Belda y Parody (socios de la empresa concesionaria, Imcomar Blue) rompieron su relación comercial. Entonces se supo que en realidad quien gestionaba el equipamiento público era el conseguidor Vega, directivo de una asociación vecinal próxima al PP, Central Ciudadana. Finalmente Belda se convirtió en el principal testigo del llamado Caso Piscinas, que le costó la carrera política al entonces delfín de Paco de la Torre, Manuel Díaz, a la sazón concejal de Urbanismo. Díaz abandonó la política tras la decisión del PP de no llevarlo en las listas para las siguientes elecciones municipales. En este caso, finalmente archivado por los juzgados, también estuvo implicado el entonces concejal de deportes y actual presidente del Partido Popular en Málaga y presidente de la Diputación, Elías Bendodo.
Después de múltiples denuncias del vecindario y la plantilla de la empresa, el Ayuntamiento acordó iniciar el procedimiento para resolver el contrato por no ejecutar las fases 2, 3 y 4 de las instalaciones, recogidas en el pliego, y después de conocer que la Seguridad Social le reclama a la concesionaria 404.957 euros correspondientes a la cuota de las trabajadoras entre 2010 y 2013. De hecho, el Ayuntamiento se ha visto obligado a adelantar esa cantidad. A ello hay que añadir una sanción de 87.515 euros por esta infracción, que el Ayuntamiento debe asumir como responsable subsidiario. Finalmente, en junio de 2015 se produjo el cierre de la piscina, lo que dejó sin servicio a más de 1.000 usuarias y en general al vecindario del Puerto de la Torre.
Por si fuera poco, hay que añadir la deuda contraída con los trabajadores y trabajadoras, a los que se adeudaba entre 6 y 10 meses de salario. Sumemos también el perjuicio económico causado a las usuarias, a quienes no se les ha reembolsado ningún tipo de compensación por los meses de abono pagados y no disfrutados.
El incendio en las instalaciones de la piscina del Puerto de la Torre ocurrido a inicios de mayo de 2017 puso de manifiesto que este equipamiento municipal no contaba con servicio de vigilancia ni mantenimiento desde finales del año anterior, según reconoció el propio Ayuntamiento de Málaga. El deterioro de la instalación había alcanzado límites insospechados: desde la desaparición de solerías, griferías, cableado, etc., hasta la propia piscina convertida en un estercolero y algunas estancias habitadas en condiciones infrahumanas.
De nuevo han sido las arcas públicas, es decir, toda la ciudadanía malagueña, la que se ha hecho cargo de los gastos ocasionados por la dejadez de este equipo de gobierno en sus responsabilidades de guarda y custodia de los bienes públicos. Ya sabemos que las reparaciones necesarias tienen un coste de al menos 150.000 euros.

5. Piscina Conde de Guadalhorce: un ejemplo de una concesión que pasa de mano en mano mientras se incumplen los pliegos de condiciones. En el año 2006 se propone la construcción de un complejo deportivo en los antiguos terrenos del matadero de Carranque, dentro del plan de equipamientos deportivos municipales. El complejo constaría de piscina cubierta, gimnasio y pabellón cubierto, entre otras instalaciones. El modelo elegido es el de concesión administrativa y al proceso de licitación se presentaron dos propuestas: Ecur Constructora Urbanizadora y la UTE (Unión Temporal de Empresas) conformada por Aossa Málaga y Opade, ambas rechazadas por no cumplir todos los requisitos del concurso. Al nuevo concurso solo se presenta una nueva UTE, ahora compuesta por Ecur Constructora Urbanizadora y Opade, que, una vez ganado, pasan a convertirse en Udissport Conde del Guadalhorce.
Las condiciones del pliego establecen una concesión de 40 años con un canon de pago único de 250.000 euros. El proyecto se divide en tres fases y el Ayuntamiento se compromete a entregar la primera fase, con un coste de 2.765.572 euros, mientras que la concesionaria deberá asumir la segunda y tercera fase con una inversión calculada en 3.463.085 euros, lo que eleva el coste total del proyecto a 6.228.657 euros. El plazo de ejecución de las 2 fases es de 18 meses una vez el Ayuntamiento haga entrega de la primera.
De entrada destaca que, tras un informe del interventor municipal, se modifican algunos aspectos del pliego relativos a la modalidad del contrato, duración de la concesión, etc., pero no en cuanto a las tarifas, que nunca deben superar las fijadas por la ordenanza municipal. Sin embargo, el pliego admite subidas según el IPC anual, lo que abre la puerta a la aplicación de tarifas superiores a las marcadas por la ordenanza. Finalmente, el contrato se firma en marzo de 2008, y el concesionario ingresa el canon y los avales necesarios, aunque el Ayuntamiento no le entrega la primera fase de las obras hasta el 5 de agosto de 2009.

«el Ayuntamiento debería haber aplicado las multas diarias que recoge la ley de contratos públicos y, además, tenía la potestad para solicitar la rescisión del contrato. No hizo nada de ello»

Llegamos así a octubre de 2010 para ver el primer cambio de manos del proyecto a otra concesionaria. La junta de gobierno autoriza que el 49% de la UTE pase a propiedad de Valssport Gestión Deportiva SL, que tres años después se haría con el 100%. Aun así, nunca terminó la tercera fase de la construcción, la más costosa, pues suponía una inversión aproximada de 1.400.000 euros. Teniendo en cuenta que la entrega de la primera fase se produjo en agosto de 2009 y que el concesionario tenía un plazo de 18 meses para ejecutar las dos restantes fases, se estaba incurriendo en incumplimiento desde enero de 2011. Desde ese momento el Ayuntamiento debería haber aplicado las multas diarias que recoge la ley de contratos públicos y, además, tenía la potestad para solicitar la rescisión del contrato. No hizo nada de ello.
Por su parte, en 2012 la concesionaria envió un escrito para solicitar un aplazamiento y cambiar la tercera fase de pabellón cubierto a pistas de pádel. El Ayuntamiento no contestó, de modo que en 2014 se volvió a enviar otro escrito, con idéntico resultado. No hay duda, por tanto, de la clara dejación de sus responsabilidades, a lo que se añade un posible quebranto económico, pues, como queda dicho, este incumplimiento debería haber comportado una multa diaria y la posible rescisión del contrato de cesión.
Finalmente, acabando 2016, el concesionario, tras presentar informes con resultados negativos en los últimos tres años, solicita indemnizaciones al Ayuntamiento y pide la rescisión de mutuo acuerdo. Sorprendentemente, poco después presenta otra propuesta de cambio del contrato para sustituir la tercera fase el pabellón cubierto, en esta ocasión por mejoras en las instalaciones existentes. Ahora sí, en enero de 2017 el Ayuntamiento acepta su propuesta, pero entonces, en otro giro inesperado se da un nuevo cambio de manos: Valssport cede ese mismo mes de febrero sus derechos a Forus Deporte y Ocio, operación aprobada en junta de gobierno, de modo que en la actualidad es la empresa que gestiona las instalaciones.

«el complejo acuático Inacua, junto al polideportivo Martín Carpena, es otro caso emblemático de cómo con recursos públicos se fomenta un negocio privado»

6. Inacua o el pelotazo de Ferrovial: el complejo acuático Inacua, situado en la calle Marilyn Monroe, junto al polideportivo Martín Carpena, es otro caso emblemático de cómo con recursos públicos se fomenta un negocio privado. El Ayuntamiento de Málaga destinó 14 millones de euros, mientras que el gobierno andaluz aportó otros 3 millones para contar con equipamientos suficientes para grandes competiciones acuáticas, como campeonatos de waterpolo. Inaugurado a finales de 2008, se convirtió, con sus 25.000 metros cuadrados, en el mayor complejo de piscinas de Málaga.

«En el año 2009 Ferrovial/Ferroser presenta una solicitud para construir un restaurante en las instalaciones de Inacua, algo que no estaba previsto en el pliego de condiciones con el que se hizo con el concurso público»

El Consistorio asumió el coste del edificio, pero cedió su gestión a Ferroser, una filial de Ferrovial, constante en los papeles de Bárcenas, que se presenta con el nombre comercial de Inacua y que dispone de la cesión por 15 años (aunque el entonces concejal de Deportes, Elías Bendodo, pretendía que fuera por 35 años). En el año 2009 Ferrovial/Ferroser presenta una solicitud para construir un restaurante en las instalaciones de Inacua, algo que no estaba previsto en el pliego de condiciones con el que se hizo con el concurso público. El Departamento de Disciplina Urbanística advierte de que la actividad de restaurante «es un uso terciario de hostelería, dicho uso no es compatible en parcelas de equipamiento, por lo que no sería viable. No obstante, cabría la posibilidad de una dependencia restaurante inherente al equipamiento, aunque no como actividad independiente. En todo caso se deberá cumplir con toda la normativa correspondiente». Esa normativa dicta que el lujoso restaurante únicamente podrá ser utilizado por los usuarios de las instalaciones deportivas, cuando la realidad es que funciona de cara al público, hasta el punto de que dispone de entrada independiente.
En su momento la Fundación Deportiva Municipal, dirigida por el presidente del PP de Málaga, tanto entonces como ahora, Elías Bendodo, ya intervino con un informe para tratar de justificar la apertura del restaurante. Este mismo informe define claramente los horarios del centro deportivo, a los que tendría que ajustarse el restaurante. Tras este informe, y con un canon anual de 7.688 euros (unos 640 euros mensuales, cantidad irrisoria para una instalación de este tipo), las obras del restaurante son dirigidas por el arquitecto Andrés Gutiérrez Istria, ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga con el gobierno local del PP entre 2001 y 2005, fecha en la que dio el paso a la promotora privada Evemarina, hoy en quiebra. Por cierto, hablando de piscinas, Gutiérrez Istria saltó a los medios cuando, ocupando su cargo como gerente de Urbanismo, se dio permiso a sí mismo para construir una piscina en su propia casa.


Entre febrero y mayo de 2010, Ferrovial/Ferroser y el Grupo Moliere llegan a un acuerdo, de manera que en la fiesta de inauguración de Azul, que así se llama la terraza-restaurante-lounge, este grupo de empresarios locales de salas de fiestas ya aparece como gestor del local. Sobre este nuevo negocio a costa de lo público convendría que saliera a la luz cuánto paga el grupo Moliere a Ferroser por explotar una instalación que le cuesta a esta última 640 euros mensuales.
Azul incumple la normativa en dos cuestiones básicas que apuntó la propia Gerencia Municipal de Urbanismo. Una es la de los horarios, puesto que el restaurante abre más allá del establecido en Inacua, y la otra es que no se trata de una estructura inherente al centro acuático y funciona como actividad independiente, con acceso al exterior, y desde luego muy alejada de la típica cafetería de una instalación deportiva. De hecho, se promociona como «Restaurante Azul Terraza Lounge. Cócteles, Combinados y todo tipo de Bebidas para disfrutar del mejor ambiente musical. Veladas con fiestas temáticas, monólogos y otras actuaciones en directo, para gozar en la noche, sobre todo en los fines de semana. Azul es lugar ideal para Comidas de Empresa y Grupos, Celebraciones Familiares, como Bodas Comuniones, Aniversarios, etc.; y Eventos en general».
¿Resulta excesivo todo esto? Aún hay más. En el año 2014 se presenta un nuevo proyecto, el Centro Raqueta, una instalación deportiva anexa a Inacua adjudicada por concurso público también a Ferrovial/Ferroser, a pesar de que otra empresa obtuvo 15 puntos más en su oferta, como denunció, sin éxito.
Centro Raqueta abre sus puertas el 15 de julio de 2015, convirtiéndose en el mayor complejo dedicado al deporte de raqueta de Andalucía. Y sí, dentro del proyecto se contempla la ampliación de Azul para dar servicio a los clientes de la nueva instalación deportiva.
Los alambicados pretextos del equipo de gobierno para justificar su descarada negligencia y pasar la pelota a otras administraciones no solo han costado la reprobación del Pleno a la concejala de Deportes, Elisa Pérez de Siles, sino que además chocan con la ley. El reglamento general de la ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas, establece en su artículo 85 que las Entidades Locales «tienen la obligación de conservar, proteger, defender y mejorar sus bienes». Además, la Ley Decreto 18/2006, de 24 de enero, por la que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, reza en su artículo 165 que «Las autoridades y el personal al servicio de las Entidades Locales, que tuvieran a su cargo la gestión o utilización de sus bienes y derechos, responderán directamente ante la Entidad de los daños y perjuicios ocasionados por su pérdida o detrimento, en caso de dolo, culpa o negligencia graves».

Toda esta nefasta gestión ha provocado un grave perjuicio a las arcas públicas, así como a la ciudadanía, que ve mermado su derecho al uso y disfrute de los servicios públicos municipales. Si las responsabilidades políticas están claras, queda aún lanzarse a la piscina de las judiciales y dirimir las penales. Esperemos que eso ocurra antes de fin de legislatura.

El territorio, el turismo y el capital que lo parió en la Costa del Sol

Ilustración: estudiantes de la asignatura Monográfico de Proyectos de la ETS Arquitectura, Universidad de Granada

Actuaciones exógenas, primera fase: la promoción inmobiliaria 1

En este artículo vamos a exponer algunas consideraciones de fondo sobre la transformación territorial por parte del turismo en la Costa del Sol, desde su irrupción hace casi 60 años. Distinguimos dos modos de actuar, a los que denominaremos exógeno (por ser generado y gestionado desde fuera del destino turístico; es el objeto de este artículo y del de «Rascacielos en las zonas metropolitanas», también en este número) y endógeno, con características opuestas. Sin embargo, ambos son extremos idealizados de un registro continuo; en su mayoría los casos concretos tienen rasgos que oscilan entre los que representan ambos polos. A lo largo de estos artículos realizaremos un análisis comparativo entre ambas modalidades, que esperamos nos ayude a entender qué está sucediendo ahora en la Costa del Sol como destino turístico maduro y en especial en la ciudad de Málaga, que en este momento está sufriendo una agresiva transformación por parte del turismo de masas, muy amplificado por la potencia del cibercapitalismo (como Tripadvisor o Airbnb en turismo).
Para ello tomaremos como ejemplo uno de los asuntos que más polémica ha provocado últimamente en Málaga: la promoción del «hotel del puerto» (oficialmente Hotel Suites Málaga Port), presentado en septiembre de 2016, que albergaría un lujoso complejo hotelero, más auditorio y casino, a construir en una extensa plataforma en terrenos del muelle de levante, en el centro de la bahía de Málaga. El edificio consta de una ancha base de tres plantas sobre la que se yergue una torre de 35 pisos (en total unos 135 m de altura) para 350 habitaciones, más un aparcamiento subterráneo para casi 500 vehículos.
La propuesta, consensuada previamente con la autoridad portuaria y el ayuntamiento, ha provocado entusiastas adhesiones pero también rechazo, inicialmente debido al notable impacto paisajístico, así como por la privatización de un espacio de titularidad pública en una situación privilegiada. Posteriormente los argumentos en contra han ganado en diversidad y profundidad.

Capital social y capital cultural en el modo exógeno de transformación territorial

Veamos ahora en qué consiste la actuación del agente turístico. El proceso empieza con una inversión, casi siempre de un importante capital foráneo (al menos en comparación con las magnitudes de las transacciones entre actores locales: en el caso del hotel del puerto la inversión anunciada es de más de 100 millones de euros), que actúa contundente y discretamente y con frecuencia con rapidez. Lo importante es el fuerte diferencial de capacidades, no solo dinerarias, entre los agentes exteriores y los autóctonos.
Pero fijémonos que no solo hay capital económico; es más, comprobamos que en nuestro caso el principal desembolso no se ha producido todavía, aunque los gastos de todo tipo en los preparativos de la operación no sean pequeños. También hay capital social y capital cultural (de acuerdo con los términos usados por P. Bourdieu2 en sus estudios sociológicos sobre el capital), con una función decisiva, como ahora veremos.
El capital social3 del tipo utilizado por los proyectos de mayor tamaño (luego veremos que hay otro tipo de capital social) lo podemos definir como la disponibilidad de contactos de personas en puestos clave que facilitan las gestiones, permisos y apoyos estratégicos, en instituciones, en la prensa y medios locales, en colectivos y personas influyentes, con propósitos de beneficio particular (por ejemplo hacerse con una concesión administrativa económicamente jugosa). Estas redes involucran a personajes en todos los niveles, desde la escala nacional o incluso internacional hasta la local, esta conseguida gracias al enrolamiento de los necesarios intermediarios (también llamados conseguidores).
Cuando un agente con poder pretende un cambio en la ordenación urbanística de un municipio el camino más expedito es conectar directamente con las autoridades políticas de quienes dependen las decisiones, especialmente las de ámbito municipal. Surge así un espacio informal, opaco, restringido, donde juega la conveniencia de los intervinientes, ajeno a la dicotomía legal-ilegal. Esta vía es, además, mucho más expedita que la establecida por los procedimientos reglados para el ciudadano común.
Por otra parte el que hemos denominado capital cultural se encarna en los expertos en las diversas disciplinas que son necesarias para que se pueda ejecutar el proyecto: juristas y técnicos urbanistas, así como periodistas y profesionales del marketing, cada vez más necesarios para crear una receptividad favorable. En el capital cultural el valor lo tiene el título profesional o académico más que el mérito propio.
En lo que se refiere a la negociación con el ayuntamiento, ha sido una constante la situación de desequilibrio entre la fuerte capacidad técnica que sustenta el proyecto que se pretende promocionar y, en el otro lado, la debilidad de los medios municipales en los pequeños y medianos municipios.

El hotel del puerto como ejemplo

Los promotores del hotel del puerto han hecho una notable inversión en capital social, fundamentalmente para conseguir el favor del gobierno municipal y de la opinión pública: a través del periódico local de mayor tirada, promoviendo reuniones con los agentes en teoría más interesados y actos públicos de presentación y debate con la participación del ayuntamiento. Al ser una iniciativa que responde al interés de la autoridad portuaria por movilizar parte de sus terrenos con el objetivo de conseguir rentas inmobiliarias, se asegura su colaboración en todo tipo de gestiones, muy especialmente la singular tramitación que según la legislación de puertos se precisa para que el Consejo de ministros autorice, de manera excepcional, el uso hotelero en el interior del recinto portuario, prohibido por la vigente legislación sobre los puertos del estado.
Tal es el grado de simbiosis de los empresarios y de la autoridad portuaria que se puede afirmar que de hecho son socios de esta promoción. Comparten el objetivo de lograr el cambio de la ordenación urbanística municipal y el correspondiente aumento de edificabilidad (los 6.000 m2 de techo para usos públicos pasarían a 45.000 m2 para uso privado), lo que en términos eufemísticos muy utilizados en la actualidad se llama «poner en valor». En resumidas cuentas, el proceso se ajusta al modo de actuación que estamos analizando, esto es, conseguir ventajas urbanísticas espectaculares mediante actos puramente formales y así hacer posible un gran incremento del precio del suelo, pero obviando parte importante de los controles de base democrática y participativa previstos en la legislación del suelo. Por esta estrategia de economía inmobiliaria, el puerto se convierte en un agente rentista más, contribuyendo a la subida de los precios del suelo en la ciudad.

«Por esta estrategia de economía inmobiliaria, el puerto se convierte en un agente rentista más, contribuyendo a la subida de los precios del suelo en la ciudad»

Por descontado que estamos hablando de un capital social que solo produce beneficios a quienes ocupan los nodos de la red social urdida para la ocasión. Un capital social muy restringido y caracterizado por su cierre (es decir, monopolizado por pocas personas, y por ello escaso y deseable, fuente de favores mutuos que redundan en beneficios monetarios muy concretos). Un efecto bien diferente es el producido por el capital social cuando es un bien compartido por toda la colectividad, lo que se expresa como «[…] colaboración, confianza, respeto, compromiso cívico, esfuerzo colectivo en la obtención de metas comunes, etc.»4. Pero sucede que el capital social colectivo merma cuando se eliminan o se reducen al mínimo los cauces establecidos legalmente para la participación ciudadana, precisamente previstos en actuaciones importantes para el futuro de la ciudad, como es el presente caso (al que sus mismos promotores califican como «el hito del siglo XXI en Málaga»). Tal vez no estemos ante la típica corrupción escandalosa, pero sí son prácticas que la amparan y estimulan. El que estos procederes hayan sido práctica habitual en el territorio turístico desde sus inicios puede explicar en gran medida la extensión y profundidad de la actual corrupción, de carácter estructural en nuestra región.

«El que estos procederes hayan sido práctica habitual en el territorio turístico desde sus inicios puede explicar en gran medida la extensión y profundidad de la actual corrupción»

Se da una suerte de reduccionismo, tanto en lo social como en lo profesional (pseudoconcurso del proyecto que se hizo para la futura concesión del terreno), que también es metodológico: la Gerencia de Urbanismo abre la puerta desarrollando dos anteproyectos de hotel, excluyendo cualquier otro uso (es permanente el discurso de que el futuro de la ciudad no se concibe más que vinculado al turismo). Son vectores todos dirigidos a un único objetivo porque este ha sido decidido hace mucho tiempo.
Lo comentado acerca del capital social es aplicable al capital cultural. En principio su función es meramente instrumental en cuanto a argumentar ante los funcionarios la conveniencia de que la administración pública admita el cambio normativo de acuerdo con una nueva formulación más adecuada a los intereses de los promotores. El resultado es que estas operaciones, en vez de acomodarse a la ordenación urbanística vigente, la sustituyen por disposiciones normativas ad hoc. La excepcionalidad se ha convertido en la normalidad en este modo de actuación. Pero es mucho más que un problema de anomalías puntuales, pues constituye una modalidad firmemente asentada desde 1992 en la legislación española del suelo5, lo cual no deja de ser síntoma de un cambio profundo en las consecuencias jurídicas de las relaciones sociales en nuestra sociedad.
El capital cultural también se invierte en generar una receptividad social favorable en la opinión pública; entonces ya no estamos ante temas propios de expertos, relativamente poco importantes en la operación, pues ahora los discursos abordan temáticas sensibles a ciertos colectivos, con influencia en la población. Si surge con fuerza la polémica y desborda el ámbito profesional, adquiere fácilmente un cariz político6. Y si además el debate se prolonga, quienes se oponen pueden organizar su resistencia con razones técnicas y legales de peso. Esto es precisamente lo que puede suceder en Málaga; al margen de que continúen debatiéndose aspectos más o menos técnicos del proyecto, lo que empieza a dirimirse, en este y otros casos que se están dando en Málaga, es el coste para la ciudad de las prácticas del urbanismo líquido, la legalidad a la carta y el turismo guay.

Una agenda oculta y un gobierno invisible

¿Cuál es el motivo de que se actúe de esta manera? Parece evidente que los gastos que implica el proceder descrito podrían evitarse si los promotores se acomodaran a la legalidad vigente, pidieran cambios menores en la misma, o incluso en el supuesto de que se requirieran cambios normativos importantes, haciendo a la ciudadanía protagonista de la decisión. Y eso sin prácticas claramente ilegítimas.
Se producen vertiginosos aumentos del precio del suelo cuando un nuevo régimen urbanístico permite un incremento notable en la edificabilidad, usos mucho más lucrativos o una sustancial mejora en su relación con la ciudad existente o de próximo futuro. Para sus propietarios o para los titulares de derechos de aprovechamientos urbanísticos sobre esos terrenos, las ganancias pueden ser espectaculares. Es la expectativa de que los usuarios finales (sean negocios comerciales, bufetes de abogados o familias en busca de vivienda) pagarán el espacio que necesitan o desean, lo que empuja la decisión de que el precio del suelo tenga una fuerte repercusión en las ofertas inmobiliarias. Retomamos el ejemplo del hotel del puerto: basta que los clientes quieran pagar el precio de disfrutar del privilegio de las vistas, ubicación y demás excepcionales condiciones de tan increíble solar sin competencia posible.
Mucho, mucho dinero para los propietarios y para quienes ostenten esos derechos de aprovechamiento y casi seguro para quienes hayan participado o ayudado en la discreta preparación de la operación.
También explica la opacidad, lo minoritario y cerrado del grupo urdidor y su secretismo, el que tal actuación tiene nefastas consecuencias por haberse decidido sin las elementales garantías democráticas y participación pública7. Hay un daño jurídico y casi seguro también económico por apropiación abusiva de plusvalías que deberían ser de toda la ciudad. Pero el peor daño es el que sufre el territorio, en particular debido al hecho de que buena parte de la población haya sido por sistema marginada respecto las decisiones sobrevenidas (y provocadas intencionadamente) sobre el territorio del cual forman parte.
Resulta dolorosamente tangible la agresión hacia el medio físico, pero también la inflingida en la población a la que solo se le ofrece empleo de la peor calidad en la construcción, los comercios, la hostelería y los hoteles. Se puede hablar claramente de una violencia continuada, ejercida por unas fuerzas que actúan concentradamente desbaratando el territorio («capital catastrófico», lo bautizó Jane Jacobs). Sus huellas se pueden distinguir en la destrucción de los ecosistemas tanto como en la impotencia de una parte de la población por procurarse un futuro con un mínimo de autonomía económica y existencial8.
La violencia se ha hecho consustancial a este modo de transformación territorial. En la operación que sirve de ejemplo se puede consignar una variedad de cargas y beneficios desigualmente repartidos. Entre las primeras: la limitación drástica del disfrute del espacio y su localización debido a su privatización, el impacto paisajístico, en gran medida irreversible por muchos años, la fabricación de la identidad malagueña por parte del marketing urbano sobre el imaginario colectivo (Málaga igual a turismo), los gravosos costes de oportunidad para el puerto por el bloqueo de sus potencialidades, la sobrecarga del viario urbano en un lugar muy sensible… En cuanto a los beneficios, según dicen los promotores, se deberán medir en empleo (de poca calidad: 1.380 puestos en las obras de edificación y 350 en el servicio del hotel) y en los ingresos por los gastos de las turistas, sin duda muy mal repartidos: la mayor parte para la empresa hotelera y el resto en la ciudad, para hostelería y comercios, con una creciente presencia de las franquicias que están desplazando a las empresas locales.

«Frente a la colectividad se sitúa un reducido grupo de individuos que disponen de los recursos (los capitales económico, social y cultural), el monopolio de la información más relevante, así como un decisivo poder de influencia sobre quienes legalmente están autorizados para cambiar las normas urbanísticas de la ciudad»

Frente a la colectividad se sitúa un reducido grupo de individuos que disponen de los recursos (los capitales económico, social y cultural), el monopolio de la información más relevante, así como un decisivo poder de influencia sobre quienes legalmente están autorizados para cambiar las normas urbanísticas de la ciudad. Se trata de una especie de burbuja social, muy cerrada, que opera en contra del interés general y al margen de los cauces legales establecidos, precisamente porque así se consiguen las mayores ganancias, en buena medida apropiándose de lo que en definitiva es una riqueza generada por toda la ciudad.

Lógica interna del capital y lógica de la acción estratégica

Al finalizar este artículo no es ocioso comprobar que algunas de las características de este modo de transformación territorial, tales como violencia, rapidez, secretismo, dependencia de lejanas instancias de decisión, son rasgos paradigmáticos de las intervenciones militares, pero igualmente atribuibles a cualquier estrategia cuando hay que forzar cambios en los estados de cosas existentes y habérselas con fuerzas que oponen resistencia.
El que sean acciones deliberadas no significa que obedezcan a una voluntad espontánea o incondicionada. Existe una necesidad superior, una especie de imperativo maquínico y sin autor que gobierna los flujos del capital y su territorialización. Por ello conviene distinguir entre una lógica interna al funcionamiento del capital, una especie de subconsciente colectivo indiferente a cualquier voluntad individual, y por otra parte una lógica externa propia de los grupos de poder de acuerdo con reglas muy antiguas. Veamos el ejemplo de la velocidad, en primer lugar su lógica interna y sus efectos: la rapidez cada vez mayor para hacer las cosas es debida a la aceleración permanente de la rotación del capital, sobre todo en las operaciones especulativas; como consecuencia, la velocidad que se imprime a la circulación del capital crea continuos desajustes en el resto de flujos conjugados con él, incluyendo ciclos vitales de la población y de reposición de los recursos naturales. Aparecen así continuas crisis a un nivel micro que, cada vez con mayor frecuencia, se transforman en procesos traumáticos a nivel macro (este factor contribuyó decisivamente al colapso de la sociedad agraria de la Costa del Sol en los inicios de la colonización turística9). Y respecto la lógica de la acción que se impone como poder exterior, la velocidad otorga la ventaja de la complicada reversibilidad de los hechos consumados y además impide que la resistencia se organice.
La inversión en dinero es grande, pero el beneficio es mucho mayor, y de él solo una pequeña parte se reinvierte en el lugar. Hablando entonces del retorno de los capitales se pueden distinguir dos fases claramente diferenciadas: la que corresponde al cambio del régimen jurídico asignado a los terrenos, lo que habitualmente se conoce como recalificación, que es cuando se producen las grandes plusvalías entre las sucesivas compraventas, de carácter especulativo, y la segunda fase de uso de los inmuebles conforme al objetivo urbanístico finalmente conseguido, sujeto a los ritmos de realización del capital fijo10.
Hemos visto lo relativo a la primera fase del proceso. En el siguiente artículo examinaremos qué ocurre con la segunda fase, que corresponde a la explotación turística propiamente dicha en las promociones inmobiliarias que son producto del modo exógeno de transformación territorial. En ellas las características espaciales y geográficas de la primera iniciativa favorecen un tipo de turismo que podríamos calificar de extractivo o también neocolonial, en el sentido de que, como sucedía en la primera fase, gran parte de los beneficios económicos no se quedan en el lugar de destino; y en lo relativo a su implantación territorial, conforman espacios separados en lo físico y en lo social y cultural de las poblaciones autóctonas. Ejemplos de esto son los resorts y los establecimientos hoteleros «todo incluido», así como las urbanizaciones residenciales para inmigrantes climáticos promovidas fuera de los núcleos urbanos; o de otras modalidades aparentemente muy diferentes, como los cruceros turísticos con las que, no obstante, comparten muchos rasgos, incluidas transformaciones fuertes del medio físico, especialmente en los puertos.

 

1 La investigación que da lugar a esta publicación se inscribe en el proyecto I+D titulado Crisis y reestructuración de los espacios turísticos del litoral español (CSO2015-64468-P) del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).
2 Bourdieu, Pierre (1979): La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Madrid (Taurus, 1988, p. 113).
3 Este concepto, aquí aplicado al urbanismo, se relaciona estrechamente con el de las máquinas de crecimiento urbano (Urban Growth Machines), propio de la sociología urbana estadounidense. Así nombramos una coalición que funciona gracias al acuerdo tácito entre agentes que comparten los mismos fines: el crecimiento de la extensión del suelo urbano, la elevación de los precios del suelo (inseparable de la especulación inmobiliario-financiera) y el crecimiento demográfico. Todo ello es legitimado y sostenido por la ideología del crecimiento (o sus variantes conceptuales: desarrollo, progreso, innovación, modernidad…), tenido por el gran medio instrumental de nuestra sociedad. Los agentes se pueden ordenar en diversos grupos según su función en el proceso: propietarios y promotores inmobiliarios; políticos (en los distintos niveles de las administraciones públicas); constructores; empresarios turísticos; inversores y banqueros; técnicos y profesionales (con sus respectivas entidades profesionales) y un amplio abanico de medios de comunicación.
4 En Arenas, Carlos (2016): Poder, economía y sociedad en el sur. Historia e instituciones del capitalismo andaluz. Sevilla (Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, p. 387).
5 Joaquín de Salas lo ha llamado administración negocial: «El pacto o el contrato es ya de facto fuente del derecho público; de derechos y de obligaciones públicas con garantía jurisdiccional de cumplimiento, pero sobre todo en el derecho urbanístico es creador de ciudad». Y advierte que aunque desde hace mucho tiempo forma parte de la tradición jurídica anglosajona «[…] sólo pudo constituir derecho público en la medida en la que cada pacto en concreto era sujeto a ciertos controles de base democrática o participativa». En Salas Vara de rey, Joaquín, 2005: «Norma y pacto en el planeamiento urbanístico», en Rizoma, revista aperiódica de arquitectura (Editor). Nerja, territorio ZoMeCS. Málaga, p. 221 a 230.
6 La reacción en contra del proyecto que nos ocupa está siendo muy fuerte, con parte de la prensa local acogiendo artículos de opinión desfavorables, la decidida acción de una plataforma ciudadana Defendamos nuestro horizonte opuesta al proyecto y el considerable rechazo que se ha producido en algunos debates abiertos al público.
7 Aparte de lo previsto en la legislación del suelo, lo regulado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, todo lo cual solo cubre una mínima parte de lo que sería útil y necesario.
8 La irrupción del turismo en los años sesenta y setenta supuso un terrible impacto en la población, cuyo silencio, real o dudosamente atribuido, se ha interpretado casi siempre como aceptación de los cambios que se producen (en todo caso aquella sociedad fue destruida y sólo quedan testimonios individuales sobre los antiguos acontecimientos). El libro España en venta, de Francisco Jurdao (Editorial Ayuso, 1979) es una buena cronica de lo que ocurrió, en él se recogen algunos de estos testimonios personales.
9 Como se deduce de lo apuntado por Francisco Jurdao en su libro ya reseñado (pp. 169 y 174).
10 Se trata de la renta del suelo, más la construcción, a través de su venta o bien a lo largo del tiempo en que se alquile; el ciclo termina cuando el suelo se haya depreciado suficientemente como para formar parte de nuevas mercancía inmobiliarias. De esta manera se integra en el circuito secundario de acumulación del capital global a lo largo de una temporalidad de largo plazo. Ver López, Isidro; Rodríguez, Emmanuel: «Circuitos secundarios de acumulación y competitividad territorial». Viento Sur, número 116/Mayo 2011.

Eduardo Serrano (dr. arquitecto). Colaboran en este artículo: José María Romero (dr. arquitecto, profesor UGR), Yolanda Romero (dra. turismo, prof. UNE y UOC), Enrique Navarro (dr. geografía, prof. UMA), Fernando Ramos (arquitecto) y Rubén Mora (arquitecto).

Sin verano azul: este año también nos bañamos en aguas residuales

Vertidos en nuestra bahía: como en el siglo XIX

Tenemos que cambiar la idea de que cualquier vertido se pierde o se diluye en la inmensidad del mar. En la Bahía de Málaga los vientos predominantes de levante o poniente ralentizan de manera extrema la mezcla o disolución de las aguas cercanas a la orilla con las de alta mar, salvo unos pocos días en que el terral las lleva mar adentro. Por tanto, los vertidos desde tierra no desaparecen, sino que permanecen largo tiempo en nuestras aguas de baño, moviéndose de levante a poniente o viceversa. Este fenómeno particular de nuestra dinámica litoral agrava más aún el efecto de la contaminación provocada por una aglomeración urbana de casi un millón de personas (de Mijas a Rincón de la Victoria), justo en el vértice del ángulo que cierra la línea de costa de la bahía. Buena parte de sus aguas residuales, industriales y agrícolas se vierten al mar poco o nada depuradas, lo que nos debería concienciar de que estamos ante un grave problema de contaminación, pero también de salud pública, es decir, de derechos humanos.

«90.000 personas vierten sus aguas residuales a la bahía, directamente o a través del Guadalhorce, y a esas cifras hay que añadir los centenares de miles de visitantes estivales»

Todo esto se deduce del Informe Saneamiento Integral, elaborado en 2015 por dos entidades tan poco sospechosas de ecologismo como las Fundaciones CIEDES y MADECA. Este documento concluye que esa parte sin depurar supone el 7% de Málaga, el 5% de Mijas, el 11% de Rincón de la Victoria y, lo peor, el 100% de Cártama, Pizarra, Almogía y Alhaurín el Grande. La suma total arroja el escalofriante resultado de que «queda un 9% de población sin depurar en los municipios de la corona metropolitana de Málaga», es decir, que 90.000 personas vierten sus aguas residuales a la bahía, directamente o a través del Guadalhorce, como veremos después. Pero esto no es lo peor. Estos datos se basan en población censada y en una media a lo largo del año, sin tener en cuenta el aumento que se produce en verano, cuando algunos de esos municipios llegan incluso a duplicar su población, con lo que a a esas cifras hay que añadir los centenares de miles de visitantes estivales.

«“taponazos”: la liberación y vertido directo al mar de miles de litros de aguas fecales desde las estaciones de bombeo a través de los aliviaderos situados en plena playa»

Aliviadero playa de La Misericordia, Chimenea de Los Guindos

Sus vertidos provocan, por ejemplo, el fenómeno de lo que nuestro concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, llama «taponazos»: la liberación y vertido directo al mar de miles de litros de aguas fecales desde las estaciones de bombeo a través de los aliviaderos situados en plena playa. Lo que provoca ese rebosamiento es que en determinados momentos el aumento del caudal que llega por la red a esas estaciones supera su capacidad de evacuación, con lo que podría ocasionar su rotura. Pero la cosa no queda ahí. El problema se complica por la inexistencia, tal como establece el PGOU de Málaga y todos los planes de gestión de aguas, de redes de saneamiento separativas (alcantarillado) que evacuen las aguas residuales por un lado y las de lluvia por otro. Estas últimas irían directas a los aliviaderos en la playa mientras las otras llevarían la contaminación a las depuradoras, con el impulso de las estaciones de bombeo.
Sin embargo, la inexistencia de esa separación en casi todos los municipios del área metropolitana provoca que los vertidos contaminantes de urbanizaciones, comercios y polígonos industriales vayan por el mismo camino, con lo que en momentos de máxima población, como en verano, algunos aliviaderos vierten a la playa algo más que agua de lluvia. En resumen, la cifra de población que provoca vertidos contaminantes sin depurar es mucho mayor que esas 90.000 personas, al menos en los meses de calor.
Esta realidad, conocida por las administraciones españolas desde hace décadas, debió haber sido resuelta antes del 1 de enero de 2015, según obligaba la Directiva Marco de Agua aprobada en 2000 por la UE. Pero se ve que 15 años no ha sido un período suficiente, a juzgar por la falta de medidas efectivas por parte de todas las administraciones implicadas. La única conclusión es que no han hecho los deberes porque no era una prioridad, como sí lo era la construcción de aeropuertos, autopistas y puertos deportivos para una élite social y económica, la mayor parte sin uso ciudadano hoy en día.
Ahora nos enfrentamos a sanciones millonarias, con toda la razón, pero lo peor es que ni esa amenaza inminente está provocando la reacción institucional fulminante que la situación exige. Eso sí, normativas para proteger la calidad del agua la tenemos de todos los colores. Decretos, reglamentos y ordenanzas por doquier establecen instrumentos legales como límites máximos de contaminantes en agua, cierre cautelar de playas al baño, métodos y protocolos analíticos, alertas ciudadanas… Otra cosa es que se apliquen, o que de ello surjan partidas presupuestarias para depuradoras, redes de saneamiento, infraestructuras para reutilización, campañas de educación y concienciación ambiental… Eso, ya lo vamos hablando.

Recogida de muestras en el rio Guadalhorce.

El Guadalhorce: la cloaca de Málaga

Imaginemos, a tenor de lo comentado, el territorio que va desde Alhaurín el Grande, Coín o incluso Álora hasta la propia desembocadura del Guadalhorce, es decir, prácticamente toda la comarca del Bajo Guadalhorce. Las aguas residuales de toda esa población que, como hemos visto, roza las 100.000 personas, junto a las generadas por las 570.000 que vivimos en la capital, Torremolinos y Alhaurín de la Torre, van a parar a la Estación de Aguas Residuales (EDAR) del Guadalhorce, una instalación insuficiente a todas luces. Mientras tanto, siguen sin ver la luz las proyectadas EDAR del Bajo Guadalhorce, que trataría los vertidos domésticos de Coín, Pizarra y Álora, y la de Málaga Norte, que se encargaría de Alhaurín el Grande, Cártama y distritos del norte de la capital. En conclusión: la desidia de las administraciones implicadas, Junta y ayuntamientos convierte el río Guadalhorce en la mayor cloaca de la provincia que cada día vierte directamente a la Bahía de Málaga 17.000m3 de aguas residuales, a pesar de la terminante prohibición europea, en vigor desde el 1 de enero de 2016.

«a través del río Guadalhorce, llegan a las aguas costeras de la ciudad fertilizantes y pesticidas agrícolas procedentes de las comarcas rurales, fundamentalmente de la vegas de cultivo de Antequera y del valle del Guadalhorce»

Además de la contaminación fecal o bacteriana, el informe realizado por el equipo del Aula del Mar para la Agenda 21 de Málaga dejaba claro en 2015 que el «río de los silenciosos» sufre también una grave contaminación química: a través del río Guadalhorce, llegan a las aguas costeras de la ciudad fertilizantes y pesticidas agrícolas procedentes de las comarcas rurales, fundamentalmente de la vegas de cultivo de Antequera y del valle del Guadalhorce. Como consecuencia de la sobrecarga de nitratos y fosfatos, la regulación natural del sistema marino queda anulada. Los pesticidas utilizados en la agricultura intensiva para el control de plagas son arrastrados por la lluvia y los ríos hasta el mar, sobre todo en la estación de otoño.

Los municipios más problemáticos son Cártama y Alhaurín el Grande que, con una población total de unos 50.000 habitantes, representan casi el 60% de las aguas no depuradas. Les siguen Pizarra, Almogía y Colmenar, que tampoco disponen de depuración, y a continuación los municipios que, aunque con depuración, aún cuentan con núcleos de población sin conexián al saneamiento integral.
Informe Saneamiento Integral, 2015. Fundaciones CIEDES y MADECA

Playas Limpias: la campaña que demostró la contaminación del

litoral urbano

Guadalmar, Sacaba, Misericordia, Huelin y Malagueta reciben tal cantidad de aguas fecales residuales, todas de origen humano, que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento deberían cerrarlas al baño de manera inmediata. La campaña Playas Limpias de 2016 demostró con datos científicos que el riesgo para la salud durante ese verano fue incontestable, y hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna medida para revertir esa situación.
La campaña, impulsada por la candidatura municipalista de la ciudad, Málaga Ahora, se desarrolló durante los meses de julio y agosto. Las primeras fases incluyeron concienciación e información ciudadana, recepción de testimonios, vídeos y foto-denuncia, además de limpieza y recogida de basura in situ. Posteriormente, el personal técnico de la campaña recogió muestras de agua y arena que fueron analizadas en un laboratorio homologado.

«Fueron las playas de Guadalmar, Sacaba, Misericordia, Huelin y Malagueta en las que se encontraron concentraciones por encima de esas cifras. Recordemos que se trata de bacterias procedentes únicamente del intestino humano, es decir, de aguas fecales, que pueden contagiar enfermedades como gastroenteritis, otitis, conjuntivitis o dermatitis»

Las más de veinte muestras recogidas proporcionaron resultados sorprendentes, que reflejaron un mapa de «puntos negros y puntos grises». Los puntos negros son aquellos en los que el riesgo para la salud humana fue mayor, puesto que tanto los análisis de arena como los de agua arrojan resultados superiores a los que permiten la normativa española y europea (185 UFC de enterococos y 500 de Escherichia Coli). Fueron las playas de Guadalmar, Sacaba, Misericordia, Huelin y Malagueta en las que se encontraron concentraciones por encima de esas cifras. Recordemos que se trata de bacterias procedentes únicamente del intestino humano, es decir, de aguas fecales, que pueden contagiar enfermedades como gastroenteritis, otitis, conjuntivitis o dermatitis.
Destacaba de manera especial el caso de la playa de La Misericordia. En un supuesto aliviadero de aguas pluviales se encontró un auténtico ecosistema bacteriológico, por lo que queda demostrado que es un punto de vertido de aguas fecales no depuradas. Respecto a los puntos de vertidos, resaltaban casos como el del Arroyo de la Cizaña, junto al Parador Nacional de Golf, que en verano únicamente lleva aguas residuales sin depurar que vierten directamente a la playa.

Actuar en 72 horas

A la vista de estos resultados, se presentaron denuncias en septiembre en las Consejerías de Salud y Medio Ambiente y en el propio Ayuntamiento, para lo que se adjuntó toda la documentación técnica de las analíticas. El reglamento de vertidos de la Junta y el Real Decreto estatal de Calidad de Aguas de Baño obligan a actuar de inmediato y cerrar el baño ante la simple sospecha de vertido y contaminación de aguas de baño que puedan provocar un riesgo para la salud, como en este caso. Además obliga a que en menos de 72 horas se realicen análisis periódicos que deben ser publicados, a pesar de lo cual ninguna de las tres administraciones actuó.
Desde el año 2000, cuando la Directiva Marco del Agua estableció un plazo de 15 años para que los Estados miembros lograran el vertido cero al mar y a los ríos, nuestras instituciones, incluido el Estado, no han hecho prácticamente nada al respecto. La única solución pasa por un plan de saneamiento integral, que por supuesto incluya la EDAR Norte, comprometida en el año 2011 por la Junta. Sin embargo, Málaga carece de lo más básico, una red separativa de saneamiento que diferencie aguas pluviales de residuales, lo que es responsabilidad directa del Ayuntamiento.

Conclusiones y soluciones

La campaña culminó con unas jornadas que congregaron a personas expertas, profesionales, activistas y vecinas afectadas.
Entre las medidas, fruto de las conclusiones de estas Jornadas, estaba el aumento de las campañas de concienciación y el fomento de la recogida de agua de lluvia en las edificaciones. Pero sobre todo se incidió en la necesidad de completar la red separativa de aguas pluviales y fecales, también en la propia depuradora (EDAR), la reutilización de aguas pluviales y depuradas aumentando el ínfimo porcentaje de tratamiento terciario (7%) de las EDAR, crear incentivos fiscales al uso responsable del agua y a la depuración y uso de las aguas grises domésticas y mejorar técnicamente los sistemas de depuración.
Esas medidas figurarían en un Plan de Gestión Integral del Ciclo de Agua que considere el agua como bien común y que, por tanto, garantice la sostenibilidad de los ecosistemas asociados y el derecho humano al agua. Este plan debe desarrollar medias encaminadas al ahorro y reutilización del agua y a la disminución del impacto en los ecosistemas durante los procesos de extracción y de descontaminación de las aguas usadas.

VERTIDOS FECALES EN NUESTRO LITORAL URBANO

1. ¿Cuáles son las playas más afectadas? Guadalmar, Sacaba, Misericordia, Huelin, Malagueta y, en menor medida, La Cizaña.

2. Aguas fecales. La presencia en estas playas de Enterococs y E. Coli, bacterias procedentes únicamente del intestino humano, multiplican con creces los límites legales.

3. ¿Cuáles son los riesgos para la salud humana? El contagio de enfermedades como gastroenteritis, otitis, conjuntivitis y dermatitis.

4. ¿Hay otro tipo de contaminación y daño medioambiental? Sí, a la altura de Torre Mónica (Huelin) basta con escarbar 60 centímetros en la arena para descubrir la presencia de hidrocarburos y plomos procedente de metales pesados como, además del propio plomo, níquel o mercurio que aún permanecen tras el cierre, hace décadas, de las antiguas fundiciones.

5. ¿Cuántos litros de aguas residuales se vierten a nuestro litoral? 10.000 millones de litros de aguas residuales reciben la bahía malagueña y sus playas cada año procedentes del Bajo Guadalhorce.

6. ¿Qué dice la ley? El reglamento de vertidos de la Junta de Andalucía y el Real Decreto estatal de Calidad de Aguas de Baños obligan a actuar de inmediato y cerrar el baño ante la simple sospecha de vertido y contaminación de aguas de baño que puedan provocar un riesgo para la salud, como en este caso, y a que en menos de 72 horas se realicen los análisis pertinentes y publicarlos. Además, la Directiva Europea Marco del Agua prohíbe cualquier vertido al litoral que no haya sido depurado.

7. ¿Qué han hecho las Administraciones? Nada. Ni el Ayuntamiento, ni la Junta ni el Estado han hecho nada para cumplir la Directiva Europea Marco del Agua, que data de 2000 y daba un plazo de 15 años para que los Estados miembros lograran el vertido cero al mar. Esto supone un delito medioambiental por omisión.

8. ¿Cuáles son las consecuencias? Además de los daños para el equilibrio ecológico, los perjuicios directos para la salud o indirectos mediante la ingesta de mejillones y almejas, la Unión Europea ya ha cursado a España una multa de 46,5 millones de euros por vertidos en toda nuestra geografía.

9. ¿Cuáles son las soluciones?
• Junta de Andalucía: Plan de saneamiento integral que incluya la EDAR Norte, prometida en el año 2011 .
• Ayuntamiento: creación de una red separativa de saneamiento, que diferencie aguas pluviales de residuales.
• Estado: medidas efectiva para cumplir la Directiva Europea Marco del Agua de Vertidos 0.

«Nuestra relación actual con el mar no es sostenible»

Charlamos con Juan Jesús Martín Jaime. Este biólogo, doctor en pedagogía y profesor asociado de la Universidad de Málaga, es socio fundador del Aula del Mar de Málaga, que arrancó su experiencia allá por 1989. Acumula hoy en día más de 20 años de experiencia profesional en la divulgación, la educación ambiental y la participación ligada a la conservación de los recursos y la defensa del litoral de nuestra provincia. Pero no solo acudimos a él como experto reconocido públicamente, sino por haber participado como ponente en las jornadas «Playas Limpias: calidad del agua, medio ambiente y salud pública en el litoral malagueño», en las que además ejerció de anfitrión, como responsable del Museo Alborania, donde se celebraron. Es por tanto un buen conocedor de esa campaña desarrollada por Málaga Ahora el verano pasado.

—El Aula del Mar de Málaga es una institución muy querida por vuestra labor en educación e investigación medioambiental, y además gestionáis el Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas (CREMA). Es decir, estáis en permanente contacto con todo lo que afecta a la conservación del litoral malagueño desde hace décadas. ¿Cuál es vuestro diagnóstico para la situación actual de nuestra costa?
—Málaga está situada en el corazón del mar de Alborán, único lugar del mundo donde conviven especies atlánticas y mediterráneas. Por ello es un enclave de elevada biodiversidad marina. Sin embargo, nuestra relación actual con el mar no es sostenible. El déficit en el saneamiento integral de las aguas residuales urbanas y la tendencia a incrementar la construcción en la franja costera conllevan la ruptura del equilibrio ecológico entre las especies marinas y la desestabilización de las playas.

«El déficit en el saneamiento integral de las aguas residuales urbanas y la tendencia a incrementar la construcción en la franja costera conllevan la ruptura del equilibrio ecológico entre las especies marinas y la desestabilización de las playas»

—Llama la atención el contraste entre la percepción ciudadana de que el agua de las playas en Málaga está sucia y los informes que presentan las administraciones públicas, que año tras año declaran ese agua como de calidad «excelente».
—Efectivamente, en la mayoría de las playas del litoral malagueño observamos numerosos residuos en la arena dejados directamente por los usuarios de la playa o que han llegado desde los desagües domésticos (colillas, toallitas, objetos higiénicos) y también residuos flotantes en el mar, a veces incluso acompañados de malos olores.
El mar tiene una gran capacidad biocida y de dilución frente a microorganismos de origen intestinal humano que llegan a nuestra costa. Sin embargo, animales filtradores, como los mejillones o almejas, son concentradores biológicos, filtran por tamaño de partícula, de modo que, junto a las microalgas de que se alimentan, ingieren microbios que pueden acabar en nuestra mesa.
Por ello, deben hacerse también análisis de moluscos filtradores, que son indicadores de la calidad de las aguas costeras.
—Vivimos en el momento con más legislación para proteger y conservar el medio ambiente marino: agendas 21, planes, estrategias… ¿Por qué no tienen efecto para solucionar un problema tan serio como la constante aparición en el litoral de las famosas toallitas y demás artículos de higiene personal provenientes de nuestros cuartos de baño?
—Es muy difícil aplicar la legislación ambiental solo mediante la vigilancia policial y las multas. Para solucionar el grave problema del vertido al váter de objetos higiénicos plásticos y aceite frito (uno de los componentes de las natas en las playas) es necesario impulsar procesos de comunicación de sus efectos negativos sobre el medio ambiente y nuestra calidad de vida. También hay que fomentar la participación ciudadana en la conservación del litoral, mediante, por ejemplo, la promoción del «apadrinamiento ambiental» por colectivos ciudadanos y escolares de tramos de costa.
—La mejora de la calidad del destino es un concepto que se usa mucho en la planificación turística, aunque sin demasiado éxito a simple vista. ¿Qué debería hacerse para evitar las natas que vemos ya en la superficie del mar justo cuando empiezan a llegar miles de visitantes para pasar sus vacaciones de verano en Málaga?
—La Costa del Sol recibe actualmente más de diez millones de turistas al año, que se unen a la población local. Sin embargo, no se invierte y existe un gran déficit en la realización de campañas de sensibilización ambiental y en la promoción del turismo sostenible. Tanto por la calidad ambiental del litoral como por nuestra economía y empleo, fuertemente ligados al sector turístico, es fundamental incidir en la raíz del problema: invertir en la educación ambiental de residentes y visitantes para promover un cambio de hábitos.
Así, se reduciría el volumen de residuos sólidos arrojados sobre la playa y enclaves litorales de difícil acceso para los servicios de limpieza municipales. También se frenaría la recolección indiscriminada por entretenimiento de cangrejos y lapas que amenazan la supervivencia de las poblaciones de invertebrados marinos del rompeolas.
Como conclusión, cabe resaltar que es necesaria la complicidad entre los organismos públicos y la ciudadanía para un desarrollo sostenible del litoral. Esto debe concretarse en protocolos y compromisos de participación efectiva, con retroalimentación de la administración sobre los resultados de las acciones que se pongan en marcha para la mejora ambiental de los entornos costeros. Todos y todas debemos y podemos aportar nuestro granito de arena en la conservación del litoral malagueño.

Ángel Rodríguez