Sin verano azul: este año también nos bañamos en aguas residuales

Vertidos en nuestra bahía: como en el siglo XIX

Tenemos que cambiar la idea de que cualquier vertido se pierde o se diluye en la inmensidad del mar. En la Bahía de Málaga los vientos predominantes de levante o poniente ralentizan de manera extrema la mezcla o disolución de las aguas cercanas a la orilla con las de alta mar, salvo unos pocos días en que el terral las lleva mar adentro. Por tanto, los vertidos desde tierra no desaparecen, sino que permanecen largo tiempo en nuestras aguas de baño, moviéndose de levante a poniente o viceversa. Este fenómeno particular de nuestra dinámica litoral agrava más aún el efecto de la contaminación provocada por una aglomeración urbana de casi un millón de personas (de Mijas a Rincón de la Victoria), justo en el vértice del ángulo que cierra la línea de costa de la bahía. Buena parte de sus aguas residuales, industriales y agrícolas se vierten al mar poco o nada depuradas, lo que nos debería concienciar de que estamos ante un grave problema de contaminación, pero también de salud pública, es decir, de derechos humanos.

«90.000 personas vierten sus aguas residuales a la bahía, directamente o a través del Guadalhorce, y a esas cifras hay que añadir los centenares de miles de visitantes estivales»

Todo esto se deduce del Informe Saneamiento Integral, elaborado en 2015 por dos entidades tan poco sospechosas de ecologismo como las Fundaciones CIEDES y MADECA. Este documento concluye que esa parte sin depurar supone el 7% de Málaga, el 5% de Mijas, el 11% de Rincón de la Victoria y, lo peor, el 100% de Cártama, Pizarra, Almogía y Alhaurín el Grande. La suma total arroja el escalofriante resultado de que «queda un 9% de población sin depurar en los municipios de la corona metropolitana de Málaga», es decir, que 90.000 personas vierten sus aguas residuales a la bahía, directamente o a través del Guadalhorce, como veremos después. Pero esto no es lo peor. Estos datos se basan en población censada y en una media a lo largo del año, sin tener en cuenta el aumento que se produce en verano, cuando algunos de esos municipios llegan incluso a duplicar su población, con lo que a a esas cifras hay que añadir los centenares de miles de visitantes estivales.

«“taponazos”: la liberación y vertido directo al mar de miles de litros de aguas fecales desde las estaciones de bombeo a través de los aliviaderos situados en plena playa»

Aliviadero playa de La Misericordia, Chimenea de Los Guindos

Sus vertidos provocan, por ejemplo, el fenómeno de lo que nuestro concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, llama «taponazos»: la liberación y vertido directo al mar de miles de litros de aguas fecales desde las estaciones de bombeo a través de los aliviaderos situados en plena playa. Lo que provoca ese rebosamiento es que en determinados momentos el aumento del caudal que llega por la red a esas estaciones supera su capacidad de evacuación, con lo que podría ocasionar su rotura. Pero la cosa no queda ahí. El problema se complica por la inexistencia, tal como establece el PGOU de Málaga y todos los planes de gestión de aguas, de redes de saneamiento separativas (alcantarillado) que evacuen las aguas residuales por un lado y las de lluvia por otro. Estas últimas irían directas a los aliviaderos en la playa mientras las otras llevarían la contaminación a las depuradoras, con el impulso de las estaciones de bombeo.
Sin embargo, la inexistencia de esa separación en casi todos los municipios del área metropolitana provoca que los vertidos contaminantes de urbanizaciones, comercios y polígonos industriales vayan por el mismo camino, con lo que en momentos de máxima población, como en verano, algunos aliviaderos vierten a la playa algo más que agua de lluvia. En resumen, la cifra de población que provoca vertidos contaminantes sin depurar es mucho mayor que esas 90.000 personas, al menos en los meses de calor.
Esta realidad, conocida por las administraciones españolas desde hace décadas, debió haber sido resuelta antes del 1 de enero de 2015, según obligaba la Directiva Marco de Agua aprobada en 2000 por la UE. Pero se ve que 15 años no ha sido un período suficiente, a juzgar por la falta de medidas efectivas por parte de todas las administraciones implicadas. La única conclusión es que no han hecho los deberes porque no era una prioridad, como sí lo era la construcción de aeropuertos, autopistas y puertos deportivos para una élite social y económica, la mayor parte sin uso ciudadano hoy en día.
Ahora nos enfrentamos a sanciones millonarias, con toda la razón, pero lo peor es que ni esa amenaza inminente está provocando la reacción institucional fulminante que la situación exige. Eso sí, normativas para proteger la calidad del agua la tenemos de todos los colores. Decretos, reglamentos y ordenanzas por doquier establecen instrumentos legales como límites máximos de contaminantes en agua, cierre cautelar de playas al baño, métodos y protocolos analíticos, alertas ciudadanas… Otra cosa es que se apliquen, o que de ello surjan partidas presupuestarias para depuradoras, redes de saneamiento, infraestructuras para reutilización, campañas de educación y concienciación ambiental… Eso, ya lo vamos hablando.

Recogida de muestras en el rio Guadalhorce.

El Guadalhorce: la cloaca de Málaga

Imaginemos, a tenor de lo comentado, el territorio que va desde Alhaurín el Grande, Coín o incluso Álora hasta la propia desembocadura del Guadalhorce, es decir, prácticamente toda la comarca del Bajo Guadalhorce. Las aguas residuales de toda esa población que, como hemos visto, roza las 100.000 personas, junto a las generadas por las 570.000 que vivimos en la capital, Torremolinos y Alhaurín de la Torre, van a parar a la Estación de Aguas Residuales (EDAR) del Guadalhorce, una instalación insuficiente a todas luces. Mientras tanto, siguen sin ver la luz las proyectadas EDAR del Bajo Guadalhorce, que trataría los vertidos domésticos de Coín, Pizarra y Álora, y la de Málaga Norte, que se encargaría de Alhaurín el Grande, Cártama y distritos del norte de la capital. En conclusión: la desidia de las administraciones implicadas, Junta y ayuntamientos convierte el río Guadalhorce en la mayor cloaca de la provincia que cada día vierte directamente a la Bahía de Málaga 17.000m3 de aguas residuales, a pesar de la terminante prohibición europea, en vigor desde el 1 de enero de 2016.

«a través del río Guadalhorce, llegan a las aguas costeras de la ciudad fertilizantes y pesticidas agrícolas procedentes de las comarcas rurales, fundamentalmente de la vegas de cultivo de Antequera y del valle del Guadalhorce»

Además de la contaminación fecal o bacteriana, el informe realizado por el equipo del Aula del Mar para la Agenda 21 de Málaga dejaba claro en 2015 que el «río de los silenciosos» sufre también una grave contaminación química: a través del río Guadalhorce, llegan a las aguas costeras de la ciudad fertilizantes y pesticidas agrícolas procedentes de las comarcas rurales, fundamentalmente de la vegas de cultivo de Antequera y del valle del Guadalhorce. Como consecuencia de la sobrecarga de nitratos y fosfatos, la regulación natural del sistema marino queda anulada. Los pesticidas utilizados en la agricultura intensiva para el control de plagas son arrastrados por la lluvia y los ríos hasta el mar, sobre todo en la estación de otoño.

Los municipios más problemáticos son Cártama y Alhaurín el Grande que, con una población total de unos 50.000 habitantes, representan casi el 60% de las aguas no depuradas. Les siguen Pizarra, Almogía y Colmenar, que tampoco disponen de depuración, y a continuación los municipios que, aunque con depuración, aún cuentan con núcleos de población sin conexián al saneamiento integral.
Informe Saneamiento Integral, 2015. Fundaciones CIEDES y MADECA

Playas Limpias: la campaña que demostró la contaminación del

litoral urbano

Guadalmar, Sacaba, Misericordia, Huelin y Malagueta reciben tal cantidad de aguas fecales residuales, todas de origen humano, que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento deberían cerrarlas al baño de manera inmediata. La campaña Playas Limpias de 2016 demostró con datos científicos que el riesgo para la salud durante ese verano fue incontestable, y hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna medida para revertir esa situación.
La campaña, impulsada por la candidatura municipalista de la ciudad, Málaga Ahora, se desarrolló durante los meses de julio y agosto. Las primeras fases incluyeron concienciación e información ciudadana, recepción de testimonios, vídeos y foto-denuncia, además de limpieza y recogida de basura in situ. Posteriormente, el personal técnico de la campaña recogió muestras de agua y arena que fueron analizadas en un laboratorio homologado.

«Fueron las playas de Guadalmar, Sacaba, Misericordia, Huelin y Malagueta en las que se encontraron concentraciones por encima de esas cifras. Recordemos que se trata de bacterias procedentes únicamente del intestino humano, es decir, de aguas fecales, que pueden contagiar enfermedades como gastroenteritis, otitis, conjuntivitis o dermatitis»

Las más de veinte muestras recogidas proporcionaron resultados sorprendentes, que reflejaron un mapa de «puntos negros y puntos grises». Los puntos negros son aquellos en los que el riesgo para la salud humana fue mayor, puesto que tanto los análisis de arena como los de agua arrojan resultados superiores a los que permiten la normativa española y europea (185 UFC de enterococos y 500 de Escherichia Coli). Fueron las playas de Guadalmar, Sacaba, Misericordia, Huelin y Malagueta en las que se encontraron concentraciones por encima de esas cifras. Recordemos que se trata de bacterias procedentes únicamente del intestino humano, es decir, de aguas fecales, que pueden contagiar enfermedades como gastroenteritis, otitis, conjuntivitis o dermatitis.
Destacaba de manera especial el caso de la playa de La Misericordia. En un supuesto aliviadero de aguas pluviales se encontró un auténtico ecosistema bacteriológico, por lo que queda demostrado que es un punto de vertido de aguas fecales no depuradas. Respecto a los puntos de vertidos, resaltaban casos como el del Arroyo de la Cizaña, junto al Parador Nacional de Golf, que en verano únicamente lleva aguas residuales sin depurar que vierten directamente a la playa.

Actuar en 72 horas

A la vista de estos resultados, se presentaron denuncias en septiembre en las Consejerías de Salud y Medio Ambiente y en el propio Ayuntamiento, para lo que se adjuntó toda la documentación técnica de las analíticas. El reglamento de vertidos de la Junta y el Real Decreto estatal de Calidad de Aguas de Baño obligan a actuar de inmediato y cerrar el baño ante la simple sospecha de vertido y contaminación de aguas de baño que puedan provocar un riesgo para la salud, como en este caso. Además obliga a que en menos de 72 horas se realicen análisis periódicos que deben ser publicados, a pesar de lo cual ninguna de las tres administraciones actuó.
Desde el año 2000, cuando la Directiva Marco del Agua estableció un plazo de 15 años para que los Estados miembros lograran el vertido cero al mar y a los ríos, nuestras instituciones, incluido el Estado, no han hecho prácticamente nada al respecto. La única solución pasa por un plan de saneamiento integral, que por supuesto incluya la EDAR Norte, comprometida en el año 2011 por la Junta. Sin embargo, Málaga carece de lo más básico, una red separativa de saneamiento que diferencie aguas pluviales de residuales, lo que es responsabilidad directa del Ayuntamiento.

 

Conclusiones y soluciones

La campaña culminó con unas jornadas que congregaron a personas expertas, profesionales, activistas y vecinas afectadas.
Entre las medidas, fruto de las conclusiones de estas Jornadas, estaba el aumento de las campañas de concienciación y el fomento de la recogida de agua de lluvia en las edificaciones. Pero sobre todo se incidió en la necesidad de completar la red separativa de aguas pluviales y fecales, también en la propia depuradora (EDAR), la reutilización de aguas pluviales y depuradas aumentando el ínfimo porcentaje de tratamiento terciario (7%) de las EDAR, crear incentivos fiscales al uso responsable del agua y a la depuración y uso de las aguas grises domésticas y mejorar técnicamente los sistemas de depuración.
Esas medidas figurarían en un Plan de Gestión Integral del Ciclo de Agua que considere el agua como bien común y que, por tanto, garantice la sostenibilidad de los ecosistemas asociados y el derecho humano al agua. Este plan debe desarrollar medias encaminadas al ahorro y reutilización del agua y a la disminución del impacto en los ecosistemas durante los procesos de extracción y de descontaminación de las aguas usadas.

VERTIDOS FECALES EN NUESTRO LITORAL URBANO

1. ¿Cuáles son las playas más afectadas? Guadalmar, Sacaba, Misericordia, Huelin, Malagueta y, en menor medida, La Cizaña.

2. Aguas fecales. La presencia en estas playas de Enterococs y E. Coli, bacterias procedentes únicamente del intestino humano, multiplican con creces los límites legales.

3. ¿Cuáles son los riesgos para la salud humana? El contagio de enfermedades como gastroenteritis, otitis, conjuntivitis y dermatitis.

4. ¿Hay otro tipo de contaminación y daño medioambiental? Sí, a la altura de Torre Mónica (Huelin) basta con escarbar 60 centímetros en la arena para descubrir la presencia de hidrocarburos y plomos procedente de metales pesados como, además del propio plomo, níquel o mercurio que aún permanecen tras el cierre, hace décadas, de las antiguas fundiciones.

5. ¿Cuántos litros de aguas residuales se vierten a nuestro litoral? 10.000 millones de litros de aguas residuales reciben la bahía malagueña y sus playas cada año procedentes del Bajo Guadalhorce.

6. ¿Qué dice la ley? El reglamento de vertidos de la Junta de Andalucía y el Real Decreto estatal de Calidad de Aguas de Baños obligan a actuar de inmediato y cerrar el baño ante la simple sospecha de vertido y contaminación de aguas de baño que puedan provocar un riesgo para la salud, como en este caso, y a que en menos de 72 horas se realicen los análisis pertinentes y publicarlos. Además, la Directiva Europea Marco del Agua prohíbe cualquier vertido al litoral que no haya sido depurado.

7. ¿Qué han hecho las Administraciones? Nada. Ni el Ayuntamiento, ni la Junta ni el Estado han hecho nada para cumplir la Directiva Europea Marco del Agua, que data de 2000 y daba un plazo de 15 años para que los Estados miembros lograran el vertido cero al mar. Esto supone un delito medioambiental por omisión.

8. ¿Cuáles son las consecuencias? Además de los daños para el equilibrio ecológico, los perjuicios directos para la salud o indirectos mediante la ingesta de mejillones y almejas, la Unión Europea ya ha cursado a España una multa de 46,5 millones de euros por vertidos en toda nuestra geografía.

9. ¿Cuáles son las soluciones?
• Junta de Andalucía: Plan de saneamiento integral que incluya la EDAR Norte, prometida en el año 2011 .
• Ayuntamiento: creación de una red separativa de saneamiento, que diferencie aguas pluviales de residuales.
• Estado: medidas efectiva para cumplir la Directiva Europea Marco del Agua de Vertidos 0.

«Nuestra relación actual con el mar no es sostenible»

Charlamos con Juan Jesús Martín Jaime. Este biólogo, doctor en pedagogía y profesor asociado de la Universidad de Málaga, es socio fundador del Aula del Mar de Málaga, que arrancó su experiencia allá por 1989. Acumula hoy en día más de 20 años de experiencia profesional en la divulgación, la educación ambiental y la participación ligada a la conservación de los recursos y la defensa del litoral de nuestra provincia. Pero no solo acudimos a él como experto reconocido públicamente, sino por haber participado como ponente en las jornadas «Playas Limpias: calidad del agua, medio ambiente y salud pública en el litoral malagueño», en las que además ejerció de anfitrión, como responsable del Museo Alborania, donde se celebraron. Es por tanto un buen conocedor de esa campaña desarrollada por Málaga Ahora el verano pasado.

—El Aula del Mar de Málaga es una institución muy querida por vuestra labor en educación e investigación medioambiental, y además gestionáis el Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas (CREMA). Es decir, estáis en permanente contacto con todo lo que afecta a la conservación del litoral malagueño desde hace décadas. ¿Cuál es vuestro diagnóstico para la situación actual de nuestra costa?
—Málaga está situada en el corazón del mar de Alborán, único lugar del mundo donde conviven especies atlánticas y mediterráneas. Por ello es un enclave de elevada biodiversidad marina. Sin embargo, nuestra relación actual con el mar no es sostenible. El déficit en el saneamiento integral de las aguas residuales urbanas y la tendencia a incrementar la construcción en la franja costera conllevan la ruptura del equilibrio ecológico entre las especies marinas y la desestabilización de las playas.

«El déficit en el saneamiento integral de las aguas residuales urbanas y la tendencia a incrementar la construcción en la franja costera conllevan la ruptura del equilibrio ecológico entre las especies marinas y la desestabilización de las playas»

—Llama la atención el contraste entre la percepción ciudadana de que el agua de las playas en Málaga está sucia y los informes que presentan las administraciones públicas, que año tras año declaran ese agua como de calidad «excelente».
—Efectivamente, en la mayoría de las playas del litoral malagueño observamos numerosos residuos en la arena dejados directamente por los usuarios de la playa o que han llegado desde los desagües domésticos (colillas, toallitas, objetos higiénicos) y también residuos flotantes en el mar, a veces incluso acompañados de malos olores.
El mar tiene una gran capacidad biocida y de dilución frente a microorganismos de origen intestinal humano que llegan a nuestra costa. Sin embargo, animales filtradores, como los mejillones o almejas, son concentradores biológicos, filtran por tamaño de partícula, de modo que, junto a las microalgas de que se alimentan, ingieren microbios que pueden acabar en nuestra mesa.
Por ello, deben hacerse también análisis de moluscos filtradores, que son indicadores de la calidad de las aguas costeras.
—Vivimos en el momento con más legislación para proteger y conservar el medio ambiente marino: agendas 21, planes, estrategias… ¿Por qué no tienen efecto para solucionar un problema tan serio como la constante aparición en el litoral de las famosas toallitas y demás artículos de higiene personal provenientes de nuestros cuartos de baño?
—Es muy difícil aplicar la legislación ambiental solo mediante la vigilancia policial y las multas. Para solucionar el grave problema del vertido al váter de objetos higiénicos plásticos y aceite frito (uno de los componentes de las natas en las playas) es necesario impulsar procesos de comunicación de sus efectos negativos sobre el medio ambiente y nuestra calidad de vida. También hay que fomentar la participación ciudadana en la conservación del litoral, mediante, por ejemplo, la promoción del «apadrinamiento ambiental» por colectivos ciudadanos y escolares de tramos de costa.
—La mejora de la calidad del destino es un concepto que se usa mucho en la planificación turística, aunque sin demasiado éxito a simple vista. ¿Qué debería hacerse para evitar las natas que vemos ya en la superficie del mar justo cuando empiezan a llegar miles de visitantes para pasar sus vacaciones de verano en Málaga?
—La Costa del Sol recibe actualmente más de diez millones de turistas al año, que se unen a la población local. Sin embargo, no se invierte y existe un gran déficit en la realización de campañas de sensibilización ambiental y en la promoción del turismo sostenible. Tanto por la calidad ambiental del litoral como por nuestra economía y empleo, fuertemente ligados al sector turístico, es fundamental incidir en la raíz del problema: invertir en la educación ambiental de residentes y visitantes para promover un cambio de hábitos.
Así, se reduciría el volumen de residuos sólidos arrojados sobre la playa y enclaves litorales de difícil acceso para los servicios de limpieza municipales. También se frenaría la recolección indiscriminada por entretenimiento de cangrejos y lapas que amenazan la supervivencia de las poblaciones de invertebrados marinos del rompeolas.
Como conclusión, cabe resaltar que es necesaria la complicidad entre los organismos públicos y la ciudadanía para un desarrollo sostenible del litoral. Esto debe concretarse en protocolos y compromisos de participación efectiva, con retroalimentación de la administración sobre los resultados de las acciones que se pongan en marcha para la mejora ambiental de los entornos costeros. Todos y todas debemos y podemos aportar nuestro granito de arena en la conservación del litoral malagueño.

Ángel Rodríguez

El territorio, el turismo y el capital que lo parió en la Costa del Sol

Ilustración: estudiantes de la asignatura Monográfico de Proyectos de la ETS Arquitectura, Universidad de Granada

Actuaciones exógenas, primera fase: la promoción inmobiliaria 1

En este artículo vamos a exponer algunas consideraciones de fondo sobre la transformación territorial por parte del turismo en la Costa del Sol, desde su irrupción hace casi 60 años. Distinguimos dos modos de actuar, a los que denominaremos exógeno (por ser generado y gestionado desde fuera del destino turístico; es el objeto de este artículo y del de «Rascacielos en las zonas metropolitanas», también en este número) y endógeno, con características opuestas. Sin embargo, ambos son extremos idealizados de un registro continuo; en su mayoría los casos concretos tienen rasgos que oscilan entre los que representan ambos polos. A lo largo de estos artículos realizaremos un análisis comparativo entre ambas modalidades, que esperamos nos ayude a entender qué está sucediendo ahora en la Costa del Sol como destino turístico maduro y en especial en la ciudad de Málaga, que en este momento está sufriendo una agresiva transformación por parte del turismo de masas, muy amplificado por la potencia del cibercapitalismo (como Tripadvisor o Airbnb en turismo).
Para ello tomaremos como ejemplo uno de los asuntos que más polémica ha provocado últimamente en Málaga: la promoción del «hotel del puerto» (oficialmente Hotel Suites Málaga Port), presentado en septiembre de 2016, que albergaría un lujoso complejo hotelero, más auditorio y casino, a construir en una extensa plataforma en terrenos del muelle de levante, en el centro de la bahía de Málaga. El edificio consta de una ancha base de tres plantas sobre la que se yergue una torre de 35 pisos (en total unos 135 m de altura) para 350 habitaciones, más un aparcamiento subterráneo para casi 500 vehículos.
La propuesta, consensuada previamente con la autoridad portuaria y el ayuntamiento, ha provocado entusiastas adhesiones pero también rechazo, inicialmente debido al notable impacto paisajístico, así como por la privatización de un espacio de titularidad pública en una situación privilegiada. Posteriormente los argumentos en contra han ganado en diversidad y profundidad.

Capital social y capital cultural en el modo exógeno de transformación territorial

Veamos ahora en qué consiste la actuación del agente turístico. El proceso empieza con una inversión, casi siempre de un importante capital foráneo (al menos en comparación con las magnitudes de las transacciones entre actores locales: en el caso del hotel del puerto la inversión anunciada es de más de 100 millones de euros), que actúa contundente y discretamente y con frecuencia con rapidez. Lo importante es el fuerte diferencial de capacidades, no solo dinerarias, entre los agentes exteriores y los autóctonos.
Pero fijémonos que no solo hay capital económico; es más, comprobamos que en nuestro caso el principal desembolso no se ha producido todavía, aunque los gastos de todo tipo en los preparativos de la operación no sean pequeños. También hay capital social y capital cultural (de acuerdo con los términos usados por P. Bourdieu2 en sus estudios sociológicos sobre el capital), con una función decisiva, como ahora veremos.
El capital social3 del tipo utilizado por los proyectos de mayor tamaño (luego veremos que hay otro tipo de capital social) lo podemos definir como la disponibilidad de contactos de personas en puestos clave que facilitan las gestiones, permisos y apoyos estratégicos, en instituciones, en la prensa y medios locales, en colectivos y personas influyentes, con propósitos de beneficio particular (por ejemplo hacerse con una concesión administrativa económicamente jugosa). Estas redes involucran a personajes en todos los niveles, desde la escala nacional o incluso internacional hasta la local, esta conseguida gracias al enrolamiento de los necesarios intermediarios (también llamados conseguidores).
Cuando un agente con poder pretende un cambio en la ordenación urbanística de un municipio el camino más expedito es conectar directamente con las autoridades políticas de quienes dependen las decisiones, especialmente las de ámbito municipal. Surge así un espacio informal, opaco, restringido, donde juega la conveniencia de los intervinientes, ajeno a la dicotomía legal-ilegal. Esta vía es, además, mucho más expedita que la establecida por los procedimientos reglados para el ciudadano común.
Por otra parte el que hemos denominado capital cultural se encarna en los expertos en las diversas disciplinas que son necesarias para que se pueda ejecutar el proyecto: juristas y técnicos urbanistas, así como periodistas y profesionales del marketing, cada vez más necesarios para crear una receptividad favorable. En el capital cultural el valor lo tiene el título profesional o académico más que el mérito propio.
En lo que se refiere a la negociación con el ayuntamiento, ha sido una constante la situación de desequilibrio entre la fuerte capacidad técnica que sustenta el proyecto que se pretende promocionar y, en el otro lado, la debilidad de los medios municipales en los pequeños y medianos municipios.

El hotel del puerto como ejemplo

Los promotores del hotel del puerto han hecho una notable inversión en capital social, fundamentalmente para conseguir el favor del gobierno municipal y de la opinión pública: a través del periódico local de mayor tirada, promoviendo reuniones con los agentes en teoría más interesados y actos públicos de presentación y debate con la participación del ayuntamiento. Al ser una iniciativa que responde al interés de la autoridad portuaria por movilizar parte de sus terrenos con el objetivo de conseguir rentas inmobiliarias, se asegura su colaboración en todo tipo de gestiones, muy especialmente la singular tramitación que según la legislación de puertos se precisa para que el Consejo de ministros autorice, de manera excepcional, el uso hotelero en el interior del recinto portuario, prohibido por la vigente legislación sobre los puertos del estado.
Tal es el grado de simbiosis de los empresarios y de la autoridad portuaria que se puede afirmar que de hecho son socios de esta promoción. Comparten el objetivo de lograr el cambio de la ordenación urbanística municipal y el correspondiente aumento de edificabilidad (los 6.000 m2 de techo para usos públicos pasarían a 45.000 m2 para uso privado), lo que en términos eufemísticos muy utilizados en la actualidad se llama «poner en valor». En resumidas cuentas, el proceso se ajusta al modo de actuación que estamos analizando, esto es, conseguir ventajas urbanísticas espectaculares mediante actos puramente formales y así hacer posible un gran incremento del precio del suelo, pero obviando parte importante de los controles de base democrática y participativa previstos en la legislación del suelo. Por esta estrategia de economía inmobiliaria, el puerto se convierte en un agente rentista más, contribuyendo a la subida de los precios del suelo en la ciudad.

«Por esta estrategia de economía inmobiliaria, el puerto se convierte en un agente rentista más, contribuyendo a la subida de los precios del suelo en la ciudad»

Por descontado que estamos hablando de un capital social que solo produce beneficios a quienes ocupan los nodos de la red social urdida para la ocasión. Un capital social muy restringido y caracterizado por su cierre (es decir, monopolizado por pocas personas, y por ello escaso y deseable, fuente de favores mutuos que redundan en beneficios monetarios muy concretos). Un efecto bien diferente es el producido por el capital social cuando es un bien compartido por toda la colectividad, lo que se expresa como «[…] colaboración, confianza, respeto, compromiso cívico, esfuerzo colectivo en la obtención de metas comunes, etc.»4. Pero sucede que el capital social colectivo merma cuando se eliminan o se reducen al mínimo los cauces establecidos legalmente para la participación ciudadana, precisamente previstos en actuaciones importantes para el futuro de la ciudad, como es el presente caso (al que sus mismos promotores califican como «el hito del siglo XXI en Málaga»). Tal vez no estemos ante la típica corrupción escandalosa, pero sí son prácticas que la amparan y estimulan. El que estos procederes hayan sido práctica habitual en el territorio turístico desde sus inicios puede explicar en gran medida la extensión y profundidad de la actual corrupción, de carácter estructural en nuestra región.

«El que estos procederes hayan sido práctica habitual en el territorio turístico desde sus inicios puede explicar en gran medida la extensión y profundidad de la actual corrupción»

Se da una suerte de reduccionismo, tanto en lo social como en lo profesional (pseudoconcurso del proyecto que se hizo para la futura concesión del terreno), que también es metodológico: la Gerencia de Urbanismo abre la puerta desarrollando dos anteproyectos de hotel, excluyendo cualquier otro uso (es permanente el discurso de que el futuro de la ciudad no se concibe más que vinculado al turismo). Son vectores todos dirigidos a un único objetivo porque este ha sido decidido hace mucho tiempo.
Lo comentado acerca del capital social es aplicable al capital cultural. En principio su función es meramente instrumental en cuanto a argumentar ante los funcionarios la conveniencia de que la administración pública admita el cambio normativo de acuerdo con una nueva formulación más adecuada a los intereses de los promotores. El resultado es que estas operaciones, en vez de acomodarse a la ordenación urbanística vigente, la sustituyen por disposiciones normativas ad hoc. La excepcionalidad se ha convertido en la normalidad en este modo de actuación. Pero es mucho más que un problema de anomalías puntuales, pues constituye una modalidad firmemente asentada desde 1992 en la legislación española del suelo5, lo cual no deja de ser síntoma de un cambio profundo en las consecuencias jurídicas de las relaciones sociales en nuestra sociedad.
El capital cultural también se invierte en generar una receptividad social favorable en la opinión pública; entonces ya no estamos ante temas propios de expertos, relativamente poco importantes en la operación, pues ahora los discursos abordan temáticas sensibles a ciertos colectivos, con influencia en la población. Si surge con fuerza la polémica y desborda el ámbito profesional, adquiere fácilmente un cariz político6. Y si además el debate se prolonga, quienes se oponen pueden organizar su resistencia con razones técnicas y legales de peso. Esto es precisamente lo que puede suceder en Málaga; al margen de que continúen debatiéndose aspectos más o menos técnicos del proyecto, lo que empieza a dirimirse, en este y otros casos que se están dando en Málaga, es el coste para la ciudad de las prácticas del urbanismo líquido, la legalidad a la carta y el turismo guay.

Una agenda oculta y un gobierno invisible

¿Cuál es el motivo de que se actúe de esta manera? Parece evidente que los gastos que implica el proceder descrito podrían evitarse si los promotores se acomodaran a la legalidad vigente, pidieran cambios menores en la misma, o incluso en el supuesto de que se requirieran cambios normativos importantes, haciendo a la ciudadanía protagonista de la decisión. Y eso sin prácticas claramente ilegítimas.
Se producen vertiginosos aumentos del precio del suelo cuando un nuevo régimen urbanístico permite un incremento notable en la edificabilidad, usos mucho más lucrativos o una sustancial mejora en su relación con la ciudad existente o de próximo futuro. Para sus propietarios o para los titulares de derechos de aprovechamientos urbanísticos sobre esos terrenos, las ganancias pueden ser espectaculares. Es la expectativa de que los usuarios finales (sean negocios comerciales, bufetes de abogados o familias en busca de vivienda) pagarán el espacio que necesitan o desean, lo que empuja la decisión de que el precio del suelo tenga una fuerte repercusión en las ofertas inmobiliarias. Retomamos el ejemplo del hotel del puerto: basta que los clientes quieran pagar el precio de disfrutar del privilegio de las vistas, ubicación y demás excepcionales condiciones de tan increíble solar sin competencia posible.
Mucho, mucho dinero para los propietarios y para quienes ostenten esos derechos de aprovechamiento y casi seguro para quienes hayan participado o ayudado en la discreta preparación de la operación.
También explica la opacidad, lo minoritario y cerrado del grupo urdidor y su secretismo, el que tal actuación tiene nefastas consecuencias por haberse decidido sin las elementales garantías democráticas y participación pública7. Hay un daño jurídico y casi seguro también económico por apropiación abusiva de plusvalías que deberían ser de toda la ciudad. Pero el peor daño es el que sufre el territorio, en particular debido al hecho de que buena parte de la población haya sido por sistema marginada respecto las decisiones sobrevenidas (y provocadas intencionadamente) sobre el territorio del cual forman parte.
Resulta dolorosamente tangible la agresión hacia el medio físico, pero también la inflingida en la población a la que solo se le ofrece empleo de la peor calidad en la construcción, los comercios, la hostelería y los hoteles. Se puede hablar claramente de una violencia continuada, ejercida por unas fuerzas que actúan concentradamente desbaratando el territorio («capital catastrófico», lo bautizó Jane Jacobs). Sus huellas se pueden distinguir en la destrucción de los ecosistemas tanto como en la impotencia de una parte de la población por procurarse un futuro con un mínimo de autonomía económica y existencial8.
La violencia se ha hecho consustancial a este modo de transformación territorial. En la operación que sirve de ejemplo se puede consignar una variedad de cargas y beneficios desigualmente repartidos. Entre las primeras: la limitación drástica del disfrute del espacio y su localización debido a su privatización, el impacto paisajístico, en gran medida irreversible por muchos años, la fabricación de la identidad malagueña por parte del marketing urbano sobre el imaginario colectivo (Málaga igual a turismo), los gravosos costes de oportunidad para el puerto por el bloqueo de sus potencialidades, la sobrecarga del viario urbano en un lugar muy sensible… En cuanto a los beneficios, según dicen los promotores, se deberán medir en empleo (de poca calidad: 1.380 puestos en las obras de edificación y 350 en el servicio del hotel) y en los ingresos por los gastos de las turistas, sin duda muy mal repartidos: la mayor parte para la empresa hotelera y el resto en la ciudad, para hostelería y comercios, con una creciente presencia de las franquicias que están desplazando a las empresas locales.

«Frente a la colectividad se sitúa un reducido grupo de individuos que disponen de los recursos (los capitales económico, social y cultural), el monopolio de la información más relevante, así como un decisivo poder de influencia sobre quienes legalmente están autorizados para cambiar las normas urbanísticas de la ciudad»

Frente a la colectividad se sitúa un reducido grupo de individuos que disponen de los recursos (los capitales económico, social y cultural), el monopolio de la información más relevante, así como un decisivo poder de influencia sobre quienes legalmente están autorizados para cambiar las normas urbanísticas de la ciudad. Se trata de una especie de burbuja social, muy cerrada, que opera en contra del interés general y al margen de los cauces legales establecidos, precisamente porque así se consiguen las mayores ganancias, en buena medida apropiándose de lo que en definitiva es una riqueza generada por toda la ciudad.

Lógica interna del capital y lógica de la acción estratégica

Al finalizar este artículo no es ocioso comprobar que algunas de las características de este modo de transformación territorial, tales como violencia, rapidez, secretismo, dependencia de lejanas instancias de decisión, son rasgos paradigmáticos de las intervenciones militares, pero igualmente atribuibles a cualquier estrategia cuando hay que forzar cambios en los estados de cosas existentes y habérselas con fuerzas que oponen resistencia.
El que sean acciones deliberadas no significa que obedezcan a una voluntad espontánea o incondicionada. Existe una necesidad superior, una especie de imperativo maquínico y sin autor que gobierna los flujos del capital y su territorialización. Por ello conviene distinguir entre una lógica interna al funcionamiento del capital, una especie de subconsciente colectivo indiferente a cualquier voluntad individual, y por otra parte una lógica externa propia de los grupos de poder de acuerdo con reglas muy antiguas. Veamos el ejemplo de la velocidad, en primer lugar su lógica interna y sus efectos: la rapidez cada vez mayor para hacer las cosas es debida a la aceleración permanente de la rotación del capital, sobre todo en las operaciones especulativas; como consecuencia, la velocidad que se imprime a la circulación del capital crea continuos desajustes en el resto de flujos conjugados con él, incluyendo ciclos vitales de la población y de reposición de los recursos naturales. Aparecen así continuas crisis a un nivel micro que, cada vez con mayor frecuencia, se transforman en procesos traumáticos a nivel macro (este factor contribuyó decisivamente al colapso de la sociedad agraria de la Costa del Sol en los inicios de la colonización turística9). Y respecto la lógica de la acción que se impone como poder exterior, la velocidad otorga la ventaja de la complicada reversibilidad de los hechos consumados y además impide que la resistencia se organice.
La inversión en dinero es grande, pero el beneficio es mucho mayor, y de él solo una pequeña parte se reinvierte en el lugar. Hablando entonces del retorno de los capitales se pueden distinguir dos fases claramente diferenciadas: la que corresponde al cambio del régimen jurídico asignado a los terrenos, lo que habitualmente se conoce como recalificación, que es cuando se producen las grandes plusvalías entre las sucesivas compraventas, de carácter especulativo, y la segunda fase de uso de los inmuebles conforme al objetivo urbanístico finalmente conseguido, sujeto a los ritmos de realización del capital fijo10.
Hemos visto lo relativo a la primera fase del proceso. En el siguiente artículo examinaremos qué ocurre con la segunda fase, que corresponde a la explotación turística propiamente dicha en las promociones inmobiliarias que son producto del modo exógeno de transformación territorial. En ellas las características espaciales y geográficas de la primera iniciativa favorecen un tipo de turismo que podríamos calificar de extractivo o también neocolonial, en el sentido de que, como sucedía en la primera fase, gran parte de los beneficios económicos no se quedan en el lugar de destino; y en lo relativo a su implantación territorial, conforman espacios separados en lo físico y en lo social y cultural de las poblaciones autóctonas. Ejemplos de esto son los resorts y los establecimientos hoteleros «todo incluido», así como las urbanizaciones residenciales para inmigrantes climáticos promovidas fuera de los núcleos urbanos; o de otras modalidades aparentemente muy diferentes, como los cruceros turísticos con las que, no obstante, comparten muchos rasgos, incluidas transformaciones fuertes del medio físico, especialmente en los puertos.

 

1 La investigación que da lugar a esta publicación se inscribe en el proyecto I+D titulado Crisis y reestructuración de los espacios turísticos del litoral español (CSO2015-64468-P) del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).
2 Bourdieu, Pierre (1979): La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Madrid (Taurus, 1988, p. 113).
3 Este concepto, aquí aplicado al urbanismo, se relaciona estrechamente con el de las máquinas de crecimiento urbano (Urban Growth Machines), propio de la sociología urbana estadounidense. Así nombramos una coalición que funciona gracias al acuerdo tácito entre agentes que comparten los mismos fines: el crecimiento de la extensión del suelo urbano, la elevación de los precios del suelo (inseparable de la especulación inmobiliario-financiera) y el crecimiento demográfico. Todo ello es legitimado y sostenido por la ideología del crecimiento (o sus variantes conceptuales: desarrollo, progreso, innovación, modernidad…), tenido por el gran medio instrumental de nuestra sociedad. Los agentes se pueden ordenar en diversos grupos según su función en el proceso: propietarios y promotores inmobiliarios; políticos (en los distintos niveles de las administraciones públicas); constructores; empresarios turísticos; inversores y banqueros; técnicos y profesionales (con sus respectivas entidades profesionales) y un amplio abanico de medios de comunicación.
4 En Arenas, Carlos (2016): Poder, economía y sociedad en el sur. Historia e instituciones del capitalismo andaluz. Sevilla (Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, p. 387).
5 Joaquín de Salas lo ha llamado administración negocial: «El pacto o el contrato es ya de facto fuente del derecho público; de derechos y de obligaciones públicas con garantía jurisdiccional de cumplimiento, pero sobre todo en el derecho urbanístico es creador de ciudad». Y advierte que aunque desde hace mucho tiempo forma parte de la tradición jurídica anglosajona «[…] sólo pudo constituir derecho público en la medida en la que cada pacto en concreto era sujeto a ciertos controles de base democrática o participativa». En Salas Vara de rey, Joaquín, 2005: «Norma y pacto en el planeamiento urbanístico», en Rizoma, revista aperiódica de arquitectura (Editor). Nerja, territorio ZoMeCS. Málaga, p. 221 a 230.
6 La reacción en contra del proyecto que nos ocupa está siendo muy fuerte, con parte de la prensa local acogiendo artículos de opinión desfavorables, la decidida acción de una plataforma ciudadana Defendamos nuestro horizonte opuesta al proyecto y el considerable rechazo que se ha producido en algunos debates abiertos al público.
7 Aparte de lo previsto en la legislación del suelo, lo regulado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, todo lo cual solo cubre una mínima parte de lo que sería útil y necesario.
8 La irrupción del turismo en los años sesenta y setenta supuso un terrible impacto en la población, cuyo silencio, real o dudosamente atribuido, se ha interpretado casi siempre como aceptación de los cambios que se producen (en todo caso aquella sociedad fue destruida y sólo quedan testimonios individuales sobre los antiguos acontecimientos). El libro España en venta, de Francisco Jurdao (Editorial Ayuso, 1979) es una buena cronica de lo que ocurrió, en él se recogen algunos de estos testimonios personales.
9 Como se deduce de lo apuntado por Francisco Jurdao en su libro ya reseñado (pp. 169 y 174).
10 Se trata de la renta del suelo, más la construcción, a través de su venta o bien a lo largo del tiempo en que se alquile; el ciclo termina cuando el suelo se haya depreciado suficientemente como para formar parte de nuevas mercancía inmobiliarias. De esta manera se integra en el circuito secundario de acumulación del capital global a lo largo de una temporalidad de largo plazo. Ver López, Isidro; Rodríguez, Emmanuel: «Circuitos secundarios de acumulación y competitividad territorial». Viento Sur, número 116/Mayo 2011.

Eduardo Serrano (dr. arquitecto). Colaboran en este artículo: José María Romero (dr. arquitecto, profesor UGR), Yolanda Romero (dra. turismo, prof. UNE y UOC), Enrique Navarro (dr. geografía, prof. UMA), Fernando Ramos (arquitecto) y Rubén Mora (arquitecto).

Gentrificación y turistificación: ¿qué son?

Gentrificación y turistificación: ¿qué son?

«Gentrificación» es el término, cada vez más popular, con el que se conocen los procesos de transformación urbana para desplazar a la población de un barrio deteriorado y sustituirla por otra de mayor nivel adquisitivo, a la vez que la inversión privada, en connivencia con la administración pública, renueva esa zona. La gentrificación, por tanto, viene a ser una «elitización residencial». A este proceso, habitual en

los grandes núcleos urbanos, se ha sumado otro en los últimos años, que podemos denominar «turistificación», y que tiene lugar principalmente en los centros históricos o zonas de playa, si es el caso. Ya no se trata de sustituir a la población original por otra de mayor poder adquisitivo cuanto de vaciar la zona de residentes para relevarla, por otra flotante, compuesta íntegramente por visitantes y turistas.

Todo ello implica una enorme remodelación de los cascos urbanos, a veces con absoluto desprecio por su patrimonio cultural y material, para concentrar en ellos las principales atracciones y transformar las viviendas en pisos turísticos, con sus diferentes variantes, y en hoteles. En este proceso de vaciamiento de población, los servicios básicos y comercios de primera necesidad pierden sentido. Esto provoca su paulatina desaparición y al mismo tiempo acelera el proceso de expulsión de la población y el surgimiento de establecimientos orientados únicamente al consumo turístico o de masas, toda vez que se hace la vista larga o se modifican las normativas sobre ocupación de la vía públicas y horarios comerciales y de hostelería.

Como consecuencia, la escasez de viviendas provoca un aumento del precio de alquiler o compra, de modo que solo unos pocos residentes pueden permitirse habitar la zona, lo que convierte este proceso en otra cara de la gentrificación.

Los beneficios de estos fenómenos se dan a favor de intereses empresariales, financieros, inmobiliarios y electorales, y no de las poblaciones donde se producen, que ven cómo sus ayuntamientos apenas logran cubrir los gastos de los servicios consumidos por los turistas. Antes al contrario, el turismo de aluvión acaba mermando la calidad de vida de las residentes, en lugar de mejorarla.

Barcelona y Madrid se sitúan a la cabeza de estos procesos, con distritos en los que la inmensa mayoría de su población está solo de paso. Málaga, con el vaciamiento de la almendra del centro de las última décadas (de 12.000 residentes a menos de 5.000), está experimentando esa situación de manera salvaje, con una agresiva remodelación, destrucción de patrimonio, expulsión de población y caída en picado de viviendas en alquiler que merece ser estudiada.

Es lo que nos hemos propuesto en esta edición de Gente Corriente.

La ciudad del 1%

La ciudad del 1%

Kike España

Hacer ciudad

La operación del hotel de lujo en el puerto de Málaga, como se ha mencionado en las páginas anteriores, pone de nuevo encima de la mesa un debate que parecía dormido: ¿cuál es nuestro modelo de ciudad? e, incluso, ¿cómo se hace ciudad? Cuando pensamos en la ciudad muchas ideas nos vienen a la cabeza, sin embargo, no es habitual salirse de un acercamiento instrumental que entiende la ciudad como el soporte que garantiza la gestión de las necesidades «básicas» de sus habitantes. Estamos acostumbrados a ver numerosos estudios, informes y foros de debate dedicados a una interpretación que pone en el centro la funcionalidad: una circulación más eficiente a través de nuevas tecnologías, un ambiente más «verde», unas calles más limpias, unas plazas más «seguras», edificios «inteligentes», en definitiva, una ciudad matemática, una ecuación al servicio del mito de la prosperidad. Un instrumento más, fundamental, dentro de la lógica neoliberal. Pero, ¿qué esconde esta lógica que pone en el centro la funcionalidad?, y ¿qué nos impide pensar esta forma de entender la ciudad?

Evidentemente, no es una casualidad, es la consecuencia ideológica de una forma de entender el mundo, de unas determinadas relaciones de poder. Muchos autores críticos, desde diferentes disciplinas, han desarrollado esta cuestión, recalcando el importante papel que juega la ciudad bajo el capitalismo donde asume un rol principal: el de ser un motor para la acumulación de capital. El sector inmobiliario deja de tener un carácter secundario y pasa a ser uno de los principales motores de la dinamización de la economía a nivel mundial. Debido a la importancia que tiene la ciudad y el espacio en sí dentro de la circulación del capital para que el capitalismo no colapse, la construcción de la ciudad queda reducida a un tablero de juego especulativo en el que el espacio no es más que una simple porción de suelo que solo tiene importancia en cuanto a su valor de cambio, es decir, como mercancía.

El espacio de nuestro tiempo se asienta sobre esta lógica perversa que nos impide ver -y pensar- lo evidente: que la ciudad es una producción social, el escenario de nuestras vidas, el ambiente en el que se producen y reproducen nuestros sueños y la posibilidad de transformar la sociedad. Es soporte, pero también campo de acción. Esta aparente evidencia se camufla desde su propia concepción -diseño-, la voluntad insaciable de control por parte de arquitectos, urbanistas y diseñadores encaja muy bien con la pretensión expansiva y colonizadora de la circulación de capital a través del sector inmobiliario y el de la construcción, lo cual permite que de esta coincidencia de intereses se reduzca la ciudad -y el pensar la ciudad- a una cuestión técnica donde lo urbano no se piensa desde el conflicto de lo social, ni desde la potencia que las relaciones entre individuos pueden desplegar mediante sus iniciativas y formas espontáneas de vida, sino desde la utopía de la ciudad moderna como mecanismo de homogeneización.

Son múltiples los ejemplos que evidencian esta contradicción en la ciudad de Málaga. Lo podemos ver de manera muy clara en el caso de la torre del puerto, pero también en los terrenos de Repsol, el edificio de La Mundial en Hoyo de Esparteros o la invasión de terrazas y alojamientos turísticos en el centro histórico. Los debates sobre paisaje e identidad no hacen más que arañar la superficie del problema, la clave está en la cuestión democrática, es decir, en quién decide cómo se construye la ciudad. ¿Son los grandes grupos de inversión (el 1%) que entienden la ciudad como un tablero de juego especulativo o es la ciudadanía malagueña (el 99%) que entiende la ciudad como un lugar para vivir?

El monopoly del 1%

El puerto, con esta concesión, muestra abiertamente la capitulación de la mayor parte de la ciudadanía malagueña (el 99%) frente a ese sector minoritario del 1% que quiere seguir entendiendo nuestra ciudad como un juego de monopoly donde seguir poniendo hoteles en las mejores casillas y que el resto lo paguemos cada vez que pasemos por allí. Es triste ver que la figura del arquitecto, en la ciudad del 1%, ha quedado reducida a un ejercicio de retórica al servicio de los intereses económicos, en ese incómodo papel de hacer de intermediario entre grandes clientes con intereses particulares y el producto-ciudad. Esto, desgraciadamente, construye una ciudad elitista a la que solo pueden acceder un número muy reducido de personas (1%), muchas de las cuales ni siquiera viven aquí, sino que vienen y se van en barco.

La gestión neoliberal, mediante el impulso económico de la «cultura del espectáculo» enfocada a la atracción de turismo ha fracasado. Esta forma de hacer ciudad ha generado la destrucción del patrimonio del centro histórico, el desplazamiento de centenares de familias de sus barrios y el secuestro indiscriminado del espacio público convirtiendo la ciudad en un espacio invivible. Procesos de participación fracasados y una absoluta marginación, e incluso persecución, de cualquier experimento realmente democrático en nuestra ciudad demuestran la falsedad e hipocresía de una administración que no hace más que traficar con el espacio que es de todos y todas. La producción del espacio nos pertenece como ciudadanía y, desgraciadamente, estamos muy lejos de conquistarla.

La ciudad-museo

Frente a procesos a largo plazo y bien pensados sobre la morfología urbana y la vida que contienen, nos encontramos con mecanismos superficiales que solo tienen en cuenta lo espectacular, lo inmediato. El fachadismo no es más que un efecto de esta forma de entender la ciudad: «la ciudad de los museos» la llaman desde el Ayuntamiento de Málaga. En realidad se trata de la ciudad-museo, es decir, la ciudad al servicio de los visitantes, en la que no importa lo que haya detrás de la fachada, solo la apariencia. En la ciudad-museo ya no hay ciudadanía, solo turistas, y por lo tanto únicamente quedan ya tiendas de regalos y cadenas de restaurantes. La ciudad y la ciudadanía desaparecen, solo permanece su ilusión, un espejismo de ciudad que esconde el desplazamiento del 99% de su población. Dentro de esta estrategia, la administración local no adopta una actitud «pasota», sino todo lo contrario, una bien activa: el patrimonio es y será un obstáculo más dentro de la estrategia económica, solo lo utilizarán si se alinea con sus intereses.

Recuperar la ciudad

Ante esta situación lo que nos preguntamos es cómo recuperamos Málaga para el 99% de sus habitantes. La respuesta no es sencilla, pero hay ya ejemplos en la ciudad que nos animan al optimismo. Uno de ellos es la respuesta que dio un conjunto de vecinos al proyecto de las torres en los terrenos de Repsol convocando una petición en la plataforma change.org para reclamar un Bosque Urbano para Málaga (BUM), que consiguió más de 25.000 adhesiones.

Sin duda este es un claro ejemplo de lo que significa ejercer el derecho a la ciudad, es decir, la introducción de mecanismos no dirigidos que amplíen la democracia a la hora de intervenir en la ciudad y posibiliten otra forma de hacer ciudad mucho más ligada a los intereses de la mayoría social (el 99%). Otro de los ejemplos que estamos viviendo es la organización creciente de los vecinos en distintas partes de la ciudad, ya sea desde una forma clásica como la Asociación de Vecinos del Centro y sus demandas contra el ruido, la falta de comercio de proximidad y la invasión turística, o desde formas más espontáneas, como la Plataforma Lagunillas Se Defiende cuando da uso a un solar abandonado (fruto del derribo por parte del Ayuntamiento de la casa natal de Victoria Kent) y organiza incluso un ciclo de cine propio, coincidiendo con el Festival de Cine, sobre luchas vecinales y resistencias contra los procesos de gentrificación.

El movimiento 15M demostró que la ciudadanía es mayor de edad y capaz de responsabilizarse de forma colectiva de los problemas que le afectan. Es hora de inventar nuevas formas de hacer ciudad que nazcan de las preocupaciones y los anhelos de las personas que la habitan, que sepan ser sensibles a las minorías que sufren desplazamientos, acoso, persecución y que comprendan mejor la naturaleza y los retos de la crisis ecológica. La ciudad debería ser el proyecto de cómo nos cuidamos, de cómo vivimos juntos gestionando las diferencias (no suprimiéndolas), preservando singularidad y diversidad, conflictos y afectos. Y de cómo combinamos los distintos saberes (académicos, técnicos, experienciales, etc.) para tomar las mejores decisiones de manera cada vez más democrática. Seguro que también vamos a necesitar nuevas arquitecturas, en las que se disuelva el ego del arquitecto e incluso la autoría, que trabajen con nuevas solidaridades, economías, culturas, redes, cuerpos… y que asuman la complejidad de un mundo roto y lleno de preguntas.

Cómo me convertí en vecino de Antonio Banderas: La gentrificación en primera persona

Cómo me convertí en vecino de Antonio Banderas: La gentrificación en primera persona

 

Santi Fernández Patón

 

Durante las últimas semanas he estado trabajando con algunas y algunos compañeros en analizar la gentrificación y la «turistificación» precisamente para esta publicación que tienes en las manos. Sin embargo, solo recientemente, en el marco de unas jornadas sobre arte, industria cultural y derecho a la ciudad celebradas durante el décimo aniversario de la Casa Invisible de Málaga, caí en la cuenta, tras una conversación informal con algunos asistentes de otras capitales, de que mi experiencia personal ejemplificaba perfectamente este tipo de procesos.

En el año 2012 alquilé un apartamento en un edificio al borde de la ruina en la calle Alcazabilla, hoy epicentro del terremoto gentrificador de Málaga. Lo mismo que yo hicieron otros amigos, de modo que, excepto uno de los apartamentos, todo el edificio quedó habitado por lo que podríamos llamar una comunidad, siguiendo una pauta que ya habíamos ensayado anteriormente en otro enclave arrasado: la plaza de Los Mártires. No pudimos alquilar ninguno de los apartamentos hasta que la propiedad realizó una serie de reformas muy superficiales, lo justo para mantenerlos habitables y cobrarnos un precio de alquiler que hoy resultaría sorprendentemente económico: lo único que nos podíamos permitir.

 Así era la calle Alcazabilla a mediados de 2012: el edificio justo enfrente al nuestro se encontraba en completo estado de abandono, hasta el punto de que no mucho antes había sido ocupado por un grupo de jóvenes al que un una recua de matones desalojó (posteriormente fueron juzgados y condenados por agresiones injustificadas). El edificio colindante, a mano izquierda, lo usaba, si no me equivoco, la Iglesia de Santiago para ensayos de coros y algunas otras actividades, mientras que otros, de viviendas, esperaban alguna remodelación.

 Debajo de mi ventana tenía un pequeño videoclub, que por entonces empezaba a ofrecer servicio de bar, y una cafetería especializada en desayunos, de esas que abrieron hace media vida. Había, sí, algunas terrazas poco molestas, y en la bocacalle de la esquina aún se podía comer en el Mediterráneo, especializado en platos marroquíes a precios asequibles.

Dónde está mi calle

De un día para otro el vídeo club se convirtió del todo en un bar, y pronto instaló un terraza que triplicaba el número de mesas que la ordenanza le permitía (el Ayuntamiento de Málaga tiene el pacto implícito con los hosteleros de mirar para otro lado). En la antigua cafetería se fueron sucediendo los bares de copas con terraza, el último a manos de un empresario (perdón, de un «emprendedor») que se asume a sí mismo como reclamo para turistas borrachos, de modo que monta sus propias juergas los días en que juega el Málaga.

El Mediterráneo fue derruido, y en la esquina de esa bocacalle abrió un Burger King. Mientras tanto, el edifico abandonado frente al nuestro sufrió una intensa y muy ruidosa intervención que se prolongó a lo largo de un año. En la actualidad es un hotel, con un bar de moda en su azotea, a la que durante la obra se le añadió otra altura, y dos bares de terraza más en los bajos.

Mejoré mis destrezas como ciclista, porque de golpe debía sortear todo tipo de obstáculos hasta llegar a mi portal, si bien es cierto que en la misma puerta claudicaba y apartaba las últimas mesas para poder entrar. De todas formas, ¿a qué iba uno a casa? Es cierto que para leer uno acaba por acostumbrarse a usar tapones (el «emprendedor» nos dijo una vez que en casa no se estudiaba), pero ibas listo como quisieras ver una película. La siesta a casa de tu pareja, si tenías una.

Por su puesto, el Pimpi, uno de los restaurantes con más solera del centro, y que, como es sabido, no contrata mujeres si no es para la cocina y la limpieza, pero nunca de cara al público, se esponjaba hasta hacer desaparecer con sus mesas y barras de alcance toda la plaza de la Judería. Aun así, cada vez que se le queda corta la plaza el Ayuntamiento le permite instalar escenarios para actos y actividades de autobombo.

¿Qué pasó con el edificio de la Iglesia? Durante seis meses también estuvo en obras. Lo bueno de este nuevo ruido es que nuestras casas temblaban al compás de cada arremetida de la maquinaria: doce horas al día, para que luego digan que en Andalucía no se trabaja. Tengo la sospecha de que en ese edificio se están habilitando alojamientos turísticos, lo que teniendo en cuenta que la Iglesia no paga IBI sería divino.

¿Y de nuestro edificio, qué queda? Mientas encuentran algo fuera del centro, aún resisten algunos amigos. La propiedad, ahora sí, quiere rehabilitar en condiciones los apartamentos y multiplicar su precio, algo que logrará si realmente invierte para evitar la ruina del inmueble. Si no le salen las cuentas, lo venderá a un fondo hotelero, no me cabe duda. Por supuesto, el piso más goloso, el que tiene una azotea desde la que, antes de la nueva altura alzada en la terraza del hotel, se veía Gibralfaro, ya se alquila únicamente por períodos a turistas de paso.

Y entonces llegó Él

Yo aguanté hasta noviembre de 2016. En apenas 4 años había dejado de reconocer mi calle. Nadie que yo conociera podría permitirse un alquiler en las pocas viviendas que aún quedaban por la zona, si bien se habían acondicionado algunas nuevas. A los pies de una de ellas, en realidad un ático, llegaron una mañana los operarios de una empresa de mudanzas y, mediante una enorme grúa, subieron hasta el ático dos letras enormes de color rojo. Esa fue la foto de todas las primeras planas de la prensa local al día siguiente: las dos letras iniciales del abecedario, en proporciones descomunales, ascendiendo a lo más alto de la calle.

El egocentrismo kitsch de mi nuevo vecino terminó de abrirme los ojos. La gentrificación me había ganado. A toda plana.