Piscinas municipales: con el agua al cuello

Miguel Ángel Fernández

De cómo se entregan equipamientos públicos a empresas privadas para que extraigan beneficios particulares o nos pasen la factura de las pérdidas.

 

Los falsos riesgos empresariales
Es en la gestión de los equipamientos deportivos, y en concreto de la red de piscinas municipales, donde encontramos uno de los ejemplos más relevantes sobre el modelo de explotación de los recursos públicos que tiene el gobierno de Málaga, y en general el PP. Ese modelo, basado en la socialización de los gastos y la privatización de los beneficios, acaba deteriorando el servicio público en aras del enriquecimiento de unos pocos. La gestión de las piscinas municipales, como mencionábamos, merece un relato detallado.
Siempre se ha dicho que el beneficio empresarial se justifica por el riesgo que asume el capital al comprometer su patrimonio. No es así. En el caso que nos ocupa las empresas adjudicatarias, en su mayor parte, acceden a las concesiones sin asumir riesgos notables. Por el contrario, es el ayuntamiento, la ciudadanía de Málaga en definitiva, quien finalmente paga las consecuencias de la deficiente gestión de estos recursos, cuyo coste no es solo económico, pues también redunda en la dificultad de disfrutar del derecho al deporte y al ocio.
A partir de 2009 el ayuntamiento comienza un proceso de privatización de la gestión de estas instalaciones plagado de irregularidades, negligencia y dejación de responsabilidades. Se desmantelaron los servicios públicos municipales bajo la premisa de las supuestas bondades que traería la gestión privada de estos servicios, lo que evidentemente ha quedado desmentido por la realidad.

Si los recursos son limitados la prioridad debe ser garantizar un servicio y un derecho, puesto que en una lógica empresarial la obtención de beneficios solo podrá llegar a costa de degradar la calidad o las condiciones laborales, cuando no ambas.

Cuatro piscinas en las que se ahogó el dinero público
Con la llegada del Partido Popular al ayuntamiento de Málaga en 1995 se puso en marcha la construcción de una red de piscinas municipales. En el año 2008 el equipo de gobierno informaba de una inversión de 78 millones de euros, y anunciaba la gestión a través de concesiones a empresas privadas. Desde esa fecha encontramos multitud de irregularidades, que han supuesto unos sobrecostes a las arcas públicas, incremento de los precios para las usuarias, mala calidad del servicio y varias instalaciones hoy cerradas o incluso desaparecidas. Aquí algunos ejemplos:
1. Santa Rosalía (Campanillas): es la piscina que lleva más tiempo cerrada, desde 2006, año en que acabó la concesión que la gestionaba. Hubo un nuevo concurso y una empresa que lo ganó, pero terminó desistiendo. El Ayuntamiento anunció que rescataría la concesión, pero nunca lo hizo. Desde entonces, el vecindario de Santa Rosalía y Maqueda sigue sin piscina.
2. Campanillas: la piscina se cerró por orden municipal en 2013 debido a defectos en la cubierta. Un año después el Ayuntamiento resolvió el contrato con la empresa concesionaria. Urbanismo anunció la imposibilidad de volver a abrirla por fallos en la estructura. Tras un reguero de infracciones urbanísticas, el concesionario fue sancionado por Urbanismo con 250.000 euros por levantar construcciones ilegales. Fue finalmente demolida.
3. Colmenarejo: construida en 2009 con una inversión de 378.000 euros, el Ayuntamiento tuvo que gastarse 40.000 euros más para reparar los desperfectos después de que quedara abandonada, en julio de 2010. Se abrió de forma precaria en los meses de verano de 2015-16 después de una nueva inversión del ayuntamiento.
4. Puerto de la Torre: este equipamiento es el mejor ejemplo de la fallida gestión de las piscinas municipales por parte del equipo de gobierno.

La piscina costó 3,6 millones de euros, pero solo tres meses después de conseguir la concesión, y después de numerosas quejas de usuarias por las deficiencias que presentaba, Belda y Parody (socios de la empresa concesionaria, Imcomar Blue) rompieron su relación comercial.

Entonces se supo que en realidad quien gestionaba el equipamiento público era el conseguidor Vega, directivo de una asociación vecinal próxima al PP, Central Ciudadana. Finalmente Belda se convirtió en el principal testigo del llamado Caso Piscinas, que le costó la carrera política al entonces delfín de Paco de la Torre, Manuel Díaz, a la sazón concejal de Urbanismo. Díaz abandonó la política tras la decisión del PP de no llevarlo en las listas para las siguientes elecciones municipales. En este caso, finalmente archivado por los juzgados, también estuvo implicado el entonces concejal de deportes y actual presidente del Partido Popular en Málaga y presidente de la Diputación, Elías Bendodo.
Después de múltiples denuncias del vecindario y la plantilla de la empresa, el ayuntamiento acordó iniciar el procedimiento para resolver el contrato por no ejecutar las fases 2, 3 y 4 de las instalaciones, recogidas en el pliego, y después de conocer que la Seguridad Social le reclama a la concesionaria 404.957 euros correspondientes a la cuota de las trabajadoras entre 2010 y 2013.  De hecho, el Ayuntamiento se ha visto obligado a adelantar esa cantidad. A ello hay que añadir una sanción de 87.515 euros por esta infracción, que el ayuntamiento debe asumir como responsable subsidiario. Finalmente, en junio de 2015 se produjo el cierre de la piscina, lo que dejó sin servicio a más de 1.000 usuarias y en general al vecindario del Puerto de la Torre.
Por si fuera poco, hay que añadir la deuda contraída con los trabajadores y trabajadoras, a los que se adeudaba entre 6 y 10 meses de salario. Sumemos también el perjuicio económico causado a las usuarias, a quienes no se les ha reembolsado ningún tipo de compensación por los meses de abono pagados y no disfrutados.
El incendio en las instalaciones de la piscina del Puerto de la Torre ocurrido a inicios de mayo de 2017 puso de manifiesto que este equipamiento municipal no contaba con servicio de vigilancia ni mantenimiento desde finales del año anterior, según reconoció el propio ayuntamiento de Málaga. El deterioro de la instalación había alcanzado, según ha trascendido, límites insospechados: desde la desaparición de solerías, griferías, cableado, etc., hasta la propia piscina convertida en un estercolero y algunas estancias habitadas en condiciones infrahumanas.
De nuevo serán las arcas públicas, es decir, toda la ciudadanía malagueña, la que deberá hacerse cargo de los gastos ocasionados por la dejadez de este equipo de gobierno en sus responsabilidades de guarda y custodia de los bienes públicos. Ya sabemos que las reparaciones necesarias costarán al menos 150.000 euros.

 

Los alambicados pretextos que el equipo de gobierno ha sacado a la palestra para justificar su brutal negligencia y pasar la pelota a otras administraciones no solo han costado la reprobación del Pleno de la concejala de Deportes, Elisa Pérez de Siles, sino que además chocan con la ley.
El reglamento general de la ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas establece en su artículo 85 que las Entidades Locales «tienen la obligación de conservar, proteger, defender y mejorar sus bienes».
Y en la Ley Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, leemos en su artículo 165 que «Las autoridades y el personal al servicio de las Entidades Locales, que tuvieran a su cargo la gestión o utilización de sus bienes y derechos, responderán directamente ante la Entidad de los daños y perjuicios ocasionados por su pérdida o detrimento, en caso de dolo, culpa o negligencia graves».
Toda esta nefasta gestión ha provocado un grave perjuicio a las arcas públicas, como hemos visto, así como a la ciudadanía en cuanto a su derecho al uso y disfrute de los servicios públicos municipales. Si las responsabilidades políticas están claras, queda aún lanzarse a la piscina de las judiciales y dirimir las penales. Esperemos que eso ocurra antes de fin de legislatura.

La Semana Santa de Málaga: muerta por sus supuestos defensores

La Semana Santa de Málaga: muerta por sus supuestos defensores

Miguel Ángel Fernandez

Soy malagueño, vivo hace 20 años en lo que queda del Perchel Norte y anteriormente al otro lado de Mármoles, en el barrio de La Trinidad. A inicios de los años ochenta fui uno de esos jóvenes que se puso un traje por primera vez en su vida para meter el hombro bajo los tronos y sí, soy ateo. Ningún tipo de sentimiento religioso me impulsó a eso que para nosotros suponía un rito iniciático: si estabas a la altura podías pasear los tronos por el centro de la ciudad y demostrar a los otros barrios que el tuyo era el mejor. Si nos cruzábamos en el recorrido con otro barrio, había que pugnar por quién aguantaba más con el trono a pulso, algo que ahora no está bien visto, pues se sacrifica la tradición por la estética.

Lo reconozco, por muy ateo que sea me he emocionado viendo al Cautivo cruzar el puente de la Aurora, he disfrutado en la Tribuna de los pobres con la Estrella o en la Cruz Verde con el Rocío.

Algunos dirán que eso es contradictorio, que la Semana Santa es una exaltación del sentimiento católico… Yo creo que los católicos, que supieron acercarse al poder ya en los tiempos de Constantino, fueron los que se apropiaron de la religiosidad popular, adaptando sus ritos a las creencias del pueblo. No habían logrado acabar con ellas ni imponer el monoteísmo en lugares donde era normal adorar múltiples dioses y diosas. Así, las ermitas de las vírgenes, tan extendidas en todo el Mediterráneo europeo, son las cuevas donde se adoraba a Isis, Astarté o Noctiluca. La Semana Santa es la adaptación cristiana de los idus de marzo y demás festividades populares que celebraban la llegada de la primavera y la regeneración de la vida por todo el Mediterráneo.

Los cambios que ha sufrido la Semana Santa malagueña en los últimos años demuestran que sus promotores, más que respetar y conservar una tradición, la han adaptado a unos intereses concretos: los del neo-nacionalcatolicismo y las elites empresariales de la ciudad. Desde las administraciones, en particular desde el ayuntamiento, se ha fomentado la aparición de nuevas cofradías, hasta el punto de que si en los años ochenta procesionaban 20 (la mayoría de ellas con siglos de historia), en la actualidad la cantidad se ha duplicado.

Para dar espacio a todas ellas incluso se ha desvirtuado completamente la cronología de la Pasión. Ahora vemos un Crucificado el Domingo de Ramos o una Última Cena después de la ascensión al monte Calvario. La agrupación de cofradías de Málaga se ha convertido en un lobby empresarial. Si antes la conformaban personas vinculadas a los barrios históricos donde las cofradías estaban asentadas, ahora se ha llenado de empresarios y aspirantes a puestos políticos en las filas del PP.

La Semana Santa es una industria, se ha mercantilizado y la Iglesia, de acuerdo a su histórica querencia por el poder, se muestra encantada. Miles de chavales que únicamente buscan participar en el evento por tradición familiar, por orgullo de barrio, se ven inmersos en las redes de las nuevas cofradías, que, además de exigirles el pago de la cuota, les obligan a participar en multitud de actos supuestamente relacionados con la Semana Santa, de modo que esta ya no dura siete días, sino todo el año.

Las cofradías, en su nueva etapa de expansión, ahora realizan actos benéficos, religiosos y lúdicos, coronaciones, inauguraciones exposiciones, traslados, etc.., con el consiguiente dispendio de dinero público. El Ayuntamiento cede los mejores solares del centro histórico a las cofradías para que creen sus casas hermandad, ese lugar desde donde irradian su influencia, y de paso finiquitan la tradición de los «tinglaos», otra seña de identidad propia de nuestra Semana Santa.

Quienes aseguran defender la tradición son los que en realidad están acabando con ella. La Semana Santa malagueña era demasiado laica para ellos, demasiado popular, demasiado de la gente… era necesario arrebatársela.

Proyecto Astoria para la plaza de la Merced: otro agujero negro

Cristian Gracia @cristiangraciap

El Mercado Gourmet de la Merced ha sido un tremendo desastre. Como se veía venir, la concentración de un montón de bares de lujo con precios altos en un territorio económicamente deprimido y con un horario muy específico no ha funcionado. Lo que siempre es una posibilidad (que un negocio no funcione) ha tenido un efecto perverso para nuestra ciudad: la empresa a la que se le dejó (concesión) el espacio no ha pagado el alquiler (canon). La propietaria ha hipotecado la concesión, de forma que no solo no paga al ayuntamiento, si no que si el este la recupera, tendrá que hacer frente a la hipoteca. El pasada 25 de abril nos enteramos de que los puestos del Mercado tenían el agua enganchada, por lo que EMASA -a la que adeudan 5.000 euros- la cortó durante unas horas. Esto nos perjudica a todos porque ese dinero que obtendría el ayuntamiento (en canon o facturas de agua, tanto da) va destinado al pago de inversiones, servicios sociales, limpieza, etc.

El Mercado Gourmet ha sido un desastre, pero Paco de la Torre cree que lo puede hacer un poco peor: ceder el edificio del Cines Astoria-Victoria para que Antonio Banderas y el arquitecto Seguí construyan un edificio varias plantas más alto que lo que permite la normativa (8 frente a los 5 permitidos) para hacer locales de copas, restaurantes y cafeterías (y dos salas de teatro).

Los empresarios han pedido 10 años sin pagar alquiler por el terreno para que el negocio sea viable, pero Paco de la Torre ha sido aún más generoso: propone que no tengan que pagar nada, solo ceder las salas de teatro un par de ocasiones al año (Festival de Cine de Málaga, por ejemplo).

Esto es doblemente grave: el ayuntamiento de Málaga se gastó 21 millones de euros en comprar aquel solar. Aquello fue escandaloso a la par que beneficioso para el dueño del inmueble: un precio varias veces superior al del mercado y todo ejecutado con muchas prisas.

El Ayuntamiento plantea ahora regalarlo a otra empresa y, si no va bien, rescatar el espacio y hacerse cargo de él. Y no sé vosotros, pero el ayuntamiento debe ser un gestor de lo público, no de cafeterías de lujo y bares gourmet. Por no hablar de lo que este proyecto haría en la zona: aún más turistas, dificultar la movilidad en la zona, etc.

En definitiva, un nuevo fiasco y la consolidación de un modelo de ciudad que se centra en quien viene de fuera y no en quienes vivimos en ella. Un modelo de ciudad que no cuida de sus barrios ni genera empleo de calidad para la gente. Un modelo de ciudad que abre cada día nuevos museos, pero que no fomenta la cultura propia.

¿Esta es la ciudad en la que queremos vivir? Seguramente no, y por eso el centro cada día tiene menos habitantes y se ha convertido en una zona de paso, un parque temático para los turistas.