Los bienes comunes y el capitalismo como desposesión: una genealogía histórica y una aproximación al caso de Málaga

Curro Machuca

La lógica de lo común

Los bienes comunes son tan antiguos como la propia humanidad. En mayor o menor medida, siempre ha existido un procomún compartido por todas las personas integrantes de una sociedad, en tanto que condición general de ventaja colectiva. Difícilmente la economía neolítica basada en la agricultura y la ganadería podría haberse expandido desde el Próximo Oriente hasta la cuenca mediterránea si los campos y pastizales no hubieran estado abiertos al uso y gestión común. Y tampoco, por cierto, a su cuidado compartido. En este sentido, puede decirse que si bien el concepto de «bien común» que hoy día manejamos, ya desde un punto de vista económico, ya desde uno filosófico, no tiene más de uno o dos siglos de recorrido, el reconocimiento de su existencia es tan remoto como esta misma. Ya en tiempos de los romanos se distinguían tres categorías de propiedad y uso diferentes respecto a los bienes: las res privatae o cosas capaces de ser poseídas por un individuo o familia; las res publicae, las cosas que pertenecen al Estado, encargado de su gestión y sobre todo su conservación; y las res communes omnium, las cosas usadas por todas las personas, en general concernientes al medio natural. Las Institutiones de Marciano, jurista romano del siglo III, incluyen entre dichas cosas comunes el aire, los ríos, el mar y hasta el litoral costero.
El valor de esta categorización de Marciano es, en realidad, más teórico que práctico, dado que en otros corpora jurídicos romanos algunas se esas cosas communes ominum se incorporan dentro de las res publicae populi Romani, es decir, correspondientes al Estado. Pero más allá de esto, hay en la distinción citada un elemento crucial: la consignación y reconocimiento explícito de que hay bienes que son propiedad de todas las personas. Esto no es baladí. Ya hemos visto en otro texto de este número de Gente Corriente que, con una diferencia retrospectiva de casi dos mil años, esto rompe la falacia de Garrett Hardin, en su artículo «La tragedia de los bienes comunes», de 1968. Según este autor, los bienes comunes no son de nadie, y ello hace que estén forzosamente destinados a su deterioro a causa de su incontrolable explotación. La solución que da es maniquea: o se convierten en propiedad privada o se les da un carácter público para restringir los derechos de uso sobre ellos.

«cuando los bienes comunes mejor se han conservado, cuando su expansión ha sido más efectiva, es en los momentos en que han sido estrictamente regulados por hábitos e instituciones sociales impuestas por la costumbre»

Hay una enorme confusión en esta idea. Cuando hablamos de derechos comunales de un recurso abierto no decimos en ningún caso que no exista una responsabilidad colectiva para con ese recurso. En tanto que los bienes comunes no pertenecen a alguien en particular, lo cual no significa lo mismo que «no son de nadie», hay una exigencia implícita de conservación, dado que también pertenecen al resto de seres vivos y a las generaciones futuras. Los caminos de la historia demuestran precisamente que cuando los bienes comunes mejor se han conservado, cuando su expansión ha sido más efectiva, es en los momentos en que han sido estrictamente regulados por hábitos e instituciones sociales impuestas por la costumbre. En cambio, su destrucción y desaparición ha tenido lugar sobre todo a causa de las privatizaciones (sustracciones al común, podríamos decir), o cuando han sido objeto de regulaciones estatales encaminadas a favorecer el interés económico de unos cuantos particulares.
Pensamos, por ejemplo, en la colonización de América, cuando la propiedad comunal de los ancestrales moradores del continente fue eliminada de un día para otro como paso previo a la apropiación jurídica de las tierras conquistadas por parte de los españoles. A comienzos del siglo XVI, mientras que Bartolomé de Las Casas reclamaba la titularidad de esas tierras, con todos sus recursos incluidos, para los indígenas con la misma entidad que los extensos comunales que aún existían en la Corona de Castilla, Francisco de Vitoria, precursor del liberalismo, sostenía que tales bienes eran carentes de propiedad (res nullius), por lo que podían ser legítimamente reclamados por los nuevos ocupantes. La América colonial, de este modo, se nos presenta como un laboratorio del incipiente capitalismo europeo: la apropiación de los bienes comunes en las Indias Occidentales precedió en trescientos años los cercamientos y desamortizaciones que experimentará el Viejo Continente desde finales del Setecientos.

No hay duda de que las res communes, los commons, el procomúm o los bienes comunes, cualquiera que sea el nombre elegido, han tenido una función social primordial en nuestras sociedades. Son base del espacio compartido, el epicentro de un modo de vida concreto, aquel que pone en el centro la colectividad y la cooperación por encima de la individualidad y la competencia. La lógica humana es inseparable de la lógica de lo común. Esta lógica no puede ser otra que una lógica de reciprocidad, de cuidados, de mutualidad. La existencia humana, como argumenta Kropotkin en El apoyo mutuo: un factor en la evolución (1902), depende siempre de la coexistencia. El mismo Darwin, aunque haya quedado sepultado bajo el mantra dominante de la «supervivencia del más fuerte», había aceptado abiertamente este principio promulgado por su homólogo ruso (ambos eran naturalistas y etólogos) dentro de su concepción evolucionista. Esto no equivale a otra cosa que a la ya escrita por Aristóteles cuando señaló que el ser humano era un «animal social» (ζῷον πoλιτικόν). Es decir, el hecho humano es consustancial al hecho social, a la sociedad. A pesar de todo ello, desde el surgimiento del capitalismo, no han sido tampoco pocas las personas que, hablando de bienes comunes, han declarado «esto es mío». De ahí, a la actualidad.
En opinión de David Bollier, los mercados jamás habían controlado tantos elementos fundamentales de nuestra sociedad como ahora, lo que equivale a decir que nunca antes en la historia los bienes comunes habían corrido tanto peligro (Pensar desde los comunes. Madrid, 2016: Traficantes de Sueños.). El verso «buenas vallas hacen buenos amigos», del poema «Mending Wall» (1914), del estadounidense Robert Frost, alcanza así todo su sentido hoy día, cuando nos encontramos inmersos en el sueño neoliberal de la propiedad privada, de los máximos beneficios, de la excelencia, del esfuerzo, de la competitividad y de la quimérica igualdad de oportunidades.

«la autonomía y gestión ancestral de los bienes comunales de los pueblos europeos ha sido una de las principales diana de ataque del Estado moderno y luego, ya sin empaques, del Estado-nación contemporáneo»

Historiadores críticos, como E. P. Thompson y Silvia Federici, bebiendo del materialismo histórico más heterodoxo, han demostrado en las últimas décadas que la existencia de bienes comunes difícilmente casa con la realidad material y cultural de una sociedad regida por las normas de la economía capitalista. No es casualidad que la mayor metáfora del capitalismo industrial británico de los siglos XVIII-XIX sean los enclosures, los cercamientos de fincas y su privatización, mencionados al inicio de este Gente Corriente. La tierra, no lo olvidemos, era en estos momentos uno de los tres factores de producción básicos junto al capital y el trabajo, además de una de las principales fuentes de renta. Hacerse con ella era un paso indispensable para la expansión capitalista. Es por ello, en definitiva, que la autonomía y gestión ancestral de los bienes comunales de los pueblos europeos ha sido una de las principales diana de ataque del Estado moderno y luego, ya sin empaques, del Estado-nación contemporáneo. Hagamos un breve repaso de ello, sin entrar en los casos más contemporáneos, ya analizados en este monográfico por Juan Díaz Ramos.

La historia olvidada de los bienes comunes

A grandes rasgos, tras la disolución del Imperio romano de Occidente, la Europa altomedieval de los siglos V-IX experimenta un proceso de ruralización. Las antiguas y lujosas villae romanas acaban convirtiéndose en villae autárquicas, caracterizadas por ser económicamente autosuficientes. La decadencia de la vida urbana, por su parte, desembocará en la aparición de un nuevo tipo de hábitat, las pequeñas aldeas, que coexisten con las grandes propiedades señoriales que acabamos de citar, sostenidas por los siervos, que eran libres, aunque se encontraban jurídicamente vinculados a la tierra. Aquí se encuentra el origen del sistema feudal, que se consolida en los siglos XI-XII y llegará a subsistir con distinta intensidad en buena parte del continente hasta el siglo XIX. En este contexto, gran parte de la tierra quedará marcada desde un punto de vista jurídico no solo en cuanto a su propiedad, sino también en cuanto a su uso, las costumbres y el trabajo.
Al margen de los señoríos y los realengos, que pertenecían por derecho, como su nombre indica, a los señores y reyes, los pequeños núcleos de población contarán para el sostenimiento de sus gentes con bienes comunales propios, tales como montes y masas forestales, así como también con campos para el cultivo. Existía, respecto a ellos, un régimen de cosecha regulado: había lotes de tierra para la siembra de verano, otros para la siembra de invierno. La comunidad vigilaba que dicho régimen se cumpliera, lo que de nuevo rompe con la aseveración de Hardin. Los comuneros, a través del concejo (equivalente, salvando las distancias, a los Ayuntamientos modernos), se fijaban acuerdos para recolectar conjuntamente o enviar a pastar al mismo tiempo al ganado. Igual sucedía con la tala y recogida de leña. Es decir, en torno al uso del recurso, y desde la comunidad, se definían las normas de utilización del bien comunal.
Si damos un salto adelante, podemos ver que la historia de los cercamientos rurales en la Inglaterra de los siglos XVII, XVIII y XIX, en paralelo a la génesis y desarrollo de la Revolución Industrial, muestra bien que dicho proceso de contención no solo buscaba la destrucción económica de esa comunidad aludida, mediante la universalización de la propiedad privada individual, sino también el propósito de cercenar su capacidad de gestión colectiva de los recursos, así como de hacer desaparecer sus valores e instituciones ancestrales. Son numerosos los ejemplos que evidencian que la construcción del poder político moderno, que culmina con el triunfo del liberalismo burgués en el siglo XIX, está intrínsecamente unida a la enajenación y sustracción de los bienes comunes. Pero volvamos a la Edad Media, dado que ya tempranamente, en el siglo XIII, estos ataques intentaron contrarrestarse con una serie de regulaciones emanadas del poder real, garante todavía, en un contexto feudal, de los derechos consuetudinarios de campesinos, aldeas y ciudades frente a los intereses nobiliarios.
Entre estas regulaciones destacan la Carta del Bosque y la Carta Magna, en Inglaterra (1215), o Las Siete Partidas de Alfonso X, en Castilla (1256). Tomemos como ejemplo el caso inglés. Durante el reinado de Juan I, el llamado «sin Tierra», el sustento básico de los sectores populares estaba en peligro: cada vez eran más las dificultades a las que tenían que hacer frente para obtener comida, leña y materiales de construcción de los bosques, en muchos casos por acción del propio monarca inglés y sus antecesores, que no dejaban de ser señores feudales con intereses propios. El ganado no podía vagar por los bosques, ni los cerdos alimentarse de bellotas. Cuenta el historiador británico Peter Linebaugh en su obra El Manifiesto de la Carta Magna, publicado en castellano en 2013, que tras una revuelta el rey se vio obligado a poner por escrito una serie de derechos para sus súbditos, como el derecho a juicio justo o a la subsistencia. La Carta del Bosque es, desde su punto de vista, la primera carta de derechos en relación con los bienes comunes, mientras que la Carta Magna sería su equivalente respecto a los derechos civiles. Los 16 artículos que componen la primera, hoy prácticamente desconocida, regulaban los bienes comunales de carácter forestal, permitiendo, por ejemplo, el derecho de pannage, es decir, el derecho a que los cerdos se alimentaran en la foresta de propiedad real, o el derecho de turbary, la extracción de turba para combustible.
Esta historia muestra que el derecho comunal es un tipo de derecho distinto al que hoy impera de manera general. Su origen es la experiencia colectiva de las personas. Es un derecho igualitario que sobrepasa los objetivos económicos y la autoridad estatal o de cualquier corporación. Linebaugh lo expresa así:

(…) los derechos comunales difieren de los derechos humanos. En primer lugar, los derechos comunales están inscritos en una ecología particular (…). Los comuneros piensan antes, no en los títulos de propiedad, sino en las acciones humanas: ¿cómo se labrará esta tierra? ¿necesita abono? ¿qué es lo que crece aquí? Comienzan por explorar (…). En segundo lugar, la comunalización se basa en un proceso de trabajo, resulta inherente a la propia praxis del campo, de las tierras altas, del bosque, de la marisma y de la costa. Uno adquiere derechos comunales gracias a su trabajo. En tercer lugar, la comunalización es colectiva. En cuarto lugar, al ser independiente del Estado, la comunalización también es independiente de la temporalidad de la ley y del propio Estado. La Carta Magna no es una lista de derechos, garantiza perpetuidades. Se inscribe profundamente en la historia humana. (Linebaugh, Peter. 2013: El Manifiesto de la Carta Magna: comunes y libertades para el pueblo. Madrid: Traficantes de Sueños).

Sea como fuere, a partir de la Edad Moderna el conflicto entre los bienes comunes y su usurpación se hará cada vez más latente, en paralelo al reforzamiento del poder político de los reyes, con una dimensión estatal paulatatinamente más totalizadora. Pero será, finalmente, la ofensiva burguesa y el desarrollo durante la Ilustración de tesis económicas como la fisiocracia y el liberalismo lo que origine que las situaciones de desposesión que se dan tanto en el mundo rural como en los contextos urbanos (eliminación de los «propios», privatizaciones y cercamientos, desamortizaciones, abolición de derechos de uso, etc.) consigan desmantelar por completo las atávicas condiciones que hacían practicable la vida de amplios sectores sociales. Se generó así un total desequilibrio de poderes, como también un distanciamiento abismal entre las formas de vida de las dos principales clases sociales que se consolidan a partir del Ochocientos, el proletariado y la burguesía. Es ahora, igualmente, cuando surge el individuo como concepto y también como principal sujeto receptor de derechos. Se trata de un sujeto que no forma parte ya de la colectividad, que comienza a perder su naturaleza en cuanto a organismo social en sí, pasando a un segundo plano dentro de un mundo en que busca, simplemente, y cada uno por su cuenta, un salario y prosperidad material. De aquí al «Y, sabe usted, no hay tal cosa como la sociedad. Hay individuos, hombres y mujeres, y hay familias» de Margaret Thatcher solo hay un paso.

«la historia del capitalismo es, sin duda, una historia de desposesión continua, una permanente historia de extracción de todo lo que se ha producido o produce colectivamente»

Si hay algo que todo esto deja claro es que la historia del capitalismo es, sin duda, una historia de desposesión continua, una permanente historia de extracción de todo lo que se ha producido o produce colectivamente. En la base de este modelo injusto está lo que Marx denominó «acumulación originaria», que hace justamente referencia a ese salvaje proceso que dejó al campesinado sin sus tierras comunales. Por su parte, la historiadora y militante feminista Silvia Federici sitúa como elemento constitutivo de tal proceso la persecución y quema de «brujas». Anular a la mujer, normativizar su cuerpo y usurpar sus modos de existencia, por cuanto que las invisibilizaba y recluía en el hogar, era un paso necesario para derrotar todas las herejías heterodoxas y movimientos campesinos y urbanos que, como el liderado por el clérigo alemán Thomas Münzer en 1524-1525 bajo el lema de «Omnia Sunt Communia» o el de los diggers ingleses durante el mandato de Cromwell, reivindicaban y ponían en prácticas distintos experimentos de vida comunal y reparto de la riqueza.
La experiencia de Münzer y los campesinos alemanes del siglo XVI se nos revela, en este punto, de las más interesantes, porque introduce el vector herético imbricado con la defensa y extensión de los bienes comunes. La propuesta igualitarista de Münzer confrontaba, como otras herejías previas y contemporáneas, la homogenización ideológica del cristianismo católico que se convierte en hegemónico tras el Concilio de Nicea (325), pero al tiempo volvía a traer a la palestra lo que se supone era el proyecto original cristiano, esto es, la fundación de comunidades al margen del Estado y basadas en una convivencia distinta al principio del poder. El hereje alemán hablará del «reino de Dios», pero era este un reino sin propiedad privada y sin poder estatal independiente a la comunidad. Por el contrario, como hoy bien sabemos, la acción principal del libre mercado tiende siempre a acabar con los vínculos sociales, haciendo desaparecer la organicidad entre personas, sociedad y bienes comunes. Estos, dentro del capitalismo, no son más que mercancías cuyo valor es igual a su precio.
Durante el siglo XIX, así las cosas, la propiedad privada y la capitalización de la economía pasaron a ser el mejor reflejo de esas expropiaciones y sustracciones generalizadas, desposesiones comunales al fin y al cabo, causantes de la pésimas condiciones de vida que han tenido que afrontar amplios sectores populares desde entonces. Es Kropotkin, de nuevo, quien acabó postulando la famosa tesis del «derecho al bienestar», vinculada directamente con la reapropiación de los comunes:

¡Todo es de todos! Y con tal que el hombre y la mujer contribuyan con su cuota individual de trabajo, tienen derecho a una cuota de todo lo que será producido por todos (…). Basta ya de formulaciones ambiguas, tales como «el derecho al trabajo», o «a cada uno el producto íntegro de su trabajo». Lo que nosotros proclamamos es el DERECHO AL BIENESTAR, EL BIENESTAR PARA TODOS (…). No derrochar nada, organizarse rápidamente para llenar los vacíos, hacer frente a todas las necesidades, satisfacerlas todas; producir, no ya para dar beneficios, sea a quien fuere, sino para hacer que viva y se desarrolle la sociedad (…). El derecho al bienestar es la revolución social; el derecho al trabajo, a lo sumo, un presidio industrial. Ya es tiempo de que el trabajador proclame su derecho a la herencia común y que tome posesión de esta (La conquista del pan, 1892).

Fruto de formulaciones como esta, habrá a lo largo de toda la centuria decimonónica, y también en el siglo XX, líneas de fuga, movimientos y quiebros que intentaron volver a poner lo común en el centro de la vida. De esta forma, circunscribiéndonos solo a la tradición revolucionaria occidental, es necesario citar mínimamente tres experiencias clásicas relacionadas con esta idea. Son la Comuna de París (1871), los primeros soviets de la Revolución rusa (1917-1921) y las colectivizaciones agrarias en Cataluña y Aragón durante la guerra civil (1936-1937).

«durante el 15M las plazas de nuestras ciudades pasaron de ser un espacio público a un bien común en el mismo instante en que las personas se empezaron a reunir en ellas para debatir, expresarse y reivindicar»

La primera de estas tres experiencias puso en el foco de atención, al menos teóricamente debido a su carácter efímero, sobre el hecho de que en lo urbano también hay espacios y bienes comunes que atender, materiales e inmateriales, en su mayoría apropiados por manos ajenas, públicas y privadas. No solo me refiero a la famosa imposición de una moratoria a los alquileres, sino también, y sobre todo, a la reivindicación de los trabajadores y las trabajadoras de poseer e intervenir en la ciudad que colectivamente estaban produciendo. Esto es lo que hoy llamamos «derecho a la ciudad», que no es otra cosa que entender el propio espacio urbano como un común, como un elemento básico de reproducción de vida, en la línea de lo que han sostenido H. Lefebvre y más recientemente D. Harvey. La ciudad, desde esta perspectiva, se convierte en un bien común en el momento que las fuerzas sociales hacen uso de ella interviniendo en su configuración, protegiéndola y expandiéndola para el uso colectivo y el beneficio mutuo. Esto nos debería sonar: durante el 15M las plazas de nuestras ciudades pasaron de ser un espacio público a un bien común en el mismo instante en que las personas se empezaron a reunir en ellas para debatir, expresarse y reivindicar.
La segunda de las experiencias citadas, la de los soviets, es más conocida, pero en su declinación exclusivamente bolchevique. Son estos, paradójicamente, los que terminarán con la revolución en una suerte de reacción termidoriana al hacerse con su control absoluto en un intento de salvaguardarla a partir de 1921. Para ello, reprimieron ferozmente levantamientos populares como el de los marinos de Kronstadt o el impulsado por Majnó, y acompañaron el proceso de una fuerte burocratización y un profundo centralismo que acabó con el poder de las asambleas obreras.
Finalmente, el tercero de los casos mencionados, atacará justamente a lo que, según el entender del movimiento obrero, era el origen de sus penurias: la propiedad privada de los medios de producción, en tanto que esta no era sino el reflejo más evidente de esas usurpaciones generalizadas y multiseculares de los bienes comunes que habían permitido la sostenibilidad de las comunidades populares desde tiempos inmemoriales. Fue así cómo, en paralelo a la colectivización de las tierras pertenecientes a los pueblos del Aragón oriental que las milicias de CNT iban recuperando a los sublevados del bando franquista, en ciudades como Barcelona se nacionalizaron, usando el término de la época, sectores básicos para la economía y la subsistencia, como los transportes, el abastecimiento, las comunicaciones o la energía. Se llegó a crear un comité de espectáculos, que gestionaba cines, teatros y salas de variedades.

Las desamortizaciones. Málaga (otra vez) como paradigma

La ofensiva liberal y capitalista contra los bienes comunes tiene, como hemos visto, su auge en el siglo XIX. La tierra es puesta a disposición completa de la producción. En España este proceso comienza tempranamente, durante la ocupación francesa del solar ibérico (1808-1814), aunque no estará exento de problemas. Es imposible hablar de una consolidación definitiva del sistema liberal hasta como mínimo la Revolución Gloriosa de 1868, tras dos guerras carlistas. Aún habrá tiempo para una tercera, aunque con una intensidad ya menor.
Las Cortes reunidas en Cádiz, además de aprobar la conocida Constitución de 1812, también acordaron una serie de decretos desde el mismo momento de su formación, en 1810, con el objetivo de encauzar la vida política, económica y social del país dentro del nuevo contexto que se abrió en la Europa occidental tras la Revolución francesa. Así, se abolieron los señoríos, se aprobó una desamortización de los llamados «bienes de propios» y los baldíos, pertenecientes a los municipios, se eliminaron los mayorazgos, con la declaración de la propiedad libre, y se suprimieron los gremios. Con la vuelta del absolutismo de Fernando VII todo ello queda en suspensión
Sin embargo, a su muerte en 1833, durante la regencia de su esposa María Cristina y posteriormente la del general Espartero, héroe nacional y auténtico vencedor de la Primera Guerra Carlista, los liberales tomarán de forma definitiva el poder político, pudiendo llevar a la práctica todas estas iniciativas, de manera efectiva, especialmente durante los años de gobierno progresista (1836-1837 y 1840-1843). De entre todas las medidas de implantación del liberalismo y generalización del régimen de propiedad privada (por tanto, contrarias al mantenimiento de la ancestral propiedad comunal), destacan muy por encima del resto las denominadas «desamortizaciones».
El término «desamortización» hace referencia al proceso de liberalización o puesta en circulación de millones de hectáreas de tierra y miles de fincas urbanas que hasta estos momentos estaban en «manos muertas» (bienes eclesiásticos que no podían ser vendidos y únicamente servían, por lo general, para el sostenimiento y manutención del clero), así como también de los baldíos y tierras comunales de los municipios, complemento imprescindible para la precarizada economía campesina y popular. De esta manera, a través de los dos grandes procesos desamortizadores que se dieron en España, esto es, la desamortización eclesiástica de Mendizábal (1836) y la desamortización civil de Madoz (1855), se convirtieron en bienes nacionales un sinfín de propiedades que hasta entonces habían constituido el patrimonio amortizado (sustraído del libre mercado) de diversas entidades civiles y eclesiásticas con el objetivo de enajenarlos inmediatamente en favor de los ciudadanos individuales. La desamortización pretendió la formación de una propiedad coherente con el liberalismo: una propiedad libre, plena e individual.

«La desamortización pretendió la formación de una propiedad coherente con el liberalismo: una propiedad libre, plena e individual»

A partir de los datos con los que contamos, entre las dos desamortizaciones citadas se ha calculado que se pusieron en circulación aproximadamente 10.000.000 ha de cultivo, el 20% de la superficie del país. Ahora bien, los únicos que se beneficiaron del proceso desamortizador (realizado mediante venta en subasta pública) fueron los miembros de la alta burguesía mercantil y financiera, así como la antigua aristocracia. Frente a esta pequeña clase dirigente encontramos a una ingente masa campesina, en muchos casos expulsada de sus tierras; a los pequeños propietarios, empobrecidos por no poder competir con los grandes terratenientes; a los sectores populares urbanos y artesanales, afectados por la disolución de la estructura gremial; y a los incipientes obreros industriales, concentrados en Barcelona, Málaga y, en menor medida, en Sevilla.
Centrándonos ya precisamente en Málaga, según lo recogido en los trabajos del historiador Manuel Morales Muñoz1, de las 145.000 mil ha de monte que poseían los pueblos malagueños se clasificaron como desamortizables más de 120.000, lo que supuso la liquidación casi total del patrimonio municipal de la provincia. La capital malagueña puso en venta la gran mayoría de sus bienes y propiedades antes de la desamortización de Madoz. En cuanto a la Iglesia, que contaba alrededor de 1.500 fincas en los primeros años del siglo XIX, es destacable apuntar que en el año 1845 ya se habían vendido el 60% de sus bienes y el resto se liquidó rápidamente en los años sucesivos.

«Lorenzo Sandoval configuró el nuevo eje urbano de Málaga, vertebrado por la Alameda Principal, precisamente el lugar donde estos burgueses levantaran sus viviendas y desde donde dirigirán la vida política y económica de la ciudad»

Uno de los grandes beneficiarios fue Manuel Agustín Heredia, quien en 1815 se hizo con la mitad de la propiedad del Castillo de San Lorenzo, pagando por ello en subasta pública casi cien mil reales. Quince años después, entre 1831 y 1833, siendo concejal del Ayuntamiento de Málaga, participará personalmente en las principales operaciones urbanísticas que son llevadas a cabo por la corporación municipal. En el año 1846 poseía ya 25 fincas urbanas, todas ellas procedentes de la venta de bienes nacionales desamortizados, como la antigua cárcel municipal, en la actual plaza de la Constitución. Curiosamente, la otra parte del Castillo de San Lorenzo la compró Lorenzo Sandoval, otro burgués que salió muy bien parado de la desamortización. A partir de 1830 se convierte, junto con Heredia, en el principal promotor inmobiliario de la ciudad, lo que compagina con su actividad mercantil. Puede decirse que Lorenzo Sandoval configuró el nuevo eje urbano de Málaga, vertebrado por la Alameda Principal, precisamente el lugar donde estos burgueses levantaran sus viviendas y desde donde dirigirán la vida política y económica de la ciudad.
Otro destacado integrante de la burguesía malagueña, posiblemente el que más junto con el arriba mencionado Heredia, fue Martín Larios Herrero, primer marqués del mismo nombre en 1865, diputado y senador. Respecto a lo que nos interesa, cabe señalar que compró varios terrenos a lo largo de la Alameda. Su adquisición más famosa fue la del solar perteneciente al extinto monasterio de San Pedro Alcántara, sito donde hoy se alza la plaza homónima. Aquí construyó un buen número de viviendas, en una clara muestra de hacia dónde dirigían ya sus miras económicas estos «notables» malagueños. Su contribución anual urbana era en 1858 superior a los 20.000 reales. Fue, por otra parte, presidente de la Junta de comercio en 1835, y responsable de la extensión del cultivo de la caña de azúcar por el zona oriental de la provincia.
Hombre de negocios prominente fue también Francisco Reboul Sobrino, que, a diferencia de los anteriormente citados, era de ideología progresista. Compró en 1841, siendo concejal, el Jardín de aclimatación municipal, en las inmediaciones de la actual calle Héroe de Sostoa, por 5.600 reales, revendiéndolo cuatro años después por 12.000l a un tal Gabriel García. Es posible que este personaje, abogado de profesión, no fuera más que un testaferro de Reboul, ya que no pertenecía a la burguesía malagueña y no tardó en volver a vender dicha propiedad a la familia Larios. Esta operación urbanística es una clara muestra de la enorme especulación de la época.
Un personaje menos conocido, pero que también se benefició mucho del proceso desamortizador, fue el concejal moderado y abogado Ventura Moraga Sánchez del Castillo, quien compró hacia mediados del siglo XIX por 80.000 reales bienes pertenecientes a la orden de San Felipe Neri, que se había visto tremendamente afectada por la desamortización de Mendizábal.
Carlos Larios Martínez, sobrino del ya citado Martín Larios Herrero, será igualmente un destacado empresario, puesto que era propietario de La Aurora, la segunda gran empresa textil de Málaga tras Industria Malagueña S. A., de su tío, como se vio en el anterior número de Gente Corriente. Fue concejal por los moderados desde el año 1855 a 1867. Entre otras propiedades, adquirió en 1860 dos solares, pertenecientes al Estado, al sur de la Alameda, por más de 260.000 reales y también fincas agrarias procedentes de la venta de bienes eclesiásticos.
Este breve repaso al empresariado de la Málaga del Ochocientos, en definitiva, nos permite observar cómo la alta burguesía mercantil, industrial y financiera y los altos cargos públicos, no solo de la capital, sino de todo la provincia, concentran en sus manos la mayor parte de la propiedad de la tierra cultivable y edificable. Es una tierra que, en mayor o menor medida, antes había sido comunal, para el disfrute y sostén de todas las personas, pero que a partir de estos años de liberalismo incipiente se convertirá en una mercancía más de carácter individual y libre para especular con ella.

1 Morales Muñoz, Manuel (2005): «¡La burguesía al poder!: de la quiebra del Antiguo Régimen a la Gloriosa». En El Primer Liberalismo en Andalucía (1808-1868): política, economía y sociabilidad, editado por Diego Caro, 157-206. Cádiz: Universidad.

Mercado-Estado-Comunes: Un triángulo en conflicto

Juan Díaz Ramos

En los dos anteriores monográficos de Gente Corriente se abordaban, entre otros asuntos, las transformaciones de nuestra ciudad. En el último hacíamos un repaso, que arrancaba a mediados del siglo XIX, del proceso de transformaciones en el litoral, mientras que el primero lo dedicábamos al proceso de turistificación, en desarrollo actualmente. Ambos procesos, evidentemente, han traído y traen aparejados cambios del territorio, de sus usos, de cómo se organizan y relacionan sus habitantes, de cómo lo habitan, de los diversos mecanismos y dispositivos de control y explotación social de la fuerza de trabajo, así como de las sucesivas grietas y líneas de fuga frente a dicho control, etc.

En ese recorrido veíamos la transición de la ciudad precapitalista a la capitalista, de la industrial a la turística, de la productiva a la financiera. Llegábamos así hasta el actual modelo inmobiliario-turístico, que parece vivir su enésima burbuja, ahora vinculada, por un lado, a la inyección de liquidez, que se mantiene (con fecha de caducidad cercana) desde el Banco Central Europeo sobre nuestro mercado y, por otro lado, a la percepción de inseguridad en el Mediterráneo sur, así como al estallido inmobiliario de los apartamentos turísticos. Es un modelo de ciudad neoliberal, sobre todo en su vertiente productiva, ligada al tándem turismo-construcción, que siempre necesita más y más territorio por engullir, de modo que recurrentemente surgen ideas y proyectos para engrasar la maquinaria. También exponíamos que nos hallamos ante un colapso multifacético: económico, con un modelo que cada vez encadena crisis más frecuentes y dilatadas; ecológico, con un territorio muy degradado y con la amenaza de los efectos de un cambio climático cada vez más presente; sociopolítico, con una sociedad cada vez más al límite en su flexibilidad vital y en su tolerancia para con unas prácticas marcadas por la corrupción inherente al modelo. Y es que hasta hace bien poco cualquier proyecto que profundizara en este modelo era prácticamente incuestionable, salvo por minorías, pues bastaba invocar palabras clave como desarrollo, empleo, turismo para cortocircuitarlo. Sin embargo, nuevas percepciones, sentires, lógicas y prácticas se han venido implantando y creciendo en la ciudad.

«A la ciudad competitiva, privativa e individualizada  del sálvese quien pueda que  venimos habitando en el ciclo aún vigente, se opone la ciudad cooperativa, la de la abundancia y el vínculo, la ciudad de los  comunes urbanos»

Con ello nos atrevíamos a lanzar una hipótesis: asistimos, vivimos y protagonizamos una nueva transformación hacia otro modelo y paradigma de ciudad, que aún está por nombrar.
Si en el precapitalismo las tierras y bosques comunales, y en el capitalismo industrial las fábricas, tabernas y barrios obreros, funcionaron como caldo de cultivo para la sociabilidad y la composición de experiencias antagonistas, hoy día vivimos en una sociedad y unas subjetividades marcadas por internet. A la ciudad competitiva, privativa e individualizada del sálvese quien pueda que venimos habitando en el ciclo aún vigente, se opone la ciudad cooperativa, la de la abundancia y el vínculo, la ciudad de los comunes urbanos. Mientras tanto, el capitalismo, siempre veloz a la hora de adaptarse y capturar las nuevas subjetividades, parece encontrar rápidamente fórmulas para el cercado de esos comunes. La plataforma Airbnb sería solo un ejemplo.
La amplitud y complejidad de esta problemática abarca cuestiones como qué recientes y diversas formas de organización están surgiendo, qué subjetividades se constituyen, cuáles y cómo son esos focos de nueva ciudad que emerge, y dónde. Frente a todo ello se impone pensar en cómo se rearticula el capitalismo con nuevos discursos y dispositivos de control para la captura y qué ciudad genera… Por dónde perdura y se resiste lo viejo. Y qué papel juega el Estado o puede jugar en este escenario. En definitiva, un análisis poliédrico, Mercado-Estado-Comunes, al que dedicamos este nuevo monográfico de Gente Corriente.

LOS COMUNES

Posiblemente si preguntamos por el significado de «Mercado» o «Estado» casi todo el mundo los sepa definir o entender de alguna manera. Esbozarán una definición aproximada, con más o menos habilidad, con tendencias diversas cargando lo negativo o lo positivo sobre uno u otro concepto.
Ambos términos, sobre todo hasta la caída del bloque socialista, pero también después, han supuesto dos polos de una línea continua que marcaba una realidad inevitable, en la que, según ideologías y modelos, se podía optar por la cercanía o distanciamiento respecto a cada uno. Un extremo significaba un modelo de sociedad socialista, y el otro un modelo de sociedad capitalista liberal. Se disputaba el influjo de un extremo sobre otro, el contraste, los intentos de compensar, de seducir, de mejorar a su opuesto… Durante décadas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, cada modelo reproducía parte de su oponente. Así, el bloque socialista progresivamente implantó la posibilidad de propiedad y empresas privadas, lo que de forma paulatina derivó en un modelo de Capitalismo de Estado. Mientras, su oponente fue introduciendo lo que se dio en llamar el Estado del Bienestar, con políticas de acuerdo social y laboral con las fuertes (por aquel entonces) organizaciones obreras.
La caída del bloque socialista dio alas al discurso del «fin de la historia» (concepto acuñado por el politólogo estadounidense Francis Fukuyama), según el cual el capitalismo o «democracia liberal» no solo había resultado vencedor, sino que siempre sería el mejor e inevitable modelo. Coincidente con múltiples factores, supuso a partir de entonces toda una ola de desmantelamiento del Estado del Bienestar y de privatizaciones de espacios, recursos, empresas e infraestructura de gestión estatal, en lo que se dio en llamar «Neoliberalismo», proceso que a día de hoy sigue vigente.
Mientras que Mercado y Estado son conceptos ampliamente reconocidos, el de «comunes» o «procomunes» resulta extraño a la mayoría. Si intentamos esbozar una definición, el «procomún» sería la combinación de un recurso + una comunidad + un conjunto de normas y criterios. Los tres elementos conforman un todo integrado e interdependiente, en el que una comunidad determinada gestiona un recurso material o intangible como un bien común, para lo que recurre a acuerdos de reglas, normas y sanciones coercitivas, que permiten el disfrute y reproducción del recurso.

La tragedia de los cercamientos

En el recorrido de estas prácticas, que encontramos a lo largo de toda la historia, se suele tomar como momento clave un punto de inflexión y clausura, el denominado «cercamiento» (enclosure en inglés), que se refiere al cierre (cercado con vallas) de los terrenos comunales en favor de terratenientes y aristocracia, ocurrido en Inglaterra entre los siglos XVIII y XIX (aunque iniciado en el XVI). Hasta entonces las comunidades habían podido organizar libremente el disfrute y reproducción de los recursos: praderas, bosques, caza, agua, etc. De todo ello se habla con más profundidad en otro de los artículos de este número de Gente Corriente.
Podemos decir que los cercamientos tuvieron algunos efectos positivos, como la desaparición de la relación señor-siervo y la posterior transformación de los vasallos en trabajadores libres. Pero esta nueva «libertad» era un arma de doble filo. Mientras que liberaba a las personas para que a su vez persiguieran nuevas libertades, también destruía su hábitat comunitario: la cohesión social, la autonomía en la subsistencia, la sostenibilidad ecológica de su entorno. Aparecía un nuevo tipo de persona, el individuo, alguien que no formaba parte de una comunidad y que ahora era competidor con el resto de individuos por un salario. Miles de personas se veían obligadas a emigrar a ciudades para vivir en condiciones insalubres, y en donde la emergente Revolución Industrial los convertía en esclavos asalariados si tenían suerte, o en mendigos en caso contrario. Las señas de identidad del nuevo orden serían el individualismo, la propiedad privada y el «libre mercado». El cercamiento no es un hecho anecdótico, en el cercamiento está la génesis del capitalismo en su transición desde el feudalismo.

«tras l­os cercamientos el Mercado se hizo cargo de la producción y el Estado de la gobernanza: había nacido el Estado liberal moderno»

Uno de los aspectos más desapercibidos de los cercamientos fue la separación de producción y gobernanza. Anteriormente las dos formaban parte del mismo proceso y todos los comuneros podían participar en ambas. Sin embargo, tras los cercamientos el Mercado se hizo cargo de la producción y el Estado de la gobernanza: había nacido el Estado liberal moderno.
Se tardaron años en recuperar una mínima forma de cohesión o mutualismo social, primero de manera intuitiva y espontánea, posteriormente organizada, con la emergencia del movimiento obrero y sus distintos dispositivos de vertebración de comunes obreros, algunos de los cuales en nuestra ciudad revisábamos en el anterior número.
Sin embargo, más allá de este episodio histórico, las experiencias de comunes llegan hasta nuestros días, con recursos comunitarios de todo tipo: desde «comunes de subsistencia», que suelen ser recursos naturales (agua, bosques, pesquerías, tierras, caza, etc.) hasta los «comunes cívicos y sociales», que incluyen hoy día huertas comunitarias, ecoaldeas, coviviendas, centros sociales, redes de consumo, redes de cuidados, bancos del tiempo, redes de apoyo mutuo, incluso (mediado por el Estado) sistemas de donaciones de órganos y de sangre, pasando por los nuevos «comunes digitales», que han supuesto toda una revolución con ejemplos como el software libre, la enciclopedia colaborativa wikipedia, procesos de diseño colaborativo con crowdsourcing, procesos de micromecenazgo colaborativo (crowdfunding), publicaciones académicas de acceso abierto, recursos educativos abiertos, etc.
Con la noción de los comunes se abre una nueva perspectiva, se rompe la dicotomía que suponen los polos Mercado-Estado al emerger una tercera opción, que no es baladí, pero se tiende a olvidar, invisibilizar, ningunear, incluso reprimir.

«La falsa equivalencia de los comunes con caos, ruina y fracaso parece ofrecer una lección sobre la inviabilidad de la acción colectiva: la satisfacción personal y la prosperidad social duraderas nacen de la libertad individual encaminada a una propiedad privada con la que comerciar en el ámbito del libre mercado, garantizado y protegido por el Estado liberal»

Para ello, cuando no se ignoran, se difunde un pensamiento negativo sobre los comunes. Uno de los más extendidos es la famosa «Tragedia de los comunes». En esta parábola de 1968, Garrett Hardin asegura que en una hipotética pradera es de esperar que cada pastor intente mantener la mayor cantidad de ganado en el área comunal para maximizar sus ganancias, de modo que añadirá un animal más a su rebaño, y luego otro, y así seguirá. Es ahí donde reside la tragedia de los comunes.
La parábola, sin embargo, parte de un fallo estructural, al establecer un sistema en el que no existen límites ni normas que lo regulen, no hay sanciones a la sobreexplotación ni una comunidad propia de usuarios. Este escenario, el de un régimen de acceso libre donde impera la ley del más fuerte y se confunde un terreno comunal con la tierra de nadie, no es un común, como pretendía Hardin. A pesar de algo tan elemental, «la tragedia de los comunes» es considerada como un principio básico de la economía y se ha establecido como tópico económico. El artículo de Hardin forma ya parte esencial de la educación universitaria en los Estados Unidos, no solo en las ciencias económicas, sino también en las ciencias políticas, la sociología y otros campos de estudio.
La falsa equivalencia de los comunes con caos, ruina y fracaso parece ofrecer una lección sobre la inviabilidad de la acción colectiva: la satisfacción personal y la prosperidad social duraderas nacen de la libertad individual encaminada a una propiedad privada con la que comerciar en el ámbito del libre mercado, garantizado y protegido por el Estado liberal.

Saltarse la cola

Nada más lejos de la realidad, como certifica una extensa lista de experiencias sin método de referencia ni normas matriz. Los comunes se parecen, de hecho, a un organismo vivo que evoluciona con su entorno y su contexto para adaptarse a las contingencias locales, pues, como el ADN, no es de carácter fijo ni determinista, sino parcial y flexible, crece y se modifica.
Un común es un contrato social cambiante, en el que la comunidad se reúne para acordar reglas y normas que la regirán en la gestión del recurso y para prevenir su sobreexplotación, así como para establecer asignaciones equitativas de tareas y derechos, siempre supervisando y sancionando los malas prácticas y abusos, de manera que los intereses individuales y colectivos se alinean y refuerzan mutuamente por encima de discrepancias ocasionales o sobresaltos externos. Negocian así resoluciones satisfactorias para alcanzar sus propósitos comunes sin la intromisión de mercados ni burocracias gubernamentales.
A veces, con el paso del tiempo, se tiende a interiorizar, incluso a ritualizar, hábitos y ética colectiva, que con el transcurrir maduran en una cultura propia que arraiga hasta convertirse en «costumbres» que incluso se transformarán en una especie de «ley vernácula» invisible.
Las leyes vernáculas se originan en espacios informales de la sociedad y se convierten en una fuente de regulación y legitimidad por derecho propio. Son una especie de procomún pasivo que la mayoría hemos interiorizado («así se hacen las cosas»). Baste un ejemplo sencillo: respetar las colas y castigar a quienes se cuelan. Supone un principio rudimentario de protocolo social particularmente efectivo en ciertos casos de nuestra vida cotidiana, ya que se organiza y aplica de manera automática, sin intervención exterior alguna.
Sin embargo, hasta lo más básico y cotidiano del procomún encuentra su límite en sus polos alternativos (Mercado y Estado). ¿Qué ocurre cuando el dinero y los derechos de propiedad privada interfieren con un consenso social? Volvamos al sencillo ejemplo de antes: gracias a entradas VIP o de preferencia hay quienes avanzan sin esperar la cola. ¿Es eso justo? Desde un sentido instintivo de justicia social sabemos que no, mientras que desde la lógica capitalista entendemos que sí. Y ello cuando el Estado tiende a comportarse con hostilidad frente a cualquier incursión, por pequeña que sea, en su capacidad de crear e imponer normas. Las tensiones surgen cuando el derecho formal y escrito no es totalmente coherente con este «derecho común» y no deja espacio a la creación de procomún. Es entonces cuando se apela a la legalidad.
¿Resulta el derecho estatal formal demasiado estricto o rígido? ¿Hace tanto hincapié en las normas y relaciones de mercado que no permite la existencia de una ciudadanía verdadera que ejerza su legítima autorregulación y gestión sobre los bienes comunes? ¿O por el contrario está abierto al cambio mediante políticas pacíficas y los debidos procedimientos?

COSAS DE NADIE: EL CERCADO DE LOS BIENES COMUNES

Lo frecuente es que Mercado y Estado sean uña y carne, compartan la visión de modelo y prácticas, basados en un crecimiento continuo para el que es necesario que aúnen esfuerzos en desarrollar estrategias ingeniosas –cuando no la fuerza bruta– para privatizar recursos antaño compartidos y convertirlos en productos comercializables.
Por lo general, los derechos sobre la propiedad de los bienes comunes pertenecen al Estado, quien a través del gobierno, en teoría, actúa como fideicomisario del pueblo, es decir, gestiona (el acceso) y cuida (la continuidad) de los recursos comunes materiales o inmateriales que le son cedidos en confianza.
La realidad es que la mayoría de los gestores de Estado consideran bastante rentable ignorar sus deberes fiduciarios, por lo que liquidan (muchas veces a precio de saldo) los bienes comunes que les son confiados. Directrices políticas llegadas de instancias superiores (normalmente ajenas a control democrático); expectativas de nuevos ingresos fiscales; promesas de empleo, «desarrollo y prosperidad», suelen ser una recurrente excusa. Son procesos de cercado (o privatización) que suelen traer aparejados episodios de tráfico de influencias y corrupción.
La base teórica y filosófica que opera en los procesos de cercado son los denominados «derechos de propiedad», según John Locke, que en el siglo XVII vino a plantear que «las personas son dueñas de sí mismas y, por tanto, dueñas de su propio trabajo». Cuando una persona trabaja, ese esfuerzo entra en el objeto. Así pues, el objeto se convierte en la propiedad de la persona. La relación entre trabajo y propiedad se refiere solo a la propiedad que no tenía dueño antes de que ese tipo de trabajo se llevara a cabo.
Por tanto, la tierra «sin explotar» no pertenece a nadie y cualquiera que la trabaje puede tomarla para sí mismo. Esta fue una conclusión de lo más oportuna para los procesos de colonización europeos. Según el razonamiento de Locke, dichas tierras deberían considerarse como terra nullius o tierras despobladas (en ocasiones llamadas también res nullius o cosa de nadie), ya que la tierra solo adquiere valor cuando los individuos dedican su esfuerzo e ingenio a mejorarla, hacerla comercializable, etc. Sobre el origen de esos términos habla Curro Machuca en otro de los artículos de este Gente Corriente.

«La arrogancia de Locke consistió en considerar la naturaleza como un objeto inerte que puede convertirse en propiedad privada sin tomar en consideración el vínculo que mantiene con sus habitantes, con sus ecosistemas naturales más amplios y las generaciones futuras»

La arrogancia de Locke consistió en considerar la naturaleza como un objeto inerte que puede convertirse en propiedad privada sin tomar en consideración el vínculo que mantiene con sus habitantes, con sus ecosistemas naturales más amplios y las generaciones futuras. Los pueblos aborígenes generalmente percibían a los individuos como parte de redes más amplias de personas; la mera idea de una persona aislada, «que se ha hecho a sí misma», les parecía algo irrisorio o incluso delirante. Los pueblos indígenas tienden a ver sus recursos y conocimientos como elementos integrados en una comunidad de cuidados recíprocos y gestión grupal. La idea de un «dominio exclusivo» sobre un recurso, al estilo que el derecho occidental entiende la propiedad, niega nuestra dependencia insoslayable respecto la naturaleza y nuestra interdependencia para con los demás.
La lógica de Locke fue rápida e interesadamente extrapolada hasta una fantasía legal. De ese modo, los pueblos podrían haber gestionado la tierra, agua, pesquerías, bosques y otros recursos naturales como comunes desde tiempos inmemoriales, con normas no escritas pero extremadamente sofisticadas, si bien, en tanto que no exhibían ningún título formal, todo ello no pertenecía a nadie, y por consiguiente ¡no había más que ir y tomarlo!
Este mismo razonamiento se ha seguido aplicando sistemáticamente, y se busca aplicar hoy día, cuando se pretende cercar los océanos o ríos, el espacio exterior, la biodiversidad, incluso Internet, como si fueran recursos a los que aplicar la res nullius (cosa de nadie) que justifique su expolio privado desenfrenado.
Para los mercados el precio es el indicador supremo y la forma más justa de identificar el verdadero valor de las cosas. Pero, ¿cuál es el valor comercial de la atmósfera? ¿O de un río limpio? El precio solo mide el valor de intercambio, no el valor de uso.

«Los mercados acaparan lo que pueden de la naturaleza de forma gratuita sin reconocer su verdadero valor (en vista de que la naturaleza es considerada como res nullius). Una vez capturada, privatizan los beneficios, al tiempo que vierten sus desechos para que los comunes y los gobiernos lidien con las consecuencias»

La economía convencional ensalza el Producto Interior Bruto o PIB como el referente evaluador, al calcular el valor total de toda nuestra actividad comercial, pero realmente mide únicamente el dinero que ha cambiado de manos, lo que constituye una definición ridícula de la creación de riqueza. Según esta lógica, un vertido de petróleo o un desastre nuclear deberían considerarse provechosos, ya que acaban estimulando la actividad económica, mientras que el infinito trabajo de cuidados que sostiene nuestra sociedad sería una tarea inútil, dado que no suele llevar aparejado intercambio de dinero.
Los mercados acaparan lo que pueden de la naturaleza de forma gratuita sin reconocer su verdadero valor (en vista de que la naturaleza es considerada como res nullius). Una vez capturada, privatizan los beneficios, al tiempo que vierten sus desechos para que los comunes y los gobiernos lidien con las consecuencias.

El cercado de lo natural

La gama de cercamientos de lo natural es vastísima: va desde lo global (la atmósfera, los océanos, el espacio) a lo regional (ríos, acuíferos, pesquerías, bosques) y lo local (biodiversidad, minerales). Los cercamientos también incluyen la propia vida (tejido humano, líneas celulares, genes) y lo infinitamente pequeño (microorganismos, sustitutos sintéticos de la nanomateria).
En el caso de nuestra ciudad, el más significativo de los cercados naturales es el de la apropiación y degradación del litoral (que veíamos en nuestro anterior número) por parte de industrias, primero, y el turismo después. Es ya un territorio degradado que poco tiene que ver con el heredado hace apenas un siglo.

El cercado de espacios públicos

Las ciudades son hoy día uno de los escenarios más disputados por los cercamientos comerciales. Una fiel alianza de corporaciones, representación política, promotoras inmobiliarias, profesionales, etc. viene apoderándose del espacio público: plazas, calles, parques, paseos, recintos deportivos, incluso la propia imagen e identidad de las urbes. Esto implica el «vaciado» de la identidad social, de las vivencias comunes que con el paso del tiempo dotan de «alma» a la ciudad, que pasan a ser consideradas otra mercancía más de compra y venta, de manera que el espacio público muta a un espacio anodino, indistinto del de otras ciudades. Habla de ello Eduardo Serrano en otro artículo.
Málaga no es ajena a ello. Las principales calles comerciales están copadas por las mismas cadenas comerciales o franquicias que en otras ciudades, la estética del espacio público no se cuida en su singularidad y está repleta de publicidad de estas empresas, se llega incluso a que la feria del centro sea patrocinada por una empresa (cervecera) que se apropia de ella con su publicidad (incluso en el nombre), como ocurre con equipos deportivos, la estación de ferrocarril, etc.
A todo ello se suma la apropiación del espacio público (en parte gracias al diseño urbanístico y la connivencia del Estado) por parte de intereses privados, con las terrazas como caso más significativo. Especialmente dolorosa es la pretensión de construir un negocio privado en un territorio del común como es el Puerto, un negocio que además impactaría brutalmente en la imagen de la ciudad, en su skyline: la Torre del Puerto. Este proyecto, de manera inédita respecto a otros similares anteriores, ha despertado considerables resistencias en la ciudad.

El cercado de infraestructuras y servicios

Carreteras, puentes, aeropuertos, equipamientos culturales o deportivos, agua, residuos, sanidad, educación… y, años atrás, telecomunicaciones, energéticas, banca… Recursos pagados por contribuyentes, incluso generaciones de ellos, pasan a manos privadas, de manera que se pierde el control. A continuación, las concesionarias reducen la calidad del servicio, las plantillas, bajan costes salariales, según el caso derivan a negocio financiero el servicio (seguros), y transfieren costos a generaciones futuras.
Las concesiones son el preciado objetivo de inversores, dado que les garantizan altas tasas de rentabilidad a bajo (o nulo) riesgo. Los gobiernos asumen los riesgos del fracaso empresarial a la vez que garantizan grandes beneficios sin importar lo que ocurra con la empresa, en una suerte de socialismo corporativo en el que los beneficios se privatizan al tiempo que los riesgos se socializan. Sumado a ello, las empresas privadas que los controlan suelen eludir la competencia e imponer precios de monopolio u oligopolio, además de aprovechar su influencia para moldear las costumbres de la población y guiarla hacia determinados productos en los que tengan intereses creados.
En este caso los ejemplos de nuestra ciudad son abundantes y a ratos escalofriantes. Algunos de los más significativos serán motivo de artículos o entrevistas en el presente número: equipamientos deportivos, la empresa de limpieza Limasa, gestión de eventos municipales, Patronato de Recaudación Provincial, etc.

El cercado de Internet

En principio se trataría de otra infraestructura más, pero la tratamos aparte por su relevancia en tanto que medio básico de comunicación, de negocio, incluso podíamos decir vital. Internet es un nuevo espacio público, virtual e inmaterial, pero donde millones de personas habitan y se encuentran.
Internet hoy por hoy es un común abierto y no discriminatorio en cuanto a la transmisión de datos se refiere, en lo que se da en llamar «la neutralidad de la red». Sin embargo, las empresas de telefonía y televisión por cable aspiran a cobrar para privilegiar flujos, de manera que, por contra, podrán censurar o ralentizar el tráfico del resto. Con ello, además, se abre el cauce para posibles censuras de redes que puedan competir con sus intereses comerciales o políticos, en caso de los gobiernos, perdiéndose así nuestras más básicas libertades digitales.
Estos intentos de cercar Internet son muy parecidos a lo sucedido años atrás con la industria de la comunicación. Pese a que el espectro electromagnético utilizado para la radiodifusión y emisión televisiva es de dominio público, las empresas consiguieron ejercer un control exclusivo sobre él ¡y totalmente gratis!

El cercado del conocimiento y la cultura

Desde tiempos inmemoriales los seres humanos han compartido libremente su creatividad. La cultura siempre se ha basado en imitar, difundir y transformar obras creativas anteriores y el arte siempre ha consistido en un préstamo común intergeneracional. Pongamos un ejemplo cercano: es imposible concebir el desarrollo del flamenco sin la influencia de músicas anteriores de origen árabe, bereber, judía, o gitana. La cultura no puede prosperar sin un fondo común de creatividad compartida.
Con el cercamiento de las obras creativas, la información y el conocimiento, nuestros impulsos humanos naturales de imitar y compartir, es decir, la esencia propia de nuestra cultura, han sido criminalizados. Si alguna vez, al menos hasta 2015, has cantado el «Cumpleaños feliz», has sido un «pirata» bajo el punto de vista de la industria del entretenimiento, cuando precisamente Warner Music Group se embolsaba cerca de 5.000 dólares al día por este título, lo que se traduce en casi 2 millones de dólares al año. La autoría recae en dos hermanas, Mildred y Patty Hill, que la escribieron en 1858 inspiradas en canciones folclóricas afroamericanas y en una melodía llamada «Buenos días a todos» (Good Morning to All). La cineasta Jennifer Nelson se negó a pagar los 1.500 dólares que le costaba la licencia para utilizar la canción en un documental, y decidió llevar a juicio a la Warner Music Group. Hasta entonces nadie había tenido suficiente dinero ni valentía para arriesgarse. La victoria de Nelson liberó la canción para que cualquiera pudiera usarla en cualquier contexto, sin necesidad de permiso ni pago.

«La cultura ha sido la excusa, el modus operandi, para generar un “marca de ciudad”, una ciudad producto»

En nuestra ciudad el cercado de la cultura ha ido más allá de la propia cultura y ha sido un proceso más complejo. La cultura ha sido la excusa, el modus operandi, para generar un «marca de ciudad», una ciudad producto, en este caso aparejada a los museos, con gran preponderancia inicial de Picasso, para seguir con Thyssen, Pompidou, Ruso. Por tanto, la cultura y su cercado ha servido como combustible para mantener la maquinaria turismo-construcción a punto, y con ello ha venido asociada y en alianza con el cercado de espacios públicos. Más que un cercado cultural al uso, se ha dado un uso de la cultura como evento, espectáculo, producto de consumo, franquicia… Se vacía así el concepto «cultura» de sus elementales significados. Es todo un proceso que por sus dimensiones en la ciudad merecerá un futuro número específico de Gente Corriente, si bien algo se abordó en el monográfico sobre la turistificación.

El cercado de Universidades

Siendo parte de la cultura y el conocimiento, dedicamos un espacio propio a las universidades por su valor estratégico. Históricamente el Estado ha tratado la investigación académica como un bien común, y para ello ha creado universidades públicas, financiado investigaciones y respetado la autonomía académica, en lo que suponía una colaboración constructiva entre Estado y Comunes. Sin embargo, este principio se ha deteriorado a medida que Estado y Mercado han cercado el patrimonio académico, considerando a este como un bien barato y financiado con dinero público, fácil de capturar en función de intereses comerciales. A partir de ello, las prioridades de las investigaciones vienen dadas por las de las empresas, y las patentes suelen quedar en manos de estas corporaciones.
La mayoría de las veces el cercado no se da en un solo sentido, sino en procesos múltiples y complejos. Vamos a ilustrarlo tomando como referencia el que es quizás el más importante sector productivo de nuestra ciudad, el turismo. Hagamos una revisión de cuántos y diversos cercados se desarrollan a consecuencias del turismo masivo.
La vivienda está empezando a sufrir su enésima burbuja con el fenómeno de los apartamentos turísticos de alquiler por días. En Málaga la situación es ya alarmante.
Se multiplican gastos de servicios públicos que se sostienen sobre los bolsillos de las vecinas y vecinos, como residuos, agua, seguridad, etc.
Se multiplican los gastos en promoción turística desde las instituciones, que en el caso de la Diputación de Málaga es de 8,4 millones de euros en 2017, sin tener en cuenta otros apoyos indirectos al sector.
Entre tanto, el turismo afecta al territorio y su medioambiente: gran parte del territorio de nuestra provincia, en especial el litoral, ha sufrido una degradación de difícil restitución en el corto-medio plazo y, sumado a ello, los vertidos urbanos a ríos y litoral se multiplican con el turismo, por no hablar del incremento desmedido del consumo de agua. Además, el turismo está afectando a ritmo frenético a la mera vida cotidiana. Si en las economías litorales el turismo funciona capturando y privatizando las rentas que generan los activos naturales (sol, playa, mar, ríos, etc.), en las ciudades lo hace capturando la propia vida social. La ciudad queda a disposición del turismo y deviene en parque temático desnaturalizado para sus habitantes cotidianos.

«el turismo convierte en rentas privadas dimensiones colectivas sin que haya devolución o reposición alguna (salvo empleo, cada vez más precario)»

Con todo ello el turismo convierte en rentas privadas dimensiones colectivas sin que haya devolución o reposición alguna (salvo empleo, cada vez más precario), en una espiral de destrucción, que ya hemos visto en nuestras costas y estamos empezando a vivir en nuestra ciudad.

LOS COMUNES SE CITAN CON LOS MILLENNIALS

Pese a la imposición de la cultura del individualismo y la competitividad, que traía aparejada el capitalismo, su lógica y práctica no siempre logró penetrar todos los resquicios. No han dejado de resistir o resurgir otras formas de entender y vivir el día a día.
Como ha apuntado Amador Fernández-Savater (eldiario.es, 30/7/2017), las bases de la cultura capitalista surgen en un contexto histórico-cultural muy vinculado a la emergencia del protestantismo: responsabilidad individual, meritocracia, el «hazte a ti mismo», el «progreso», puritanismo, severidad, etc. Podíamos denominarla una «cultura del Norte»: anglosajona, masculina, blanca y protestante. Sin embargo, de acuerdo con el sociólogo Michel Maffesoli, existe una «socialidad del sur»: difusa, sumergida, oculta, impulsiva, a-racional, difícil de ver, pero que resiste en una dinámica informal cotidiana, de querer vivir en común.
La reciente crisis con arranque en 2008, provocada por las prácticas neoliberales, fue paradójicamente aprovechada para responsabilizar a estas formas de vida del «sur», a los países que peyorativamente se denominaron PIGS («cerdos», por su acrónimo inglés): Portugal, Italia, Grecia, España. Se repitieron mantras como «insuficiente movilidad geográfica», el «limitado espíritu emprendedor», el «colchón familiar», el «trabajo informal» o la «indiferencia (incluso la repugnancia) hacia el enriquecimiento»… A todo se asociaba una serie de medidas de índole económica para «corregir esas desviaciones», ese «vivir por encima de nuestras posibilidades». Son medidas de austericidio conocidas y padecidas por casi todas las personas: eliminación de protecciones sociales, precariedad laboral, privatizaciones, fomento del endeudamiento, la destrucción de los cimientos que sostienen la vida en común para favorecer el «sálvese quien pueda», la dependencia respecto del Mercado, siempre con la complicidad autista y sumisa de nuestros gobernantes, del Estado.

Sin embargo, cuando mejor se lo prometían, surgieron reafirmados los valores del sur para difundir y practicar otras ideas de riqueza y felicidad: más basadas en el presente que en el futuro, en los vínculos que en la soledad, en el tiempo disponible que en la vida para el trabajo, en la empatía que en la competencia, en el disfrute de la gracia que en la culpa por la deuda. Las calles y plazas del sur, de los países mediterráneos, en sus dos orillas, se llenaron de rebeldía y creatividad, emergieron nuevas formas de organización desde abajo, con un eslogan que lo definía todo perfectamente, «Nos quieren en soledad, nos tendrán en común», mareas de todos los colores, las Plataformas de Afectados por las Hipotecas, corralas y viviendas de realojo, nuevos centros sociales, etc. Mientras tanto, por debajo de lo visible, de lo público, se daba un refuerzo de lazos y tramas de lo social, con grupos informales de solidaridad y apoyo mutuo (familiares, vecinales, amistosas) que ayudaron a atemperar los peores efectos de la gestión neoliberal de la crisis: miedo, soledad y desamparo.

«La clave radica en la emergencia y protagonismo de esa nueva generación, denominada (a veces peyorativamente) como «millennials», educada y socializada en el medio digital, en Internet, gracias a lo cual ha desarrollado hábitos y habilidades como la cooperación»

Para que todo ello esté ocurriendo no solo es determinante esa «cultura del sur». La clave radica en la emergencia y protagonismo de esa nueva generación, denominada (a veces peyorativamente) como «millennials», educada y socializada en el medio digital, en Internet, gracias a lo cual ha desarrollado hábitos y habilidades como la cooperación, la diversidad, el compartir es bueno, la transparencia, la horizontalidad, el liderazgo distribuido, el valor de la iniciativa, del «hacer», la escucha activa, la construcción de consensos, la democracia, la organización en red, la construcción inmanente, aquí y ahora, de la realidad perseguida, etc. Cuando estas actitudes interiorizadas pasaron de lo privado y virtual a lo público y físico, gracias a los procesos organizativos fluyeron con mucha más facilidad y virtuosismo. Ponían en cuestión todo un Régimen como el del 78, en lo que suponía una enmienda a la totalidad de un modelo obsoleto.

Los comunes hoy

En la actualidad la mayor parte de los comunes son los tradicionales, aunque pequeños, recursos naturales. Se estima la nada despreciable cifra de dos mil millones de personas cuya subsistencia diaria depende de la gestión comunal de bosques, pesquerías, acuíferos, fauna y otros recursos naturales.

«Se estima la nada despreciable cifra de dos mil millones de personas cuya subsistencia diaria depende de la gestión comunal de bosques, pesquerías, acuíferos, fauna y otros recursos naturales»

Existen otros tipos de bienes comunes en las ciudades. Se trata de «comunes cívicos y sociales» que en Málaga proliferan desde hace unos años: la experiencia del centro social y cultural de gestión ciudadana La Casa Invisible, el ecohuerto comunitario El Caminito, diversas redes de consumo ecológico, redes de apoyo mutuo, radios comunitarias como Onda Color, experiencias de economía como la moneda Málaga Común, la Universidad Libre Experimental (Ulex), librerías comunitarias como Más Libros Libres, experiencias de sindicalismo social como la Plataformas de Afectadas por las Hipotecas, experiencias de realojo vecinal, de reapropiación del espacio público con solares en Lagunillas o en la céntrica calle Gigantes, además de la que se realiza cotidianamente del cauce del río y otros espacios por colectivos de deportes urbanos, como futvóley, skater, parkour, etc.

Los comunes digitales ya están aquí

Con todo, las formas de procomún más productivas y cualitativamente más influyentes son aquellas vinculadas a Internet y a las tecnologías digitales, que permiten a las personas (comuneras) acumular un valioso contingente de conocimiento y creatividad compartidos.
La primera y más impresionante experiencia de procomún online llegó con la emergencia del software libre. Sirvió de modelo fundacional para lo que en general se conoce como producción entre pares o entre iguales orientada al procomún (commons-based peer production), una forma de colaboración online que invita a un gran número de personas a aunar fuerzas, al tiempo que permite examinar, modificar, mejorar y compartir libremente el software. El proceso de GNU/Linux inspiró proyectos colaborativos posteriores, como Wikipedia (una enciclopedia web con más de 70.000 personas voluntarias trabajando en 285 idiomas), o innovaciones recientes como las redes sociales. También contamos con experiencias como las revistas de acceso abierto, que permiten la disponibilidad del conocimiento para cualquiera, al margen de la escasez artificial que las editoriales pretenden imponer por medio de restricciones como el copyright y la «gestión de derechos digitales». Mencionemos también los movimientos de «diseño abierto», que invitan a diseñar indumentaria, muebles, componentes de ordenadores e incluso automóviles, como la experiencia de Arduino, que diseña placas de circuito impreso con componentes que, junto a las impresoras 3D, permiten el desarrollo de tecnologías materiales «hardware libre».
Al tratarse de experiencias conectadas en red, virtuales, no es fácil encontrar una específica de nuestra ciudad, aunque sí múltiples personas y colectivos que participan en gran diversidad de ellas.

Regular contra el cerco

Pese a todo ello, los comunes no dejan de depender de las instituciones del Estado y del Mercado. El procomún tiene una historia legal venerable que se remonta al Imperio Romano, así como al siglo XIII inglés, con la Carta Magna y su complementaria Carta de Foresta o del Bosque, que con más detalle se analizan en otro de los artículos de este monográfico. Sin embargo, las democracias liberales buscan alcanzar el bien supremo mediante la aplicación universal de derechos individuales a todos los ciudadanos, iguales ante la ley. El liberalismo político en general no contempla muchas disposiciones a favor de los derechos colectivos que trasciendan lo individual. Por ello, el procomún resulta con mucha frecuencia inescrutable para las políticas públicas convencionales, si no completamente incompatible.

«un peligro añadido que se ha vivido recientemente con la políticas neoliberales radica en que el Estado aproveche la existencia de los comunes para eludir sus propias responsabilidades»

En el extremo opuesto, un peligro añadido que se ha vivido recientemente con la políticas neoliberales radica en que el Estado aproveche la existencia de los comunes para eludir sus propias responsabilidades. Por un lado cede la gestión, por otro retira su apoyo legal, administrativo o financiero. Es por ejemplo la estrategia política del anterior primer ministro del Reino Unido, David Cameron, conocida como Big Society o Gran Sociedad, que celebraba el control comunitario sobre recursos públicos, al mismo tiempo que recortaba los fondos públicos que lo financiaban.
Ni un extremo ni el otro: la Administración debe reconocer que el procomún autoorganizado es capaz de llevar a cabo ciertas funciones de forma más efectiva que el Estado o el Mercado, y con mayor legitimidad, equidad y democracia. No todos los comunes son necesariamente positivos, por lo que el papel del Estado puede ser importante a la hora de establecer unos criterios básicos mínimos y de rendimiento. El Estado debe colaborar con estos procesos legal y financieramente, o al menos brindar respaldo para que los comunes se consoliden. Es el caso reciente del Ayuntamiento de Nápoles (Italia), donde el alcalde Luigi de Magistris aprobó en 2015 una serie de medidas administrativas para regular, promover e institucionalizar los bienes comunes en el ámbito urbano. Se trata de un proceso encaminado a reconocer jurídicamente espacios de autogobierno y desarrollar modelos de gestión ciudadana de bienes del patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento, vía por la que se han regularizado múltiples centros sociales de gestión ciudadana.
En las pocas ocasiones en que los comunes han logrado reconocimiento legal estatal formal se han valido de «hackeos legales», como por ejemplo las diversas licencias copyleft. La GPL, a veces también denominada copyleft, se celebra como un hito de los «hackeos» a las leyes de copyright. En lugar de bloquear el código, de entenderlo como propiedad privada, el copyleft asegura que cualquiera tenga la libertad de copiar, modificar o distribuir un programa de software según le parezca, e incluso la libertad de ponerle un precio y venderlo. La licencia logra este objetivo al insistir sobre un simple requisito legal: que cualquier obra derivada, tal como un programa de software modificado, también debe licenciarse bajo la GPL, para que a su vez se pueda compartir, y así sucesivamente, en lo que supone una manera de viralizar y proteger legalmente el intercambio de software, que seguirá siendo un bien común.
Inspiradas en GPL, las lincencias CC (Creative Commons o Comunes Creativos) indican que bajo sus licencias los trabajos están disponibles para compartir y reutilizar según condiciones específicas. Ambas licencias han sido cruciales para permitir que todo tipo de bienes comunes digitales se arraiguen y prosperen protegidos de posibles cercamientos, y que con el paso del tiempo hayan generado una inusitada economía de intercambio global de código de software, estudios de investigación, archivos fotográficos, música, cine, blogs y otros trabajos creativos.

 

Los actuales cercados comunales

No obstante, toda esta proliferación continua de comunes digitales, dada su eficiencia, utilidad y atractivo social, es un enorme terreno potencialmente cercable. El Mercado lo sabe y se está posicionando para explotar ese procomún digital. La emergencia del sector de la «economía colaborativa» es buen síntoma de ello, alimentada por nuevos modelos de negocio basados en plataformas web para compartir servicios y recursos. Se inicia con una dinámica colaborativa entre una comunidad, para que una vez generado el ámbito, la fidelidad y por tanto la «necesidad» de la comunidad, sea apropiada por la empresa que brinda el soporte (o plataforma). Nuestra ciudad no es ajena a ejemplos de ello: servicios privados de alquiler de coche con conductor, como la plataforma Cabify, que el pasado verano protagonizó un conflicto con el sector del taxi, o el caso de los alquileres de habitaciones con plataformas como Airbnb, que viene generando una nueva burbuja inmobiliaria con el alquiler en la ciudad.

«mientras Facebook y Google nos brindan servicios útiles de forma «gratuita», también realizan una agresiva extracción de datos sobre nuestra información personal para venderla posteriormente. Se trata del negocio de los metadatos»

El caso quizás más significativo es el de las redes sociales. Hay muchas comunitarias de software libre, pero las que se han conseguido implantar como hegemónicas son privativas: Youtube Facebook, Twitter, Instagram… Estas plataformas se asemejan a los comunes en muchos aspectos, pero con una diferencia significativa: están regidas por «términos de servicio» corporativos que los usuarios aceptan cuando se registran, de manera que entregan a las empresas datos e información para que los empleen a su antojo. Así, mientras Facebook y Google nos brindan servicios útiles de forma «gratuita», también realizan una agresiva extracción de datos sobre nuestra información personal para venderla posteriormente. Se trata del negocio de los metadatos.
Los metadatos son un concepto asociado a la archivística y pueden definirse como «la información de la información», los datos de los datos. Sin embargo, en los últimos años, con la explosión de la sociedad de la información, el concepto metadatos ha adquirido nuevos significados. Pese a que la palabra se sigue refiriendo a «los datos de los datos», la capacidad de almacenarlos y sobre todo procesarlos ha variado tanto que administrarlos en grandes cantidades («bigdata») se ha convertido en el nuevo oro del siglo XXI.
La información que generamos cuando usamos tecnologías digitales, por ejemplo en el caso de un email o una llamada, es metadatos: el horario, la fecha en que se envió y la localización desde la que nos conectamos la última vez, entre otros. Se puede predecir con casi un 90% de probabilidad dónde vamos a estar en cada momento de cada día del próximo año. Imaginemos cuánto vale esa información para el marketing de una empresa, por ejemplo. Tanto es así que las tres empresas más grandes del mundo en 2016 (Apple, Google, Microsoft) obtuvieron la mayor parte de sus ingresos precisamente a partir del bigdata, seguidas de cerca por Facebook y Amazon (la sexta y novena mayores empresas del planeta, respectivamente).

Smart Steps es una empresa perteneciente a Telefónica que se dedica a la venta de los datos de la compañía. Si eres usuaria de Movistar, esa empresa hace negocio con tus datos. Si vas a abrir un negocio en un determinado lugar y quieres saber cuánta clientela potencial pasa al día delante de esa ubicación, Smart Stpes te puede vender los datos, incluso para que los uses a tiempo real, saber a qué hora pasa la gente, si se detiene o no a ver el anuncio de oferta que pusiste en el escaparate, etc. Se sabe dónde están las personas, pero también qué compran, qué comen, cuándo duermen, cuáles son sus amigos, sus ideas políticas, su vida social.

«Obama fue el pionero. En la campaña de 2012 invirtió mil millones de dólares, contrató a un grupo de 40 freaks a los que metió en un sótano para que extrajeran datos hasta identificar al detalle 16 millones de perfiles personales de votantes indecisos»

Este volumen de información no solo se puede destinar a los negocios, sino que tiene otros muchos usos. Obama y Trump lo utilizaron en sus campañas electorales, algo que Hillary Clinton no hizo… y perdió. Obama fue el pionero. En la campaña de 2012 invirtió mil millones de dólares, contrató a un grupo de 40 freaks a los que metió en un sótano para que extrajeran datos hasta identificar al detalle 16 millones de perfiles personales de votantes indecisos. Con ellos empezaron a generar publicidad individualizada, no solo mediante mensajes, sino mostrándoles en Facebook de manera selectiva solo aquellos compromisos de la campaña con los que estarían de acuerdo. No era propaganda de campaña, sino artículos de prensa bien elegidos que les llegaban a través de los muros de sus amigos, sin que ni siquiera fueran visibles para estos: es una práctica que cada usuario de Facebook autoriza cuando firma las condiciones de registro. Así, en 2012 Obama y su equipo inclinaron la opinión del 78% de esas personas indecisas.

«Bastan entre 100 y 250 «Me gusta» de un usuario de Facebook para predecir su orientación sexual, origen étnico, opiniones religiosas y políticas, nivel de inteligencia y de felicidad, consumo de drogas, etc.»

Trump también lo ha hecho más recientemente. Bastan entre 100 y 250 «Me gusta» de un usuario de Facebook para predecir su orientación sexual, origen étnico, opiniones religiosas y políticas, nivel de inteligencia y de felicidad, consumo de drogas, etc., según un estudio realizado en Cambridge por el investigador de origen polaco Kosinski. Con esto en mente, un empresario creó Cambridge Analytica y Trump contrató sus servicios para las elecciones. Usaron esa metodología para elaborar los perfiles de cada una de las personas que podía votar: casi 250 millones de perfiles. Obama tenía 16 millones; Trump los tenía todos.
¿Es esto legal? Y en caso afirmativo, ¿conviene que así sea, habría que regularlo de alguna manera? La realidad es que nuestros metadatos no se obtienen de manera delictiva, sino que se generan permanente y legalmente. Hoy por hoy no hay casi legislación que lo regule, y además una normativa de protección de datos personales en relación al uso o al tratamiento de la información intercambiada o compartida abre muchas grietas. Un ejemplo: Google almacena un fichero con nuestros datos de carácter personal y por tanto debe cumplir la actual legislación española de protección de datos (la LOPD). Por supuesto, es posible borrar los datos de los servidores del índice y de la caché de Google servidos por Google España si así lo solicitamos, pero, ¿qué ocurre cuando vamos a Google.com? Que tus datos siguen ahí. Y es perfectamente legal, y aun cuando no lo fuera, ¿quién litiga contra Google, qué le supondría a Google en relación a sus beneficios sino una multa por no cumplir la LOPD?
En otro de los artículos de este número de Gente Corriente revisaremos un caso reciente de intento de acceso y privatización de metadatos sobre la fiscalidad de la población en la provincia de Málaga.
Como se ha visto, todo este relato se incardina de lleno en acontecimientos que no dejan de sucederse. En esa batalla de lo viejo sobre lo nuevo parece que no se quieren entender los recientes comunes urbanos o que, precisamente porque sí se entienden, se pretenda cercarlos. Lo vimos en octubre de 2017, cuando el grupo municipal del partido Ciudadanos (con el respaldo del Partido Popular) presentó en el Pleno una moción para pedir el desalojo y la privatización en su gestión de un bien común arraigado desde hace más de una década en la ciudad, como es La Casa Invisible. La batalla por La Invisible aún está por librar y no se resolverá en el corto plazo, pese a que la suma de ambos partidos aprobara la moción. Tampoco se resolverá el conflicto histórico que estamos protagonizando y mediante el que se rearticulan los equilibrios entre los tres ejes, Mercado-Estado-Comunes, cada uno en fase de transformación a causa de los cambios en las tecnologías y las subjetividades en proceso.

Fuentes:
Pensar desde los comunes (David Bollier, 2016. Traficantes de Sueños). «Una vida que se basta a sí misma: la revancha de los “valores del sur”»  (Amador Fernández-Savater. eldiario.es, 30/7/2017). «Reapropiarse de los bienes comunes: producir movimiento, datos, norma» (Mauro Castro y Rubén Martínez Moreno, La Hidra Cooperativa. Diagonal, 6/1/2017)

Málaga y su litoral: historia de una colonización

Málaga es una ciudad que hasta tiempos recientes ha vivido y se ha desarrollado de espaldas a su línea costera, con la que, una vez «descubierta», en buena medida estableció una relación depredadora. Y es que hasta bien transcurrido el siglo XIX, salvo asentamientos puntuales, la ciudad no comenzó a dar un uso estable a la costa, más allá del portuario. De hecho, en este recorrido del proceso colonizador del litoral tomaremos como referencia la situación central que ocupaba el Puerto.

1. La colonización del Litoral Este

Asentamiento burgués y balnearios

A finales del siglo XIX, aprovechando los beneficios del desarrollo industrial acumulados a partir del segundo tercio, y a raíz de cierto estancamiento y crisis del modelo, la burguesía diseña todo un plan de transformación y colonización desde el centro al este, según una lógica de complemento y alternativa productiva. Para ello aprovecha gran parte de los terrenos ganados al mar con la remodelación del puerto (1880-1897). Frente a un litoral oeste industrializado, y un centro colapsado e insalubre, la burguesía opta por valorizar un nuevo litoral, atractivo por lo accidentado de su geografía y la belleza de las edificaciones burguesas que se habían ido construyendo, además de bien conectado.

«A finales del siglo XIX, aprovechando los beneficios del desarrollo industrial acumulados a partir del segundo tercio, y a raíz de cierto estancamiento y crisis del modelo, la burguesía diseña todo un plan de transformación y colonización desde el centro al este, según una lógica de complemento y alternativa productiva»

Con la idea de darle un cariz turístico de balneario a la ciudad, en 1897 surge la Sociedad Propagandística del Clima y Embellecimiento de Málaga. Su tarea se enfoca en promover el embellecimiento de la ciudad, por un lado, y por el otro atraer a extranjeros bajo el reclamo del clima, antecedente lejano de la revolución turística de los años cincuenta. De esta manera se crea la calle Larios, se amplía la Alameda, que se conecta con el Hospital Noble mediante un gran parque, a su vez unido al paseo de Sancha, Caleta, Limonar, etc.

Este proceso viene a consolidar y acelerar una dinámica que se había dado durante años: la trasposición y colonización de la burguesía desde el centro hacia la zona este de la ciudad. Escapan de un centro de calles y casas hacinadas e insalubres a consecuencia de la falta de infraestructuras y del incremento poblacional generado por la industria, y buscan las nuevas zonas residenciales: Cañada de los Ingleses, Caleta, Limonar, Monte Sancha, Miramar, Camino Nuevo…

El factor de atracción serán los baños. Su tradición se remonta a mediados de siglo, con los baños de agua dulce que surgen principalmente con fines higienistas: La Delicias, Salón Roma, Baños de Ortiz… Posteriormente abren nuevos baños, aún de agua dulce, pero más ligados al mar, como Diana (1843), Estrella (1859), Apolo (1879), vinculados a los muelles y las playas para quienes no pueden permitirse pagar los baños: Playas de los Ciegos y Sanidad para las mujeres; de Pescadería y del Banco para los hombres.

Los vertidos fecales y el nuevo proyecto de puerto provocan que la actividad bañista se mude a La Malagueta, y hasta allí se trasladan los baños de La Estrella y Apolo, que perduran años. La actividad del baño se va ligando a otras de tipo cultural, ocio, deportivas, etc. La renovación viene de la mano de los Baños del Carmen, que a partir de 1918 introducen un nuevo concepto de baños en agua de mar. Posteriormente llegan los primeros hoteles de lujo: Caleta Palace en 1920 y Príncipe de Asturias en 1926 (actual Miramar).

«nace una nueva relación y usos de la costa dirigidos al ocio, la salud, el deporte, la cultura, etc., aún  por encima de la lógica del negocio turístico»

Con todo este proceso nace una nueva relación y usos de la costa dirigidos al ocio, la salud, el deporte, la cultura, etc., aún por encima de la lógica del negocio turístico. Se trata de una nueva forma de relacionarse con el litoral que, sin embargo, no llegó a generalizarse y consolidarse hasta décadas después: una relación productiva con el territorio, tanto en el ámbito industrial (del litoral oeste) como en el incipiente turístico, lejana todavía de la rentista promoción inmobiliaria.

Superando cerros y arroyos

A mediados del siglo XIX El Palo apenas contaba unos 1.000 habitantes, repartidos entre las cuevas, con un sostén vital vinculado a la agricultura, y la costa, donde se mantenía una tradición agrícola, añadida a una progresiva relación con el mar a través de la pesca. La plaga de la filoxera en 1878 atrajo un flujo de nueva población desde las localidades de la Axarquía. Gran parte se asentó en el Centro, Trinidad, Perchel o en los incipientes barrios obreros cercanos a las fábricas. Otra optó por mantener un modo de vida más similar al de origen y se asentó en El Palo, tanto en las cuevas como en la costa. Cabe destacar que algunas de las viviendas de autoconstrucción reproducían las típicas de la zona de procedencia, con porches emparrados, por ejemplo. Aparte del Palo, a lo largo del litoral este solo había unos pequeños asentamientos en San Telmo y Caserío de Pedregalejo, de no más de 100 habitantes.

A diferencia de otros procesos de urbanización y colonización, los del Palo y toda la costa este vinieron precedidos por los de la construcción de infraestructuras que permitieran una comunicación con el núcleo urbano, algo muy condicionado por los accidentes geográficos de arroyos (Caleta, Bellavista, San Telmo, Pistones, Jaboneros, Miraflores, Gálica) y cerros. Pese a las dificultades que acarreaba, parecía la opción más viable de extensión urbana, con un sur limitado por el puerto y el mar, un norte muy condicionado por la inundabilidad del Guadalmedina (que no se resolvió hasta años después con la construcción del pantano del Agujero) y un oeste que, como veremos, estaba copado por el desarrollo industrial.

Para que todo ello fuera posible el puerto y su ampliación resultaron clave. Por una lado el muelle de levante había provocado un aterramiento, al acumular sedimentos arrastrados por el arroyo de La Caleta, lo que permitió plantearse la colonización del nuevo terreno surgido, que precisamente recibiría el nombre de «La Caleta» por el arroyo y que coincide con La Malagueta actual. No obstante, la disputa por la titularidad de los suelos entre Ayuntamiento y la jurisdicción militar impidió en un inicio la evolución residencial, lo que derivó en un uso predominantemente industrial (Ferrería del Ángel, fábrica de azúcar de los Heredia, además de múltiples talleres, almacenes, etc.).

Sin embargo, fue sobre sobre todo la necesidad de piedras para la ampliación del nuevo puerto el factor clave del desarrollo de nuevas infraestructuras de comunicación hacia el este. Primero fueron las canteras de San Telmo, para cuyo traslado hasta el nuevo puerto se creó un embarcadero (Puerto de la Cantera), que posteriormente generó una acumulación de sedimentos y dio lugar a usos de baños y recreo: los Baños del Carmen. A su vez, el desmonte de la cantera permitió la colonización de la zona del cauce del arroyo, mientras que el desvío interior para rodear la cantera del itinerario hacia Almería facilitó la conexión de asentamientos incipientes, como el Pedregalejo actual.

La mala calidad de la piedra de estas canteras llevó a la explotación de otras nuevas más al este, por la zona del Peñón del Cuervo. Dado que la carretera no disponía de puentes sobre los arroyos y había que trasladar los materiales hasta el nuevo puerto, se construyó un ferrocarril para conectar con el embarcadero de San Telmo y posteriormente con el propio puerto (1888). El aprovechamiento posterior de esta infraestructura conectó el centro de la ciudad con el extremo este en El Palo. Así se abría el camino para la posterior conexión ferroviaria con Vélez (1908) y Ventas de Zafarraya (1920), operativas hasta 1967, mediante el tren conocido popularmente como «La Cochinita».

Aun así, lo que realmente vertebró la ciudad hacia el este fue el tranvía que conectó definitivamente el Centro con El Palo en 1889. Con diversas mejoras y desarrollos posteriores, en 1921 funcionaba durante 14 horas ininterrumpidas, con una frecuencia de 20 minutos, de manera que el trayecto desde El Palo al Centro podía dilatarse unos 30 minutos.

Años después el trazado del paseo marítimo, a partir de 1928, fue lo que acabó de vincular El Palo y toda la zona este con el núcleo de la ciudad.

2. La Colonización del Litoral Oeste

El punto de partida eran dos arrabales históricos al otro lado del río Guadalmedina, verdadera frontera geográfica y social: la Trinidad y El Perchel. Este último siempre estuvo vinculado al mar (su nombre deriva de las perchas destinadas a los salazones), hasta el punto de que es el primero de los barrios de pescadores de la ciudad desde los tiempos romanos y se consolidó con los árabes. Ambos arrabales carecían de infraestructura básicas, siempre postergadas por empresas más prioritarias.
La colonización urbana de esta zona de la ciudad venía dificultada por varios factores. Por un lado encontramos la barrera geográfica que suponía el río Guadalmedina: hasta 1912, en que se empieza a construir el puente de Armiñán, solo existía el puente de hierro de Tetuán, de 1859. Posteriormente, en los años veinte, se arranca con el proyecto de construcción de dos nuevos puentes: el de la Aurora y el del Carmen.
Por otro lado tenemos la ubicación de la mayor parte de las industrias en el litoral oeste, atraídas por las facilidades comunicativas que les proporcionaba la cercanía del puerto, la estación de ferrocarriles, el trazado de vías a lo largo de litoral y el eje que componían el puente de Tetuán sobre el Guadalmedina, la carretera de Cádiz y el puente sobre el Guadalhorce. Con ello, la zona se configuraba como la más idónea para el desarrollo industrial de la ciudad, y su limitado uso residencial vino precisamente promocionado por las propias industrias para sus trabajadores y trabajadoras. Así, tenemos los casos, aún en el siglo XIX, de los corralones en El Bulto para familias obreras de La Constancia y la Industria Malagueña, y los de Huelin, que por su importancia desarrollamos posteriormente. Ya en el siglo XX tenemos en Los Guindos los casos de las Casas Baratas, a inicios de siglo, y las Viviendas Protegidas en la posguerra.
De esta manera se mantuvo el litoral hasta bien transcurrido el siglo XX, cuando dos factores cambiaron definitivamente el escenario: el Plan de los años setenta, por el que se reubica la zona industrial más allá del ronda exterior, y el desmantelamiento del ferrocarril a Coín, que transcurría por todo el litoral. Tras ello, la costa adquiría un valor y uso vinculados al nuevo paradigma de la época: el desarrollismo inmobiliario y turístico.

3. La Málaga Industrial

La industria llega a Málaga en el segundo tercio del siglo XIX de la mano de familias burguesas que, procedentes del extranjero, paulatinamente se asentaron en la ciudad. A grandes rasgos el reparto era los Heredia (ferrerías), los Larios (textiles y azucareras) y los Loring (comerciantes): en 1832-33 Heredia crea las Ferrerías de la Constancia, en 1846 Heredia-Larios crean la industria textil Industria Malagueña S. A., en 1856 Larios funda la textil de La Aurora, en 1862 Heredia crea las refinerías de azúcar en La Malagueta y en 1872 los Huelin las instalaciones azucareras San Guillermo en San Andrés.

En esta zona de la ciudad se van instalando, junto a las más significativas ya citadas, otras muchas y muy diversas industrias, como la Fábrica de Gas, la Industria Lapeira Metalgraf (de estampaciones en hoja de lata), la industria de vehículos Taillefer, de harinas Castel, la Fábrica de Tabacos, y otras de curtidos, sombrerería, pinturas, vinos, licores, alimenticias en general, etc.

Se trata de una nueva burguesía que releva a la de comerciantes acomodados que le precedió, y que trae ideas e impulso para implantar la industria en Málaga. Con ese fin eleva fábricas, importa maquinarias, trae técnicos y artesanos extranjeros, promueve grandes infraestructuras, teje nuevas redes comerciales. Al tiempo, aplica duros modelos de explotación agrícola, así como técnicas disciplinarias en la producción fabril, incluso de reproducción social.

Es una burguesía centrada en lo productivo y alejada de los intereses promotores e inmobiliarios, ajena por tanto a una acumulación de fincas y una modelación física de la ciudad desde una lógica de negocio organizado. Por el contrario, la transformación urbana respondía más a una dinámica diversa, distribuida e individualizada, sin que por ello esta burguesía dejase de ser parte predominante de las modificaciones físicas urbanas de la época, si bien como consecuencia de sus intereses productivos (fábricas e infraestructuras).

Es así que el asentamiento industrial marcó en gran parte el desarrollo urbano y de infraestructuras de la época, por ejemplo con el ferrocarril hasta Córdoba para hacer frente a la necesidad de suministro de carbón, más económico en las minas de la comarca de Bélmez. Aun así el proyecto tarda en hacerse realidad, y las dificultades con el suministro de carbón, que es caro si se depende del inglés o asturiano, unido a un puerto insuficiente, desaceleran el desarrollo industrial.

Después de años de cierres y estancamiento, tras el cambio de siglo, la década de los años veinte supone la activación económica posterior a la Primera Guerra Mundial, que trae la apertura de una nueva fundición, la Compañía Sidero Metalúrgica de Los Guindos, en la zona de La Misericordia (que perdura hasta 1979), y la Fábrica de Tabacos (hasta 2002).

El barrio obrero planificado de Huelin

El segundo tercio del XIX es el momento de la transformación industrial de la ciudad, o más bien su paso de precapitalista a capitalista.

Como todo cambio de paradigma, se da una etapa-periodo de «campo ciego»: un tránsito, de acuerdo con Lefebvre, en el que los protagonistas desconocen los mecanismos por lo que se rigen la (su) nueva realidad, e incluso intentan aplicar a la nueva coyuntura criterios y certezas anteriores: percepciones, principios, teorías, lenguajes, racionalidades previas. A la vez, además de sus protagonistas, nos hallamos ante un escenario en absoluto preparado a nivel técnico-jurídico para los cambios en proceso, sin capacidad para regular las consecuencias y comportamientos contradictorios de los diferentes agentes sociales de la nueva ciudad.

A lo largo de décadas, miles de personas abandonan su medio y se desplazan desde su hábitat rural a otro urbano y hostil para desarrollar labores que les eran ajenas hasta entonces. Los mecanismos, dispositivos y estrategias para disciplinar y sacar rendimiento a esta masa obrera suponen una nueva materia por experimentar y consolidar. Y aun más: cómo extender la disciplina allende los muros de la fábrica. A la vez, las formas en que sus protagonistas, la incipiente clase obrera, tejerían nuevas redes sociales y artilugios para sostenerse y soportar semejante escenario era otro basto campo por explorar, por lo general de manera conflictiva. La nuevas fábricas que se asentaban y sus habitantes eran islas que configuraban un archipiélago de modernidad que no concordaba con el territorio y el escenario preexistente.

Es en esta coyuntura que en 1861 surge el Plan de Ensanche, del arquitecto José Moreno Monroy, casi contemporáneo a los redactados para Barcelona (Ildefonso Cerdá) y Madrid (José María de Castro), los tres precursores y experimentales. Por primera vez se intenta superar un entendimiento parcial de la ciudad, con una perspectiva global del espacio urbano para definir un programa de cambios físicos sobre la totalidad. Este plan, sin llegar a desarrollarse en su integridad, marca, prefigura y deja sentadas la ideas de un modelo de ciudad que perdurará en gran parte hasta el Plan General de Ordenación Urbana de 1983-84.

El plan esboza un nuevo escenario urbano que transformaba radicalmente la ciudad para adaptarse a la nueva realidad capitalista e industrial. Sin embargo, la aplicación no fue inmediata para un plan que respondía más a los intereses de una burguesía industrial y de grandes comerciantes que a los de la propiedad inmobiliaria, más centrados en la especulación del suelo. Los unos pretendían ensanchar la ciudad para reducir densidad y epidemias, los otros subdividir y aumentar la edificabilidad de sus propiedades, a la vez que regenerar y equipar su entorno, es decir, una intervención intraurbana. Es bajo esta lógica que se desarrollan los planes de ampliación del puerto, expansión del centro al sur en conexión con el eje de La Caleta, vía Alameda, Parque, Paseo de Sancha, etc. En definitiva, el proyecto de ciudad-balneario. Aun así, la técnica del ensanche se aplica en concreto en la extensión de la ciudad por la costa, primero (1866) en la zona de la Malagueta una vez terminado el largo litigio entre Ayuntamiento y jurisdicción militar, y posteriormente (1868-70) en la construcción del barrio obrero del Huelin en terrenos adyacentes a las industrias de La Constancia y la Malagueña.

«La construcción del barrio de Huelin supone una ruptura con la mencionada tendencia de la burguesía de no vincularse a la renta inmobiliaria, tal y como se desprende del número de viviendas proyectadas. Con ellas, el industrial le descontaba a su personal parte del sueldo en concepto de alquiler por la vivienda. Es a raíz de este proyecto que se tiende a una progresiva y creciente vinculación de la burguesía con el sector»

La construcción del barrio de Huelin supone una ruptura con la mencionada tendencia de la burguesía de no vincularse a la renta inmobiliaria, tal y como se desprende del número de viviendas proyectadas. Con ellas, el industrial le descontaba a su personal parte del sueldo en concepto de alquiler por la vivienda. Es a raíz de este proyecto que se tiende a una progresiva y creciente vinculación de la burguesía con el sector, de manera que a partir del último tercio del siglo y los primeros años XX se da una tendencia a la concentración de las propiedades inmobiliarias.

El proyecto del arquitecto Juan Nepomuceno se izaba sobre unos terrenos propiedad del industrial y financiero Eduardo Huelin, que le dará nombre, ubicados entre las últimas fábricas al oeste de la ciudad y los terrenos agrícolas que constituían la vega del Guadalhorce, con el litoral marítimo al sur. A finales de siglo se habían construido más de 800 viviendas. Supone además un precedente y modelo para posteriores y similares proyectos, en el ensanche norte de la Trinidad (Tres Cruces), en la extensión de El Bulto (calle López Pinto) o en las cercanías de la fábrica La Aurora del barrio de La Pelusa (apelativo que recibían las trabajadoras textiles algodoneras).

No es baladí que el proyecto surja en el marco del Sexenio Revolucionario (1868-1874), en el que la organización y revuelta obrera habían alcanzado cotas considerables. La experiencia pone el punto de mira en dos focos: la taberna y el corralón. La taberna era considerada una fuente de alcoholismo y riñas, pero al mismo tiempo un lugar privilegiado para la propagación de ideas: «el obrero se inicia en todos los vicios posibles, y falsea su inteligencia alimentándose de absurdas utopías» (Prat de la Riba). La taberna sirve además como lugar de escape necesario ante el hacinamiento del corralón. Son corralones que se configuraban a su vez como el otro lugar privilegiado de sociabilidad, donde, sin intimidad ni espacio vital, se compartía prácticamente todo, también los malestares e ideas revolucionarias.

Era por tanto el momento idóneo para, mediante argumentos moralizantes e higienistas frente a la infravivienda del corralón, abogar por la vivienda unifamiliar. Esto suponía el inicio de un proceso por el que se pasaba de los espacios urbanos y de habitabilidad (atravesados por la comunicación y la sociabilidad) a un modelo que atomiza la familia (en su vivienda) para posteriormente generar un individuo clausurado o desenraizado, propio de la sociedad capitalista evolucionada neoliberal.

Huelin pretendía un proyecto alejado de otros precedentes como los corralones que en 1851 había promovido Manuel Agustín Heredia en El Bulto. En palabras de su arquitecto, Juan Nepomuceno, «el operario que pasa todas la horas de su trabajo en la gran familia del taller; es indudable que cuando este se retira a su vivienda anhela aislarse de todos para reconcentrarse solo en su propia familia». Se trata, pues, de un espacio de clausura y reproducción. Los trabajadores y trabajadoras de las fábricas malagueñas que vivían en los corralones del centro o los barrios de El Perchel y la Trinidad en condiciones cercanas al hacinamiento, con una sola habitación (o «sala»), con cocinas y aseos comunes, tendrían acceso a una vivienda unifamiliar con dormitorio, alcoba principal y cocina, además de un pequeño patio para jardín, lavadero o criadero de gallinas o cebadero de cerdos.

Ganaban en espacio y en comodidad, pero en esta iniciativa del industrial, como veíamos, había algo más: esas casas garantizaban o buscaban «paz social». Por si fuera poco, el proyecto prevé trasladar el orden y estatus de la fábrica al espacio urbano. Las únicas y mejores casas a dos alturas instaladas en las esquinas de cada manzana estaban reservadas para los capataces, de modo que los ojos de los superiores no solo vigilaban en el trabajo, sino también en el barrio. La estrategia es clara: por un lado llevar la disciplina al medio urbano, de lo que encontramos un buen ejemplo en el «mosaico de órdenes» de San Eugenio, una colonia obrera posterior, y por otro «aculturizar» a sus habitantes para adquirir y naturalizar el nuevo cuerpo de normas y valores.

Sumado a ello, no tarda tiempo el barrio en ser equipado con nuevos dispositivos que también comportan grados de control: una escuela, un dispensario médico y una iglesia. Un dato que lo ilustra: en 1878 solo el 26% de los niños y el 12,4% de las niñas de entre 10-14 años estaban escolarizados, pues la tendencia era la temprana incorporación al mundo del trabajo, lo que manifiesta la utilidad normalizadora de la escuela por encima de la educativo-formativa.

«Nos hayamos ante una incipiente ciudad capitalista, con dispositivos de autorreproducción de modelo a través de la incomunicación como mecanismo de control social frente a una periferia histórica obrera y popular. En esa periferia, las condiciones imponían la comunicación, la pertenencia a redes sociales y el desarrollo de un modelo cultural comunitario»

Nos hayamos ante una incipiente ciudad capitalista, con dispositivos de autorreproducción de modelo a través de la incomunicación como mecanismo de control social frente a una periferia histórica obrera y popular. En esa periferia, las condiciones imponían la comunicación, la pertenencia a redes sociales y el desarrollo de un modelo cultural comunitario, todo lo cual generaba homogeneidades ideológicas peligrosas para la burguesía.

Pese a todo ello, el caldo de cultivo para la conflictividad estaba servido. Las mencionadas técnicas de explotación y tecnologías que los industriales importaban acaban afectando a las condiciones del trabajo y los salarios. Los Larios, incluso antes que en Barcelona, venían implantando en Málaga dentro de la industria textil algodonera los husos y telares mecánicos, cuya primera consecuencia era una sustitución de trabajo cualificado (masculino) por otro menos cualificado para el que recurrían a mujeres (más barato). La progresiva inversión económica en tecnología la compensaban con rebajas salariales.

La situación estalla con la revolución de 1868, en un contexto de crisis financiera y de subsistencia arrastrada desde 1866. En Málaga, los obreros de la Industria Malagueña, en general influidos por la crisis de subsistencia, cesan en el trabajo y se dirigen a la vivienda de Martín Larios en la Alameda (hoy edificio de La Equitativa). Empuñando muchos de ellos pistolas y lanzando gritos de «a las armas» disparan varias veces a las puertas del edificio. La manifestación surte sus efectos y el día 20 de octubre, ya de noche, se reparten unas hojas entre los trabajadores con la firma Martín Larios e Hijos y el siguiente texto: «Habiendo visto el disgusto manifestado por los trabajadores y trabajadoras de los telares de mi fábrica y deseoso de evitar todo disgusto, ofrecemos a los mismos que, desde mañana, se les pagará un 20 por ciento, oséase, una quinta parte más del precio que se les ha venido pagando hasta aquí».

Es de destacar por su singularidad histórica la huelga de 1890. Ese verano estalla una huelga de las mujeres tejedoras, muchas de ellas vecinas de un barrio para el que ese verano debió de ser dramático, ya que coincidía con el cierre de la siderurgia de La Constancia, incapaz de competir con las del norte ante la imposibilidad de surtirse de combustible barato. La importancia de esta huelga estriba en el protagonismo de las mujeres y en la asociación de los trabajadoras más allá de su fábrica en incipientes organizaciones del proletariado, hasta el punto de que reciben apoyos para sostén económico de la huelga desde distintas fábricas textiles de Europa. Hacia las 10 de la mañana unas mil mujeres se concentran en la casa Larios y un comité de trabajadoras dialoga con los representantes de Larios sobre un aumento en el jornal. Reciben la negativa «debido a la depresión económica por la que atravesaba la empresa». La huelga se prolonga hasta el 15 de agosto de ese mismo año. Son muchas los detenciones, incluso la del máximo dirigente del PSOE, Pablo Iglesias, acusado de actuar en la huelga como asesor.

La situación, lejos de mejorar, fue a peor para las trabajadoras y vecinas del barrio: la mecanización continuaba, las trabajadoras descualificadas se importaban directamente desde las ocupaciones agrícolas, con cada vez peores condiciones, y la huelga estalla de nuevo en 1894 y en no pocas ocasiones posteriores.

Lo que sigue y engloba a este ejemplo concreto es todo un largo y complejo periodo de organización obrera, que adquiere su máximo exponente a raíz del proceso revolucionario de 1936. Duró hasta que en febrero de 1937 sufre un quebranto trágico como consecuencia de la toma de la ciudad por las tropas fascistas, que culmina con la conocida «Desbandá», la huida de una población desesperada en dirección a Almería mientras era bombardeada por mar y tierra, lo que a la postre causó la muerte de alrededor de 5.000 personas.

4. Cambio de paradigma: la ciudad turística

A finales del siglo XIX empieza a resquebrajarse la prosperidad alcanzada: la siderurgia entra en declive por la dificultad para conseguir combustible a buen precio; la caña de azúcar no puede competir frente la remolacha; el comercio decae sensiblemente; la agricultura queda arruinada por los devastadores efectos de la filoxera que arrasa el viñedo. En la etapa final del siglo se produce un descenso general de las actividades económicas, observándose incluso una disminución demográfica.

La crisis, con sus secuelas de pérdida de empleo, hundimiento de empresas y descenso general de las actividades económicas, lleva a buscar otras fuentes de riqueza. Algunas personas ven en el turismo una alternativa, con la idea de que Málaga saque partido a su privilegiado clima, y es a raíz de esta crisis que surgen las verdaderas iniciativas que cristalizan en 1897 con la creación de la Sociedad Propagandística del Clima y Embellecimiento de Málaga.

Aun así la primera mitad del siglo XX fue una etapa en transición. La antaño pujante industria malagueña perseveraba y se reinventaba en un intento por sobrevivir, al tiempo que un escenario global y local de enorme conflictividad social y política dificultaba la consolidación de cualquier intento de modelo turístico. Con ello, la fisonomía y usos del litoral de la ciudad varían poco respecto a los últimos años del siglo XIX. Tan solo destaca la expansión de la ciudad hacia el oeste mediante la construcción, en el periodo autárquico del franquismo, de viviendas destinadas a la población obrera, junto a la proliferación de chabolas, la consolidación residencial y de ocio burgués en la zona de La Caleta, así como el progresivo crecimiento de los asentamientos en Pedregalejo y El Palo, que evolucionaban hacia una idiosincrasia más pescadora.

La década de los cincuenta llega con un cambio de ruta en la Dictadura después de años de autarquía. El sistema económico y la sociedad se ahogan, el Régimen no puede sostener más un escenario estancado. Simultáneamente los Estados Unidos ven en España un territorio geoestratégico y por explotar, con lo que hacen una apuesta inversora, a la vez que demandan una apertura al Régimen con la que maquillar el respaldo a la dictadura.

Parece que se cuadran las condiciones para, después de más de medio siglo enunciándolo, abogar definitivamente por una Málaga turística. Con las inversiones aparecen las nuevas infraestructuras que preparan el escenario para la llegada masiva de turistas.

«El verdadero boom turístico se consolida realmente en los años sesenta. Se da una transformación evidente, primero tímidamente y después con empuje, y el estado también invierte para la promoción de la costa. Los hoteles crecen al sol y los visitantes descubren que Spain is different, barata y soleada»

El verdadero boom turístico se consolida realmente en los años sesenta. Se da una transformación evidente, primero tímidamente y después con empuje, y el estado también invierte para la promoción de la costa. Los hoteles crecen al sol y los visitantes descubren que Spain is different, barata y soleada. Se da una evidente permisividad y apertura en sitios clave, como Torremolinos (que aún formaba parte de la capital), donde se ven y toleran comportamientos impensables en otros lugares de la España franquista. La llegada de aire fresco en forma de turistas va transformando el ambiente y las subjetividades locales en un proceso de contagio cultural.

Al mismo tiempo, el cambio de modelo productivo favorece a unas élites del Régimen con grandes intereses vinculados tanto a la propiedad de tierras como al negocio inmobiliario y financiero. Mientras, la masa trabajadora se ve abocada a cambiar progresivamente desde un paradigma principalmente agrícola e industrial a otro ligado al sector servicios y de la construcción, y con ello a la rebaja de la cualificación y calidad laboral.

La transformación implica también un cambio desde el modelo productivo que caracterizaba la industria, a otro especulativo y rentista. Aparejado a esta nueva lógica se da un escenario abocado a una corrupción que intensifica y abona los beneficios (información privilegiada, influencias, adaptación o directamente forzamiento de las normativas, evasión de impuestos, etc.). Se sientan las bases del ciclo: el binomio sol-ladrillo y las prácticas corruptas, que caracterizarán hasta nuestros días el modelo productivo español con su sucesión de burbujas y crisis. La llegada de la democracia, y con ella del llamado Régimen del 78, intensifica y profundiza el modelo, mientras que el ingreso en 1986 en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, desmantela los últimos restos industriales y en el reparto global de mercado a nuestro territorio se le asigna un papel exclusivamente turístico. Por otro lado, al margen de una democratización en las formas y las libertades, se mantienen y reproducen las mismas élites del anterior régimen, aderezadas con las vinculadas al aparato de partidos que sostiene al nuevo.

Olvido de la historia, impostura de la memoria

Tal y como describíamos, en la transición hacia el modelo industrial se da de nuevo un periodo y proceso de adaptación institucional, organizativa y subjetiva. Ya hemos comentado, para el caso concreto de la Dictadura, la apertura, también el cambio de sector productivo para las personas trabajadoras, y la correspondiente transformación subjetiva que implicaban ambos hechos.

El espacio urbano no es ajeno a este proceso transformativo. Otra vez, detrás de la solución a problemas y necesidades evidentes hay una agenda oculta, en este caso la fragmentación y eliminación de todo lo que oliese a comunidad obrera, para posteriormente borrar cualquier memoria o vestigio. Si algo había supuesto un contratiempo durante el último siglo para el flamante capitalismo industrial eran las comunidades obreras que generaba.

Y es así que ante antiguos anhelos y necesidades de la ciudad, como sanear áreas muy densificadas y deterioradas o abrir nuevas arterias de comunicación, se aprovecha para arrasar y fragmentar las zonas de la ciudad de tradición más políticamente conflictiva. Es el caso, por ejemplo, del Perchel, con el recurso de abrir la nueva avenida de Andalucía. Corre el año 1940, justo recién instaurado el nuevo régimen fascista y tras años de purga social, cuando se inician las expropiaciones y derribos. La nueva vía proyectada atravesaba el barrio y su construcción implicaba la desaparición de cientos de edificios y de numerosas calles, para lo que fue necesario reubicar a miles de personas. El barrio obrero quedaba dividido por una brecha geográfica en dos sectores, uno al sur, articulado por las calles Ancha y Cuarteles, y otro al norte, en torno a la iglesia de Santo Domingo, que lindaba con el barrio de la Trinidad.

Lo que es un ejemplo particular, marca la tendencia de las próximas décadas, de manera que, a diferencia de otras muchas ciudades, Málaga borra sistemáticamente cualquier resto o memoria de su pasado obrero, hasta el punto de reinventar la historia e identidad de barrios como Huelin.

En efecto, como contábamos, Huelin era un barrio obrero, rodeado de fábricas y habitado y colonizado progresivamente por más y más población atraída por la industria. Evidentemente, como en todo barrio o poblado que habita al lado del mar, en los núcleos chabolistas, construidos sobre la misma playa y más allá de las vías del tren que la transitaban, se recurría de manera puntual, o habitual, a una pesca que siempre ha sido de buena ayuda. Más allá de esto, y de que progresivamente la tendencia se acentuara, Huelin ha sido un barrio obrero, muy cercano al mar, pero a la vez construido de espaldas a un litoral que se veía copado por las instalaciones fabriles, las infraestructuras de comunicación y afectado por la contaminación: un barrio que hasta el siglo XXI no ha podido abrirse al mar.

Pese a todo ello, en las sucesivas remodelaciones urbanísticas de las plazas y calles del barrio ha sido recurrente la instalación de elementos o símbolos marineros que evidentemente embellecen, generan un ambiente agradable y no dejan de tener su parte de verosimilitud. Con todo, en contraste con la realidad obrera del barrio y la visibilidad que esta tiene, no deja de ser un hecho significativo de maquillado y construcción forzada de un nuevo imaginario que llegó incluso hasta la fe. Así lo prueba que el tradicional Cristo del Pañuelo, venerado como patrón por las familias obreras del barrio, fue olvidado y relegado por la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores, que hoy día se saca en procesión con toda una escenificación marinera para la que se recurre, por ejemplo, a trajes que nunca usaron los pescadores.

5. Málaga en venta

Pasan los años y más allá de la coyuntura local con la Dictadura y la apuesta por el turismo, el capitalismo global muta definitivamente desde el productivo industrial al financiero especulativo. En el cenit del modelo entran en crisis también las subjetividades que lo protagonizan, el movimiento obrero en tanto que sujeto único de lucha y las instituciones que lo vertebran, como sindicatos y partidos comunistas. Mayo del 68 supone un punto de inflexión y enmienda desde unas nuevas subjetividades que no se ven representadas en sus formas, valores y prácticas, pero que a su vez se reivindican como sujetos de lucha: mujeres, LGTBI, jóvenes, ecologistas, minorías étnicas, etc., ponen su agenda política sobre la mesa, a la vez que nuevas formas organizativas.

Una vez más nos hallamos ante un cambio de ciclo, al que los distintos agentes sociales han de adaptarse. Las fobias (disciplina, rutina, jerarquías) y filias (libertad, creatividad, horizontabilidad) de las nuevas subjetividades emergentes son rápidamente leídas y reinterpretadas por un capitalismo que se reinventa para capturarlas. Se recurre a los medios y el consumo para seducir con ofertas singulares; el trabajo muta a emprendedor, innovador, creativo, experimental; la vieja empresa piramidal deviene archipiélago de filiales, con equipos de trabajo y freelance. Por contra, los recientes y diversos perfiles subalternos de esta sociedad se hallan en una tensión entre, por un lado, la identidad y la predominancia del sujeto histórico obrero, con sus tradicionales formas organizativas y, por otro, lo nuevo y diferente emergente. Los unos se resisten a evolucionar, mientras las otras no acaban de encontrar la mejor forma de aglutinar y organizar las multiplicidades que las componen. Se trata de un colapso político que en gran parte a día de hoy sigue sin acabar de resolverse.

La situación de evidente desequilibrio de fuerzas desemboca rápidamente en la apuesta del nuevo capitalismo neoliberal por demoler el frágil estado de bienestar, fruto del contrato social de la etapa anterior. Con ello, alcanza un basto terreno de negocio y corruptelas por explotar en la gestión de los servicios esenciales y, lo más interesante y valioso, una nueva oportunidad de ampliar el negocio financiero con las aseguradoras. A la vez, genera un medio vital de precariedad para las clases subalternas, que las debilita y fragmenta más y más.

«La seducción del modelo y el festín general, al que pareciéramos estar todas invitadas, convertía a cada vecina en una potencial pequeña especuladora de su propiedad inmobiliaria durante las sucesivas burbujas que se han sucedido»

Todo este proceso también ha tenido una traducción sobre nuestro territorio y sociedad local. La seducción del modelo y el festín general, al que pareciéramos estar todas invitadas, convertía a cada vecina en una potencial pequeña especuladora de su propiedad inmobiliaria durante las sucesivas burbujas que se han sucedido. El problema venía con las crisis que siguen a toda burbuja, especialmente cuando el punto de partida y las consecuencias no eran iguales ni equitativas. Las resultados: una sociedad endeudada con una banca sostenida y rescatada por sus deudores, la complicidad y compresión de una masa social seducida para con cualquier abuso y corrupción necesarios para engrasar la máquina y, cómo no, un territorio (objeto último de explotación y negocio sobre el que se sostiene el modelo) absolutamente degradado.

Degradación del territorio y la costa

Si nos atenemos a la mera costa, las mayores transformaciones se dieron a partir de 1964 con la construcción de los grandes edificios de La Malagueta, todo un icono del boom turístico y el mal gusto que lo caracteriza, en una zona que hasta entonces seguía ocupada principalmente por chabolas de pescadores y talleres de todo tipo. La playa todavía era una estrecha franja. Solo en 1990, mediante una rápida intervención de tres meses, la escollera que protegía el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso queda convertida en una espectacular playa de 2,5 kilómetros de longitud por 50 metros de ancho, desde El Morlaco hasta el Club Mediterráneo, y para la que se aportaron 1.850.000 metros cúbicos de arena.

Por otro lado sigue la colonización progresiva a medida que se desmantelan instalaciones industriales del litoral oeste. Por su singularidad, que describe perfectamente la época, debemos mencionar Sacaba Beach. En el extremo oeste de la playa de La Misericordia, justo antes de la desembocadura del Guadalhorce, donde «se acaba» todo, en los años sesenta se erige sobre los terrenos de la antigua Central Térmica esta urbanización, entonces aún rodeada de ruinas y contaminación. Más que una realidad suponía una ilusión de lo por venir, un futuro de turismo residencial paradisíaco: Sacaba Beach, la expresión del desarrollismo malagueño en su máximo esplendor.

La realidad: un reducto donde las infraestructuras y equipamientos brillan por su escasez, donde el más alto de los edificios destaca con una arquitectura que remite lejanamente a los grandes establecimientos hoteleros que florecían por aquel entonces en Torremolinos. Hoy, los pocos equipamientos aparecen extrañamente vacíos, dañados por el óxido, y encontramos un bar-restaurante que ni siquiera tiene vistas al mar, etc. Sacaba es un barrio despoblado en gran parte: entre 2004 y 2015 ni siquiera contaba con transporte público, carece de un mínimo comercio, no pocos vecinos se han marchado en los últimos años y muchos de los pisos son ocupados únicamente en verano, adonde siguen llegando los malos olores de la desembocadura del río. El barrio parece abocado a que el cambio climático, que cada año acosa con mas virulencia sus edificaciones, lo termine de engullir.

Por su parte, Pedregalejo y El Palo continuaban creciendo tierra adentro, mientras que las precarias edificaciones a pie de playa se mantenían como podían. Ambos barrios evolucionan muy vinculados al mar, a la pesca del copo y los merenderos para disfrutar de sus productos. No es hasta finales de la década de los ochenta que, con la construcción de los espigones, las casas de primera línea quedan protegidas de las embestidas del mar. A partir de entonces ambos barrios se transforman en una zona muy atractiva para el turismo, se asientan y proliferan los chiringuitos, las casas, todavía hoy en vías de escriturar, se consolidan y se adaptan para el alquiler de temporada. Pedregalejo, en mayor medida, sucumbe a la transformación turística, mientras El Palo parece resistirse a perder su idiosincrasia. De todo ello hemos conversado con parte de su vecindario en otro de los artículos de esta edición de Gente Corriente.

Más allá de la mera construcción sobre el mismo litoral, lo que ha dañado, y mucho, la costa son cuatro factores humanos vinculados al modelo de explotación intensiva:

Dragado de arena: a finales de los años ochenta, con la intención de ampliar las playas, se draga arena a unos cuantos metros de la orilla, lo que arrasa el hábitat de muchas de las especies tradicionales (peregrinas, vieiras, búsanos, chochas, conchas finas, coquinas, almejas, etc.).

Vertidos: casi 800.000 personas habitan la ciudad de Málaga y su aglomeración urbana, a las que hay que sumar las miles que llegan en el periodo estival. Sin embargo, solo contamos con una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR del Guadalhorce) del todo insuficiente. Con ello, el río Guadalhorce, como se ve con más detalle en otro de los artículos de este periódico, se convierte en la mayor cloaca de la provincia, al verter cada día aguas residuales sin apenas depuración. A ellas hay que añadir el vertido directo al mar de miles de litros de aguas fecales desde las estaciones de bombeo a través de los aliviaderos situados en plena playa.

Paseos Marítimos: rompen la dinámica natural del ecosistema litoral, definido no en vano como el encuentro de mar, tierra y aire. En el momento en que se interviene de esta forma alguno de los tres medios rompe el frágil equilibrio. De hecho, los paseos marítimos se asientan sobre las arenas de las playas e impiden su regeneración.

Corte de ramblas: en la zona litoral este hay numerosas ramblas que en su momento supusieron un obstáculo geográfico para lanzar los ejes de comunicación. Estas ramblas, que acumulan aguas de las lluvia en la zona de recepción, bajaban en cauces estrechos de pronunciada pendiente arrastrando materiales en gran cantidad, sin apenas rozamiento y desgaste antes de llegar al mar. Es por ello que las playas de Málaga no son de arena fina sino de canto rodado, playas de piedras (de ahí el nombre de Pedregalejo), si bien en el litoral oeste el Guadalhorce desciende por una cuenca de poca pendiente que sí aporta sedimentos más rodados y arena. La corriente, al arrastrar los materiales menos pesados en suspensión (arena), se encontraba con el obstáculo del muelle de levante del Puerto, y al acumularse en aterramientos dio lugar a La Malagueta.

Con el desarrollismo, todo este sistema se ve interferido por la urbanización sobre las propias ramblas, incluso en la propia zona de recepción de aguas en la cima de las colinas. En el mejor de los casos perduran las ramblas, pero sin margen de cauce en los momentos de precipitaciones tormentosas, cuando debido a su considerable pendiente requerirían de más espacio para evitar las crecidas. De este modo se altera la lógica territorial y natural, cuyo efecto inmediato son las inundaciones tras las precipitaciones de cierta intensidad.

Por añadidura, la bajada de los cauces no solo arrastraba materiales, sino que también transportaba nutrientes orgánicos y minerales que se acumulaban en la orilla de la playa. Daban lugar así a la vegetación que servía de soporte vital para las especies marina menores, que a su vez alimentaban a la mayores, en lo que constituye la conocida cadena trófica.

Al romperse todo este ensamblaje natural se trastorna el ecosistema, lo que afecta evidentemente a las especies marinas. Todos estos factores, unidos en menor medida al abuso del alevín y de las redes de arrastre, acaban con la pesca natural en las playas de Málaga, que antaño eran praderas verdes de algas en las que destellaban los plateados bancos de peces.

Tiempos de cambio de modelo

El modelo de ciudad neoliberal, sobre todo en su vertiente productiva ligada al tándem turismo-construcción, siempre necesita más y más territorio por engullir, de modo que recurrentemente surgen ideas y proyectos para engrasar la maquinaria. En la actualidad, y también lo estamos viendo en este monográfico de Gente Corriente, las amenazas se centran en el dique levante por el proyecto de la Torre del Puerto, en los Baños del Carmen, el barrio del Palo, la desembocadura del Guadalhorce, etc. Son espacios amenazados por proyectos concretos, ideas o simplemente territorios a los que extender un modelo de ciudad turistificada Hasta hace bien poco cualquier proyecto que profundizara en este modelo era prácticamente incuestionable, salvo por minorías, pues bastaba invocar palabras clave como desarrollo, empleo, turismo… Sin embargo, nuevas percepciones, sentires, lógicas y prácticas se implantan y crecen en la ciudad. En este monográfico estamos revisando algunas de ellas.

«Al igual que describíamos la transición de la ciudad precapitalista a la capitalista, de la industrial a la turística, de la productiva a la financiera, quizás ahora asistimos y protagonizamos una nueva hacia otro modelo y paradigma que aún está por nombrar»

Al igual que describíamos la transición de la ciudad precapitalista a la capitalista, de la industrial a la turística, de la productiva a la financiera, quizás ahora asistimos y protagonizamos una nueva hacia otro modelo y paradigma que aún está por nombrar.

Lo cierto es que el modelo inmobiliario-turístico, pese a que no deja de reinventarse en su agonía, no parece tener por delante demasiado recorrido, por mucho que en apariencia nos enfrentamos a la enésima burbuja, ahora vinculada a la percepción de inseguridad en el Mediterráneo sur, por un lado, y por otro al estallido inmobiliario de los apartamentos turísticos, como analizamos en el número pasado de Gente Corriente.

Estamos ante un colapso multifacético: económico, con un modelo que cada vez encadena crisis más frecuentes y dilatadas; ecológico, con un territorio muy degradado y con la amenaza de los efectos de un cambio climático cada vez más presente; sociopolítico, con una sociedad acercándose al límite de su flexibilidad y en su tolerancia para con unas prácticas marcadas por la corrupción inherente al modelo. Y lo más importante, en parte producto de todo lo anterior, las nuevas subjetividades son ajenas a los principios, valores, prácticas y deseos que impregnan el viejo modelo. Todo ello invita a certificar el fin de ciclo.

Si en el precapitalismo las tierras y bosques comunales, y en el capitalismo industrial las fábricas, tabernas y barrios obreros, funcionaron como caldo de cultivo para la sociabilidad y la composición de experiencias antagonistas, hoy día vivimos en una sociedad y unas subjetividades marcadas por internet. A la ciudad competitiva, privativa e individualizada del sálvese quien pueda se opone la ciudad cooperativa, la de la abundancia y el vínculo, la ciudad de los comunes urbanos. Mientras tanto, el capitalismo, siempre veloz para adaptarse y capturar las nuevas subjetividades, parece encontrar rápidamente fórmulas. La plataforma Airbnb sería solo un ejemplo.

La amplitud y complejidad de esta problemática abarca cuestiones como qué recientes y diversas formas de organización están surgiendo, qué subjetividades se constituyen, cuáles y cómo son esos focos de nueva ciudad que emerge, y dónde. Frente a todo ello se impone pensar en cómo se rearticula el capitalismo con nuevos discursos y dispositivos de control para la captura y qué ciudad genera… Y por último, por dónde perdura y se resiste lo viejo.

Si ahora posponemos ese análisis poliédrico es solo para dedicarle el próximo monográfico de Gente Corriente.

Juan Díaz Ramos

Fuentes:
Alfredo Rubio Díaz (1996): Viviendas unifamiliares contra corralones. El barrio obrero de Huelin (Málaga 1868-1900). Miramar.
Rafael Reinoso Bellido (2005): Topografías del Paraíso. La construcción de la ciudad de Málaga entre 1867 y 1959. Colegio Oficial de Arquitectura de Málaga.
Blogs: laporte.es, todomalaga.net
Agradecimientos: por sus saberes y apoyos a Alfredo Rubio y Eduardo Serrano.

La gentrificación y sus efectos en Málaga

La gentrificación y sus efectos en Málaga

El destino turístico «Málaga» se ha convertido en un producto que, al exponerse en el mercado, acaba confundiéndose con la ciudad en sí, del mismo modo que si París fuera absorbida por Disneyland y mostrara como su principalesseñas de identidad a Mickey y Donald.

La ciudad, por el contrario, es el espacio común que compartimos sus habitantes, siempre diversos, y a quienes se nos ofrece en múltiples usos. Lugar habitacional, pero también de ocio, encuentro, trabajo, sociabilidad, consumo, creatividad, memoria, comunidad, descanso, etc., por mucho que se pretenda imponer una deriva que reduzca su uso primordial al turismo, que la convierta únicamente en un destino turístico: un fenómeno conocido como «turistificación», que obliga a la ciudad a adaptar sus funciones y entorno a ese único objetivo.

1. MUSEOS

El primer paso consiste en crear un motivo o foco de atracción: los museos, en el caso de Málaga, que desde hace unos años llegan sin cesar a la ciudad. Y decimos «llegan» desde el momento en que por lo general se trata de museos-franquicia que, a costa de un enorme desembolso de las arcas públicas, se instalan por un plazo de tiempo determinado, según criterios de rentabilidad económica. De hecho, es la concejalía de Turismo y no la de Cultura la encargada de ofrecer los datos anuales.

De momento, Málaga registra un total de 81,4 visitas a los museos por cada cien pernoctaciones, por delante de Valencia, Madrid, Barcelona o Sevilla, y cinco de sus centros (Centro de Arte Contemporáneo, Museo Picasso, el Centre Pompidou, Museo Carmen Thyssen y la Fundación Picasso-Casa Natal) se encuentran entre los diez más visitados del país, lo que en 2016 generó un impacto económico de unos 550 millones de euros en un concepto tan vago como «gasto de turistas y visitantes». Lo único cierto y realmente cuantificable, sin embargo, es que al contrario de lo que se había asegura los museos distan muchos de ser autosostenibles, de manera que los presupuestos de 2017 les ha reservado 15 millones de euros. A la cabeza, muy por encima de todos los demás, se encuentra el Museo Ruso, con más de 96.000 visitas. A la cabeza, muy por encima de todos los demás, se encuentra el Museo Ruso, con más de 96.000 visitas. Mencionemos alguno de los casos más conocidos de Málaga.

Tabacalera

Si otras ciudades tienen aeropuertos sin aviones, Málaga cuenta con el Edificio de Tabacalera: una infraestructura en la que se ha derrochado de manera inaudita el dinero público y que aún no encuentra un destino claro. Solo en el frustrado Museo de las Gemas, que permaneció abierto un par de horas, se invirtieron entre 30 y 40 millones de euros, según quién ofrezca las cifras, pues la opacidad es seña de identidad en este tipo de proyectos faraónicos. Por si fuera poco, Art Natura, empresa encargada del proyecto, ha denunciado públicamente que se inflaron de manera artificial y escandalosa los costes de la obra con el único propósito de desviar fondos a las campañas del PP, algo que motivó una Comisión de Investigación en el Ayuntamiento de Málaga que comenzó en 2016 y concluirá a mediados de 2017.

Según la documentación aportada por Art Natura, el acta de apertura fue una ficción jurídica: solo estaba disponible un 7,5% del edificio. De esta forma, si un mes antes de las elecciones municipales de 2011 De la Torre se anotaba un tanto, luego se le volvió en contra: en la inaugruación ofical de enero de 2012 la policía clausuró a las dos horas el edificio por falta de licencia de apertura e informe de Bomberos. La defensa del equipo de gobierno, de hecho, pasa por la victimización: su ingenuidad -aseguran- hizo que fueran estafados por empresarios sin escrúpulos, pero, del mismo modo pueril, rechaza cualquier responsabilidad, siquiera política.

Lo cierto es que el mismo edificio alberga el Museo Ruso, que costó 5 millones de euros cuando se habían anunciado 400.000, y el del Automóvil. De este último, el Ayuntamiento recibe un 7% de los ingresos en taquilla…, pero prácticamente la totalidad de esos ingresos proviene de entradas compradas por el propio Ayuntamiento, entre 500.000 y 600.000 euros al año. Los fiascos de este pozo son interminables: el célebre Polo Digital ocupará, con un años de retraso, el espacio originariamente destinado al Museo de las Gemas, cuya remodelación ha supuesto una nueva inyección de 2,7 millones de euros.

Pompidou

Inaugurado en 2015, las previsiones iniciales para su primer eran de 250.000 visitantes, que se quedaron en 220.000. Para Serge Lasvignes, presidente de esta institución francesa, son datos tan buenos que, en declaraciones a la prensa local, aseguró que «le cuesta encontrar imperfecciones» y le gustaría hacer efectiva la cláusula que permite prorrogar el contrato de tan solo cinco años a otros tantos: «[Debemos] trabajar el gran vivero que representan los turistas. Tenemos un 70% de visitantes españoles. Tenemos un terreno muy fértil que podemos desarrollar en cuestión de turistas», declaró en la edición del 7 de abril de 2016 en Sur.

La inversión para el Centre Pompidou fue disparatada, de modo que la propina de esos cinco años es lo menos que se podía esperar. Veamos esos costes:

  • Las obras de adaptación del Cubo (el característico edifico del museo) costaron 6,7 millones de euros, un 50% más de lo presupuestado inicialmente. Algunas partidas rozaban el absurdo, como el compromiso contractual de que las placas de plástico del Cubo fueran compradas a una empresa de Francia, lo que triplicaba el coste de adquirirlas en Málaga.
  • El canon por el uso del Cubo es de 334.254 euros al año y no está reflejado, ya que se compensará con la deuda del IBI del Puerto de Málaga, en cuyos terrenos se ubica.
  • El presupuesto público designado para el proyecto era de unos 4,2 millones de euros al año, que salen de la Agencia Pública creada recientemente. De esa partida, el Ayuntamiento se compromete a abonar anualmente al Centro Pompidou 2,07 millones de euros al año: un millón de euros en concepto de canon de uso de la marca y préstamo de las obras, y 1,07 millones por gastos derivados de seguros, transportes y personal técnico.

En lo que corresponde a los ingresos, el Ayuntamiento esperaba recaudar 990.000 euros por las entradas de los 250.000 visitantes anuales estimados, pero aún no se disponen de datos definitivos, si bien, como hemos visto, los visitantes fueron menos.

¿Ha sedimentado realmente el Pompidou en Málaga o solo en su imagen turística? ¿Tiene sentido esta ingente inversión cuando nuestro creadores emigran a Barcelona y Madrid, cuando el Soho ha sido un fiasco y faltan locales y ayudas a nuestras propios creadores? ¿Tiene sentido que, ante estas cifras, las trabajadoras del museo cobren 4,5 euros la hora?

2. ADAPTAR EL ENTORNO

En segundo lugar, la «turistificación» exige adaptar el entorno al uso previsto. Lógicamente, un turista no tiene por qué acudir a una ferretería, droguería o peluquería. De ahí la proliferación de restaurantes de comida rápida, establecimientos de las grandes cadenas textiles y, si acaso, en lugar de la peluquería encontraremos una barbería hipster.

Por descontado, existe un tipo de turismo que busca lo singular y autóctono, que huye de zonas saturadas por el propio turismo, que se empapa de la gente, sus costumbres, sus historias, un turismo que consume en los establecimientos originales, distribuye la riqueza entre el tejido comercial pequeño y tradicional, que repite atraído por lo auténtico y recomienda el destino: un turismo de calidad y de continuidad para el que Málaga podría tener muchas posibilidades. Ciertamente aún perduran rincones únicos, aunque debamos lamentar pérdidas como La Coracha, los 315 edificios de patrimonio histórico derruidos en las más de dos décadas de gobierno local del PP (200 en el centro, y 32 de ellos del siglo XVII, lo que deja vacía la expresión «centro histórico»), la judería eliminada para construir el primero de los grandes museos (el Picasso), cada uno de sus comercios y establecimientos que se han perdido, etc.

 

Por paradójico que resulte, en ocasiones se recrean en formato cartón piedra esta vida y parte de las ciudades que se pierde: el fachadismo del patrimonio derruido y expoliado, tabernas-franquicia que imitan viejas bodegas, imágenes costumbristas en forma de estatuas, personas con uniformes-disfraces, postales que desprenden nostalgia sobre una ciudad que ahora pretende ser recreada por el mismo modelo turístico que la ha destrozado.

En Málaga desembarca un turismo de masas, un turismo indistinto que busca el consumo rápido y cuyo paradigma principal son los cruceros, un turismo que transita acelerado por la ciudad y apenas se detiene para hacerse selfies, tachar de lista los objetivos ya visitados, en una suerte de yincana en la que no pueden faltar dos o tres museos, una cadena de ropa o comida rápida antes de volver y rentabilizar el «todo pagado» del crucero o, quizás, emprender una excursión guiada a los destinos del entorno (Ronda, Granada, Córdoba…) .

Se trata por tanto de un turismo que, cuando deja riqueza, lo hace en grandes cadenas con personal precarizado y que seguramente confundirá nuestros museos con los de su próximo destino, pues Málaga se convierte en una confusa escala más, difícil de recordar en el futuro y recomendar, así como a la que regresar, salvo en caso de un nuevo paquete-oferta.

 

3. HOTELES

Málaga capital se ha convertido, tras Barcelona, en la segunda capital del país con mayor ocupación media anual de hoteles, un 76%, con cerca de 4 millones de visitantes, con Reino Unido a la cabeza después del propio turismo español. De hecho, la oferta total de la ciudad de todo tipo de alojamiento reglado roza ya las 18.500 plazas.

En esta misma línea se debe entender la construcción o previsión de nuevos hoteles de lujo, en una ciudad en la que hasta hace unos pocos años no había ningún cinco estrellas. Esto atiende a una nueva tendencia en el sector, entre otros motivos porque en 2016 se declaró en varios grandes foros a Bilbao y Málaga como «ciudades de oportunidad de inversión».

Los fondos de inversión que están realizando los primeros movimientos son rusos, asiáticos y británicos, después de que abriera la veda el fondo catarí para el hotel del Dique Levante, que veremos más adelante. La propia Asociación de Constructores y Promotores en Málaga y la Costa del Sol ha admitido que está encontrando mucho menos problemas en nuestra provincia que en otros Ayuntamientos. En este sentido, recordemos que el grupo ARC Resorts de Singapur, que promueve un casino en la zona de San Andrés, se marchó de Valencia por «falta de interés de los políticos» (en otras palabras: ni siquiera Rita Barberá se avino a modificar la ley sobre casinos, y esta por ver qué sucederá en Andalucía). Cabe recordar que en 2013, con el polémico Damián Caneda como concejal de Turismo, comenzaron los primeros contactos con grandes grupos rusos para cambiar el uso residencial de varios suelos y destinarlos a grandes casinos.

Las previsiones apuntan a que esta tendencia abarque también a complejos residenciales, algo que estaba a la espera de la formación de un nuevo gobierno tras casi un año de ejecutivo en funciones. La continuidad del Partido Popular parece garantizarlo.

A continuación vamos a repasar alguno de los más recientes proyectos hoteleros, para después analizar qué beneficios reales están trayendo al conjunto de la población.

Hotel Gran Lujo del Puerto (Dique Levante)

A mediados de 2017 estará redactado el estudio ambiental del hotel de lujo planeado en el Dique Levante, esto es, en terrenos del Puerto.

La empresa encargada de este estudio es la malagueña Sfera Proyecto Ambiental, que también debe asesorar sobre los demás trámites para modificar el Plan Especial del Puerto, de modo que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento dé vía libre a la construcción de este inaudito rascacielos de 135 metros de altura. Después aún restarían varios trámites burocráticos, por lo que con toda seguridad el grupo catarí Al Bidda no podrá cumplir sus intenciones de iniciar las obras a principios de 2018 para inaugurarlo en 2020.

Para la construcción y explotación de este hotel concurrieron dos proyectos, ambos por encima de los 100 millones de euros. Uno fue el Consorcio Ligth Power de Málaga (150 metros -máximo permitido en el pliego- y 350 habitaciones) y otro el del mencionado fondo catarí (135 metros y 350 habitaciones). La pretensión de este grupo es también construir un casino, lo que choca con reglamento andaluz para la provincia, que de manera explícita impide la concesión de más licencias. Actualmente la provincia cuenta con los casinos de Torre Quebrada (Benalmádena) y de Nueva Andalucía (Marbella), y el reglamento abre la puerta a un tercero situado entre Estepona y Cádiz. La única solución pasa por comprar los derechos de traslado del de Torre Quebrada, que parece que ya se está negociando.

La ubicación de este hotel, en la punta del dique, lo sitúa no en el litoral, sino realmente adentrado en el mar. Así, además del evidente impacto paisajístico sobre lugares emblemáticos de la ciudad, como la Alcazaba y Gibralfaro, tal y como ha estudiado Matías Mérida, profesor de Geografía de la Universidad de Málaga, surgen dudas sobre la gestión de residuos, por ejemplo, en una bahía como la nuestra, extremadamente castigada. Este proyecto, que está soliviantando a un sector de la ciudadanía, acabará por levantar en unos meses una oleada de protestas que se intentarán capear bajo el mantra de la creación de empleo (de nuevo precario). Ya son, de hecho, un centenar de profesionales reconocidos los que han firmado un manifiesto para que el hotel no se construya en la ubicación prevista.

Repasemos brevemente otros hitos de este boom hotelero.

 

Hotel Gran Lujo Casino de San Andrés

El grupo hotelero multinacional ARC Resorts (Singapur) ha presentado a su vez otro proyecto de hotel gran lujo con casino en el muelle de San Andrés (también en el Puerto). Los responsables de la empresa ya han pedido reunirse con Susana Díaz para convencerla de las ventajas de este tipo de inversiones. Las soluciones pasan, en este caso, por un cambio de la ley o la inclusión en la actual listado de un nuevo emplazamiento.

Hotel La Rosaleda

La compañía Blue Bay, que pugna en los tribunales por quedarse con el Málaga CF, propone ampliar el Estadio de la Rosaleda para construir una zona comercial y un hotel de cinco estrellas en una de sus plantas con 160 habitaciones y capacidad para 1.600 espectadores-inquilinos. La inversión rondaría entre los 40 y 50 millones de euros. Los responsables aseguran que, si finalmente se hacen con la propiedad del club, las tres administraciones (Ayuntamiento, Diputación Provincial y Junta de Andalucía, propietarias a partes iguales de La Rosaleda) darán los vistos buenos, puesto que se trata de, atención, «un proyecto que busca algo social», y aumentaría los ingresos del club en unos 25 millones de euros anuales.

 

Hotel Myramar

Otro Gran Lujo inaugurado definitivamente a principios de 2017 tras una remodelación muy polémica que ha destruido elementos patrimoniales protegidos (la escalinata principal, sin ir más lejos) de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

 

Otras actuaciones en marcha

El fondo alemán Activium SG ya trabaja en otro hotel de lujo en la calle Granada, mientras que la gestora Patrizia, del mismo país, ha adquirido el edificio de la firma textil HM de la plaza Félix Sáenz.

4. DÓNDE ESTÁN LOS BENEFICIOS

Como estamos viendo, este tipo de proyectos abundan en la brecha que nuestra ciudad padece: una ciudad marca, escaparate, que se apelotona en el centro y expulsa a sus habitantes, y unos barrios cada más más degradados y que carecen de servicios adecuados, como la limpieza. La pregunta es: ¿se trata de un proyecto de ciudad o meramente empresarial? En otras palabras: ¿traerá beneficios sociales o solo reparto de dividendos para unos pocos?

Según los últimos datos del propio Ayuntamiento, los ingresos de esta avalancha turística son de 1.600 millones de euros, que sin embargo no han reducido la brecha social ni creado empleos de calidad. Antes al contrario, según al Encuesta de Población Activa (EPA) la provincia acabó el año con 10.400 personas ocupadas menos de los que tenía al empezar, con unas tasas de desempleo en la capital del 26,5% (66.276 personas desempleadas). Así, Málaga, con un 32,9% es la cuarta capital española con mayor porcentaje de su población en riesgo de pobreza (ingresos inferiores a 332€ mensuales), dato muy superior a la media nacional. Las tres que nos superan, por cierto, también son andaluzas (Córdoba, Almería y Huelva). En marzo de 2017, cuando a bombo y platillo se anunció que el mes anterior se había creado empleo al ritmo previo a la crisis, descubrimos que los datos para el municipio arrojaban un descenso en las cifras de paro de… 157 personas, casi todas en precario.

En nuestra ciudad, más de 1.600 personas fueron atendidas el último año por la Agrupación de Desarrollo para Personas sin Hogar, y Cáritas habla de más de 27.500 unidades familias asistidas para Málaga provincia y Melilla. De hecho, en Málaga se ha triplicado el número de personas en situación de pobreza crónica, muchas de las cuales cuentan con empleos, lo que las convierte en «trabajadoras pobres».

Evidentemente, la pobreza se distribuye por barrios, y los distritos de Campanillas, Palma-Palmilla y Bailén-Miraflores son donde más ayudas sociales se solicitan al ayuntamiento, con un 60% de mujeres como demandantes.

Al tiempo, los sindicatos denuncian una vez tras otras la nefastas condiciones laborales de las plantillas hoteleras. El pasado 21 de febrero propio Ayuntamiento, por boca de su concejal de Turismo, Julio Andrade, pidió en febrero apostar por la calidad «para no matara la gallina de los huevos de oro» y reconocía repetidas quejas por los precios abusivos de los hoteles.

Recordemos, por consiguiente, las preguntas que nos hacíamos más arriba: ¿se trata de un proyecto de ciudad o meramente empresarial? En otras palabras: ¿traerá beneficios sociales o solo reparto de dividendos para unos pocos?

5. CRUCEROS

 En 2020 Málaga acogerá la principal feria del sector de los cruceros  (la Seatrade Cruise Med). Son dos las compañías de cruceros (Carnival y Royal Caribbean) que controlan casi dos tercios del negocia mundial. La promesa que llevan a sus destinos es que sus numerosos pasajeros van a gastar una importante cantidad de dinero en negocios locales, que después la realidad desmiente, entre otros motivos porque cuentan con acuerdos de antemano para llevar a los pasajeros a determinados establecimientos.

Los coste energéticos, como explicaba no hace tanto el New York Times, no son en absoluto despreciables: cuando un crucero atraca produce una contaminación equivalente a la de 12.000 coches, que sufren principalmente las aguas. En cuanto a las condiciones laborales cabe resaltar que los sueldos de los camareros son tan exiguos (a veces de unos 50 euros al mes) que en la práctica viven de las propinas. Los controles son tan opacos que ni siquiera hay datos fidedignos de adónde va a parar toda la basura, desechos y residuos que generan estos gigantescos cruceros.

Entre tanto, ya se han instalado en nuestros puertos compañías especializadas en eventos náuticos de empresas, como Sail and Fun, que cuenta con trece embarcaciones. Para este año están previstos cinco eventos de este tipo, al tiempo que se está potenciando el turismo náutico, mediante el alquiler de embarcaciones. Todo ello está llevando a a que se exija el aumento de plazas portuarias o la creación e un puerto específico para este tipo de actividades, algo aún incipiente en la ciudad, pero que dará que hablar en breve.

6. PATRIMONIO

En el centro histórico de Málaga se han perdido 569 edificios de patrimonio histórico desde 1957, la mayor parte de ellos (315) a partir de que el PP asumiera el gobierno local y Francisco de la Torre ocupara la concejalía de urbanismo antes de convertirse en alcalde.

Los datos hablan por sí solos: si en el año precedente a la llegada del PP no se había producido ninguna demolición, en 1995 ya se producen 7, con picos como los 64 de 1997, los 31 de 2000, los 19 de 2001, etc. De hecho, durante el mandato de De la Torre ya se han destruido 200 edificios históricos de la almendra del centro, 32 de ellos del siglo XVIII.

El casco histórico, reducido a una especie de escenario, pierde sus particularidades y se asemeja al de cualquier otra ciudad (de ahí, como decíamos, que resulte difícil repetir visitas y recomendar el destino), lo que además conlleva la pérdida de calidad de vida para sus habitantes, que poco a poco acaban por desplazarse a otras zonas de la ciudad, como veremos a continuación.

 

7. EXPULSIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO

La población original del centro estaba compuesta básicamente por residentes de edad avanzada que habían crecido en la zona, igual que sus padres, así como de población de bajo o medio poder adquisitivo que fue llegando durante la época de abandono para, precisamente, vigorizar y volver a llenar de vida el área.
Esto se debe a que la práctica general de los poderes públicos durante décadas fue el abandono de la zona, que decaía entre ruinas, solares, falta de servicios públicos, basura, suciedad, etc. Así, los precios de la vivienda resultaban accesibles para la población migrante, jóvenes estudiantes o con trabajos precarios, tejido creativo-cultural, etc. La llegada de esta población, de bares de ocio nocturno, de espacios creativos y culturales, dio dinamismo a una zona que, al mismo tiempo, atraía a perfiles de mayor poder adquisitivo.

Sin embargo, con la explosión en los últimos años de la «turistificación» ha cambiado el hábitat. El entorno se ha llenado de bares, entre los que abundan lo de grandes cadenas, franquicias y otros sin apenas singularidad, así como un comercio que, orientado al consumo de masas, deja a las vecinas sin posibilidades de cubrir sus necesidades cotidianas. De especial relevancia fue el cierre, durante un año completo, de Mercado de la Merced para, aun manteniendo alguno de los puestos originales, convertir la mayor parte en un Mercado Gourmet, es decir, de restaurantes. Un año y medio después de su inauguración, en septiembre de 2015, de esos 12 nuevos establecimientos ya solo quedaban 3.

El caso del Ensanche Heredia es significativo: convertirlo a fuerza de piqueta en foco cool implicó rebautizarlo como «Soho», pagar con dinero público murales de los grafiteros más trendy, com D*Face y Obey, pero prohibir los de los artistas locales. En definitiva, se trata de un proyecto diseñado en los despachos de los especuladores, al margen de la realidad social y creativa de la ciudad, que ha comportado el cierre de varias de las galerías, locales y hoteles que en teoría iban a revitalizar la zona y que solo han contribuido al encarecimiento de los alquileres.

Debemos sumar a ello la, en principio, positiva peatonalización de grandes áreas, que, no obstante, ha traído consigo la invasión del espacio público. Donde antes encontrábamos vehículos a motor, ahora no solo aumentan los «segways», sino que se aglomeran las terrazas, que de nuevo dejan a la vecindad sin espacio. El esparcimiento apenas tiene cabida si no es en la medida en que consumes.

Como es obvio, la multiplicación de terrazas trae aparejado un ruido constante, a lo que debemos sumar la agenda institucional, que concentra la mayor parte de las actividades públicas en esta zona: conciertos, festividades de todo tipo, eventos promocionales. Mencionemos también las omnipresentes procesiones que, lejos de circunscribirse a la Semana Santa, se suceden a lo largo del año merced a una política municipal que concede a las cofradías todo tipo de prebendas, entre ellas el abuso del espacio público, hasta el punto de modificar y encarecer planes de remodelación de plazas o llevar a cabo talas con tal de facilitar el tránsito de los tronos (como los casos de la plaza de Camas y de San Franciso).

No por gusto, la vecindad acaba abandonando el centro. De hecho, ya solo quedan 4.700 vecinas en el Centro, un dato muy alejado de los 12.000 con los que comenzamos la democracia y cerca de un 9% menos que hace 8 años. La cifra, a buen seguro, seguirá cayendo.

8. BARES

Los bares enfocados al turismo crecieron en el Centro un 84% desde 2011 a 2014 (de 118 a 218); el Centro acumula hoy más de 400 terrazas, el 40% de las autorizadas en toda la ciudad. El OMAU (Observatorio de Medio Ambiente Urbano) ya ha alertado del riesgo de convertir el Centro en «una ciudad de cartón piedra» si no hay vecinos. Pero la cosa va a más: en 2014 contábamos 218 establecimientos de comida rápida y tapas (100 más que en 2011) y 600 locales hosteleros donde antes había 465. Todo ello cuando los bares de cuatro calles del Centro (Císter, Molina Lario, Duque de la Victoria y Santa María) mantenían sus terrazas sin autorización, hasta que la presión mediática llevó a que por fin las cerrara en febrero de 2016… si bien el me siguiente dio marcha atrás y permitió que muchos de ellos volvieran a colocarlas.

No obstante, el caso paradigmático sigue siendo el del emblemático Pimpi, que mediante barras de alcance y terrazas extensas incumple varias normativas de la ordenanza actual, entre otras el acceso a la estatua de Ibn Gabirol. En la práctica, el pasaje Cegrí y la plaza de la Judería han sido privatizados por el establecimiento.

Semejante concentración de bares ha motivado informes del Defensor del Pueblo Andaluz para que el Ayuntamiento cumpla su propia normativa sobre ruido. Lugares como la plaza de Mitjana han conseguido que el vecindario se organice y presione con intención de que varias áreas se consideren zonas acústicas especiales. A finales de 2015 habían presentado 150 denuncias individuales en el Ayuntamiento, sin que recibieran una sola respuesta.

Además del ruido, las denuncias instaban a que se cumpliera la normativa sobre accesibilidad, que dispone medidas como la obligatoria separación entre las mesas de las terrazas y las fachadas para facilitar la orientación con el bastón de las personas ciegas.

Las denuncias, así mismo, mencionaban la llamada «Declaración responsable», una norma europea de obligado cumplimiento concebida para comercios, aunque en Málaga, de manera sorprendente, se incluyó en ella a la hostelería. En virtud de esta norma los establecimientos deben declarar que se comprometen a habilitar por su cuenta las instalaciones preceptivas -aseos, por ejemplo-, en lugar de que el Ayuntamiento comprueba que es así antes de conceder las licencias de apertura. En el Centro no se realizan inspecciones para comprobar su cumplimiento, cuando a simple vista encontramos multitud de establecimientos que la vulneran.

Por si fuera poco, las asociaciones hosteleras de Málaga (MAHOS y AHECOS, actualmente unificadas) han trasladado al consejero de Turismo su deseo de ampliar la definición de Zona de Gran Afluencia Turística para la ciudad. El sector propone un espacio delimitado entre Muelle 1 y el río Guadalmedina. También pretender ampliar la normativa de horarios que afecta a bares de copas, discotecas y restaurantes para que en la práctica sean ilimitados. Entre tanto, cada verano Inspección de Trabajo abre entre 500 y 600 expediente en bares por la condiciones laborales de sus empleadas.

El fin de la renta antigua ha multiplicado los precios de los alquileres de locales por cuatro o por cinco, lo que ya ha provocado el cierre de multitud de negocios, sustituidos por franquicias o grandes firmas.

9. MODIFICACIÓN DEL USO HABITACIONAL

Al motivo del ruido para la expulsión de la vecindad se une un nuevo factor, la proliferación de apartamentos turísticos que, en los tres últimos años, han crecido de manera exponencial. Se dan de dos tipos: los negocios «profesionales» de edificios convertidos en bloques de apartamentos, y los «amateur», con habitaciones o pisos completos que la población, como medida de desprecarización o invitada al festín del negocio turístico, pone en alquiler en plataformas digitales, la más conocida Airbnb. En este último caso la paradoja es evidente: la población en situación de precariedad contribuye, sin pretenderlo, al encarecimiento de unos alquileres que al cabo de poco tiempo acabará expulsándola a ella misma.

Y es que en tan solo dos años ha desaparecido casi toda la oferta de alquiler en el centro urbano. De hecho, los datos oficiales de la Junta -a los que habría que añadir los subterráneos- de septiembre de 2016 hablaban de que en Málaga capital se contaban 673 viviendas para alquileres, incluso por día, a viajeros, lo que suponía 3.323 plazas. En marzo de 2017 ya eran el doble, 6.634, y en la provincia superaban a las plazas hoteleras.

Las piezas del mecanismo de recambio de población están listas, algo además allanado por una población flotante en permanente rotación y tránsito, que dificulta cualquier relación de vecindad y lazos de comunidad frente al proceso en marcha. La población originaria, resistente, se ve sitiada por todo el ruido descrito (al que ahora también suma en ocasiones el de esas habitaciones alquiladas para el ocio), por la falta de oferta y precios asequibles del alquiler, la ausencia de equipamientos y comercios de primera necesidad y la paulatina desaparición del tejido vecinal.

En definitiva, es empujada a abandonar la zona y dar vía libre a su sustitución por una población flotante de turistas, que requiere negocios ruidosos para su ocio, en lo que es parte de ese círculo vicioso de la «turistificación».

El modelo se va extendiendo por la ciudad como una mancha de aceite. En un proceso que se denomina esponjosidad: la «turistificación» de un territorio muy concreto (el centro urbano) hace que alcance tales cotas de saturación que para continuar y reproducirse debe expandirse, «esponjarse», por nuevas zonas, como Lagunillas, San Rafael, Trinidad, entre otras.

10. POLÍTICA

Todo el proceso descrito no surge como un fenómeno natural, espontáneo, ajeno a la complicidad, implicación, incluso impulso, de las distintas administraciones públicas durante los últimos años.

En el contexto económico global a España se le ha reservado el papel de rincón para el Turismo, lo que también explica, aunque no solo (eso excede el marco de este reportaje) que en los años anteriores a la crisis en el país se construyera más que en la suma de los tres más poblados de Europa (Alemania, Fracia e Italia). Desde la entrada en 1986 en la Comunidad Económica Europea (después Unión Europea) se fue desmantelando o impidiendo cualquier otra alternativa productiva. Nuestros sucesivos gobiernos y administraciones han reforzado esta dinámica.

A nivel estatal se creó un marco legislativo cada vez más laxo para la explotación del territorio, la sobreconstrucción o la indefensión en los alquileres, entre otros. Se generó todo un imaginario social de «cultura del pelotazo», urbanístico en primera instancia y, cuando la crisis lo reventó en 2008, se derivó hacia el turístico, siempre a costa del medio ambiente.

Quizás el caso más relevante en el conjunto del Estado sea el de Barcelona, cuyo gobierno actual ha emprendido decididas medidas para frenar o revertir en lo posible este proceso. Málaga, como estamos viendo, le va a la zaga, solo que aquí se sigue promoviendo este modelo, pese a la alarma social que ha generado en Barcelona y el aplauso que despiertan las medidas para su contención. Así, en nuestra ciudad comprobamos lo siguiente:

-Abandono institucional y permisividad ante la destrucción y expolio patrimonial, lo que, inédito en otras ciudades, supone un rasgo distintivo de Málaga.

-Planificación y transformación urbanística a la medida del modelo de turismo masificado, y de espaldas a la participación y necesidades vecinales.

-Priorización de políticas culturales (museos-franquicia) que consideran la cultura como producto de consumo turístico rápido, frente a modelos con vistas a largo plazo para generar turismo de calidad y, sobre todo, cultura.

-Permisividad absoluta con el abuso de ocupación de la vía pública por las terrazas hosteleras.

En cuanto al vínculo de la ciudad con el turismo como única vía productiva, y por lo tanto con el sector de la hostelería, se genera otro círculo vicioso. Las instituciones no abogan por alternativas productivas y favorecen solo a este sector. El sector hostelero, con permisividad administrativa y dado el perfil laboral de baja cualificación, contribuye de manera incontestable a la precariedad laboral y desempleo estacional. Debido a sus cortas duraciones, los contratos temporales dejan a las trabajadoras sin apenas posibilidad de acceso al subsidios por desempleo.

El pasado verano, por ejemplo, en Málaga capital se produjeron 2.353 contrataciones, la mayor parte ligadas al turismo -seguido de la construcción, nuevamente- sin continuidad llegado el mes de noviembre. Como ya se ha dicho, Inspección de Trabajo abrió más de medio millar de expedientes por contratos laborales fraudulentos. Además, entre las mujeres el paro disminuyó solo un 3,6% frente al 5,5 entre los hombres (datos para toda la provincia). Las informadoras turística cobran 4 euros la hora y cuando han expresados sus quejas, el Ayuntamiento ha cambiado los pliegos de condiciones para dejarlas fuera en las siguientes adjudicaciones y no subrogarlas.

Esto ha generado un altísimo grado de dependencia, cuando no de sumisión, de la población malagueña con este sector, lo que dificulta cualquier crítica al abuso urbanístico, al modelo de «turistificación» descrito, y a los favores mutuos que discurren en esta relación lobby-clientelar de la hostelería con la administraciones locales. Cabe, no obstante, hacerse algunas preguntas:

-¿Cuánto dinero público se destina anualmente a generar las condiciones propicias y a promocionar el sector turístico y hostelero?

-¿Cómo se distribuye el producto de ese dinero público invertido? ¿Cuánto va a manos de un sector empresarial concreto año tras año? ¿Y cuánto a la población malagueña a través de los empleos precarios de hostelería?

-¿Qué otros costes incuantificables para la población supone este modelo de ciudad «turistificada»? Por ejemplo en forma de pérdida patrimonial, pérdida de opciones de uso del espacio público, pérdidas en calidad de vida, trastornos en la salud y el descanso, incremento de precio de la vivienda, pérdida de comunidad, expulsión del entorno habitual, etc.

-¿Qué ocurriría si las misma apuesta y respaldo institucional se destinase a otras alternativas productivas sostenibles en términos sociales y ecológicos? ¿Se podría romper así el círculo vicioso de dependencia y precariedad actual respecto a la hostelería?